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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, incluyó en el presupuesto 2026 normas que pretenden obligar al Banco de Guatemala y a la Junta Monetaria (JM) a hacer algo inconstitucional. Los diputados se lo aprobaron, claro está, pero él lo incluyó. Como miembro de la JM —y ministro— debió saber que estaba haciendo algo contrario a la Constitución y su propia ley orgánica. ¿Por qué, entonces, procedió? La única explicación es que lo hizo por capricho y pensó que era más fácil pedir perdón que pedir permiso. Se equivocó.

Más allá de la decisión política de pertenecer o no al CAF, decidió poner la carreta antes de los bueyes; todos sabemos cómo termina ese asunto. La cosa es que no solo es una pifia, sino que fue un acto doloso que pudiese tener consecuencias legales. ¿No habrá nadie en su equipo que se atreva a decirle la verdad? Como que no.

Con las ganas que le llevan en Gerona, también es de majes ponerse de pechito. Ahora, a enfrentar las consecuencias.

La adhesión al CAF: una manzana envenenada

En un acto que roza la irresponsabilidad y el oportunismo personal, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, ha impulsado la adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través de un atropellado procedimiento y potencialmente inconstitucional. Esa intentona, aprobada por el Congreso en el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos para 2026, destina USD 40M de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para adquirir un tramo accionario en el CAF.

Pero ¿qué hay detrás de esta prisa? Todo apunta a un cálculo egoísta: un “quedar bien” con el organismo multilateral, posiblemente anhelando una cómoda posición en él una vez que abandone el Ministerio de Finanzas (Minfin). Priorizar un club internacional sobre necesidades urgentes como salud o educación es un sinsentido que revela prioridades distorsionadas.

El Banco de Guatemala (Banguat) ha sido contundente en su rechazo, y con razón. Como autoridad monetaria, advierte que esta operación viola el artículo 133 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a la Junta Monetaria autorizar financiamiento directo o indirecto al Estado o entidades públicas. Igualmente, el artículo 71, inciso c, de la Ley Orgánica del Banguat explícitamente impide otorgar financiamiento, garantías o avales al gobierno. Usar las RMI —parte esencial del patrimonio del banco central— para este fin no solo erosiona la autonomía financiera de la institución, garantizada por el artículo 132 de la Constitución, sino que pone en riesgo la estabilidad económica del país.

Estas reservas no son un cajón de sastre para caprichos ministeriales; son un escudo contra crisis externas. El procedimiento seguido por Menkos es un despropósito que ignora los pasos establecidos para adhesiones internacionales. Como detalla el Banguat, se requiere: expresar interés, obtener aprobación del directorio del CAF, ratificación del Congreso, endoso ejecutivo y depósito del instrumento de adhesión, cumpliendo requisitos constitucionales. En cambio, Menkos optó por colar esta medida en una ley temporal como el presupuesto anual, un instrumento inadecuado para compromisos permanentes. Esto no solo es ineficaz, sino que huele a maniobra para evadir escrutinio.

La Asesoría Jurídica del Banguat ya analiza acciones legales, y con justicia: el referido artículo 85 podría ser declarado inconstitucional, arrastrando al país a litigios innecesarios y erosionando la confianza en las instituciones. ¿Beneficios reales para Guatemala? Dudosos. El CAF promete desarrollo, pero en un contexto de corrupción endémica y debilidad institucional, sumarse podría significar más deuda disfrazada de “inversión”, sin garantías de impacto positivo.

Menkos, con su historial de propuestas ideológicas, parece más interesado en pulir su currículum internacional que en el bienestar nacional. Esta adhesión no resuelve el déficit fiscal crónico ni genera empleo; solo dilapida recursos escasos.

Después de verse involucrado en la trama de “La casa de chocobananos”, la credibilidad del ministro Menkos está aún más golpeada. De descubrirse ulteriores intenciones para esta atropellada e innecesaria adhesión al CAF, el presidente debiese, de una buena vez, tomar las medidas correspondientes. Ahora que viene el fin de año, en donde todos los funcionarios “ponen a disposición sus cargos”, podría ser un buen momento.

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Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (USAC), tiene una estructura que asegura su control político dentro y fuera de la casa de estudios; impulsa a aliados en decanaturas, direcciones y comisiones de postulación. Destaca el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga.

• Él tendrá influencia en varios procesos de elección en el 2026.

Por qué importa. El poder de Mazariegos depende de un grupo de aliados que garantizan mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU). También tiene presencia estratégica en otras instituciones. Su red opera dentro de un modelo que ha frenado elecciones y forzado nombramientos internos.

• Amplió su influencia en las Comisiones de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Trabaja para inferir en el proceso del Ministerio Público (MP) y otras instituciones.

• Henry Arriaga respalda al rector en votaciones y bloquea auditorías y reformas. Defendió las modificaciones al Reglamento de Elecciones, cuestionadas por ampliar el poder del rector.

• Su historial incluye investigaciones penales junto al operador político Estuardo Gálvez. Aunque recibieron falta de mérito, las denuncias persisten.

Visto y no visto. También, su influencia permanece activa en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Arriaga impulsa posiciones dentro del sistema de justicia. Su papel en las comisiones para Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Apelaciones confirma su peso en procesos de segundo grado. Esto fortalece el poder político de Mazariegos.

• La selección de suplentes en la postuladora del TSE reveló cómo opera el círculo cercano del rector. Aseguró su proyecto para preservar la capacidad de incidencia.

• Adelupe Jocabed Rojas, electa suplente de Mazariegos, integró el Comité Electoral Universitario (CEU) que validó su candidatura. Formó parte de la Comisión de Escrutinio del proceso señalado como fraudulento. Su rol aseguró, en 2022, que el rector “cumplía requisitos”.

• Rodolfo Barahona, suplente del decano de Derecho, también pertenece al entorno que vota con el bloque oficial. Asume voz en la postuladora del TSE y refuerza el control operativo del rector.

Sí, pero. Rojas y Barahona llegan en un momento en que el CSU opera con mandatos vencidos y evita renovar autoridades para conservar el control. A su alrededor, otros operadores sostienen la correlación de votos y garantizan las decisiones que mantienen al rector en el poder.

• Byron Mejía, decano en funciones de Económicas, es considerado aliado de Mazariegos. Fue electo por el mismo CSU que nombró al rector y destaca en actividades institucionales que fortalecen su imagen pública. Entre ellas, el remozamiento de sanitarios en la facultad.

• Mejía también representa a la USAC ante la Junta Monetaria, un espacio donde la universidad tiene peso político. Su permanencia consolida la proyección del rector.

• Berner García, actor bisagra entre Mazariegos y Gálvez, mantiene un lugar clave en el CSU por un mandato vencido. Se sostiene gracias al amparo que revocó la convocatoria de elecciones del CANG, ahora ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En conclusión. Los fallos recientes de la CC y la presión de observadores anuncian un reacomodo interno. Mazariegos busca retener a sus aliados, pues cada uno representa un punto de control indispensable para conservar poder en el año de elecciones de segundo grado.

• La pérdida de figuras como García alteraría la correlación de fuerzas que sostiene al rector dentro del CSU y debilitaría su influencia en la elección de magistrados.

• La revisión de interinatos y procesos electorales podría abrir la puerta a renovaciones que el bloque de Mazariegos ha evitado durante tres años.

• Sin su red de aliados, la posición del rector en comisiones de postulación y órganos externos quedaría expuesta. Reduciría el alcance político que ha consolidado desde 2022.