Los diputados “aliados”, ¿todavía creen en el oficialismo?

¡Buenos días!

Los legisladores que se acostumbraron al mecanismo de “cotizar” su voto para apoyo a mociones oficialistas a cambio de casas, carros, sueldos, puntos —y obras— se han llevado una enorme decepción a partir del 2024. Aunque el oficialismo les ha ofrecido, sí, todo aquello —GTQ 12 000M para los CODEDES, entre otras cositas—, la realidad es que a casi nada le han podido hincar la uña. El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, los tiene hambrientos, guardando en las arcas —para fines muy distintos— esos miles de millones prometidos a los diputados distritales.

Se le atribuye —erróneamente— a Abraham Lincoln la frase: “se puede engañar a todos por algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”; los diputados se están dando cuenta de ello y, si luego de embuste recibido, vuelven a confiar en los cantos de sirena del oficialismo, entonces ya será por entera culpa de ellos. Culpa y ambición, claro está; una muy mala mezcla. 

Seis meses después de recibir la mayor asignación de su historia, se desvela que, detrás de esta baja ejecución, hay un entramado de decisiones políticas, falta de planificación técnica y promesas incumplidas que comprometen el uso eficiente del presupuesto.

Qué destacar. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) apenas alcanzan una ejecución del 17.11 %. Con GTQ 12 270M “disponibles”, solo han ejecutado GTQ 2009M. 

• Hasta el momento, los rubros de gasto que se han priorizado a nivel nacional han sido el transporte por carretera, con una ejecución de GTQ 1100M; el abastecimiento de agua, con GTQ 342M, y la educación primaria, cuya ejecución es de GTQ 234M.
  
  

• De acuerdo con la plataforma de Transparencia Presupuestaria, departamentos como Guatemala, Huehuetenango y Escuintla cuentan con una ejecución superior a los GTQ 160M; mientras que jurisdicciones como Izabal y Totonicapán apenas superan los GTQ 30M, lo cual refleja una clara disparidad entre los departamentos.
  
  

• Ahora bien, en comparación con el 2024, sí existe una mejora significativa, ya que, en el 2025, a la fecha, se han ejecutado GTQ 1453M más.

Datos clave. Aunque la ejecución global es lenta, la mayor preocupación surge a partir del desglose del gasto a partir de la fuente de asignación.  

• Del aporte ordinario no ejecutado durante 2024, para el cual se contaban con GTQ 1043M, se ha ejecutado GTQ 550M, equivalente al 53 %; a su vez, de la ampliación presupuestaria, decreto 17-2024, ya se cuenta con una ejecución del 49.25 %, es decir, GTQ 759M.
  
  

• Cabe destacar que la ejecución de estos recursos es mayor, no solo porque el Congreso aprobó una disposición legal, Decreto 27-2024, que permitía utilizar los recursos no ejecutados en un año fiscal, en vez de ir al fondo común, sino también porque han tenido más tiempo para avanzar en la planificación y aprobación de los proyectos.
  
  

• En cambio, los recursos que corresponden al aporte extraordinario contemplado en el Decreto 36-2024, por GTQ 5012M, registran una ejecución mínima de 2.06 %, lo cual evidencia la falta de planificación y respaldo técnico en la asignación. La ausencia de justificación técnica de los aportes extraordinarios también se demuestra en la plataforma de fiscalización de CODET, en donde SEGEPLAN únicamente registra los aportes ordinarios, los cuales sí están respaldados por proyectos.

Visto y no visto. La asignación extraordinaria a los Consejos, más que solo una iniciativa del Ejecutivo, fue producto de una negociación política entre los diputados del oficialismo y sus “aliados” en el hemiciclo.  

• En términos generales, el acuerdo consistía en otorgar más recursos a los Consejos, de manera que los diputados distritales pudieran llevar proyectos a sus comunidades y así asegurar el apoyo electoral, a cambio de respaldo a la agenda del oficialismo.
  
  

• No obstante, una variable que no había sido contemplada, al menos por los diputados aliados, era la rigidez y rigurosidad con la que empezaría actuar SEGEPLAN y la SCEP, quienes deben aprobar los requisitos para los proyectos, antes de que las entidades procedan con el requerimiento de cuota financiera ante el MINFIN.
  
  

• Esto supondría un problema, dado que el oficialismo, teniendo conocimiento sobre cómo actuarían las Secretarías, engañó a sus aliados, haciéndoles creer que tendrían mayor flexibilidad en el avance de los proyectos, a cambio de un voto favorable.

Lo que sigue. La ejecución presupuestaria del 2025 será la medida que se tomará como referencia para la negociación del Presupuesto 2026.  

• Consecuentemente, los diputados distritales, supuestos aliados, de no conseguir los proyectos para sus comunidades se podrían convertir en un obstáculo para el avance del proyecto del oficialismo en 2026.
  
  

• Asimismo, la falta de compromiso por parte del oficialismo podría aumentar el “precio” del voto entre los legisladores para la aprobación de las próximas iniciativas del Ejecutivo, lo cual, en términos agregados, supondría una mayor desviación de recursos públicos. 

En 2015 inició el primero de los cinco casos penales en contra de Gustavo Alejos, el influyente exsecretario privado de Álvaro Colom. En la actualidad, solo uno de ellos tiene sentencia, y fue por aceptación de cargos. Los otros cuatro fueron cerrados: tres por jueces y uno luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por qué importa. Alejos resuena en la política nacional. La razón: su capacidad como “operador” para influir en la elección de las autoridades del sistema judicial. Las investigaciones del Ministerio Público (MP), en el caso de las Comisiones Paralelas 2020, lo demostraron. 

• Sin embargo, el MP no le imputó ningún delito por dicha causa judicial; increíblemente solo figuró como testigo en la investigación.
  
  

• En el caso Negociantes de la Salud, aceptó cargos y recibió una pena de ocho años y ocho meses. La sentencia la recibió en junio de 2023.
  
  

• En Cooptación del Estado, se benefició de una decisión de CC. El tribunal resolvió que no se le podía procesar —juntamente con otras 10 personas— por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Visto y no visto. La CC indicó que no aplicaba tal tipificación, pues el delito no tenía ese nombre, sino hasta el 2018, cuando el Congreso aprobó modificaciones al Código Penal. En el caso Traunsurbano, el juez Segundo Penal, Mario Hichos, lo dio por cerrado a favor de Alejos, en noviembre pasado. 

• Alejos afirmó que su implicación era ilegal, pues no figuró en la denuncia que originó la investigación. Ante ello, debía suspenderse la persecución penal. El juez sostuvo dicho criterio.
  
  

• Así, Hichos lo libró de un caso más. El MP apeló la decisión y argumentó que la investigación se hizo correctamente. La Procuraduría General de la Nación (PGN) también lo hizo.
  
  

• En el Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE, la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a Alejos en noviembre de 2022.

Sí, pero. Otro caso cerrado a favor de Alejos es el de la Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. La jueza Abelina Cruz Toscano ordenó, en febrero de 2024, el sobreseimiento de los cinco cargos que pesaban sobre él. A pesar de sus procesos, las empresas de Alejos —y vinculadas a él— nunca dejaron de redituar del Estado. 

• Una de ellas, por ejemplo, es Construcciones Integrales Avanzadas, que en el primer año de Arévalo recibió un pago de GTQ 830.5M. Otra, 4 Carriles, es una constructora —otra— vinculada a Alejos, que fue constituida por la hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, vinculada a Alejos.
  
  

• Su incursión en la elección de cortes se dio porque deseaba beneficios en los casos que lo implicaban. Así, tejió una red de intereses y relaciones —personales y profesionales— canjeables para beneficio propio.

En conclusión. Alejos no solo sobrevivió a cinco procesos penales, sino que mantuvo su influencia y poder. Esto refleja cómo la red de favores, influencias y tecnicismos jurídicos puede “interferir” en la justicia. 

• Aunque aceptó cargos en el caso Negociantes de la Salud, en el resto de los procesos salió indemne.
  
  

• Los sobreseimientos de los casos contradijeron los criterios del MP y de la PGN. Eso sí, mientras sus procesos se cerraban, sus empresas siguieron facturando al Estado.
  
  

• Las empresas constructoras y las farmacéuticas, de o vinculadas a Alejos, siguen siendo contratadas por el Estado y reciben millones de quetzales en pagos. 

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En la conferencia semanal de Ejecutivo, el presidente, Bernardo Arévalo, instó al Ministerio Público (MP) a hacer cumplir la ley tras una serie de acciones legales emprendidas por ese Organismo, para obligar a los maestros en paro, a que retomen sus labores.

“Nosotros ya actuamos. Presentamos las acciones, ahora le corresponde al MP cumplir el mandato judicial”, afirmó.

El mandatario destacó que, pese al llamado de STEG a sumarse a las “asambleas permanentes”, nueve de cada diez maestros permanecieron en sus labores. A su juicio, eso demuestra “una victoria del magisterio nacional” que decidió no sumarse a una protesta que calificó como “innecesaria y fuera del marco de una negociación válida”.

Según Arévalo, más de 700 denuncias se han registrado por ausencias laborales desde el 26 mayo, fecha en la que un grupo de docentes acampó en la Plaza Central, como señal de protesta. El Ministerio de Educación (MINEDUC) ha levantado más de 5000 actas administrativas, como parte del cumplimiento de un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que exige salvaguardar el derecho a la educación.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó nueve acciones constitucionales y solicitó certificar lo conducente al MP para investigar posibles incumplimientos por parte del STEG. No obstante, enfatizó que esto no representa una persecución penal contra la dirigencia sindical. Hasta la fecha.

“Se ha hecho lo que correspondía, y ahora falta que el Ministerio Público haga cumplir la ley”, reiteró Arévalo, subrayando la coordinación entre el MINEDUC y la PGN para asegurar la vuelta a clases y la protección del interés superior de los estudiantes. 

Pese a las advertencias, la demostración permanece latente, frente al Palacio Nacional, donde docentes mantienen un campamento en demanda de un aumento salarial del 15 %. 

Agenda presidencial de la semana 

Miércoles 2 y jueves 3 

• Gira de trabajo en Baja Verapaz, con encuentros comunitarios y supervisión de proyectos territoriales. 

Viernes 4  

• Reunión de trabajo en el Ministerio de Finanzas Públicas.