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Los estudiantes en la pena y los políticos en la pepena

¡Buenos días!
La nauseabunda asquerosidad que ha rondado —y dirigido— la USAC por los últimos años ha rebalsado los campus de la casa de estudios, los alrededores, el país y llegó hasta a la OEA; una misión de observación del ente regional instó al Ejecutivo y otras instancias a no cruzarse de brazos. Vergonzoso.
El fraude urdido por Walter Mazariegos está cantado; bueno, lo ve el mundo entero en vivo y en cámara lenta desde hace buen tiempo.
La actitud del Ejecutivo ha sido timorata, cuando menos. A pesar de que la vicepresidenta ha sido un notable cuadro de la USAC —no entraremos a discurrir sobre sus tendencias o ejecutorias—, desde el Palacio Nacional no salen más que palabras que se lleva el viento. Sobra decir que quienes apoyaron a Arévalo y a Herrera están desconsolados.
Cierto es que una acción ilegal proveniente del Ejecutivo sería el acabose, pero hay medidas que se pudiesen tomar para evitar el fraude. Simple audacia, ni hablar de “blanquillos”, claro está.
Mientras tanto, algunos oportunistas miembros del “bloque” oficialista —no son partido ni bancada—, los que se pretenden erigir como herederos de Colom Argueta, abogan por una medida totalitaria. Sí, los “progresistas” esos. Tan oportunistas y ridículos son, que hasta sus compañeros los evidenciaron en el pleno.
En fin, todo mal. Asquiento. Repugnante.
Ante ello, ¿qué tipo de opción política cree usted, amable suscriptor, que el electorado buscará en el 2027 luego de este fiasco? Los “semilleros” o “raiceros”, ciertamente, no son la solución. Clarines, clarinetes…

Reynaldo Rodríguez
Elecciones en Perú: viejas soluciones a nuevos problemas
687 palabras | 4 minutos de lectura

Tras casi una década de inestabilidad política marcada por la sucesión de seis presidentes en menos de 10 años, el Perú se encamina a una jornada electoral decisiva este próximo domingo 12 de abril. El proceso se desarrolla bajo un clima de profunda desconfianza institucional que ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La elección no solo definirá al nuevo Ejecutivo, sino que implementará cambios estructurales en el Legislativo que buscan restaurar el equilibrio de poderes tras años de parálisis institucional.
En perspectiva. El escenario electoral peruano está marcado por la pérdida de la legitimidad institucional y cambios normativos de largo alcance.
La expansión del crimen organizado, las extorsiones y la percepción de un Estado débil han generado un terreno fértil para discursos relacionados con la consolidación del orden.
Después de tres décadas de unicameralidad, la restitución del sistema bicameral y la reelección parlamentaria reconfigura el equilibrio de poderes. El Ejecutivo, entonces, enfrentará mayores trabas para disolver la Cámara de Diputados, mientras que el Senado funge como filtro institucional ante cualquier proceso de remoción presidencial.
El sistema político se encuentra en una fase de atomización extrema, con un número récord de partidos inscritos que dificulta la consolidación de mayorías coherentes. En este contexto, el electorado peruano persiste en la búsqueda de figuras que logren romper el ciclo de la presidencia de supervivencia y la confrontación constante entre poderes.
Lo indispensable. La fragmentación profunda en el electorado y las opciones políticas incentiva a los candidatos hacia la radicalización de sus propuestas.
La oferta política del país es récord: 35 candidatos buscan la presidencia. Esta saturación de opciones no solo atomiza el voto, sino que fuerza a los postulantes a radicalizar sus programas y discursos para lograr diferenciarse en un ecosistema mediático saturado.
Las primeras encuestas de intención de voto proyectan un escenario encabezado únicamente por figuras conservadoras, con Keiko Fujimori liderando, siguiéndole el empresario Rafael López-Aliaga y el humorista Carlos Álvarez.
A pesar de la estabilidad macroeconómica del país, la elección se ve enmarcada por su fragilidad microeconómica, sumada a la crisis de inseguridad ciudadana. La distribución de intención de voto refleja la necesidad de decisiones con respecto a seguridad y, sin embargo, no hay un consenso transversal de la respuesta a las presiones económicas del Perú.
Entre líneas. La elección de Perú parece afianzada dentro de opciones de derecha, pero esconde tensiones estructurales de representación críticos.
El número de indecisos alcanza el 45 % en el sector rural y el sur andino, debido al vacío de liderazgo tras la caída de Pedro Castillo y la inhabilitación de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, salpicado por la corrupción de Odebrecht. Este volumen de votantes representa un riesgo sistémico latente, capaz de catapultar a un outsider de último minuto que rompa los pronósticos establecidos y capitalice el sentimiento antisistema.
La oferta de derecha ha homogeneizado su narrativa hacia soluciones contra el crimen, coincidiendo en la militarización y la salida de la Corte IDH para aplicar penas máximas. Al convertir la mano dura en un estándar común, la seguridad ha dejado de ser un factor de diferenciación electoral, obligando a los candidatos a buscar otros ejes de contraste.
Ante la uniformidad en el discurso, la elección se definirá en la capacidad percibida para aliviar la inflación y reactivar la microeconomía; Fujimori apela a la reducción de procesos burocráticos para la creación de empleo formal, López-Aliaga propone infraestructura masiva y Álvarez una redistribución de las rentas de la extracción minera. El electorado definirá si prioriza el alivio de corto plazo de la canasta básica frente a promesas de estabilización de mediano plazo.
En conclusión. Perú se asoma a un cambio estructural donde el retorno a la bicameralidad y la narrativa de seguridad pretenden terminar una década de fragilidad institucional. Este nuevo diseño de poder, sin embargo, se edifica sobre las arenas movedizas de un electorado mayoritariamente indeciso que conserva el potencial de disolver cualquier proyección tradicional a través de un outsider disruptivo. En última instancia, la elección definirá si la arquitectura política peruana puede finalmente contener el descontento social o si la volatilidad persistirá en el tablero político.
Ana González
Oportunismo antes que soluciones: diputados que miran a las urnas
514 palabras | 3 minutos de lectura

Aunque falta más de un año para las elecciones generales, los diputados ya concentran sus esfuerzos en asegurar un vehículo electoral que les permita buscar la reelección. La intención que en 2025 cobró fuerza —reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) para influir en la presidencia de comisiones y la integración de la Junta Directiva—, quedó en segundo plano. Hoy, la prioridad es garantizar su participación en la contienda.
Por qué importa. La agenda legislativa está más motivada por la búsqueda de notoriedad que por responder a sus electores. Ni hablar de pensar en el país. Una muestra de ello es que, tras archivar la ley de lactancia por falta de apoyo en la recta final, pocos días después se presentaron tres nuevas iniciativas desde distintas agrupaciones, a la espera de que alguna pueda convertirse en decreto.
En paralelo, varios diputados ya no ocultan la agrupación con la que buscan asegurar su reelección. Julio Portillo se distanció de Cabal —el partido que lo llevó por primera vez al Congreso— y ahora su apuesta es con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres.
Por su parte, Adim Maldonado intentó disputar el control de la UNE tras una serie de roces con Torres; sin embargo, terminó expulsado y pasó a la condición de diputado independiente. Actualmente, evidencia su incorporación al partido Unionista.
El oficialismo tampoco escapa a esa dinámica. Tras iniciarse el proceso que concluyó en la cancelación de Semilla, un grupo encabezado por Samuel Pérez busca conformar una nueva agrupación política: Raíces. No obstante, el camino aún es largo: el registro más reciente reporta 10 446 afiliados de los 28 000 requeridos para su inscripción.
Sí, pero. Aunque los políticos podrían argumentar que buscar la reelección es un derecho legítimo, las críticas apuntan a que la agenda debería ser guiada por las necesidades ciudadanas y no por intereses electorales.
El alza en el precio de los combustibles es un ejemplo que evidencia la falta de prioridad en la resolución de problemas urgentes. Antes de discutir a fondo las iniciativas de ley presentadas, los diputados optaron por irse de descanso por la Semana Santa y, al retomar labores, la falta de consensos volvió a frenar cualquier avance.
Cuando se trata de temas de fondo, pareciera que prevalece el ansia de protagonismo, en lugar de la búsqueda de soluciones. Los diputados son conscientes de que esa visibilidad —especialmente en redes sociales— puede traducirse en votos.
En conclusión. A medida que se acerca el proceso electoral, la dinámica en el Congreso confirma que la prioridad se ha desplazado, como siempre, del debate de fondo hacia el posicionamiento político.
La agenda legislativa corre el riesgo de quedar relegada, mientras la búsqueda de protagonismo marca el ritmo del día a día.
La falta de acuerdos en temas clave refuerza la idea de que pesa más la exposición mediática que la construcción de soluciones.
De mantenerse esta tendencia, el Congreso seguirá siendo una de las instituciones con menor credibilidad, especialmente cuando la ciudadanía no olvida decisiones como los GTQ 66 300 aprobados en mitad de la noche.
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