Los gobernadores tienen la llave del chorro de dinero departamental

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El boletín de República Política de hoy contiene dos hilos y una colaboración especial.  

México se apresta, en poco tiempo, a elegir al sucesor de AMLO. Sin importar que casi seguro la ganadora será la candidata elegida a dedo por él (haciendo referencia al “dedazo”, práctica del priísmo del que AMLO dice abjurar), el populista presidente mexicano no quiere irse del todo del poder: deja su testamento para mantenerse vigente en la política mexicana. Más que un swang song, es aferrarse al poder, a través de terceros, de enmiendas constitucionales, como sea.  

En Guatemala, la lucha por el poder local apenas empieza. Diputados distritales buscan cómo colocar a sus favoritos como gobernador de su departamento, a pesar del “novedoso” mecanismo aplicado por el presidente Arévalo. Apuesta por la transparencia que puede resultar empantanada por acciones judiciales. 

Adicionalmente, hoy les compartimos la opinión de un experto –tanto en la materia como por trayectoria– sobre la discusión que por estos días vuelve a agarrar fuerza acerca de una ley de competencia.  

Confiamos que el contenido de hoy es de primera calidad y que es de su interés.  

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En este boletín:

•AMLO remite al Congreso su testamento político

•Competencia va, competencia viene

•El botín político que atrae a 1,516 candidatos

Sebastián Gennari
•AMLO remite al Congreso su testamento político
657 palabras | 2 mins de lectura

México baraja unas reformas constitucionales cuando menos curiosas. El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha remitido al Congreso una propuesta de 18 reformas a la Carta Magna, además de dos leyes secundarias, lo que equivale a trastocar —o al menos “analizar”— el 35% de la Constitución. 

• El presidente propone que los jueces y magistrados se elijan por voto popular. También pide que el salario mínimo suba por encima de la inflación, con importantes aumentos para los empleados estatales.  

• El paquete es un tutti frutti: hay algo para todos. AMLO quiere brindar reconocimiento constitucional a los indígenas y afromexicanos. Busca prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, proteger el agua y establecer el derecho a la vivienda, la educación y el trabajo.  

• La más cara de las iniciativas es la reforma de pensiones, que garantizaría a los jubilados un pago mensual idéntico a su salario final, hasta un límite de 16,777 pesos mexicanos (US$984.61).  

Entre líneas. AMLO propone financiar este gasto adicional con la disolución de los organismos autónomos del Estado y el pronunciado achicamiento del Congreso, que pasaría de 500 diputados y 128 senadores a 300 y 64, respectivamente. La Suprema Corte de Justicia no se salva, pasando de 11 a nueve ministros (magistrados). 

• El presidente también habla de una marcada reducción de la contribución federal a los gastos de campaña. Debe recordarse que, de cara a las elecciones del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral ha presupuestado una contribución total de 10,444M de pesos (~US$612.6M) a los partidos. 

• Esto perjudica desproporcionadamente a la oposición, que carece de la capacidad de hacer campaña desde el Estado. Esto no molesta a AMLO, cuyo cometido es el de hacer “muy difícil” que en algún momento se puedan revertir sus cambios. 

• AMLO reconoce que su paquete no será aprobado por el Congreso actual. Sus iniciativas tienen dos funciones primordiales: servir de carne de campaña y, ante todo, condicionar la agenda de su heredera designada, Claudia Sheinbaum, quien previsiblemente contará con una holgada mayoría. 

Los datos. AMLO acostumbra a hacer alarde de su frugalidad. Hace unos meses, The Economist lo denominó un “populista inusualmente parsimonioso”. Algo tiene de cierto: México, junto al África subsahariana, fue uno de los pocos sitios en destinar menos del 2.5% del PIB a aliviar los estragos de la pandemia. 

• La “austeridad republicana” ha traído recortes a un sinnúmero de agencias burocráticas, con frecuencia aquellas que desagradan al presidente. De 2018 a 2024, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía sufrió una reducción presupuestaria del 81.4%. 

• Lejos de redistribuir el gasto ineficiente a mejores fines, AMLO se decanta por los proyectos monumentales. Su loable objetivo de potenciar el sur del país se tradujo en regalarle una refinería a Tabasco, su estado natal, con un gasto previsto de US$8,000M y un sobrecoste del 46%. 

• Ante este panorama, resulta preocupante su reforma de pensiones, que es francamente incosteable. Tendría un coste equivalente al 1.3% del PIB, subiendo hasta el 2% en 2035. Según el Consejo Empresarial Mexicano, se necesitaría un IVA del 35%, frente al 16% actual, para financiarla. 

El balance. Las pensiones ya representan el 22% del presupuesto federal mexicano. Aunque necesario, este gasto es improductivo; es consumo, no inversión. Pero debe tenerse en cuenta que el paquete de reformas de AMLO es simplemente su testamento político.  

• México, que ha desplazado a China como el principal socio comercial de EE. UU., haría bien en priorizar la seguridad y la infraestructura sensata y no en los proyectos faraónicos de AMLO. 

• Para Centroamérica, máxime para Guatemala, México tiene un valor casi existencial. Sus vaivenes, tanto los buenos como los malos, se “filtran” y surten efectos al sur de Chiapas. 

• Conviene, por tanto, que México esté bien gestionado. De lo contrario, se dificulta la posibilidad de entrar, indirectamente, al mercado estadounidense como proveedor de la industria mexicana. Y siempre se corre el riesgo de que México dé un mal ejemplo a los políticos de estos lares. 

Por años, el proceso para elegir gobernador departamental fue simple. Era una elección con influencia de diputados, pero la última decisión era del presidente. A dedo. La “bendición” de los parlamentarios era para asegurar obras para su departamento, principalmente de infraestructura, según expertos en temas municipales.

Para intentar cambiar esas prácticas, el presidente, Bernardo Arévalo, implementó un proceso similar al de las Comisiones de Postulación (convocatoria, impugnaciones, fase de pruebas de descargo y participación de la sociedad civil), que parece favorable, pero que tiene algunos riesgos. 

En perspectiva. La convocatoria fue un éxito. Se recibieron 1,516 expedientes para las 22 gobernaciones departamentales. Guatemala (215), Alta Verapaz (91), Quiché (90), Escuintla (89) y Huehuetenango (87), son los cinco departamentos con más aspirantes.  

• Entre los interesados figuran exdiputados y ex funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Ricardo Arturo Sandoval, quien fue alcalde y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).  
  
  

• Además, ex candidatos alcaldes para la Municipalidad de Guatemala, como Carlos Roderico Sandoval Chajón y Jean Paul Briere Samayoa. Ambos se postularon en el último proceso de elecciones. También hay autoridades e integrantes de las alcaldías indígenas, líderes comunitarios, profesionales y activistas.  
  
  

• Actualmente, se está desarrollando la fase de impugnaciones. Ya se habla de candidatos que incumplen algunos requisitos, existen denuncias por cobros para ingresar en la nómina e intentos de algunos diputados distritales por influir en los nombramientos.  

Por qué importa. La Ley del Organismo Ejecutivo establece que la responsabilidad del gobernador departamental es de coordinar, supervisar y fiscalizar; debe presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE), velar por la efectiva ejecución del presupuesto asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución.

• “Las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión, ni prestar servicios públicos, solo en casos que determine la ley”, indica la normativa.  

• Sin embargo, el interés por el cargo va más allá. Tiene una herencia con tinte político para mantener el control territorial; acuerdos de diputados –casi siempre distritales– con el presidente de la República, por la potestad que tiene para elegir al gobernador.  

• Contar con alguien afín les da la ventaja que obras de su interés se incluyan en la lista propuesta por los Consejos Comunitarios y Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), porque el gobernador puede sugerir la agregación de otro lote de obras al programa de inversión. “El cargo tiene un atractivo por el manejo de recursos de los Consejos de Desarrollo, se volvió como un botín político”, afirman los expertos.  

Entre líneas. Previo a eso, se sabe que los diputados se aseguran tener el bolsón con los fondos para esas obras con negociaciones en el Congreso a cambio de apoyar una agenda legislativa.  

• Se sabe que algunos parlamentarios ya tenían a los ungidos para el cargo y les tomó por sorpresa el cambio de elección. Situación que causó que la agenda legislativa se estancara. Los expertos aseguran que no es novedad, eso se hizo con los gobiernos del partido Vamos, la Unidad de la Esperanza Nacional (UNE), y FCN-Nación.  

• El gobierno de turno tiene una agenda legislativa y necesita hacer consensos para que determinada ley pase. Es el momento que aprovechan los distritales para negociar, casi siempre con el jefe de bancada: te apoyamos, pero necesitamos un bolsón de obras y no se habla de diez centavos, sino de millones.  

• Eddy Cifuentes, experto en Gobierno Local, explicó que en la lista de los más de mil candidatos hay dos o tres aspirantes propuestos por algunos diputados distritales, no están dispuestos a perder el control. Tienen que jugársela por el interés en las obras, principalmente en los municipios. Vamos y UNE son los que tienen mayor presencia.  

En conclusión. El nuevo proceso permitió una participación masiva, despertó el interés de mujeres de todas las etnias, líderes comunitarios, maestros, médicos y estudiantes que conocen a detalle las necesidades de las comunidades. Además de la participación de la sociedad civil en la fiscalización de los perfiles. 

• Existe riego que se entrampe el proceso por las impugnaciones o desacuerdos que se generen en las distintas fases. Podrían presentarse acciones legales que lleguen hasta la Corte de Constitucionalidad, como ocurrió con la elección de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.  

• El reto lo tienen los representantes de los sectores no gubernamentales. Deben analizar los señalamientos y las pruebas descargo de los 1,516 candidatos. Además, ponderar la idoneidad, planes de trabajo y cumplimento del perfil, asimismo de tener que entregar la terna al presidente, a más tardar, el 1 de marzo. 

• Con el nuevo método se pretende garantizar la participación de la ciudadanía en ambas vías, conocer los planes de trabajo de los aspirantes y que, por fin, acaben las prácticas perniciosas. El tiempo dirá si se logró el objetivo.