Los magistrados de la CSJ no resuelven

El tráfico en Centroamérica es en extremo complicado, valga la perogrullada. En Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito estimó que el capitalino promedio permanece 56 días al año en el tráfico; cifras parecidas emergen desde los demás países de la región. 

• San Salvador, donde las autoridades municipales buscan construir un metro con capital indio, parece ser un resquicio de paz en comparación. Aun así, el 53% de sus habitantes pierden hasta tres horas al día en el tráfico.  

• Costa Rica no se libra del oprobio automotriz. Hay estudios, ya con un lustro de antigüedad –y metodologías desconocidas– que le atribuyen a San José el peor tráfico de Latinoamérica y el tercer peor del mundo.  

• No resulta sorprendente, entonces, que a menudo se hable de planes faraónicos de transporte público. En muchos casos, se trata de proyectos teóricamente factibles que se ven obstaculizados por la inoperancia política y el escepticismo popular. 

Hemeroteca. Guatemala no es ajena a las propuestas ambiciosas. Hace unos años, se propuso construir el llamado MetroRiel, un tren ligero cuya primera línea cruzaría la capital en dirección norte-sur. El proyecto, cuyo coste se estimó en US$770M en 2017, avanza con lentitud. 

• El MetroRiel atravesaría el centro de la ciudad y tendría unos 250,000 pasajeros diarios. En esto se distingue del Tren Urbano de San Juan, en Puerto Rico, uno de los grandes fracasos del transporte público en Latinoamérica. 

• El metro de la capital puertorriqueña es utilizado por apenas 10 mil 200 pasajeros diarios, pues no penetra en el casco urbano. Costó US$2 mil 250M (en dólares de la época), muy por encima de la proyección inicial de US$1mil 500M. 

• La ventaja del MetroRiel con respecto al Tren Urbano es que, al ser un tren ligero, no requiere de túneles y viaductos de larga y cara construcción. El inconveniente es que retirará carriles que ahora son utilizados por vehículos. 

La región. En Latinoamérica, no escasean los ejemplos de sistemas de metro, algunos de ellos con millones de pasajeros diarios. Es más fácil nombrar los países que carecen de uno: toda Centroamérica, salvo Panamá; Cuba –aunque cuenta con un destartalado ferrocarril suburbano– Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

• La práctica totalidad de los sistemas de transporte público reciben cuantiosos subsidios. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado subsidia casi el 70% del coste de los viajes en metro. 

• La mayoría de los sistemas asiáticos, e incluso algunos europeos, son rentables, pero este no es el caso en el Nuevo Mundo. Quienes más se acercan son los brasileños, que entraron en déficit a causa de la pandemia. 

• Esto no tiene fácil solución: los latinoamericanos gastan el 12-17% de sus ingresos en transporte, es decir, casi lo mismo que los norteamericanos y europeos, a pesar de tener ingresos muy inferiores. Esto sólo es posible gracias a los subsidios ya en vigor. 

El balance. No es preciso obcecarse con los subsidios: la mayoría de los Gobiernos de la región, incluso aquellos con pésimos sistemas de transporte público, ya gastan sumas ingentes en transporte. Abundan, por ejemplo, los lobbies transportistas, que han conseguido enormes subsidios al combustible. 

• A pesar de las subvenciones, cualquier tren ligero sin duda sería más caro que el autobús, por lo que resultan inciertas las cifras que sugieren que el MetroRiel transportará más pasajeros que el Transmetro. 

• La inseguridad complica cualquier proyecto de transporte público en Guatemala. Incluso con una logística perfecta, el temor a ser asaltado reduce sustancialmente el número de pasajeros. 

• Guatemala, en todo caso, tiene posibilidades limitadas y necesidades más inmediatas. Quizá sería más aconsejable una expansión del Transmetro, cuyo recorrido es limitado, y una apuesta nacional por las carreteras. 

Casaciones relacionadas con procesos de derechos humanos, antejuicios contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y diligencias contra varios diputados, son temas que sigue sin conocer los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); asuntos que mantienen en vilo a diferentes sectores del país y a nivel internacional, por la crisis que se vive en Guatemala desde hace varios meses.  

Panorama. Mientras los magistrados de la CSJ se acomodaban en sus cargos –y los guatemaltecos colocan sus arreglos navideños– nuevos procesos llegan al máximo órgano judicial.  

• El 8 de diciembre, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó nuevos antejuicios contra Bernardo Arévalo, Samuel Pérez y Ligia Hernández, diputados del partido Movimiento Semilla. Los vinculan al caso denominado “Corrupción Semilla Fase II”, por irregularidades para la constitución del partido, según la fiscalía.  

• Además, el 14 de diciembre, la misma fiscalía, anunció la solicitud de retiro de inmunidad contra Blanca Alfaro Guerra, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. El argumento de la petición es obstaculización a la acción penal, por agresiones a fiscales, el 30 de septiembre en un allanamiento en la sede del Tribunal. 

Qué destacar. El 27 de noviembre tomaron posesión los nuevos magistrados; han pasado tres semanas y durante ese periodo se han realizado solamente dos plenos ordinarios y se conocieron solamente temas administrativos del Organismo Judicial (OJ).  

• ¿Qué temas o cambios administrativos se analizaron? Es una interrogante constante que se hace al departamento de Comunicación Social del OJ. La escueta respuesta: “De la sesión del 6 de diciembre no hay nada que informar”.  

• También, siguen sin informar quiénes asumirán los juzgados de aquellos jueces que dejaron el cargo para asumir las diferentes Salas de Apelaciones recién electas por el Congreso en noviembre pasado.  

• Tampoco han conocido los primeros antejuicios contra los integrantes de Semilla, entre ellos el presidente electo y las diligencias contra varios diputados por el caso: “Toma de la USAC: Botín Político”, según confirmó la abogada y diputada electa, Andrea Reyes, hace algunos días.  

Lo visto y no visto. Hace pocos días publicaron, en redes sociales, la integración de las Cámaras de la CSJ, algunas reuniones con el Consejo del Instituto Nacional de la Víctima y las visitas de personalidades.  

• Las Cámaras quedaron integradas así: Cámara Civil: Manuel Duarte (presidente), Claudia Paredes, Héctor Echeverría, Carlos Rivera. Cámara Penal: Gustavo Morales (presidente), René Girón, Jorge Tucux y Benicia Contreras. Cámara de Amparo y Antejuicio: José Luis Samayoa (presidente), Elvia Ester Velásquez Sagastume, Evert Barrientos y Ronald Manuel Colindres.  

• Una de las primeras fotografías divulgadas de las actividades de Oscar Cruz, presidente del OJ, fue la visita de cortesía del encargado de negocios de la Embajada de los EE. UU. en Guatemala, Patrick Ventrell. 

• Asimismo, la visita de Wuelmer Ubener Gómez González, Procurador General de la Nación y Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director de la COPADEH.  

En el radar. En el 2024, el Consejo de la Carrera Judicial deberá enviar al Congreso un informe de la finalización del periodo constitucional de los magistrados de la CSJ, de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. 

• De acuerdo con Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJuticia, el documento debe ser enviado seis meses antes que termine, pero puede hacerse antes de ese plazo. “La ley dice dar aviso al Congreso, con al menos seis meses de anticipación del vencimiento del período constitucional; podrían hacerlo en abril, tomando los seis meses, pero lo podrían hacer antes”, dijo.  

• Los magistrados de la CSJ tendrán participación en la Comisión de Postulación para elegir a los candidatos para la Corte de Apelaciones.  

• La participación depende del número de decanos de las Facultades de Derecho, pues en el proceso anterior se contó con 12 facultades legalmente establecidas. De esa cuenta, 12 fueron los delegados de un total de 37 comisionados.