Los malos pasos de Semilla y sus aliados en el Congreso

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¡Buenos días!

El boletín de República Política de hoy es más extenso de lo usual; les pedimos indulgencias; encontrarán en el boletín de hoy un detallado reportaje acerca de lo que podría ser el mayor escándalo —hasta ahora— del oficialismo.

En contumacia y franca desobediencia a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el presidente de ese Organismo, Nery Ramos —junto a otros miembros de la Comisión Permanente (CP)—, restablecieron a Semilla como bloque legislativo. Esto, a pesar de la referida resolución y la oposición de dos integrantes de la CP. Todo apunta a oscuras negociaciones, como podrán leer en el reportaje.

Por supuesto, el resto del contenido de hoy ha sido curado para proveerles el mejor análisis de los asuntos más importantes del momento; ese es nuestro compromiso para con ustedes, nuestros suscriptores.

Les deseamos un muy buen inicio de semana laboral. 

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En este boletín:

•Congresogate: el acta ilegal que devolvió la bancada a Semilla

•Bukele se doblega ante el FMI

•Antejuicios y casos con más “intereses” que intención de esclarecerlos

•Panorama Político Semanal: La agenda de Marco Rubio y los días convulsos de Nery Ramos

Rafael P. Palomo
Bukele se doblega ante el FMI
656 palabras | 3 mins de lectura

Bukele abarcó mucho y apretó poco, sacrificando su ambiciosa apuesta por el Bitcoin a cambio de la clemencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En perspectiva. El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa (AL), controlada por el oficialismo, modificó la infame Ley Bitcoin, divisa que ley ya no reconoce formalmente como “moneda”. La reforma también derogó el artículo 4, que establecía que las contribuciones tributarias podían pagarse con Bitcoin, así como los 8 y 9, que obligaban al Estado a “proveer alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin”. 

• Tres años después de enamorar al mundo de las criptofinanzas, Bukele reculó en su ofensiva libertaria porque El Salvador fuera el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal.
  
  

• También se eliminó la obligación de que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago”.
  
  

• El artículo reformó su redacción, cambiando el “deberá” por “podrá” y delimitando el “todo agente económico” a cualquier persona natural o empresa privada. 

Entre líneas. El FMI, con el que El Salvador buscaba un acuerdo por financiamiento desde 2021, fue desde el principio el mayor detractor de la ley. Para el Fondo, el uso de Bitcoin debe ser una decisión estrictamente privada. El ente multilateral llegó a un acuerdo con El Salvador, en diciembre de 2024, para un préstamo de USD 60M, cuyos requisitos imponían al gobierno que se limitara la participación del Estado en las actividades relativas al Bitcoin.  

• Además, se exigía que el sector privado pudiera aceptar su uso de manera voluntaria, más no por obligación legal.
  
  

• Las reformas a la Ley Bitcoin responden, punto por punto, a las exigencias del FMI.
  
  

• El préstamo se pagará en un plazo de 25 años y servirá para “la creación de un centro de datos en El Salvador”. 

Sí, pero. Bukele, además, mintió. En septiembre se jactó de que el presupuesto de 2025 sería, por primera vez, financiado al 100 % por lo producido en el país. Afirmó que dicho presupuesto se financiaría sin la necesidad de “emitir un solo centavo de deuda”.  

• El presidente prometió que el país no seguiría aumentando la deuda que les “heredaron” los gobiernos anteriores.
  
  

• No solo incumplió su palabra de no emitir más deuda, sino que obvió el hecho de que su gobierno añadió USD 6370M a la deuda pública solo entre 2022 y 2024.
  
  

• Para 2024, la deuda pública del país llegó a USD 32 053M. Los últimos dos años del gobierno de Bukele han generado casi un 20 % de la ella.  

Visto y no visto. En la misma sesión plenaria, la AL eliminó el cerrojo para una reforma constitucional. Los diputados controlados por la presidencia ratificaron una reforma introducida en la anterior legislatura, que permite al oficialismo hacer reformas a la Constitución de manera exprés.  

• Se espera que esta misma legislatura reforme cualquier tipo de impedimento constitucional a la reelección.
  
  

• Bukele abrió recientemente el debate por eliminar la deuda política y, así, limitar el financiamiento de los partidos y acabar con la oposición. La deuda política estaba protegida bajo el artículo 210 de la Constitución.
  
  

• Con la reforma a la Ley Bitcoin como cortina de humo, el oficialismo ha dado un paso más para la perpetuación indefinida de Bukele en el poder. 

En el radar. Las aspiraciones de Bukele exceden su capacidad como gobernante. La idea de volver a El Salvador en un cripto-paraíso fiscal se han topado con la falta de liquidez del Estado y un país cuya pobre productividad —y la IED que el gobierno no ha podido atraer— excede el gasto desmedido de la administración Bukele.  

• El Salvador sigue dependiendo de entidades como el FMI, aunque Bukele soñó algún día con independencia monetaria, algo de por sí imposible teniendo al dólar estadounidense como moneda.
  
  

• Entre el fracaso de la Ley Bitcoin —junto con proyectos como Bitcoin City— se esconde un proceso de autocratización que crece a pasos agigantados y sin oposición alguna. 

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Glenda Sánchez
Antejuicios y casos con más “intereses” que intención de esclarecerlos
598 palabras | 2 mins de lectura

El Ministerio Público (MP) recién presentó un requerimiento para retirar la inmunidad a magistrados del TSE e hizo públicos varios procesos de personas vinculadas al partido Movimiento Semilla.  Las acciones son cuestionables por el “timing” político en que se presentan. 

• Es imprescindible una investigación para esclarecer las denuncias, aún más cuando se habla de posible corrupción. No obstante, existe la sospecha de intereses políticos.   

En perspectiva. Hace una semana, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una nueva solicitud de antejuicio, por irregularidades en la adquisición de equipo para el evento electoral de 2023, contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE): Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Custodio Franco y Ranulfo Rojas.  

• La petición incluye al magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes, y Jorge Salvador Santos Neill, encargado del Despacho de la Dirección General de Informática.
  
  

• Los argumentos de la fiscalía surgen de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el proceso de adquisición de 8676 equipos de computación. Los hallazgos de inspección revelaron que la planificación realizada no fue adecuada.
  
  

• La fiscalía presume que se excedieron en 3077 unidades y que no fueron utilizadas para su fin; los señalan por los delitos de abuso de autoridad y fraude.    

Entre líneas.  Los hechos son graves, sí, lo cuestionable con esta solicitud — similar con algunas presentadas en 2024— es que surgen justo cuando se desarrollan elecciones o eventos que tienen incidencia política para el país.   

• Para comprender el contexto que rodea el momento en que se presenta el antejuicio, es oportuno citar el conflicto interno en el TSE. Los magistrados suplentes, Pablo Adolfo Leal Oliva, Marco Antonio Cornejo Marroquín, Álvaro Ricardo Paredes, Marlon Josué Barahona Catalán y Noé Adalberto Ventura Loyo, rechazan el auto nombramiento de Alfaro como presidenta en funciones.
  
  

• Ello ha imposibilitado el desarrollo de los plenos para analizar asuntos administrativos, entre otros.  El pleno también debe analizar la recusación contra Alfaro presentada por Semilla y una apelación relacionada con su cancelación.
  
  

• En este contexto, no se debe perder de vista la lucha de Semilla de ser reconocida como bancada, y las elecciones de la Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). El evento del CANG es clave para las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de candidatos para Fiscal General.  

Voces. Politólogos, exmagistrados y organizaciones coinciden en que toda sospecha de corrupción se debe denunciar e investigar. Sin embargo, consideran que no todos los casos tienen el mismo seguimiento.   

• Aclaran que no es novedad. Recuerdan que durante el periodo de Thelma Aldana y de Claudia Paz y Paz, ocurrió. “La percusión política y casos mediáticos en la administración de Aldana tuvo mucho ruido”, citan.
  
  

• En relación con los antejuicios de los magistrados del TSE, algunos indican “que las acciones son oportunistas y que buscan deteriorar la institución”. Señalan que está predominando la política más que el derecho.
  
  

• No obstante, para el abogado Francisco Quezada, el trabajo del MP es investigar y esclarecer la denuncia. “No hay que prejuzgar que exista mala fe; es conveniente una investigación respetando la presunción de inocencia”, agrega.

Balance. Está claro que el MP debe investigar para determinar si hubo o no delito, sin intereses o presiones. La ley establece que es una institución autónoma, que promoverá la persecución penal y que actuará con objetividad e imparcialidad.  

• En el caso del antejuicio contra los magistrados, se intentó verificar los tiempos de la denuncia, el proceso de análisis del caso y las acciones.
  
  

• Se solicitó la información a los departamentos de Comunicación del MP y la CGC; pero ninguna respondió a los requerimientos.  

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Luis González
Panorama Político Semanal: La agenda de Marco Rubio y los días convulsos de Nery Ramos
724 palabras | 3 mins de lectura

Marco Rubio ya cumplió su primera misión en Panamá: se pondrá un alto a la influencia china en el Canal. Hoy aterriza en El Salvador y mañana, al final del día, llegará a Guatemala.

En perspectiva. En cada país, el secretario de Estado de EE. UU. tiene una agenda específica. Acá, el tema prioritario es la migración. ¿Cómo puede Guatemala detener el viaje de indocumentados y cómo recibirá a los retornados? 

• El gobierno de Trump parece tener claro que solo con inversión y generando bienestar económico —empleos—, menos personas buscarán migrar. Rubio viene a plantear el problema, proponer acciones y quiere escuchar qué dicen las autoridades y los empresarios.
  
  

• Para empezar, ha reconocido que Centroamérica ha estado olvidada. La oleada de miles viajando hacia el norte, la cada vez mayor presencia de China en la región y el narcotráfico, obligaron a EE. UU. a volver la vista al istmo.
  
  

• La agenda del delegado norteamericano incluye al presidente Bernardo Arévalo y al sector privado: quien gobierna y el que invierte. Su promesa es convertir en “socios” a los países democráticos y tender la mano a los que respondan a los intereses estadounidenses. 

Lo que sigue. Otro político que atrae la atención mediática es Nery Ramos, presidente del Congreso de la República. 

• El escándalo político —y posiblemente penal— en el que se ve involucrado, junto con otros diputados de la Comisión Permanente, puede llevarlo a la ruina política. Después del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó investigarlos, priva la incertidumbre y temor en pasillos del Legislativo.
  
  

• El Ministerio Público le fijó un plazo de cinco días —a partir del 31 de enero— para remitir todo el expediente que se analizó en la sesión del 13 de enero, incluida la ahora más buscada acta 5-2025, donde consta cómo se aprobó dar la categoría de bloque legislativo a los 23 diputados del Movimiento Semilla.
  
  

• Todo apunta a que pronto habrá una solicitud para retirarle la inmunidad a Ramos y a los otros congresistas; Semilla guarda silencio. Es posible que esta semana se pronuncien para intentar explicar por qué este nuevo pacto con la mayoría de los legisladores —a cambio del abultado presupuesto para los Consejos Departamentales de Desarrollo— les salió mal. 

En el radar. El Congreso intentará volver a la normalidad alterada por el caso Semilla y la frustrada intención de marginar a los diputados de la bancada VOS. 

• La instancia de Jefes de Bloque se reunirá para definir la agenda de las sesiones. La anterior se suspendió, pero en esta ocasión no se prevén sobresaltos, a menos que los diputados de Semilla insistan —como la semana pasada— en participar con voz y voto en la reunión.
  
  

• Mañana inicia la recepción de expedientes para los interesados en integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia. Tendrán hasta el 17 de febrero para enviar sus documentos a la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso.
  
  

• Otro evento que acapara la atención es la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, prevista para el viernes 7 de febrero —con posible segunda vuelta el 14—. Once planillas se disputarán los votos para cargos en la Junta Directiva y el Tribunal de Honor. Los presidentes electos tienen la posibilidad de influir en la conformación del listado de aspirantes a la Fiscalía General, como parte de la Comisión de Postulación. 

Ecos regionales. Que Nicaragua y Honduras no figuren en las naciones visitadas por Rubio, no significa que EE. UU. los ignore. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es considerado un desestabilizador en la región en temas migratorios, diplomáticos —su relación con China— y democráticos. 

• Por ello, Rubio trae en su agenda la probabilidad de “expulsar” a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, sin afectar a los otros socios.
  
  

• Con Bukele, aparte de la migración, discutirá la posibilidad de que El Salvador reciba en su cárcel de máxima seguridad, a delincuentes de la Banda Tren de Aragua. Se trata de una estructura criminal con raíces en Venezuela, y que se extendió a EE. UU.
  
  

• Honduras fue marginada, pero todavía no al extremo de la dictadura nicaragüense. Sin embargo, EE. UU. tiene anotado la no renovación del tratado de extradición que benefició a familiares de Xiomara Castro señalados de vínculos con el narcotráfico. Además, su cercanía con China y otras dictaduras, es rechazada por los norteamericanos. 

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