Los émulos de Efialtes pululan en torno de la CC

¡Buenos días! 

El traidor más connotado de la historia antigua tiene múltiples adeptos en la política guatemalteca; la designación de magistrados titular y suplente a la CC los empuja al frenesí. Alianzas —fallidas— convenencieras y puñaladas traperas son el signo de los tiempos.

Como si se tratase de una maldición, el apoyo público del grupo de Néster Vásquez a Estuardo Gálvez en la elección en el CANG terminó de sellar el destino del segundo; la óptica fue que es capaz de transar con cualquiera.

En el CSU, la cosa es igual o peor. El rector —ilegítimamente electo— y el grupo de delegados que lo acuerpa —muchos, también ilegítimamente en sus cargos— se aprestan, hoy por la mañana, a elegir a sus magistrados. Con la reelección de Walter Mazariegos a dos días de distancia, la decisión tiene más que ver con su beneficio personal inmediato.

Mal paga el diablo a quien bien le sirve y no hay honor entre ladrones, dicen dos refranes. ¿Cree usted que aplican en esta coyuntura? 

Reynaldo Rodríguez
El mayor riesgo para las elecciones colombianas
685 palabras | 3 minutos de lectura

Iván Cepeda Castro ha trascendido su rol histórico de control político asambleísta para consolidarse como el precandidato hegemónico de la continuidad de la izquierda. Su aspiración, no obstante, enfrenta una serie de presiones en múltiples frentes: una ofensiva judicial administrativa, la polarización asimétrica de bloques ideológicos y la presión geopolítica internacional. 

En perspectiva. Cepeda es producto de una bifurcación académica entre el marxismo de Europa del Este y el formalismo jurídico francés, donde se educó en el exilio. 

• Se licenció en filosofía en la Bulgaria socialista para luego especializarse en derecho internacional en Lyon, lo que formó en él un perfil técnico de la izquierda que traduce la contienda al área de la narrativa a través de los tribunales internacionales y la justicia transicional.   

• Sus raíces se hunden en el Partido Comunista y la Unión Patriótica, pero su evolución fue fuertemente dirigida hacia el ámbito institucional a través del uso del lawfare inverso y el control político de alta intensidad para fiscalizar a las élites, método evidenciado en su litigio de 13 años contra Álvaro Uribe.   

• Su legitimidad como interlocutor con grupos extremistas (FARC, ELN) deriva de su “autoridad moral” como víctima de crímenes de Estado, fungiendo como un facilitador entre grupos de presión capaz de destrabar crisis de confianza entre el establecimiento y las guerrillas.   

Lo indispensable. La carrera hacia la presidencia en 2026 ha forzado una radicalización táctica ante lo que su entorno califica como un bloqueo institucional deliberado.   

• Tras la anulación de su inscripción interpartidista por parte del Consejo Nacional Electoral, optó por una estrategia de choque: inscribirse directamente a la primera vuelta para capitalizar el discurso del candidato censurado y radicalizar a sus bases frente a la narrativa de un “golpe técnico".   

• El escenario político muestra una polarización profunda donde Cepeda lidera la intención de voto —entre 28 % y 33 %— frente al ascenso de la derecha dirigida por Abelardo de la Espriella. Sin embargo, enfrenta un techo con un índice de rechazo del 43.9 %, dejando la decisión final en manos del voto de centro que la derecha deberá capitalizar. 

• El discurso de Cepeda ha sido altamente polarizante debido a que propone una reestructuración profunda: una reforma agraria que involucre la propiedad de la tierra y el agua, la promoción de un salario universal y el uso continuo de la consulta a los sectores organizados de la sociedad como “poder constituyente”. 

Entre líneas. La viabilidad de un posible gobierno de Cepeda enfrenta un jaque potencial entre sus promesas de expansión social y un entorno geopolítico hostil que imposibilita la solvencia del Estado. 

• La implementación del salario universal y la democratización del agua dependen de un flujo de caja que corre peligro ante la política exterior de Washington. La amenaza de descertificación en la lucha contra las drogas y la imposición de barreras arancelarias por parte de la administración Trump podrían drenar los recursos necesarios para su política económica, haciendo insostenible el gasto público “progresista”.   

• Mientras Cepeda defiende una diplomacia soberana y desmilitarizada, EE. UU. presiona por recuperar a Colombia como su principal plataforma de seguridad en la región andina. Esto implica una exigencia tácita de realineamiento en el Caribe para garantizar el control hegemónico frente a potencias rivales, chocando con la negativa de Cepeda a la subordinación.   

• Por último, también existe un riesgo elevado de estancamiento administrativo. La propuesta de Cepeda de activar consultas permanentes para auditar instituciones podría colisionar frontalmente con un lawfare intensificado desde los organismos de control conservadores, derivando en una crisis de gobernabilidad.  

En conclusión. La elección de 2026 gira alrededor de la capacidad de Colombia para operar fuera de la órbita de seguridad de Washington sin colapsar su economía. Una administración de Cepeda, caracterizada por la soberanía desafiante al nuevo orden, enfrentaría un alto riesgo de asfixia fiscal y aislamiento comercial ante un Norte que exige alineamiento total.  

• En este contexto, la continuidad de la izquierda radical no solo pone a prueba la gobernabilidad interna, sino que amenaza con alterar el equilibrio de seguridad hemisférica, situando a la nación en una posición de vulnerabilidad insostenible frente a la nueva configuración geopolítica de la región. 

Alejandro Palmieri
Lo que hacen con la derecha, lo deshacen con la izquierda
677 palabras | 3 minutos de lectura

Es una verdad de Perogrullo que, en Guatemala, se necesita invertir decididamente en soluciones al transporte, que incluyen no solo importantes inversiones —tanto públicas como privadas—, como cambios regulatorios; para que se den, es una condición sine qua non que haya certeza jurídica. El AeroMetro es un claro ejemplo de ello. 

Por qué importa. En un mundo donde la inversión extranjera directa (IED) fluye hacia entornos estables, la certeza jurídica garantiza que los proyectos de alianzas público-privadas (APP) y concesiones municipales no se vean truncados por cambios políticos arbitrarios, atrayendo capital para infraestructuras clave como transporte y servicios urbanos. 

• Sin esta certeza, las rencillas ideológicas y posturas de campaña pueden desbaratar iniciativas multianuales, espantando inversionistas que buscan retornos predecibles, lo que frena el crecimiento económico y la generación de empleo en países emergentes como Guatemala. 

   

• Particularmente, en concesiones municipales, donde los gobiernos locales manejan permisos y ejecuciones, la volatilidad política puede convertir proyectos viables en riesgosos, disuadiendo IED que podría superar los cientos de millones de dólares por iniciativa.  

En perspectiva. El caso del AeroMetro es un proyecto con historia y obstáculos; es un sistema de transporte aéreo elevado valorado en USD 220M, ha recorrido más de una década de planificación, pasando por revisiones exhaustivas de diversas autoridades, incluyendo aprobaciones municipales, técnicas y ambientales, que lo posicionan como una solución innovadora para la movilidad urbana. 

• A pesar de su largo camino —iniciado en debates técnicos y políticos desde al menos 2022—, el proyecto finalmente entró en fase de construcción en enero pasado, prometiendo conectar puntos estratégicos, reducir tiempos de viaje y facilitar accesos inclusivos para personas con discapacidad, bicicletas y más, con un costo estimado de pasaje de GTQ 6. 

• Sin embargo, enfrenta oposición feroz de —entre otros— diputados del partido (en formación) Raíces, quienes han interpuesto amparos y querellas por presuntas ilegalidades en su aprobación, cuestionando no solo su viabilidad técnica, sino también a quién beneficia realmente, lo que pone en jaque su avance pese a las autorizaciones previas.  

En el radar. Con las elecciones del 2027 en el horizonte, la posibilidad de que opositores al AeroMetro —como los de Raíces— asuman el control del gobierno local representa un riesgo real de obstaculización, ya que podrían revocar permisos o paralizar obras bajo argumentos ideológicos, desbaratando un proyecto legítimo que ya está en marcha. 

• Esta incertidumbre pone en peligro una inversión de cientos de millones de dólares, no solo afectando al AeroMetro sino enviando un mensaje global de inestabilidad, donde cambios en administraciones locales pueden anular compromisos multianuales y erosionar la confianza de los inversionistas extranjeros. 

• En un contexto donde el actual gobierno de Bernardo Arévalo impulsa reformas para recuperar instituciones de justicia y atraer IED —con estrategias para alcanzar grado de inversión—, tales rencillas municipales contradicen estos esfuerzos, creando un contrasentido que podría revertir avances económicos.  

Visto y no visto. En abril del 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una “cuestión de competencia” relativa al procedimiento de aprobación de concesiones municipales. Si bien las otorgadas por el gobierno central deben ser aprobadas por el Congreso, la CC determinó que ello no aplica a las de los municipios. 

• Así, proyectos como el AeroMetro —y cualquier otro concesionado por las municipalidades— no pasan por el Legislativo; se evita el engorroso trámite y la posibilidad de que los diputados quieran “tajada”. 

• Abonando a la descentralización, hace unos días, el Congreso aprobó reformas al Código Municipal, viabilizando el endeudamiento a largo plazo de las municipalidades a través del Infom. 

• Estos dos hitos jurídicos apuntalan la autonomía municipal; acciones con motivaciones ideológicas o político-electorales que la atacan, desincentivan la inversión. 

En conclusión. Los proyectos de inversión, especialmente en APP y concesiones municipales, requieren certeza jurídica absoluta para florecer, ya que cualquier interrupción ideológica puede evaporar millones en capital y oportunidades de empleo. 

• El fragor político electoral, con sus rencillas y promesas volátiles, acarrea incertidumbre que no solo amenaza iniciativas como el AeroMetro sino que podría revertir los avances hacia un grado de inversión, recordándonos que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre divisiones partidistas para un futuro próspero.  

Luis González
La apuesta de Arévalo para fiscal general podría quedar a la vista
599 palabras | 3 minutos de lectura

Se abre el telón para conocer los nombres de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal general de Guatemala, en un proceso que cada cuatro años vuelve a poner a prueba la credibilidad del sistema de justicia. 

Qué destacar. Desde hoy, la Comisión de Postulación recibirá expedientes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se inicia una etapa que históricamente ha estado marcada por tensiones, opacidad y disputas de poder. 

• Este cuerpo evaluador deberá conformar una nómina de seis candidatos para remitirla al presidente, como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El plazo es estricto: la lista debe enviarse quince días antes de que concluya el período de la actual fiscal general. 

• La elección cobra mayor relevancia porque permitirá al presidente Bernardo Arévalo designar a quien sustituya a Consuelo Porras, un relevo que él manifestó desear desde que asumió el cargo, aunque en su momento no pudo concretarse debido a reformas legales aprobadas en 2016 con nombre y apellido: Thelma Aldana. 

• Conforme vayan surgiendo los nombres de los aspirantes, también se multiplicarán las interpretaciones sobre quiénes tienen posibilidades reales de avanzar hacia la nómina final. En este contexto, la trasparencia, la independencia y la integridad del proceso serán decisivas para evitar que la selección se reduzca a un simple trámite, especialmente en un escenario donde podría parecer anticipado —o incluso evidente— cuál abogado resultará elegido.  

Lo que sigue. Este lunes, la Secretaría General de la Presidencia iniciará la recepción de expedientes de aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026‑2031, en una designación que recae en el jefe del Ejecutivo en Consejo de Ministros. 

• Esto ocurre mientras avanza la integración del tribunal: el 12 de febrero fueron electos por la asamblea del CANG Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, una elección que generó lecturas políticas sobre afinidades con el gobierno del Movimiento Semilla. 

• Al igual que en el proceso hacia fiscal general, los expedientes ingresados podrían anticipar qué perfiles tienen mayores posibilidades de avanzar. Ese mapa preliminar alimentará interpretaciones sobre eventuales apuestas del Ejecutivo para la CC. 

• Con Lemus y Bermejo, más esta designación, solo quedará amarrar la elección en el Congreso para que el oficialismo y aliados logren el control mayoritario de la CC.  

En el radar.  A puerta cerrada, el cuestionado Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC elegirá al magistrado titular y al suplente de la CC; será la segunda entidad en designar para el tribunal constitucional. 

• Entre quienes presentaron expediente destacan la fiscal general Consuelo Porras y la magistrada presidenta de la CC, Leyla Lemus. La convocatoria fija una sesión extraordinaria en Antigua Guatemala, lo que refuerza la premura y la opacidad del proceso. 

• Las acciones legales contra la señalada conformación del CSU no han prosperado, incluso ante resoluciones de la propia Corte de Constitucionalidad. Ese telón jurídico ha consolidado un escenario de hechos consumados, pese a los cuestionamientos sobre legitimidad. 

• La elección del CSU incidirá en el equilibrio interno de la CC para el período 2026-2031. Con perfiles de alto perfil en la contienda, el desenlace puede reconfigurar correlaciones de poder antes de completarse las demás designaciones. 

Ecos regionales. Los presidentes centroamericanos invitados por Donald Trump a la cumbre en Miami son Nayib Bukele de El Salvador y Nasry Asfura de Honduras. Ambos forman parte del grupo de seis mandatarios alineados con la agenda geopolítica de Washington. 

• La reunión busca reforzar la estrategia estadounidense frente a la influencia china en la región. Su participación destaca por la cooperación en seguridad, migración y afinidad política con la administración Trump.  

• Nicaragua restableció el requisito de visa para 128 países —incluidos aliados como China, Cuba y Venezuela— en respuesta a presiones de EE. UU. por el uso del país como ruta migratoria. La medida es un intento del régimen Ortega‑Murillo de alinearse parcialmente con Washington sin admitirlo públicamente. 

• Esta semana, la presidenta electa Laura Fernández se enfoca en la transición desde su nuevo rol como Ministra de la Presidencia de Costa Rica. Se enfoca en el escrutinio final de diputados y la definición de su próximo gabinete de gobierno.