¡Buenos días!

El modelo de designación de magistrados —del TSE, de la CSJ y de la CC, pero también los de Salas—, casi desde el inicio, ha sido como esa expresión común, que se refiere a los hijos en una relación donde los padres habían tenido una anterior. Así, cada uno “aporta” los propios, pero también hay en común.

Más allá del sistema corporativista de designación para la CC, la designación de los otros siempre ha obedecido a dinámicas de poder; sin embargo, de hace unos 20 años para acá, la cosa se torció aún más.

Desde aquella designación de magistrados “alrededor de una cama de hotel” como confesó con candor la exvicepresidenta Roxana Baldetti, hasta ahora, queda claro que políticos, operadores y agentes externos pujan por meter a “los suyos” en los listados; después viene la elección en el Congreso, que requiere otro nivel de influencia o cantidad dineraria; otros llevarán a los propios; cada uno de los designados velará por los intereses de sus padrinos políticos.

Pero ¿y los nuestros? Es decir, los que debieran velar por los intereses de todos los guatemaltecos, parece que ya no llegan.

Como si fuesen jefes de plazas estilo narco, buscan tener su pieza —o piezas— metidas en las cortes para poder influir en fallos judiciales. Con ello, el bien común, el interés general, queda en segundo plano.

Lo acá dicho no es nada nuevo, pero tal vez si se repite lo suficiente, finalmente se crea conciencia de que, así, la justicia nunca será la que nos merecemos.

¿Idealista? Tal vez. Pero en estos tiempos de decadencia moral, alguien tiene que salir cual Diógenes —cínico, que es uno— a buscar un hombre honesto.

Walter Mazariegos, el impresentable

A menos de dos meses de la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), programada para el 8 de abril de 2026, la ciudadanía en general observa con alarma cómo se repite el guion del 2022. Walter Mazariegos, figura indeseable tanto en el ámbito académico como en la política nacional, se perfila para perpetuarse en la rectoría mediante las mismas mañas, trampas y violaciones a la legalidad que lo instalaron de facto hace cuatro años. Su presencia en la máxima casa de estudios es un lastre.

Recordemos los vergonzosos hechos del 14 de mayo de 2022 en el Parque de la Industria. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la elección en las instalaciones universitarias por la resistencia estudiantil y docente, el Consejo Superior Universitario (CSU) —ya entonces controlado por sus aliados— trasladó el evento fuera de la USAC. Bajo las órdenes del Mingob de Giammattei, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo donde se lanzó gas lacrimógeno contra estudiantes y manifestantes.

Con ello se impidió el ingreso de decenas de electores opositores. Hombres encapuchados y armados custodiaban las puertas. Solo 72 de los 170 electores acreditados pudieron participar; los cuerpos electorales que favorecían a otros candidatos fueron anulados arbitrariamente. Mazariegos ganó sin competencia. Fue un fraude descarado, validado por un CSU complaciente.

Cuatro años después, el panorama es igual o peor; el actual CSU está integrado de manera ilegítima e ilegal. Más del 73 % de sus 41 miembros —alrededor de 30— operan con periodos vencidos desde hace meses. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en febrero de 2025 —y reafirmó en mayo del mismo año— que se convocaran elecciones urgentes para renovar esos cargos y se diera posesión inmediata a los electores designados. Mazariegos y su bloque se han negado sistemáticamente.

No han convocado las elecciones completas ni han acreditado a los nuevos representantes opositores. Así, el CSU sigue secuestrado por consejeros leales al rector, violando flagrantemente la Ley Orgánica de la USAC, el Estatuto y fallos constitucionales. Ese órgano, por tanto, carece de legitimidad para cualquier acto de gobierno universitario; la ilegitimidad contamina todo lo que toca.

Recientemente, el mismo CSU designó magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. El proceso está viciado de nulidad: un consejo con mayoría de miembros vencidos y desobediente de la CC no puede elegir a quienes interpretan la Constitución. Es un escándalo que debilita el sistema de justicia guatemalteco.

Peor aún, Mazariegos presidió —junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga— la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032. El listado resultante ha sido rechazado de plano por la Embajada de EE. UU., el sector privado organizado y amplios sectores de la sociedad civil. John Barrett, encargado de negocios de la Embajada, denunció que las universidades “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”. Mazariegos es, entonces, una pieza indeseable en la política nacional.

De cara al 8 de abril, la falta de plena y legítima integración del Cuerpo Electoral Universitario (CEU) garantiza el escenario perfecto para otra imposición. Si el CEU no se conforma correctamente, el CSU ilegítimo resolverá entre los dos más votados. Así, el actual rector, mediante coacción institucional, trampas administrativas y violencia simbólica, se quedará cuatro años más en la Rectoría.

Mazariegos es un lastre académico y un actor político pernicioso que ha convertido la universidad en botín personal. El fraude del 2022 no puede ni debe repetirse.

Ana González
Se pierde la Ley de lactancia materna por maniobras a última hora
442 palabras | 2 minutos de lectura

La improvisación legislativa volvió a pasar factura. La falta de discusión técnica sobre una enmienda al artículo 1 de la Ley de Lactancia Materna impidió que el decreto cobrara vigencia, pese a que la iniciativa llevaba dos años en análisis. Ahora, el proceso deberá empezar desde cero.

Por qué importa. Más allá del fondo, el problema fue la forma. Introducir a última hora una enmienda para incluir al sector privado —sin oportunidad de diálogo ni análisis de impacto—, evidenció deficiencias en el trabajo parlamentario, aunque algunos lo defienden.

• Las reglas para empresas no pueden definirse sin certeza jurídica ni discusión transparente.

• La iniciativa, presentada el 14 de febrero de 2024 por más de 16 congresistas, planteaba que entidades públicas habilitaran salas de lactancia.

• Sin embargo, durante la votación, un grupo de diputados impulsó una moción para extender la obligación al sector privado. Aunque obtuvo 104 votos, varios legisladores buscaron rectificar mediante un fondo de revisión, al advertir la falta de debate, lo que provocó que el proyecto quedara engavetado.

Sí, pero. Si bien la práctica parlamentaria permite presentar enmiendas durante la discusión, lo responsable es que los congresistas agoten primero todas las dudas y lleven a cabo un análisis técnico, para que las iniciativas avancen de manera sólida y sin obstáculos.

• Hay precedentes recientes muy claros. En la ley antilavado y en la ley de puertos, aunque la aprobación del dictamen favorable parecía inminente, surgieron cuestionamientos técnicos de último momento.

• En ambos casos, las comisiones optaron por abrir espacios de diálogo, escuchar y ajustar los textos. El resultado fue un dictamen favorable que dio viabilidad para que llegue al pleno. Todo apunta a que serán decretos antes de que concluya el período ordinario el 15 de mayo próximo.

• El contraste es evidente. Aunque la ley de lactancia materna persigue un fin legítimo, lo ocurrido refleja falta de rigor. Los diputados no pueden legislar al impulso ni trasladar cargas sin análisis previo. Su alta remuneración conlleva una responsabilidad proporcional: aprobar normas técnicamente sólidas, no piezas pensadas para el titular o el video en redes sociales para ganar likes.

Voces. En el debate surgieron posturas encontradas sobre la enmienda discutida en el pleno. 

• El diputado Elmer Palencia, de Valor, afirmó que la modificación “no fue consensuada ni redactada con la debida técnica legislativa” y que rompe la concordancia con el resto de la ley.

• Como firmante de la iniciativa original —enfocada exclusivamente en el sector público—, advirtió que incluir al sector privado sin parámetros claros, plazos definidos ni distinción entre grandes empresas y pequeños comercios es jurídicamente impreciso y técnicamente irresponsable.  

En conclusión. Lo ocurrido deja una lección clara. El debate parlamentario no es un trámite, sino la esencia del proceso legislativo. Leer, analizar y discutir cada enmienda no retrasa el avance, sino que fortalece la propuesta y garantiza que los decretos sean técnicamente sólidos.  

• Las normas deben construirse con diálogo y previsión, asegurando que beneficien a la población que eligió a los legisladores. Cambios de última hora sin suficiente deliberación generan incertidumbre y obligan a retrocesos innecesarios. 

• El Congreso es un parlamento: un espacio para hablar, escuchar y decidir con responsabilidad, para que las leyes realmente sirvan a quienes brindaron su voto en las urnas.