Los verdaderos defensores de la democracia en 2023

¡Buenos días!

“La historia la escriben los vencedores” es una frase atribuida a George Orwell, pero que jamás plasmó tal cual. Sin embargo, es una máxima; el asunto es que, en efecto, hay que escribirla.  

Si uno se da una vuelta por librerías de la ciudad —también aplica a nivel global— se pueden encontrar cientos o miles de libros y librejos escritos por la izquierda. En lo referente a la historia guatemalteca —particularmente sobre el conflicto armado interno—, es la izquierda la que ha impuesto su narrativa. No necesariamente porque haya salido vencedora, sino porque la ha escrito, algo que otros sectores de la sociedad no hacen tan prolíficamente. 

Lo ocurrido en torno de las elecciones del 2023 —el sorpresivo resultado de Semilla, el intento de inhabilitación para la segunda vuelta y los ilegales bloqueos perpetrados por vándalos y tontos útiles—, aunque historia reciente, se ha perdido entre el ruido de la falsa narrativa.  

Lo que los miembros y partidarios de Semilla hicieron —con razón— fue defender su resultado; no “defendieron la democracia”, como lo han querido vender. 

Quienes realmente defendimos la democracia fuimos otros, los que, sorprendidos también por los resultados, pero, sobre todo, no compartiéndolos, nos opusimos a quienes pretendieron tirar por la borda el proceso electoral; más que eso, pretendieron denostar el trabajo de decenas de miles de voluntarios —los miembros de las mesas y juntas electorales—, quienes son los baluartes de nuestro sistema electoral. También defendieron la democracia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de la VIII magistratura. Aunque les duela reconocerlo a los semilleros. 

Parte de ese relato —para ir desmitificando y deshaciendo las falsas narrativas— se encuentra en el boletín de hoy. Los animamos a leerlo y a compartirlo. Las cosas, como son.  

Feliz inicio de semana. 

Rafael P. Palomo
La “Izquierda Claymore” en Chile regresa con su sabotaje
807 palabras | 6 minutos de lectura

La historia se repite en Chile, con una izquierda radical decidida a destruir y sabotear a la derecha para evitar su reelección. 

En perspectiva. A pocas semanas de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast ya enfrenta un escenario que va mucho más allá de la oposición política tradicional. Las protestas en universidades —que han derivado hasta en una agresión a la ministra Linconao—, los disturbios en las calles y la rápida activación de grupos organizados han configurado un clima de tensión que no es nuevo en Chile. La dinámica recuerda a episodios donde la protesta fue utilizada como herramienta de desgaste contra el gobierno de turno. 

• En su día, la estrategia le sirvió a la izquierda para provocar un estallido social por un aumento de solo USD 0.04 en la tarifa del metro, lo que logró defenestrar a Piñera y a la derecha.  

Hemeroteca. El estallido social de 2019 fue el resultado de tensiones acumuladas —como resultado de una falsa narrativa promulgada por años desde la izquierda universitaria—, pero también de una capacidad de movilización que rápidamente escaló hacia niveles de violencia. 

• Lo relevante aquí es el carácter de la protesta; no se trata de una oposición que busca negociar, influir o construir mayorías alternativas. 

• Al contrario, busca bloquear, deslegitimar y, en última instancia, hacer inviable la gestión del gobierno.  

• Aquí se acuña el término Izquierda Claymore, un entramado cuya única función es minar el campo por el cual caminan los gobiernos de derecha. 

Visto y no visto. A este escenario se suma un segundo problema que complica aún más el panorama: el deterioro en materia de seguridad. Chile, que durante años fue uno de los países más estables y seguros de la región, tras un solo gobierno de izquierda, enfrenta un aumento sostenido en delitos violentos, crimen organizado y percepción de inseguridad. Esto obliga a Kast a dividir su atención entre dos frentes: por un lado, contener el desorden político y, por el otro, recuperar el control del orden público. 

• No obstante, cada intento por restablecer el orden puede ser utilizado por sus adversarios para alimentar la narrativa de abuso o “autoritarismo”. 

• Además, cada señal de debilidad frente a los disturbios puede erosionar la confianza de su propia base, que espera resultados concretos en seguridad. 

Ecos regionales. El mal que sufre Kast no es un caso aislado. En EE. UU., Donald Trump ha enfrentado una dinámica similar en sus dos presidencias. Las protestas, iniciadas antes de que Trump tomara su primera decisión como presidente, derivaron en episodios de violencia, como los disturbios y saqueos de BLM, que terminaron marcando la narrativa política del país. Esa presión constante contribuyó a erosionar su capital político y tuvo efectos claros en las elecciones de medio término de 2018 y, posteriormente, en las presidenciales de 2020. 

• La calle se convirtió en un espacio de disputa política donde el objetivo es erosionar la gobernabilidad. 

• En ambos casos, sobre todo, el mal lo sufrió la derecha (Piñera y Trump), luego desapareció cuando les relevó la izquierda (Boric y Biden) y resurgió en el primer día del retorno de la derecha (Kast y Trump). 

Entre líneas. El riesgo para Kast no es únicamente el desgaste inmediato, sino que se instale una narrativa que lo acompañe durante todo su mandato. Si la percepción es que su gobierno está permanentemente en crisis, avances concretos en otras áreas quedarán opacados. Esto ya ocurrió con Piñera, cuyo segundo mandato quedó definido, en gran medida, por la incapacidad de controlar el desorden, más allá de cualquier otro logro o intento de reforma. 

• Hay un cálculo político claro detrás del sabotaje: si la izquierda logra proyectar una imagen de caos, inseguridad o conflicto permanente, debilita al gobierno actual y condiciona el terreno para la próxima elección. 

• La lógica es generar el problema hoy para capitalizar la solución mañana. Fue, en buena medida, lo que derivó en la llegada de Boric al poder. 

Lo que sigue. La clave para Kast está en no reaccionar exclusivamente en los términos que le impone su oposición. Si convierte cada episodio de violencia en el centro de su agenda, corre el riesgo de gobernar a la defensiva. Empero, ignorarlos tampoco es opción. La salida pasa por una combinación de firmeza y control de narrativa, actuando con claridad en materia de orden público, pero sin amplificar el conflicto más allá de lo necesario. La izquierda estará esperando cualquier sobrerreacción; debe manejar bien ese equilibrio para restarles legitimidad. 

• Al mismo tiempo, necesita avanzar en resultados concretos que desplacen la conversación. La seguridad, el crecimiento económico y la estabilidad institucional no pueden quedar en un segundo plano. 

• Si logra mostrar avances sostenidos en estas áreas y sostener el control sin perder el rumbo, puede romper el ciclo. Si no, corre el riesgo de repetir una historia que en Chile ya se ha visto demasiado. 

Alejandro Palmieri
Quién salvó realmente a la democracia en el 2023
939 palabras | 8 minutos de lectura

El domingo 25 de junio de 2023, Guatemala vivió una noche electoral que nadie anticipaba. Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, sorprendió a todos —incluyendo al propio partido— al obtener el segundo lugar en la primera vuelta con apenas el 11.5 % de los votos, alrededor de 650 000 sufragios. Pasadas las doce de la noche, República, en la voz del presidente editor, Rodrigo Arenas, reconoció públicamente el resultado. 

Apenas 24 horas después, el lunes 26 de junio, comenzaron a circular rumores insistentes de fraude electoral, promovidos por sectores vinculados al gobierno saliente de Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez. Para el sector privado organizado, la respuesta fue inmediata y contundente: no había ocurrido fraude el día de las elecciones. 

“Yo conozco muy bien cómo funciona todo el sistema electoral de Guatemala”, explicó Arenas, quien participó en prácticamente todas las instancias del proceso desde los años noventa. “Nuestro sistema está muy bien conformado […] Además, el día de las elecciones se movilizan alrededor de 120 000 personas […] Robarse una elección ahí es imposible; se tendría que poner de acuerdo a decenas de miles de personas”.  

Aunque fueron señaladas graves irregularidades previas [a las elecciones], como la salida forzada de candidatos como Carlos Pineda y Thelma Cabrera, la actuación cuestionable del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que compró software a precios inflados y actuó con servilismo, el sector empresarial rechazó, desde el primer momento, cualquier narrativa de robo en las urnas. 

El jueves siguiente, el presidente de la Cámara de Industria contactó personalmente a Arenas para alertarlo de una reunión donde los organizadores pretendían impulsar la agenda del fraude. Su respuesta fue clara: “Definitivamente, yo creía que eso no era así […] que además era peligrosísimo que permitiéramos que sucediera”. 

Ese viernes se organizó una reunión; participaron el propio presidente de la Cámara de Industria, su vicepresidente, el secretario general de ese momento, cuatro expresidentes de la Cámara y Arenas. En tan solo media hora llegaron a una conclusión unánime: la Cámara de Industria debía defender los resultados de la primera vuelta y exigir que se respetara el proceso electoral. Permitir que la narrativa del fraude avanzara representaba un peligro existencial para la democracia. 

Esa decisión se materializó con velocidad. El sábado 1 de julio de 2023, uno de los directores de la Cámara de Industria se reunió con la junta directiva de CACIF; a las 5 pm se publicó el primer comunicado oficial del sector privado organizado, en el que se celebraba la realización de elecciones democráticas y se exigía el respeto absoluto a los resultados. Apenas una hora después, a las 6, República publicó un editorial en el mismo sentido: el sistema electoral y la democracia son pilares fundamentales de la República y debía garantizarse la segunda vuelta. 

Sin embargo, la presión no cesó. El 12 de julio se intentó cancelar el partido Semilla alegando irregularidades en su conformación. El sector empresarial, junto con la Corte de Constitucionalidad (CC), se convirtieron en los principales diques. “La Corte de Constitucionalidad una vez más fue el gran salvador de las elecciones”, señaló Arenas. En esa Corte estaban magistrados como Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leila Lemus, varios de ellos nombrados por gobiernos anteriores. Pese a ello, emitieron resoluciones que protegieron el proceso electoral y garantizaron la segunda vuelta.  

El jueves 13 de julio, la junta directiva ampliada del CACIF —con unos 40 a 50 empresarios— ratificó la posición en una reunión cuya fotografía circuló ampliamente en redes sociales. La decisión fue unánime: se defienden las elecciones. “Incluso cuando a muchos de nosotros nos habían tratado de entrar a la cárcel sin ninguna prueba”, recordó Arenas. “Para nosotros el fin no justifica los medios”. 

El respaldo del sector privado organizado y las resoluciones de la CC se reforzaron mutuamente. Cuando la CC vio que el sector privado organizado estaba tomando esa posición, les dio confianza de que una vez más podía ser ese garante republicano democrático. Y cuando el sector privado vio que la CC había tomado esa posición, los envalentonó y dio más fuerza. 

A pesar de ello, al peor estilo bochinchero, se organizaron bloqueos en varios puntos del país con el apoyo directo del exfuncionario de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Patrick Ventrell; el sector empresarial rechazó de manera categórica los bloqueos calificados como “actos terroristas” porque vulneraban la libertad de locomoción del resto de la población. También condenó el intento de boicot al 14 de enero de 2024, que consideró más un “show” que una acción con sustento legal. “Legalmente estaba clarísimo que el resultado era el resultado y que el presidente electo era Bernardo Arévalo”. 

Algo de suma importancia —que mucha gente no entendió—, es lo peligroso que hubiera sido que esta gente [los que bloquearon y quienes los apoyaron] ganara esa batalla; ahí sí se hubiese caído en un momento complicado como el de Nicaragua o el de Venezuela, donde las elecciones son una pantomima. 

La narrativa de los grupos de choque que bloquearon rutas y que violaron derechos fundamentales de los guatemaltecos, así como quienes los apoyaron a cometer esos abusos, es que ellos “defendieron la democracia”. Mentira. Ellos, en todo caso, defendieron unos resultados que les favorecían, simplemente. 

La democracia —y el sistema republicano de gobierno— se defiende en el marco de la constitución y de las leyes, que fue precisamente lo que el sector privado y la CC hicieron. Lo que ha quedado demostrado una y otra vez en la historia democrática reciente del país es que las instituciones —a pesar de los embates— funcionan. Se deben fortalecer, no atacar con medidas de hecho que violan los derechos de los guatemaltecos. 

Luis González
Definen nómina de seis candidatos al MP
600 palabras | 4 minutos de lectura

Este lunes inicia la recta final del proceso para conformar la nómina de seis abogados que será remitida al presidente de la República, quien deberá elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026‑2030.  

Qué destacar. Un total de 49 profesionales del Derecho fueron entrevistados la semana pasada, pero solo seis lograrán integrar la lista final, ya que únicamente continuarán en competencia quienes alcancen una calificación mínima de 75 puntos.  

• Del 13 al 17 de esta semana se aplicará la tabla de gradación, con la que la Comisión de Postulación definirá la nómina definitiva. El mecanismo de evaluación asigna 70 puntos a la experiencia profesional, 28 a la preparación académica y dos a la proyección humana.  

• A partir de esta semana, la decisión final quedará en manos del presidente, Bernardo Arévalo, quien deberá elegir antes del 17 de mayo, fecha en que toma posesión el nuevo fiscal. 

• El proceso genera alta expectativa debido a que entre los aspirantes figuran el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; la actual fiscal general, Consuelo Porras; y el jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, entre otros candidatos. 

Lo que sigue. El martes 14 de abril asumirá funciones la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad para un período de cinco años, correspondiente al ciclo 2026‑2031, con lo que se oficializa el relevo en el máximo tribunal constitucional del país.  

• Estará conformada por los magistrados titulares Gladys Anabella Morfín, Roberto Molina, Dina Ochoa, Astrid Lemus y Julia Rivera, quienes ejercerán la responsabilidad principal en la defensa del orden constitucional.  

• Como magistrados suplentes fueron designados María Jocholá, Luis Rosales, Claudia Paniagua, Luis Bermejo y José Aguirre, quienes respaldarán las funciones jurisdiccionales de la Corte.  

• La toma de posesión se realizará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Con ello inicia una nueva etapa institucional marcada por expectativas en torno al papel que desempeñará la CC en los próximos años. 

En el radar. Sigue la tensión en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), tras las irregularidades atribuidas al rector Walter Mazariegos y al Consejo Superior Universitario, que avalaron su reelección.  

• Hasta ahora se desconoce si este lunes se abrirán las puertas de la universidad pública, luego de que el recinto fuera tomado por un grupo de encapuchados y posteriormente abierto por la fuerza por otro sector que rechaza lo que considera una reelección fraudulenta.  

• El ambiente permanece marcado por la confrontación entre grupos estudiantiles y autoridades universitarias. Mientras tanto, continúan pendientes de resolución los recursos legales presentados ante las cortes de justicia contra el proceso electoral.  

• Las acciones legales señalan múltiples anomalías, entre ellas la exclusión de casi 100 electores críticos a la gestión del rector. Este escenario mantiene interrumpidas varias actividades académicas y administrativas.  

Ecos regionales. Con la reciente convocatoria a elecciones internas, El Salvador inicia un nuevo ciclo que podría derivar en la continuidad del actual mandatario.  

• Tras las reformas constitucionales de 2025 que eliminaron los límites de mandato y ampliaron el período presidencial a seis años, Nayib Bukele tiene la vía libre para gobernar hasta 2033, si gana las elecciones de febrero de 2027. 

• EE. UU. rechazó la reelección de Nicaragua en el Comité de ONG de la ONU. Advirtió que la dictadura ha cancelado más de 5600 organizaciones desde 2018, lo que contradice el nuevo nombramiento. 

• El Salvador y EE. UU. organizan el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26, del 16 al 27 de abril de 2026. Participarán fuerzas armadas de Guatemala y otros países de la región para reforzar la cooperación y la seguridad regional.