Lotería cantada: Empornac y la licitación dirigida

¡Buenos días!

República denunció un proceso de licitación que tenía muchos elementos para que se sospechase direccionamiento; los “sospechosos usuales”: requisitos que solo un oferente cumple, tiempo de entrega corto (lo que evidencia que la ganadora sabía el resultado), etc. Cuando lo denunciamos, eran solamente sospechas.

Hoy, sabemos que siempre y sí, fue cierto; la entidad adjudicada presentó la oferta más alta —50 % más que la más baja—, luego de un proceso lleno de incidencias y muchas inconformidades.

En un momento cuando la atención parece estar centrada en Puerto Quetzal —alianza con el gobierno de EE. UU. de por medio—, Empornac realiza esa licitación, con el resultado cantado.

Bien haría el Gobierno de Bernardo Arévalo y la Contraloría General de Cuentas en revisarlo minuciosamente.  

El pasado 10 de julio, República publicó la investigación: Puerto Santo Tomás: ¿una licitación dirigida? Dos meses después, el 10 de septiembre, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) adjudicó la licitación del servicio del control biométrico para el área operativa; tal y como lo advertimos, la empresa beneficiada fue Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. El contrato asciende a GTQ 45.3M. Fue el precio más alto.

Por qué importa. La empresa favorecida fue la misma que despertó sospechas por el posible favoritismo. A lo largo del proceso, se identificaron los requisitos del concurso hechos a la medida de, precisamente, ese proveedor. 

• El 14 de julio, Empornac remitió una carta a la redacción. En ella indicó que la nota publicada contenía impresiones. Afirmó que el proceso se realizaba bajo principios de transparencia.
  
  

• República solicitó una entrevista con el presidente de la Junta Directiva del puerto para conocer su postura sobre el proceso; fue programada, pero la cancelaron a pocas horas de realizarse.
  
  

• Luego, República publicó un video en redes sociales, para exponer los sucesos el 26 de julio. Tres días después, el 29, el gerente general de Empornac, Otto Wantland, envió una nueva carta a República, indicando, nuevamente, que el proceso era transparente y pidió “evitar las expectativas falsas y la desinformación”. Sin embargo, no aclaró los cuestionamientos.

Visto y no visto. Estos hechos resaltan y dejaron en evidencia la poca —o nula— apertura de Empornac con los medios de comunicación. Incidentes que impidieron conocer la postura del puerto sobre la licitación. Más que brindar respuestas, dejaron dudas sobre la transparencia del proceso. 

• Al concurso se presentaron cuatro proveedores. La oferta más barata era de GTQ 30.81M y la más alta de GTQ 45.3M, la adjudicada, la que realizó Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A.
  
  

• Según el portal de Guatecompras, se presentaron ocho inconformidades. Todas cuestionaban los requisitos —injustificados, según los inconformes— de las bases del concurso y las especificaciones requeridas del producto.
  
  

• Las tres ofertas rechazadas, según la junta de licitación del puerto, no cumplieron con las formalidades del concurso. Además de tener “imprecisiones” en la documentación presentada. Esto las descalificó.

Sí, pero. En el caso de la oferta de Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A., el acta de adjudicación 024-2025 indica que cumplió satisfactoriamente con el proceso. Presentó todos los requisitos fundamentales y demás condiciones establecidas en las bases de licitación.  

• Recibió la nota de 98 puntos de 100 en los criterios de calificación. Perdió los dos en el aspecto de experiencia en la prestación del servicio. República lo denunció en la nota pasada.
  
  

• La empresa fue constituida el 12 de junio de 2023. En lo que va del año, le han adjudicado GTQ 56.35M. Empornac y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
  
  

• El acta también detalla que el plazo para la entrega de los equipos y el servicio es de 50 días calendario. Empornac indicó que este tiempo es conveniente para los intereses de la empresa.

En conclusión. La adjudicación del sistema biométrico en Empornac confirma la investigación inicial de República. También reabre cuestionamientos sobre transparencia. La falta de apertura del puerto con los medios y la reciente creación de la empresa beneficiada dejan dudas sobre la legitimidad del proceso y sus motivaciones de fondo. 

• La empresa portuaria canceló entrevistas y envió cartas evasivas. Reforzó la percepción de opacidad en el concurso.
  
  

• Ocho inconformidades apuntaron a posibles requisitos hechos a la medida, pero la junta de licitación descalificó a los demás oferentes, a pesar de tener los precios más económicos.
  
  

• Adjudicar, además, a la oferta más cara —50 % más alta que la menor oferta— es, sin duda, algo que la Contraloría General de Cuentas deberá investigar. 

A finales de abril y principios de mayo de 2025, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) solicitó —públicamente— un aumento salarial del 15 %, retroactivo a febrero, tras el anuncio del Ministerio de Educación (Mineduc) de un incremento del 5 %. Cinco meses después, esa cifra aún no forma parte de la negociación formal.

Qué destacar. Según fuentes cercanas al proceso, el 15 % nunca fue parte de la propuesta inicial presentada por el sindicato, que en realidad es menor. El porcentaje elevado circuló en el marco de las manifestaciones y la presión mediática, pero no refleja la solicitud formal en la mesa de negociación. 

• El estancamiento responde a la priorización en torno a otros artículos del pacto colectivo que implican decisiones financieras más complejas, que solamente el ajuste salarial.
  
  

• Cada punto porcentual de aumento representa un costo aproximado de GTQ 200M, y el presupuesto aprobado para 2026 no contempla incrementos adicionales.
  
  

• Eso obliga al Mineduc a administrar con prudencia los recursos de los contribuyentes y evidencia que, el 15 %, es un planteamiento lejano a la mesa formal de discusión.

Datos clave. El aumento unilateral del 5 %, implementado en abril y pagado desde junio a 135 711 docentes por un monto de GTQ 83M, fue una decisión política del Ejecutivo para atender presiones coyunturales del gremio. Sin embargo, generó rechazo en parte del sector. 

• La dinámica de negociación también se ha visto afectada por retrasos administrativos y logísticos: entre febrero de 2024 y julio de 2025 se suspendieron 17 sesiones por citaciones al Congreso, solicitudes del sindicato y días de descanso, lo que postergó la emisión de dictámenes financieros clave.
  
  

• Hasta ahora existen 44 actas, en las que se evidencia que el STEG condiciona la discusión de otros artículos a la presentación de la contrapropuesta económica.
  
  

• En la reunión del 21 de mayo de 2025, se estableció que la Directora de Administración Financiera tendría plazo hasta el 10 de junio para entregar el dictamen de viabilidad, lo que muestra que los procesos técnicos y financieros determinan los tiempos de la negociación.

Entre líneas. Otro factor es la ausencia del líder sindical Joviel Acevedo en las mesas. Desde el inicio del paro, Rodrigo Hernández y Osvaldo Pérez, lo representan en el proceso.  

• Esta situación, junto con la dependencia de dictámenes financieros y la falta de recursos, refuerza la evidencia de que el 15 % no constituye una prioridad real de la negociación.
  
  

• La presión política y mediática tampoco ha generado avances. En conferencia de prensa, el presidente se comprometió públicamente con República a explicar la oposición del Mineduc al recurso de inconstitucionalidad sobre la cláusula de confidencialidad del pacto colectivo. No lo ha hecho.

Ahora qué. El panorama revela tres elementos críticos: la disparidad entre la narrativa pública del STEG y su propuesta real, que limita la transparencia de la negociación; los límites presupuestarios del próximo año, que restringen cualquier posibilidad de ajuste salarial adicional, y los retrasos en los dictámenes financieros, sumados a la ausencia del liderazgo directo de Joviel Acevedo, que dificultan la construcción de acuerdos efectivos. 

• Mientras el conflicto se mantiene en el plano mediático y la presión sindical continúa, el incremento del 15 % solicitado por el STEG sigue sin discutirse formalmente. El caso refleja un estancamiento estructural de un modelo sindical que depende del gasto estatal sin considerar los límites fiscales ni el impacto en los contribuyentes. 

Esta semana no habrá sesiones en el Congreso. La razón: no se logró aprobar una agenda legislativa debido a la inasistencia de los jefes de bloque. Solo seis diputados atendieron la convocatoria del presidente, Nery Ramos, quien horas antes había aprovechado su discurso en la sesión solemne para hacer un llamado al consenso.

Todo indica que la ausencia fue premeditada. Con un fin de semana largo a la vista, los legisladores sabían que, al no haber sesiones, podrían extender su descanso sin afectar sus ingresos. Como ha sido costumbre en los últimos siete meses, seguirán recibiendo su salario de GTQ 66 300, pese a su inactividad.

Paradójicamente, más de 100 diputados sí asistieron a la sesión solemne por los 204 años de independencia, y ese mismo número se mantuvo presente durante la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Sin embargo, minutos después, la mayoría comenzó a retirarse, dejándose llevar por el espíritu del asueto.

Aunque el Congreso parece estar en pausa, hay un tema que mantiene la atención de todos los bloques: la elección de la nueva Junta Directiva. Quien asuma la presidencia del Legislativo en 2026 tendrá bajo su responsabilidad dirigir sesiones clave, como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la juramentación de la comisión postuladora para fiscal general.

Solo siete decretos

Por ahora, el letargo legislativo persiste. Los diputados siguen aprovechando cualquier oportunidad para descansar más y trabajar menos. En lo que va del año, apenas se han aprobado siete decretos. El más reciente: la ley que garantiza recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), una victoria de la oposición liderada por Luis Aguirre y Allan Rodríguez, quienes habrían dejado atrás sus diferencias para tomar el control del Congreso.

Resta esperar qué ocurrirá el lunes 22 de septiembre, cuando se convoque a una nueva reunión de jefes de bloque para definir la agenda de las sesiones del 23 y 25 de septiembre.

Más de 10 interpelaciones pendientes de programar

Actualmente, está en curso la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y en lista de espera hay tres más que aún no han iniciado. A estas se suman 12 solicitudes adicionales que permanecen en la Dirección Legislativa sin fecha programada. Entre ellas figuran dos contra el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; dos contra la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, y otras dirigidas a los titulares de Economía, Desarrollo Social, Agricultura, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Defensa y Gobernación.

La lista refleja el nivel de confrontación política del Congreso, un órgano que, lejos de concentrarse en aprobar leyes de beneficio nacional, parece más enfocado en prolongar interpelaciones, aprovechar descansos y preparar la batalla por el control de la próxima Junta Directiva.