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Lucha anticorrupción: prioridad compartida con los EE. UU.
República Política
January 10, 2024
¡Buenos días!
El boletín de República Política de hoy tiene dos hilos que, si bien uno trata una perspectiva internacional y el otro una nacional, tienen relación. Para los EE. UU. las prácticas corruptas son una amenaza para su seguridad nacional y a finales del año pasado aprobaron una ley que persigue a funcionarios corruptos del mundo. Extraterritorialidad aparte, es la más reciente herramienta a sus disposición para hacer “entrar en el redil” a gobiernos corruptos.
A pocos días de la asunción de un nuevo gobierno –diputados y corporaciones municipales, incluidas– el próximo Ejecutivo se apresta a tomar acciones en los primeros días de gestión, para dar un golpe de efecto y aprovechando el respaldo popular con el que asume. Si cumplen con lo prometido en campaña, la lucha en contra de la corrupción –evitarla, antes de que haya que perseguirla– será clave.
Estas acciones se alinean con la política exterior de la administración Biden, un fuerte aliado del equipo del gobierno entrante.
Estamos seguros de que estos análisis serán de provecho para ustedes, nuestros apreciados suscriptores.
Hilos en este boletín:
•EE. UU. ve la lucha en contra la corrupción como una cuestión de seguridad nacional
•Las prioridades que deberían atender los ministros de Arévalo
Sebastián Gennari
•EE. UU. ve la lucha en contra la corrupción como una cuestión de seguridad nacional
621 palabras | 3 mins de lectura
El pasado 14 de diciembre, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés). La norma busca perseguir la corrupción más allá de sus fronteras, castigando a los funcionarios extranjeros corruptos.
El Congreso ha concedido una jurisdicción extraterritorial a sus tribunales. No sólo son punibles bajo FEPA los sobornos solicitados en territorio estadounidense, sino también aquellos pedidos en el extranjero a personas o entidades de ese país.
Los funcionarios extranjeros hallados culpables bajo la normativa se exponen a condenas de hasta 15 años. Además, se contemplan multas de hasta US$250,000, el triple del soborno percibido, o ambas.
FEPA se aprobó como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que establece el presupuesto militar para el año fiscal 2024. El vínculo no es accidental: EE. UU. ve la batalla contra la corrupción como una cuestión de seguridad nacional.
Panorama general. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) provocó un vacío en el derecho estadounidense. Esta norma permite imputar a empresas y ciudadanos estadounidenses por pagar sobornos, pero no cuenta con un mecanismo para perseguir a extranjeros. Esto queda resuelto bajo FEPA.
En efecto, FEPA cuenta con una amplísima definición de “funcionario extranjero”. Incluye a los funcionarios como tal, pero también a aquellos que actúen sin título oficial, como pueden ser los socios y testaferros de un político. También se incluye a los empleados de sociedades estatales.
Están excluidos, eso sí, los candidatos políticos. Esto le pareció excesivo a Washington, que es consciente de que FEPA será cuestionada como una ley intrusa que vulnera los fueros y soberanía de instituciones extranjeras.
Queda claro que FEPA se aplicará agresivamente; eso han comunicado los grandes despachos de abogados en EE. UU. a sus clientes.
Entre líneas. La lucha contra la corrupción es una preocupación sincera de Washington, cuya política exterior es francamente idealista. Más allá de sus principios, EE. UU. opina que la corrupción le es perjudicial; limita las inversiones de sus nacionales y brinda acceso a rivales menos escrupulosos.
Es poco probable que la ley se haya diseñado con Latinoamérica –mucho menos Guatemala– en mente. El pez gordo es evidentemente China, que se abre paso en mercados emergentes mediante los sobornos.
Esta intención queda demostrada con el léxico de la ley, de ahí que se incluya a los empleados de empresas estatales. China rara vez invierte a título propio; tiende a hacerlo mediante compañías públicas.
Dicho esto, resulta evidente que la ley no puede mencionar explícitamente a China. En todo caso, Washington no tiene por qué circunscribir la aplicación de la ley y probablemente aprenda a usarla en Latinoamérica.
El porvenir. Las leyes acostumbran a ser rimbombantes y ambiciosas, por no decir quiméricas. FEPA se convertirá en un arma más dentro del arsenal de la diplomacia estadounidense, que busca cualquier ventaja en su guerra fría contra Pekín, pero esto no quiere decir que se desplegará con frecuencia o eficacia.
Cabe la posibilidad de que FEPA sea una ley natimuerta. De la misma forma que EE. UU. ya persigue a extranjeros bajo cargos de lavado de activos, FEPA podría utilizarse sólo en los casos más desvergonzados.
Como ha ocurrido en el pasado –como con la denominada “Ley Engel– su aplicación puede caer en la politización. La nebulosa jurisdicción de la ley podría dar lugar al resentimiento en el extranjero, sobre todo si EE. UU. insiste en perseguir a algún líder popular (por ejemplo, Nayib Bukele).
En todo caso, Centroamérica debe estar al tanto de FEPA. Si bien no es el foco o la razón de ser de la ley, es parte del llamado Sur Global, donde EE. UU. considera particularmente férrea su rivalidad con China.
Glenda Sánchez
•Las prioridades que deberían atender los ministros de Arévalo
654 palabras | 3 mins de lectura
Los 14 ministros del gobierno de Bernardo Arévalo corren de un lado a otro. Tratan de atender los teléfonos que suenan de manera incesante, decenas de reuniones a las que acuden y los temas pendientes a solventar antes de asumir los cargos a partir del domingo próximo.
En perspectiva. Por el momento prefieren no responder los requerimientos de los periodistas, sino hasta después de asumir el cargo. Contestan las llamadas, pero se disculpan y piden comprensión y tiempo para indicar cuáles serán sus prioridades a partir del 15 de enero.
Aunque todos los ministros tienen una respuesta común, existen algunas acciones anunciadas por el gobierno electo que se esperan sean confirmadas en la primera semana de gobierno.
Una de las primeras medidas de la revocatoria del acuerdo gubernativo suscrito por Alejandro Giammattei, que garantiza vehículos y personal de seguridad para exfuncionarios de esta administración. El presidente electo lo calificó como “irresponsable” y “absurdo”.
Otra acción esperada es la reunión –o en todo caso petición de renuncia– que hará el presidente ya en el cargo, a la Fiscal General, Consuelo Porras.
Por qué importa. Los ministros no atendieron los requerimientos, por lo que se buscó a exministros, exfuncionarios y conocedores de la agenda de las instituciones públicas, para que comentasen sobre las prioridades en algunas dependencias públicas.
Clavería opinó que la prioridad debe ser evaluar a todo el personal y solo remover a las personas necesarias y luego implementar las primeras medidas de seguridad, según el plan del gobierno.
En el Ministerio de Finanzas lo primero debería ser ordenar y recuperar la transparencia en el uso de los fondos públicos. El gobierno recibirá "las arcas llenas", y se deben priorizar los ministerios con desembolsos importantes, opinó el exministro, Julio Héctor Estrada.
En Educación, expertos coinciden en que lo primero es preparar el nuevo ciclo educativo, en especial la atención en los primeros grados y fortalecer el aprendizaje por medio de recursos tecnológicos.
Datos clave. Sobre los temas más urgentes en el Ministerio de Energía y Minas, se indica que la ministra debe aclarar de inmediato cuál será la política sobre la minería e hidroeléctricas. Esto porque algunas minas están paralizadas por decisión de la actual administración, y lo otro porque la conflictividad no permite atraer nuevas inversiones en generación eléctrica.
La funcionaria también debe definir el futuro de la Tarifa Social –aprobada por Decreto Legislativo– que en la actualidad es una carga financiera para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Con mayor razón, si la funcionaria también preside esa institución.
Para el Ministerio de Salud, se considera que las prioridades debiesen ser reestructurar el pago a proveedores, para corregir el desabastecimiento; agilizar la construcción de hospitales, y reducir el número de viceministerios.
Una auditoría para verificar los avances físicos en comparación con los avances financieros es la urgencia en el Ministerio de Comunicaciones. También, con acuerdos ministeriales, se puede enviar una señal de transparencia con la vigencia de estándares de trabajos en la red vial. Un punto importante sería desentrampar el proceso para la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
Qué destacar. La ministra de Economía debiese considerar prioritario promover de inmediato la atracción de inversión y el comercio exterior, pero antes se debe conocer quiénes conforman la institución, sus planes y necesidades.
Con esa visión, reactivar el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, debería ser una acción urgente de la próxima funcionaria.
Asimismo, conocer los tiempos y procedimientos internos de la entidad, qué decisiones importantes están pendientes de impulsar, aprobar o firmar y los compromisos externos de la institución. Además, saber dónde tiene participación el ministro y delegar responsabilidades en sus viceministros. Con toda esta información, opinan exministros, se define el plan concreto de los primeros días de una entidad pública.
Sin lugar a duda, promover la aprobación de una Ley de Competencia –aterrizada a la realidad guatemalteca– deberá ser prioritario, en los primeros meses de su gestión.