¡Buenos días!

El Ministerio de Energía y Minas emitió el Acuerdo Ministerial (AC) 146-2026 (deténgase un momento para ver que han emitido ese ingente número ¡a abril de este año!) en el que, entre otras sandeces, pretende regular una fumada que llaman “consulta a posteriori”, supuestamente fundamentada en el infausto Convenio 186 de la OIT. El AC adolece de inconstitucionalidad, pues va más allá de cualquier norma superior existente y crea obligaciones —no simplemente las reglamenta— no existentes. La respuesta de la CC no debiese sorprender, pero también ahí está la trampa; la administración cuenta con ello y la acusará [a la CC] de estar en contra “de los derechos de los pueblos” o alguna otra cosa parecida. No es así. El AC es inconstitucional, punto. 

Además de ello, la autoridad que lo emitió —el MEM— cometió el delito de abuso de autoridad. Cierto es que no ha sido condenado, ni siquiera acusado, pero debiese serlo.  

Mi firme convicción es que, en los últimos años, se ha abusado del derecho penal; no toda estupidez es delito, pero esta, sí que lo es.  

¿Por qué es importante? Porque ahora pretende afectar una operación de generación eléctrica puntualmente, pero hacia futuro, se podría aplicar a cualquiera. La certeza jurídica, de la que depende la inversión productiva, al carajo. Sin embargo ¿eso qué le importa a un funcionario pasajero y fugaz? Nada, ese es el problema.  

A las puertas de una crisis energética multicausal, estupideces como esa (perdón por lo reiterativo del calificativo) no solo abonan al problema, sino que, exponencialmente, lo exacerban.  

Una nueva oportunidad para restaurar la justicia en Guatemala

El reciente nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general de la República por parte del presidente Bernardo Arévalo representa un punto de inflexión para el Ministerio Público (MP) de Guatemala. Tras más de 16 años de veleidosa instrumentalización, el ente encargado de investigar y perseguir el delito ha dejado de ser un instrumento de la ley para convertirse, en demasiadas ocasiones, en una herramienta para el lucro ilegal, cuotas de poder y venganzas políticas. García Luna llega con un mandato claro: romper ese ciclo. La historia de casi dos décadas del MP no deja margen para la neutralidad. 

Desde la gestión de Claudia Paz y Paz, el MP se alineó abiertamente con una agenda ideológica. Su familia —y ella misma— habían sido simpatizantes de la guerrilla terrorista, y esa filiación se tradujo en una persecución selectiva contra exmilitares. No se trataba de justicia, sino de revancha.  

Thelma Aldana, bajo la sombra tutelar de la CICIG, presentó casos de corrupción que, una vez que los jueces dejaron de actuar bajo presión o miedo, se derrumbaron como castillos de naipes. Su pecado capital, sin embargo, fue otro: fabricar procesos contra empresarios y opositores políticos utilizando “colaboradores eficaces” que simplemente repetían el guion dictado desde el despacho de la fiscal y el comisionado Velásquez. Testimonios prefabricados, pruebas débiles y una maquinaria mediática que condenaba antes del juicio. 

Consuelo Porras, elegida inicialmente por Jimmy Morales y reelegida por Alejandro Giammattei, completó el cuadro. Su segunda gestión coincidió con la consolidación de un grupo de políticos y allegados que se aprovecharon del poder. El MP protegió, por acción u omisión, a quienes debían ser investigados. Mientras tanto, los guatemaltecos de a pie —los que sufren robos, asaltos, extorsiones, lesiones y asesinatos— vieron cómo sus denuncias se perdían en un mar de desestimaciones; las propias estadísticas del MP revelan un volumen ingente de casos archivados sin investigación seria. No resueltos: simplemente descartados porque no servían a la agenda del momento. 

Las víctimas reales de estas tres fiscalías generales no fueron los “enemigos ideológicos” ni los rivales políticos. Las verdaderas víctimas fueron cientos de miles de guatemaltecos comunes y corrientes que acudieron al MP buscando justicia y recibieron indiferencia o, peor aún, desprecio burocrático. 

Gabriel García Luna enfrenta, por tanto, un reto monumental y, al mismo tiempo, una oportunidad única. Desde el día uno debe demostrar que el MP ya no será rehén de ideologías, ni de pactos de impunidad, ni de presiones externas. Sí, es urgente y necesario investigar la corrupción y, con mayor premura aún, el narcotráfico que carcome las instituciones y el tejido social. Pero no puede —ni debe— relegar a un segundo o tercer plano las denuncias cotidianas que más duelen a la población: el robo de un celular, la extorsión a un comerciante, el asesinato de un joven en una zona marginal o la agresión a una mujer en su propio hogar. 

El nuevo fiscal general tiene la posibilidad histórica de reconstruir la confianza ciudadana. Para lograrlo, deberá priorizar la eficiencia, la transparencia y la imparcialidad absoluta. Debe perseguir al poderoso con el mismo rigor con que protege al vulnerable. Si lo consigue, no solo habrá cambiado el MP: habrá empezado a cambiar Guatemala. Si falla, solo habrá prolongado una larga y dolorosa decepción. 

Los guatemaltecos no piden milagros. Exigen lo mínimo: que la ley que se aplique de igual manera para todos.  

Gérman Gómez
Contraloría General de Cuentas: cuotas de poder y alianzas
649 palabras | 3 minutos de lectura

La elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) cierra las elecciones llamadas “de segundo grado”. Está prevista para mediados de octubre. La Comisión de Postulación (CP) que conformará la nómina de seis candidatos, para que elija el Congreso de la República, la integran 23 profesionales. Un representante emendado del Foro de Rectores de las universidades del país la preside. 

• En procesos anteriores, participaron 11 decanos de las facultades que tienen las carreras de Contaduría Pública y Auditoría. Ahora podrían sumarse dos más. 

Por qué importa. Entre los decanos que más poder e influencia tienen en el proceso está el de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Desde 2023, la decanatura interina de la Facultad de Ciencias Económicas la dirige Byron Giovanni Mejía Victorio. Asumió luego de que Luis Antonio Suárez Roldán renunciara como decano, al ser electo candidato vicepresidencial de Vamos. 

• En 2022, cuando se eligió al actual contralor, Suárez favoreció al candidato oficialista Erick Mazariegos Salas. Sin embargo, quedó fuera, pues no integró la nómina de seis candidatos. 

• Así como Suárez, en su momento, Mejía mantiene una cercanía con Walter Mazariegos, rector de la USAC. Es uno de sus “votos duros” en el cuestionado Consejo Superior Universitario (CSU). 

• En mayo de 2023, el CSU eligió a Mejía como su representante titular ante la Junta Monetaria (JM). Esto le suma más poder para condicionar y favorecer a candidatos a contralor. 

Visto y no visto. El CSU ha bloqueado la elección del decano de Ciencias Económicas. No quieren perder el respaldo político que le ofrece Mejía a Mazariegos. Y que se ve representado en varias instituciones financieras y económicas del Estado, como la JM. En el Foro de Rectores, de donde saldrá el titular y suplente que presidirá la CP, Mazariegos mantiene varias cuotas de poder. 

• El Foro podría contar con la participación de dos nuevos rectores: el de la Universidad Americana y el de la Universidad Juan José Arévalo. 

• En la CP también participan representantes del Colegio de Contadores Públicos y del Colegio de Auditores. El primero tiene la cuota de nueve profesionales, y el segundo, de dos. En total, son 11. 

• El año pasado, el Colegio de Economistas, Contadores y Auditores (CECPAA) realizó las elecciones para su Junta Directiva y Tribunal de Honor. La actual junta fue respaldada por el exdecano Suárez. 

Sí, pero. El contralor de cuentas no puede reelegirse consecutivamente. Es decir, Frank Helmuth Bode Fuentes no puede buscar ahora un nuevo periodo en la CGC; sin embargo, en futuras elecciones no tendría impedimento. El excontralor Carlos Mencos tuvo dos administraciones: del 2006 al 2010 y de 2015 a 2018. 

• Según fuentes, Bode buscó acercamientos con Mazariegos y el CSU para favorecer a un futuro candidato. No obstante, las posibles alianzas no se concretaron.  

• Entre los directivos actuales de la CGC está Élfego Odair, como subcontralor administrativo. Es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado del Movimiento Semilla. 

• Ante la amañada reelección de Walter Mazariegos, la CGC lo denunció junto a otros 24 miembros del CSU. El motivo: posibles irregularidades en contrataciones y manejo de fondos. El hecho evidencia la nula alianza entre la USAC y la CGC. 

En conclusión. La elección del contralor se perfila como una disputa de cuotas donde el peso de la USAC y sus alianzas puede inclinar la balanza. La posible ampliación de la CP y el control del Foro de Rectores elevan el riesgo de decisiones politizadas. Sin contrapesos efectivos, la independencia del órgano fiscalizador queda comprometida. 

• La concentración de poder en decanaturas y en el CSU condiciona la nómina final. Si se mantiene ese esquema, la selección responderá más a lealtades que a méritos técnicos. Nuevamente, la CGC será política. 

• El Congreso recibirá una nómina marcada por esos equilibrios. Si no prioriza criterios objetivos, el contralor podría llegar con compromisos políticos que afecten su rol fiscalizador en vísperas del año electoral 2027.