- República Política
- Posts
- Maduro saldrá del poder solo con los pies por delante
Maduro saldrá del poder solo con los pies por delante

¡Buenos días!
Inicia la segunda semana completa de enero del 2025 marcando el primer aniversario de la asunción de Bernardo Arévalo como presidente, y del partido Movimiento Semilla, aunque su estatus legal aún se encuentra en veremos; dicho sea de paso, las pugnas a lo interno del “movimiento” son igual o más encarnizadas que las de cualquier otro partido en el poder.
Las promesas de campaña quedaron en eso —otro factor que los ubica en el mismo cuadrante que el resto de los partidos— y sus votantes están cada vez más desencantados. Muchos, cada vez más, se arrepienten de haberles votado.
Sin embargo, no existe alternativa; el Gobierno continuará con el mandato obtenido en las urnas y, por el bien del país, deben abandonar su sectarismo y la fatal arrogancia de creer que lo saben —y lo pueden— todo. Ya hasta importantes grupos indígenas que les apoyaron en la transición —algunos mediante actos violentos— han marcado distancia y ahora les adversan.
No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Les deseamos un muy buen inicio de semana.

Comparta este contenido por WhatsApp:
En este boletín:
•¿Cómo puede la oposición derrocar a Maduro?
•La paradoja del desarrollo sostenible
•Panorama Político Semanal: Arévalo inicia segundo año y la población sigue esperando cambios
Rafael P. Palomo
¿Cómo puede la oposición derrocar a Maduro?
641 palabras | 3 mins de lectura

Nicolás Maduro tomó posesión en una ceremonia destacada por su poca legitimidad, mientras la oposición se repliega y planea tomar el poder.
Panorama general. El pasado viernes, Nicolás Maduro asumió —ilegalmente— un tercer periodo presidencial. Con nulo reconocimiento internacional de parte de gobiernos democráticos, Maduro se perpetuará en el poder seis años más. A la ceremonia asistieron solamente tres jefes presidentes: Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Denis Sassou-N'Guesso.
El mundo democrático le dio la espalda al dictador, quien, tras perder las elecciones, consumó el golpe de Estado y se proclamó vencedor sin haber presentado evidencia que respaldara su supuesta victoria.
Sí, pero. Edmundo González había anunciado su regreso a Venezuela; el presidente electo prometió llegar al país —a pesar de la orden de aprehensión en su contra— para llevar a cabo una toma de posesión paralela a la de Maduro. No obstante, tras la captura de María Corina Machado en una manifestación en Caracas, se tomó la decisión de posponer el regreso triunfal de González. “Edmundo vendrá a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, declaró Machado.
Para evitar el ingreso del presidente electo, Maduro ordenó cerrar las fronteras terrestres y el espacio aéreo de Venezuela.
La oposición decidió replegarse y proteger la integridad física de González, para intentar defender los resultados de las elecciones en un futuro cercano.
En el radar. Aunque la oposición promete que Edmundo será juramentado y ejercerá como presidente de Venezuela, la ruta no está clara. La vía democrática fue agotada el pasado 28 de julio. Ni siquiera con una abrumadora victoria del 67 % de los votos se pudo derrocar a Maduro. La idea, propuesta por la administración Biden, de convencer a un tirano de respetar una transición de poder democrática fracasó rotundamente.
La realidad es que, a pesar del apoyo ciudadano hacia la oposición, las condenas de democracias occidentales y el reconocimiento a Edmundo González, Maduro sigue en el poder.
Su mandato no se sostiene con el apoyo popular, sino por la lealtad de los altos mandos del ejército.
Entre líneas. A pesar de que González ordenara “al alto mando militar desconocer órdenes ilegales”, el escenario es poco probable. La élite castrense venezolana le es leal a Maduro, ya que vive de los réditos de su dictadura. Tanto a través de negocios como el narcotráfico, como sobresueldos y privilegios —como el control de empresas públicas—, los altos mandos son tan responsables de la miseria de Venezuela como el propio Maduro.
Conseguir el apoyo de la jefatura requeriría renunciar a ciertos ideales de un Estado de derecho y ofrecer garantías e indultos a aquellos que se rebelen contra Maduro.
La oposición debe identificar una élite de oficiales de rangos medios que estén dispuestos a movilizar a sus subalternos y desobedecer las órdenes directas del legítimo presidente electo.
En conclusión. La ruta de la oposición requiere de vastos recursos económicos y logísticos. La diplomacia y el apoyo de potencias como EE. UU. y la Unión Europea son una parte fundamental para derrocar a Maduro, más no suficiente. Edmundo González no podrá siquiera ingresar a Venezuela sin el apoyo de algún segmento de los cuerpos de seguridad del Estado que se lo permitan. Las soluciones, a estas alturas, superan los límites de la institucionalidad.
El hartazgo ciudadano con el régimen hace de este el momento idóneo. Tras tantos años de una oposición fragmentada, los venezolanos tienen todo de cara desde el bando ciudadano.
El liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González deberá trascender a una fase más activa, donde las movilizaciones ciudadanas generen una respuesta del régimen que indigne a esos mandos intermedios.
A un régimen tiránico, auspiciado por enemigos de EE. UU. como Rusia e Irán y con recursos ilimitados por el petróleo y la droga, será difícil de derrocarle solamente con discursos inspiradores y diplomacia.
Comparta este contenido por WhatsApp:
Richie González
La paradoja del desarrollo sostenible
897 palabras | 4 mins de lectura

El escepticismo hacia las políticas globales de sostenibilidad ambiental —cada vez más ambiciosas— ha registrado un notable crecimiento en los últimos años. Esta tendencia ha sido impulsada, entre otros, por referentes políticos como Donald Trump y Javier Milei, quienes sostienen que el exceso de regulaciones ambientales ha restringido las capacidades industriales y frenado el desarrollo económico en sus respectivos países.
Si bien los argumentos en contra del ambientalismo pueden parecer, en ocasiones, exagerados, han evidenciado la necesidad de que todos los países, especialmente aquellos afectados por el subdesarrollo —como Guatemala— adopten un enfoque prudente al establecer regulaciones ambientales.
Los costos asociados a la regulación ambiental han disminuido la competitividad de los sectores manufactureros en grandes potencias industriales como Alemania y Estados Unidos. Esto resulta especialmente evidente frente al auge de la capacidad industrial en países asiáticos, impulsada principalmente por la inversión china, donde las normativas de protección ambiental suelen recibir menos atención.
Entre 1990 y 2022, la producción industrial promedio de la Unión Europea registró una disminución del 12.3 %. Este dato oculta la drástica caída de la mayor potencia económica de la región —Alemania— cuya producción industrial se redujo en un 40 %. En paralelo, EE. UU. ha perdido, desde el año 2000, más de un tercio de los empleos en el sector manufacturero, desplazando a millones de trabajadores que durante décadas conformaron el núcleo de la clase media estadounidense.
Panorama. Bernardo Arévalo y su ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, han demostrado ser zelotes de la causa ambientalista.
Esto ha provocado reacciones divididas. Por un lado, diversas oenegés y organismos internacionales han celebrado esta postura; por otro, numerosas empresas y sectores industriales han manifestado su inquietud ante la arbitrariedad con la que el MARN administra los requisitos y licencias ambientales, indispensables para la actividad industrial.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la minera Mayaniquel. Pocas horas después de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les restituyera la credencial de exportación —permitiéndoles reactivar sus operaciones— el MARN revocó la licencia ambiental para el proyecto de la Mina Sechol, anulando de manera efectiva cualquier posibilidad de reiniciar sus actividades.
Ello alimentó las sospechas de arbitrariedad del MARN, ya que la suspensión de la licencia se basó en una auditoría realizada hace casi una década. Además, se impuso una multa de GTQ 2.5M, ignorando la auditoría más reciente —realizada en mayo de 2024— por la actual administración de la cartera, la cual concluyó que Mayaniquel cumplía con todas sus obligaciones ambientales.
Por qué importa. El 2025 marcará un año clave para las políticas ambientales en Guatemala y MARN. Además de encabezar los esfuerzos para impulsar y, con suerte, aprobar una ley de aguas, la institución tiene previsto publicar en mayo el nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Esta normativa establece los lineamientos para el otorgamiento, las auditorías y la revocación de licencias ambientales.
Ambas normativas, si son diseñadas y aplicadas con un enfoque pragmático, podrían beneficiar al brindar certeza a la actividad económica e incentivar la inversión. No obstante, como lo ejemplifica el caso de Mayaniquel, persiste una legítima preocupación de que estas herramientas puedan convertirse en instrumentos para librar batallas ideológicas contra el sector privado.
El cierre de la mina, que se ha prolongado por casi dos años, ha desencadenado una crisis humanitaria en el valle del Polochic. Al menos 1800 familias —cuyos ingresos dependían directamente de la actividad minera— enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas en una región marcada por la pobreza extrema y la escasa presencia del Estado. Ante esta situación, muchos han optado por emprender el peligroso camino de la migración hacia EE. UU.
Más allá de ello, el retiro arbitrario de la licencia ambiental a Mayaniquel ha fortalecido los argumentos de la compañía en el proceso de arbitraje comercial por más de USD 100M que ha iniciado en contra del Estado de Guatemala.
Entre líneas. El uso excesivo y agresivo de regulaciones ambientales genera costos significativos para la actividad económica. En países como Guatemala, donde más del 56 % de la población vive en condiciones de pobreza, resulta fundamental proteger y promover las limitadas oportunidades de crecimiento económico.
Todos los países que hoy son desarrollados, en algún momento, enfrentaron el dilema de elegir entre la industrialización y la preservación del medioambiente. Generar riqueza requiere la construcción de más fábricas, carreteras y puertos, lo que inevitablemente implica un sacrificio ambiental, como, por ejemplo, el aumento de emisiones de CO₂ y la deforestación.
No es casualidad que las economías del G20, las más grandes del mundo, sean responsables de aproximadamente el 78 % de las emisiones globales de CO₂.
Guatemala, por el contrario, es responsable de menos del 1 % de las emisiones globales de CO₂. Sin embargo, enfrenta presiones de organismos internacionales —liderados por los países del G20— que exigen reducir sus ya bajas emisiones, incluso a costa del desarrollo económico que esas naciones ya alcanzaron.
El balance. Las regulaciones ambientales son esenciales para la protección del medioambiente y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas políticas representan un privilegio que solo las economías ricas y desarrolladas pueden implementar sin comprometer su crecimiento económico.
Guatemala, y en particular las políticas regulatorias del MARN, deben considerar las implicaciones de sus decisiones, evitando sacrificar el desarrollo del país por motivos ideológicos o presiones de naciones extranjeras.
Comparta este contenido por WhatsApp:
Luis González
Panorama Político Semanal: Arévalo inicia segundo año y la población sigue esperando cambios
843 palabras | 4 mins de lectura

El presidente Bernardo Arévalo cumple su primer año de gobierno en medio del desencanto y señalamientos contra una gestión marcada por contradicciones y alejada de las promesas electorales.
Panorama general. El mandatario comenzará esta semana anunciando cambios en su Gabinete. El viernes se conoció que aceptó la renuncia de algunos gobernadores, incluida la de Diego de León, gobernador del departamento de Guatemala.
Todos los funcionarios “pusieron a disposición su cargo” a finales de diciembre. En redes sociales hay rumores de salidas de algunos ministros, pero la Presidencia insistió en que hasta hoy se conocerán oficialmente las posibles modificaciones. Entre los anuncios se espera el nombramiento del nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), o la confirmación de la arquitecta Paola Constantino, quien funge como interina desde la salida del médico Félix Alvarado.
El martes 14, Arévalo asistirá al Congreso de la República para presentar el informe de su primer año de labores y sus planes para el 2025. El remozamiento de edificios escolares, la reducción de homicidios, las denuncias por corrupción y la aprobación del presupuesto 2025, son algunos puntos que mencionará.
Pero seguro no figurarán en esta rendición de cuentas los problemas de infraestructura, las compras sin licitación, la imposibilidad para administrar el CIV, las negociaciones —a cambio de dinero del presupuesto— con la oposición para aprobar decretos de interés del oficialismo, así como el distanciamiento con algunos grupos indígenas y campesinos, por citar ciertos temas.
Sí, pero. Lo que sucede en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), merece un capítulo aparte. La “presidenta en funciones”, Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes están en un desacuerdo que debilita aún más a la institución.
El mandato de Alfaro concluyó el 5 de enero y debido a la incomparecencia de los magistrados suplentes a reuniones para definir el proceso de quién debía asumir la presidencia, Alfaro continuó en el puesto que le correspondía a Gabriel Aguilera Bolaños, quien está suspendido porque enfrenta un proceso penal.
La semana anterior, los dos bandos midieron fuerzas y convocaron, cada uno por su lado, a reuniones que no se concretaron. Los magistrados suplentes no aceptan el nombramiento de Alfaro y la funcionaria tampoco está de acuerdo con asistir a las convocatorias de los suplentes.
Para hoy se hizo un nuevo llamado. De los cinco magistrados suplentes, los cuatro convocados por sorteo son: Marlon Josué Barahona, Álvaro Ricardo Cordón, Noé Adalberto Ventura Loyo y Pablo Adolfo Leal. Están citados a las 13:00 en la sede del TSE.
En el radar. Otro foco de atención mediática para hoy será la Torre de Tribunales por dos casos: José Rubén Zamora y Hogar Seguro.
Zamora fue citado al Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que deberá ordenar que se ejecute la revocatoria de las medidas sustitutivas a favor del mencionado. El año pasado, una Sala anuló la decisión del Juzgado Segundo que le concedió libertad en octubre, tras permanecer preso desde julio de 2022.
En junio de 2023, Zamora fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero, pero cuatro meses después la sentencia fue invalidada y se ordenó un nuevo juicio. Por este caso se le otorgó arresto domiciliario. El proceso que deberá resolver el Tribunal Noveno se refiere a la supuesta falsificación de documentos.
También está previsto que el presidente del Congreso, Nery Ramos, se presente hoy a declarar en el caso Hogar Seguro. Fue citado porque la tragedia en la que murieron quemadas 41 menores de edad ocurrió cuando era director de la Policía Nacional Civil.
Lo que sigue. Mañana también se reactiva la actividad parlamentaria. La Comisión Permanente concluye su labor hoy y el martes inicia el segundo año de sesiones de la X legislatura.
Ramos continuará como presidente, pero la Junta Directiva se renueva. Uno de sus primeros retos será definir si acepta la solicitud del partido Movimiento Semilla, que pide ser reconocido como bancada.
Otro punto, relacionado con el primero, es la distribución de las comisiones de trabajo en el parlamento. Semilla —si se lo permiten— quiere presidir la Comisión de Finanzas y Moneda, la más apetecida por los partidos cuando gobiernan.
Pero esta batalla no será fácil para los oficialistas y puede que, como en 2024, se termine resolviendo en la Corte de Constitucionalidad.
Ecos regionales. Centroamérica y el mundo entero tienen puestos sus ojos en Estados Unidos. El 20 de enero, Donald Trump jurará para su segundo mandato al frente de la Casa Blanca y se esperan decisiones que afectarán la vida política y social de todo el orbe.
Honduras también elegirá a nuevas autoridades este año y ese es uno de los temas que ocupa al gobierno de Xiomara Castro. Uno de los puntos débiles es la violencia, que en tan solo seis días de enero cobró la vida de 15 mujeres. En 2024, los homicidios se redujeron de una tasa de 34.5 a 26.8 por cada 100 000 habitantes, pero ese país sigue siendo el más violento de la región.
Según las autoridades hondureñas, el combate al narcotráfico fue uno de los puntos que contribuyeron a la reducción.
Comparta este contenido por WhatsApp:
¿Qué le pareció el boletín de hoy? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |