Manos sucias, a por las designaciones el próximo año

¡Buenos días!

Por una desafortunada alineación de los astros, el próximo año (2026) se darán una serie de cambios en instituciones clave para la justicia y la democracia. Como no ocurrió antes, se renovará el TSE, la CC, la Contraloría y el MP, además de cambios en la USAC y en el BANGUAT. En un sistema republicano, donde los frenos y contrapesos —idealmente— deben funcionar, no es nada recomendable que tantos cambios se den en tan poco tiempo. Sobre todo en un entorno como el guatemalteco, donde “operadores” ajenos a los procesos institucionales tienen tanta injerencia.

El actual Gobierno, respetuoso de la institucionalidad, ni meterá las manos; por lo menos no lo hará tanto como sí lo han hecho gobiernos anteriores, y “la embajada” (ya sabe usted a cuál me refiero) deberá estar atenta a que personajes designados por su gobierno bajo la Ley Global Magnitsky —la bomba atómica de su arsenal, corto de la extradición— no sean factores decisivos en esas elecciones de segundo grado. La estabilidad que tanto dicen buscar se iría al traste.

Hoy les recomendamos un hilo publicado en el boletín de República empresa, titulado: Aranceles secundarios: fuego cruzado comercial. Confiamos que sea de su interés.

Que tengan un buen fin de semana. 

Tras una reelección inconstitucional, la Asamblea Legislativa (AL) salvadoreña ha dado el paso para legitimar la permanencia en el poder de Bukele.

En perspectiva. La AL oficialista aprobó, con 57 de 60 votos, una controversial reforma constitucional que amplía el periodo presidencial —de cinco a seis años—, elimina el balotaje y, sobre todo, habilita la reelección presidencial indefinida. Los diputados de Nuevas Ideas (NI, oficialismo), justificaron la decisión como una medida para darle “poder total al pueblo”.  

• La reforma fue aprobada y ratificada por dispensa de trámite, sin debate y un día antes del inicio de las vacaciones agostinas en El Salvador.
  
  

• Fue posible gracias a la previa reforma al artículo 248 constitucional, que la bancada de NI aprobó en 2024 para remover el cerrojo que obligaba a que las reformas fueran aprobadas y ratificadas en dos legislaturas distintas.
  
  

• Para sus detractores, la reforma ha sido el más importante paso hacia una dictadura; sus seguidores, sin embargo, lo justifican comparándolo con sistemas como el alemán, el francés, el británico o el canadiense.

Cómo funciona. En un sistema presidencialista, el presidente es jefe de Estado y de gobierno, elegido directamente por vía electoral para un mandato fijo. El ejecutivo opera de manera independiente del legislativo, lo que otorga al presidente mayor autonomía. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno (primer ministro) es elegido por el legislativo y depende de su confianza para mantenerse en el cargo. El poder ejecutivo está vinculado al legislativo, mientras que el jefe de Estado (monarca o presidente ceremonial) tiene un rol tradicionalmente simbólico. 

• Si bien, es normal que un sistema parlamentario permita la reelección indefinida, esta está condicionada a muchos más frenos y contrapesos que en el presidencialismo.
  
  

• En un sistema presidencialista, la reelección depende exclusivamente de la popularidad del candidato. En un sistema parlamentario, depende del desempeño electoral del partido; negociaciones y coaliciones parlamentarias, y de su propio desempeño, ya que el Parlamento puede removerle del cargo mediante mociones de censura.
  
  

• Adicionalmente, a diferencia de un presidente, el primer ministro no controla directamente el ejército ni el poder judicial, que suelen estar bajo supervisión parlamentaria.

Lo indispensable. La reelección indefinida es fuente de continuismo y gobernabilidad, lo que supone un caso de éxito cuando el sistema político contempla los frenos y contrapesos necesarios. Ese no es el caso de los sistemas presidencialistas, particularmente en el caso salvadoreño, donde —ahora— el Ejecutivo tiene control absoluto sobre el legislativo, que es meramente un organismo para legitimar formalmente las políticas del presidente.  

• Mediante la AL, Bukele ordenó en 2021 la destitución del fiscal general que le investigaba por el pacto con las pandillas, además de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que intentaron limitar los abusos de poder del presidente durante la pandemia.
  
  

• Bukele, por lo tanto, tiene control sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de haber impuesto también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 

Ahora qué. En Latinoamérica, solamente otros dos países tienen reelección presidencial indefinida: Venezuela y Nicaragua. En ambos casos, sus ciudadanos han votado por mandatarios a los que luego no han podido sacar del poder, a pesar de su pésimo desempeño y abrumadora impopularidad. Los otros países que la tuvieron anteriormente fueron Ecuador, bajo Rafael Correa, y Bolivia, bajo Evo Morales. En ambos casos, la medida fue revertida por la consolidación autoritaria que facilitó.  

• El 70 % de los presidencialismos con reelecciones indefinidas desde 1990 han derivado en democracias iliberales o dictaduras.
  
  

• En Latinoamérica, además, el 80 % de los países con reelecciones indefinidas entre el 2000 y 2025 enfrentaron crisis democráticas como resultado de ello.
  
  

• El Salvador está lejos de seguir el modelo de Alemania, Francia, Canadá, el Reino Unido y todos los otros sistemas parlamentarios que, a pesar de permitir la reelección indefinida, limitan más el poder del Ejecutivo. 

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El gobierno de EE. UU. sancionó al juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, con la Ley Global Magnitsky (GMA, por sus siglas en inglés). La medida fue promovida por Donald Trump, por supuestos abusos en el proceso penal de Jair Bolsonaro, expresidente brasileño. El togado, derivado de sus sentencias, es considerado un activista judicial.

Por qué importa. En la administración pasada —la de Joe Biden—, la sanción fue emitida varias veces con amplio respaldo político internacional. Sin embargo, hoy se pone en duda su aplicación. Las diferentes reacciones públicas evidencian una doble moral en su interpretación. 

• La GMA es considerada una de las medidas más duras de EE. UU. para castigar a ciudadanos extranjeros. Fue aprobada en 2012.
  
  

• Los sancionados integran la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.
  
  

• En ella aparecen dictadores, narcotraficantes y terroristas de todo el mundo. Además, de políticos acusados de corrupción, como es el caso de los guatemaltecos incluidos.

Visto y no visto. La inclusión de Moraes en la lista le impide viajar al país norteamericano y le congela todos sus activos en ese territorio. Asimismo, establece la prohibición de que cualquier persona o empresa en EE. UU. realice transacciones económicas con él. 

• En Guatemala, han sido designados bajo la GMA: Gustavo Alejos, Felipe Alejos y Miguel Martínez. Todos tachados de ser operadores políticos corruptos.
  
  

• Los sancionados siguen con influencia en los círculos políticos del país. Un ejemplo es Gustavo Alejos, quien estuvo involucrado en cinco casos penales; solo tuvo sentencia en uno, y fue por aceptación de cargos.
  
  

• Él fue incluido en 2021 por interferir en el proceso de selección para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de apelaciones.

Sí, pero. En la misma designación se incluyó a Felipe Alejos, actual diputado de Todos. Los intentos de antejuicio en su contra fueron en vano. En el caso de Martínez, la inclusión —en 2023— no derivó en procesos penales internos.  

• En la lista también figura Julio Juárez, exdiputado de FCN Nación, considerado el autor intelectual del asesinato de un periodista. Aunque enfrentó juicio y obtuvo un fallo absolutorio.
  
  

• El próximo año, el país tendrá cambios en diversas instituciones, como la elección de quienes integran la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, y el Ministerio Público.
  
  

• En estos procesos podrían influir, nocivamente, Martínez, Gustavo y Felipe Alejos, tal y como lo han hecho anteriormente. La presencia que mantienen reconfiguraría el poder en Guatemala.

En conclusión. La GMA expone públicamente a personajes señalados de corrupción y abuso de poder. No obstante, su eficacia en Guatemala es simbólica, pues no pone freno real al poder e influencia de los señalados. 

• Los casos de Miguel Martínez, Gustavo y Felipe Alejos muestran un patrón: sanciones internacionales sin procesos judiciales firmes en el país.
  
  

• La persistencia de estos actores en redes de poder anticipa su posible intervención en las próximas elecciones de magistrados de la CC, el TSE y el MP, espacios clave de la justicia y de la política nacionales.