Menkos, mareando la perdiz

¡Buenos días!

Siempre resulta “simpático” ver como algunos políticos que usualmente son aves de paso se ponen medallas en el pecho que no les corresponden; pasa frecuentemente con obras de infraestructura que trascienden admiraciones o compromisos de inversión extranjera directa asegurados por sus antecesores. En otras palabras, saludan con sombrero ajeno.

Tan chata es la pretensión de ufanarse de solo poner la primera piedra como la de llegar a cortar el listón de inauguración; los plazos institucionales en Guatemala son más cortos de lo que proyectos transformadores requieren.

El ministro Jonathan Menkos no es la excepción; tomando una publicación de República, pretendió hacerse el gracioso en redes, atribuyéndose lo que no necesariamente le corresponde.

Sí, Guatemala está hoy un peldaño más arriba de antes, en camino a la calificación de grado de inversión, pero antes estábamos a dos y, antes de eso, a tres. La brecha que abrieron otros —pero por lo limitado de los períodos no terminaron— es la senda por la cual ahora transita el cómodo ministro que, encima, pretende que se le agradezca por hacer su altamente bien remunerado trabajo (más de GTQ 100 000).

La grandeza de espíritu en la academia o la gestión pública radica en reconocer que las alturas son solamente alcanzadas por estar parados en hombros de gigantes; la altura física, más bien, da una inmerecida sensación de logro personal.

De eso sé yo, que tengo muy cerca de la tierra no solo los pies, sino la conciencia. 

Reynaldo Rodríguez
Estabilidad económica a pesar de Menkos
714 palabras | 4 minutos de lectura

La realidad macroeconómica desafía las narrativas oficiales; el crecimiento proyectado del 4.1 % se sostiene sobre cimientos preexistentes y una coyuntura favorable. Este fenómeno no responde a una transformación profunda impulsada por el ministro Jonathan Menkos —o el Gobierno, como tal—, sino a una inercia estructural que ha blindado las variables macroeconómicas frente a la ineficacia operativa.

En perspectiva. La estabilidad económica de Guatemala es el resultado de un diseño institucional de largo plazo que prioriza la resiliencia técnica sobre la voluntad política.

• El Banguat opera bajo una serie de reglas que —hasta ahora— ha aislado la política monetaria de las presiones ideológicas, lo cual ha permitido mantener una inflación bajo control históricamente. Esta autonomía garantiza previsibilidad, funcionando como un estabilizador automático que trasciende los caprichos del gobierno y del ministro Menkos.

• Esta resiliencia se cimenta en un modelo de prudencia fiscal histórica que protege al Estado de desequilibrios macroeconómicos; permite que el tipo de cambio permanezca estable y los indicadores de riesgo país sean envidiables en la región, proyectando una imagen de solidez que el Ejecutivo suele capitalizar como mérito propio cuando, en realidad, es una herencia institucional.

• Históricamente, el país ha operado bajo una economía de dos velocidades donde los indicadores agregados son saludables mientras que las condiciones de competitividad subyacente están en peligro. Esta brecha se ha profundizado en 2026, evidenciando que la estabilidad macro es un muro de contención que permite al sector privado seguir operando; no es una mejora de la productividad nacional centralmente planificada.

Lo indispensable. La gestión actual ha priorizado la estética de la transparencia sobre la resolución de nudos logísticos que actúan como un torniquete para la economía real.

• El ministro Menkos ha intentado consolidar una imagen de probidad técnica a través de la reducción de los spreads de riesgo de los bonos del Estado con respecto a los del Tesoro americano.

• Resulta notable el crecimiento inercial de la agricultura (9.5 %) y de las industrias manufactureras (13.1 %) en el 2025, sectores que han expandido su actividad a pesar del colapso de la red vial y la parálisis operativa en Puerto Quetzal. Esta expansión no es producto de incentivos estatales, sino del esfuerzo del sector exportador por mitigar el impacto de un sistema logístico que encarece los productos guatemaltecos frente a sus competidores regionales.

• La crisis portuaria ha forzado la intervención estratégica de los EE. UU., motivada por el interés de Washington en desplazar la influencia de China en la región, no gracias a una astucia diplomática del gobierno. El deterioro vial actúa como un impuesto indirecto a la producción, limitando el aprovechamiento de la volatilidad favorable de precios de commodities y evidenciando que el Estado, lejos de facilitar el comercio, se ha convertido en su principal obstáculo.

Entre líneas. El dinamismo económico esconde un modelo de consumo no productivo y una dependencia geopolítica que define la entrada de capitales por seguridad, no por eficiencia administrativa.

• La IED ha crecido por reinversión de utilidades —de la IED en los últimos dos años, 100 % en 2024 y 86 % en 2025, fueron reinversiones—, recibiendo únicamente 14 % de capital nuevo (USD 254 M) en pleno auge geopolítico del nearshoring, donde Guatemala es vista como un refugio bajo la órbita de Washington a pesar de la gestión gubernamental.

• El dinamismo del PIB proviene de bienes no productivos como importación de vehículos —que ha causado problemas logísticos que el oficialismo no ha podido resolver—, vivienda y consumo impulsado por remesas. Estos sectores suman entre 1.4 % y 1.6 % del crecimiento del PIB, lo cual refleja que sin los USD 26 000M en remesas, el país no estaría llegando a la meta de crecimiento económico.

• Además, sectores estratégicos como la explotación de minas se mantienen estancados, creciendo al 0.4 %. La clausurada actividad petrolera nacional ayudaría en estos momentos, pero la cerrazón ideológica de este gobierno lo imposibilitó. Todo ello refleja un desperdicio de oportunidad histórica que el país paga con un menor crecimiento de su potencial real.

En conclusión. Guatemala demuestra que su fuerza económica reside en la inercia de sus instituciones técnicas y el vigor de su sector privado, no en la transitoria gestión de un ministro. Más bien, es a pesar de su gestión que Guatemala crece y mantiene su envidiable situación macroeconómica.

Gérman Gómez
Mynor Berganza: "el presupuesto de la USAC no es botín de grupos"
757 palabras | 4 minutos de lectura

Mynor Berganza, abogado y notario, plantea su candidatura a la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) para cerrar el ciclo de confrontación política. Apuesta por recuperar la academia y cumplir el mandato constitucional. Además, ordenar el presupuesto y reducir los incentivos de corrupción.

¿Cree terminar el conflicto político en la USAC? 

El ciclo político entre un presunto usurpador de la rectoría y la resistencia que se opone está a punto de terminar. Ese ciclo ha existido por las ilegalidades cometidas y la resistencia a admitirlo.

Nosotros creemos, la propuesta que yo represento, que ese ciclo se va a terminar. Y si alguien quiere seguirlo, lo hará solo porque necesita de esa confrontación para tener actividad política.

Somos un nuevo sujeto político académico que busca recuperar a la USAC del deterioro y de la falta de un proceso académico eficaz para cumplir el mandato constitucional. 

¿Qué propone su movimiento para recuperar la universidad? 

Nos declaramos el nuevo sujeto político académico que va a cumplir el mandato constitucional de la USAC. Ese mandato está en el artículo 82.

Ahí se establece que los sancarlistas están obligados a estudiar e investigar los problemas nacionales y proponer soluciones. Nosotros vamos a cumplirlo al elevar el nivel académico. Tendremos ciencia y técnica con innovación. Las soluciones deben presentarse al gobierno de la república, sea quien sea.

¿Cuáles son los ejes principales de su plan? 

Son ocho temas los que nosotros traemos. Yo puedo hablar del plan de trabajo, pero prefiero invitarte a la conferencia donde lo vamos a hacer público.

Ahí se conocerá en detalle cada uno de los ejes. En este momento, lo importante es que existe una propuesta estructurada que busca transformar la universidad desde la academia.

¿Cómo reduciría la confrontación interna en la USAC? 

Han existido esfuerzos para crear un centro de mediación de conflictos en la universidad. Existe un Instituto de Derechos Humanos que podría asumir esa función. Nosotros creemos que ese instituto debe desarrollar un gran centro de mediación de conflictos. Esa es una propuesta concreta.

También creemos que, al convertir en política universitaria el abandono de la confrontación entre resistencia y el presunto usurpador, se generará un efecto que desactive el conflicto. Nuestro accionar político buscará concentrar a la universidad en la academia. El conflicto dejará de tener sentido.

¿Cómo reducirá los intereses políticos sobre el presupuesto?

Te voy a contestar así. Existen intereses alrededor del gobierno de la universidad, especialmente por el manejo de un presupuesto grande. Una de nuestras propuestas es crear una política universitaria de transparencia y efectividad en la ejecución del gasto. Eso permitiría cerrar espacios a la corrupción.

Si deja de ser fácil robar el dinero universitario, también dejará de ser un objeto de interés político tan fuerte. Muchos quieren esos espacios por ese motivo. Nosotros estamos dispuestos a impulsar la política de transparencia.

¿Qué pasaría si el proceso electoral se repite irregular? 

Confiamos en que la comunidad universitaria estará atenta al proceso de elección. Habrá presencia alrededor del lugar donde se realice.

Si la elección se interrumpe, existe el riesgo de una toma prolongada de la universidad. Esa sería una preocupación seria. Por eso es clave la vigilancia ciudadana universitaria durante el proceso.

¿Cómo entiende el sistema de gobierno de la USAC? 

La USAC no siempre ha sido la misma. Surge como una institución vinculada a estudios religiosos en la colonia. Luego fue intervenida y pasó a tener control militar. Con la revolución de 1944 se consolida como una universidad autónoma.

A partir de ese momento, la universidad no tiene dueño. Tiene un gobierno. Esa es una idea fundamental. Quienes conducen la universidad no son dueños, son gobernantes electos. La dinámica universitaria se basa en elecciones constantes.

¿Cómo deben actuar los electores en esta elección? 

Yo planteo el principio de ingratitud en política. Los electores no deben responder a los grupos que los impulsaron.

Deben actuar en función de toda la comunidad universitaria. Eso permite que cualquier universitario que cumpla requisitos pueda ser considerado. Los electores deben estudiar los expedientes de cada aspirante. Esa es la responsabilidad que tienen.

¿Qué posición tiene frente a otros candidatos? 

Yo hago política para que los electores conozcan mi propuesta. Tengo interés en ser valorado. No soy candidato de Mazariegos, pero tampoco soy su detractor. No formo parte de su estructura.

Voy a presentar mi plan para que los electores lo conozcan. Especialmente los que representan a la resistencia. Ellos tendrán que explicar en el futuro por qué no eligieron una propuesta si no la consideran. Ese es un ejercicio de responsabilidad.

Ana González
Ley antilavado por cuarta vez a la agenda del Congreso en busca de su aprobación
455 palabras | 2 minutos de lectura

El Congreso de la República hará, este martes, un nuevo intento por conocer la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en lo que representa el cuarto esfuerzo por avanzar con la normativa, luego de que en sesiones anteriores la falta de interés frenara su discusión.

La expectativa ahora es que pueda avanzar —al menos— en su primera lectura, tomando en cuenta que esta sería la última sesión ordinaria disponible para abordar el tema, ya que la jornada del jueves estará dedicada exclusivamente a la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Previo a esta sesión, autoridades de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala acudieron a la instancia de jefes de bloque para exponer los alcances de la iniciativa y despejar dudas entre los legisladores.

Durante la presentación, las autoridades advirtieron que Guatemala enfrenta un riesgo inminente de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que agrupa a jurisdicciones bajo vigilancia intensificada por deficiencias en sus marcos legales contra el lavado de dinero. Esta situación, indicaron, responde a la falta de actualización normativa que cumpla con estándares internacionales. 

Además, señalaron que una eventual aprobación tardía impediría al país demostrar avances efectivos en la evaluación prevista para 2027 por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que agravaría el escenario. 

El impacto de una posible inclusión en la lista gris, advirtieron, no sería únicamente técnico, sino que tendría consecuencias directas para la población. Entre ellas, la ralentización en la recepción de remesas, mayores trámites financieros, encarecimiento del crédito y un incremento generalizado en los precios de bienes y servicios, afectando directamente la economía familiar. 

A nivel macroeconómico, las autoridades explicaron que el país enfrentaría aislamiento financiero, pérdida de confianza internacional y mayores dificultades para el comercio exterior, debido a procesos más estrictos y costosos. En el ámbito financiero, esto se traduciría en créditos más caros y en una mayor presión sobre las finanzas públicas. 

Finalmente, los funcionarios insistieron en que la iniciativa no busca afectar la economía informal ni criminalizar el uso de efectivo; subrayaron que, por el contrario, su objetivo es combatir estructuras criminales mediante la identificación de flujos financieros ilícitos, sin interferir en las transacciones legítimas de los ciudadanos. 

Otros temas  

Los diputados también incluyeron las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), ley para la subvención educativa en áreas marginales, así como el acuerdo que otorga una condecoración denominada “Soberano Congreso Nacional” a los boxeadores Léster Martínez y Joshua Kevin Antón por el logro alcanzado.  

También se convocó a una Sesión Solemne para juramentar a los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.