Menkos podría regresar al Congreso, definitivamente

¡Buenos días!

La fiscalización parlamentaria es, no solo un mecanismo constitucional republicano, sino un derecho de los legisladores, según la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, como todo derecho, es susceptible de abuso y, como suele suceder, efectivamente se abusa de él. Es, casi, como la Ley de Murphy.

No es algo nuevo, los diputados de pasadas legislaturas han abusado y citado a funcionarios por nimiedades, pero también por intereses particulares. El problema es que no han tenido consecuencias. Sin embargo, por más abuso que haya, es —también— obligación de los funcionarios a asistir a dichas citaciones, salvo excusa válida.

Ahora, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha faltado, reiteradamente, a citaciones de la comisión legislativa de Finanzas, la que ejerce contrapeso y fiscalización directa, sobre su gestión. Enfrenta varios posibles escenarios, desde más citaciones —que podría seguir evadiendo—, hasta interpelaciones o denuncias penales.

Hay un punto medio, uno que domina totalmente el Legislativo; Menkos fue electo diputado y es solo con permiso del Congreso que funge como ministro en el Ejecutivo. Si le es retirado dicho permiso, tendrá que regresar a su función legislativa, para la que fue electo.

Hoy, les recomendamos el hilo de República empresa titulado: Camino del chip: visión, diplomacia y talento. Confiamos que sea de su interés.

Les deseamos un muy buen fin de semana. 

Las deplorables condiciones del ejército colombiano se han convertido en una mina de oro para el narco mexicano.

En perspectiva. México enfrenta una escalada alarmante en su crisis de seguridad: entre 2000 y 3000 exmilitares colombianos —muchos con experiencia en conflictos como Ucrania— han sido reclutados por cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, y Cárteles Unidos.  

• Estos mercenarios, contratados a través de redes sociales y WhatsApp, entrenan a sicarios, fabrican explosivos y defienden territorios, cobrando hasta USD 2500 mensuales.
  
  

• La práctica, que data de al menos 15 años, se intensificó en 2025 —justo después de la gestión de Iván Velásquez— con la detención de 12 colombianos tras una emboscada en Michoacán que mató a ocho soldados.
  
  

• Esta alianza narco-militar agrava la violencia en el “triángulo de la muerte” (Guanajuato, Jalisco, Michoacán) y estados como Sinaloa, Chihuahua y Durango, exponiendo la fragilidad del Estado mexicano.

Por qué importa. La presencia de exmilitares colombianos ha transformado a los cárteles en ejércitos profesionales, capaces de desafiar al Estado con tácticas de guerra. En 2024, México reportó 30 298 homicidios, un 80 % ligados al narcotráfico; el CJNG, líder en violencia, ahora controla rutas clave en el 70 % del país. Estos mercenarios han elevado la letalidad de los cárteles, responsables de hasta 1200 ataques con explosivos en Michoacán y Jalisco desde 2020.  

• Su reclutamiento se ha propiciado por las insuficientes pensiones militares en Colombia, que rondan entre los USD 300-500 al mes; hasta un 157 % menos de lo que ofrece el narco.
  
  

• Esta crisis no solo amenaza la seguridad de México, sino también la inversión extranjera —que cayó un 12 % en 2024— y el comercio, con el 80 % de las exportaciones mexicanas dirigidas a unos EE. UU. en guerra con los cárteles.
  
  

• La falta de cooperación efectiva con Colombia, con un Petro que resta importancia al tema, ha dejado a México solo ante un enemigo cada vez más sofisticado. 

Entre líneas. Detrás de este fenómeno hay una red transnacional que explota la debilidad institucional de ambos países. Los cárteles mexicanos buscan a exmilitares colombianos por su experiencia contra guerrillas y el propio narco colombiano, ofreciendo sueldos que triplican los de un policía mexicano. Desde Bogotá, además, se desestima el problema como un tema “migratorio”, mientras Petro se enfoca en su agenda interna.  

• El sexenio de López Obrador dejó un legado de ineficacia: su política de “abrazos, no balazos” permitió que los cárteles expandieran su control, con el CJNG operando ahora en 28 estados y exportando fentanilo a EE. UU., lo que provocó más de 70 000 muertes por sobredosis en 2024.
  
  

• La corrupción sistémica y la penetrabilidad de las fronteras facilitan esta alianza narco-militar, poniendo en riesgo la estabilidad regional y la credibilidad del gobierno de Sheinbaum.

En el radar. Sheinbaum, bajo presión de EE. UU. tras la extradición de 29 capos en febrero de 2025, busca una estrategia más agresiva a la de su predecesor, pero la falta de un ejército especializado y la corrupción policial, limitan su efectividad.  

• La designación por EE. UU de los cárteles como organizaciones terroristas, podría justificar acciones militares transfronterizas, complicando las relaciones bilaterales.
  
  

• Empero, México parece quedarse sin mejores opciones para frenar la avanzada del narco. Sin cooperación real con Colombia, el flujo de exmilitares continuará.
  
  

• Con 90 000 homicidios proyectados para los próximos tres años y el narco controlando el 35 % del territorio, México arriesga convertirse en un narcoestado por completo. 

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En abril de 2026 deben tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para un período de cinco años. Este relevo se suma a los cambios previstos en otras entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral, cuyos titulares podrían desempeñar un papel clave en el proceso electoral de 2027. 

Por qué importa. La CC, como máximo tribunal, tiene la última palabra en todo asunto litigioso, lo que algunos interpretan como la capacidad de incidir en las reglas del juego político. En fallos anteriores, por ejemplo, ha resuelto sobre la participación de candidatos. En este contexto, es previsible que las cinco entidades encargadas de nombrar a un magistrado titular y uno suplente propongan perfiles afines a sus “objetivos”.

• Bernardo Arévalo tendrá que designar a un titular y suplente. En tanto, los diputados tendrán que hacer lo suyo y no hay duda de que, conseguir 81 votos, requerirá de una gran búsqueda de consensos.
  
  

• La Universidad de San Carlos ya ha comenzado a mover sus piezas en el proceso de designación; prueba de ello son las recientes elecciones en las facultades, que renovarán a algunos de los representantes del Consejo Superior Universitario, conformado por 44 profesionales y encargado de hacer la respectiva elección.
  
  

• El Colegio de Abogados y el Organismo Judicial también deben desarrollar sus respectivos procesos. En ambos casos, no se descarta que se prioricen perfiles que generen menos resistencias o que, al menos, no resulten incómodos. 

Qué destacar. La CC debe ser un juez imparcial y no un actor más dentro de la contienda política. Su razón de ser es la defensa del orden constitucional, no la promoción de intereses particulares.  

• Las decisiones que emiten tienen un profundo impacto en la percepción pública y pueden fortalecer o debilitar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
  
  

• Los expertos coinciden en que es fundamental que los magistrados actúen con objetividad, responsabilidad y compromiso con los principios democráticos.
  
  

• Deben ser firmes defensores de los derechos y libertades de todas las personas, sin excepciones, y ejercer su mandato respetando los límites de sus atribuciones, ya que solo así podrán garantizar el cumplimiento legítimo de la Constitución.

En conclusión. La renovación de la Corte de Constitucionalidad —otras entidades clave en 2026— marcará un momento crucial para el fortalecimiento institucional y la estabilidad democrática en Guatemala.

• Es fundamental, que los nuevos magistrados actúen con independencia, imparcialidad y estricto apego a la Constitución Política, por lo que no cabe involucrarse en dinámicas políticas.
  
  

• Solo así se podrá garantizar un entorno propicio para la realización de elecciones para garantizar la realización de elecciones libres, transparentes y justas en el 2027.