Meterse en Honduras

¡Buenos días!

Ayer, la presidenta de Honduras, la socialista Xiomara Castro, dio declaraciones públicas declarando “nulas” las elecciones. La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, quedó en un lejano tercer lugar. La presidencia se la disputan dos candidatos de “oposición”; no debe olvidarse que Nasralla apoyó en la elección anterior a la hoy presidenta Castro.

Aunque ya se veía venir el conflicto postelectoral, días antes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, emitió declaraciones apoyando a “Tito” Asfura, lo que ha sido visto calificado por el gobierno socialista como “injerencia”.

Tomando una página del manual del socialismo del siglo XXI —del cual adscribe el régimen Castro-Zelaya—, hablaron de fraude y lanzaron a sus huestes a la calle, a generar terror y zozobra.

Lo que ocurra en los siguientes días y el desenlace pacífico, está en la cola de un venado. Si bien la diferencia es mínima y ha fluctuado de un lado a otro —lo que genera suspicacias—, existen mecanismos legales y democráticos para resolver la controversia; Nasralla ha accedido a ello.

Los socialistas, al verse derrotados, aprovechan, se victimizan y se aferran al poder. No sería nada raro que Castro pretenda extender —ilegalmente— su mandato. La región no puede permitir la entronización del régimen socialista. Si el presidente Bernardo Arévalo genuinamente tiene convicciones democráticas, debe salir a denunciar esa intentona. ¿O callará para no molestar a su “compañera” socialista?

En 2023, Juan Manuel Asturias fue electo como alcalde de Antigua Guatemala. Entre las promesas de campaña que realizó con el Comité Cívico Futuro, que lo llevó al poder, estaba la reducción de su salario y dietas. Incluso, se comprometió a no devengarlas. Sin embargo, “los compromisos” duraron menos de seis meses.

• Ahora, su gestión tiene altos niveles de rechazo, por serios señalamientos. El último roce político lo tuvo con Fundantigua.

Por qué importa. La actual administración de Antigua Guatemala —en especial Asturias— ha recibido críticas por la opacidad de los procesos. En mayo pasado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la comuna ante la Fiscalía Contra la Corrupción (FECI).

• La denuncia se dio porque la municipalidad obtuvo 53 vehículos sin licitación. Es decir, no siguió la Ley de Contrataciones del Estado. La CGC presentó los hallazgos en su informe de mayo.

• La compra de los vehículos la realizó una empresa bajo concepto de pago compensatorio, por licencias otorgadas a un inmueble. Luego cedió los derechos de propiedad a la municipalidad a título gratuito.

• Respecto a su salario, Asturias prometió devengar solo GTQ 1 como alcalde durante los primeros seis meses de su gestión. Promesa que le ganó simpatía y votos.

Visto y no visto. En mayo de 2024, por decisión del Concejo —en el que tiene mayoría—, volvió a tener el mismo sueldo que sus antecesores, que asciende a GTQ 40 000. Según información pública de la comuna, en octubre recibió GTQ 80 225, que incluye dietas, bonificación y gastos de representación.

• En enero, el Concejo duplicó los gastos de representación del alcalde, que pasaron de GTQ 10 000 a GTQ 20 000.

• Respecto a la seguridad municipal, la comuna mantenía un convenio de colaboración con Fundantigua para el sistema de videovigilancia. La alianza público-privada se originó en el 2000.

• A finales del mes pasado, la fundación retiró el centro de monitoreo municipal. Asumió la operación de más de 500 cámaras instaladas en la ciudad colonial. Por su parte, el alcalde calificó el hecho de boicot.

Sí, pero. Fundantigua sostiene que el proyecto fue politizado por Asturias. No respondía a los objetivos trazados en el convenio de colaboración. Uno de los hechos que agravó la crisis fue el despido del personal que monitoreaba el centro de videovigilancia. La comuna indicó que no tenían la capacidad técnica.

• Sin embargo, se denunció que fue reemplazado por trabajadores sin experiencia y con vínculos políticos con el alcalde.

• A inicios de diciembre, la fundación sostuvo una reunión con autoridades municipales; pidió la devolución del equipo del Centro de Monitoreo del Centro Cultural César Brañas. Lo había entregado para su uso mientras estuvo vigente el convenio, que finalizó el 26 de noviembre.

• Otro desgaste del alcalde Asturias es su participación en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). Los integrantes cuestionan su “eficiencia”. También la falta de transparencia en el manejo de los fondos.

En conclusión. La gestión municipal de Asturias enfrenta un desgaste que proviene de promesas incumplidas y procesos opacos que, incluso, le consiguieron denuncias penales. La ruptura con Fundantigua evidenció falencias de gobernanza y manejo político.

• Los conflictos refuerzan la percepción de que los compromisos de campaña de Asturias fueron puramente electorales. Esto afecta la inversión, el turismo y la estabilidad de proyectos públicos.

• Apenas a la mitad de su gestión edil, el rechazo hacia Asturias es generalizado entre los antigüeños.

La disputa por el control del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) ha subido de tono y enfrenta a Carlos Bezares, quien ocupaba la secretaría general junto a Karina Paz, con el grupo encabezado por Jairo Flores, electo como nuevo secretario general en una asamblea realizada el fin de semana. Ante este conflicto interno, la decisión final quedará en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por qué importa. La decisión que adopten los magistrados del máximo tribunal tendrá un impacto directo en el futuro político de los diputados e incluso en el cargo que uno de ellos ocupa en la Junta Directiva y que repetirá en la directiva que asumirá el 14 de enero.

• Por un lado, los magistrados podrían confirmar que los congresistas Orlando Blanco, Jairo Flores y José Chic conserven su representación, lo que obligaría al otro grupo, liderado por Bezares y Paz, a buscar un nuevo vehículo electoral. En el escenario contrario, los primeros quedarían como diputados independientes.

• Está programada una vista pública para el 15 de diciembre a las 9:30 de la mañana, en la que se conocerán los argumentos de ambas partes.

• Se espera que, tras la exposición, los magistrados emitan una resolución que ponga punto final a la pugna interna que arrastra la agrupación desde hace varios meses.

Qué destacar. VOS está representado por tres diputados en el Congreso y uno en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN); los cuatro suelen figurar en las citaciones que realizan a funcionarios.

• Incluso el asesor, Aldo Dávila, suele olvidar que ya no ocupa una curul y continúa arremetiendo contra las autoridades.

• Por su parte, Bezares cuenta actualmente con una plaza 022 en el Congreso como asesor de Karina Paz.

• La diputada, aunque quedó como independiente y perdió su puesto en la directiva, se mantiene muy cercana al actual presidente del Congreso, Nery Ramos.

Voces. Para Bezares, el caso se encuentra en un impase judicial, por lo que, hasta que la Corte no resuelva, no existe certeza sobre quién ostenta la representación legal de la agrupación.

• El abogado sostuvo que la asamblea en la que fue electo Flores carece de sustento legal, ya que “no está terminado el proceso de apelación en la CC”. 

• En contraste, Flores declaró a los medios tras la asamblea que Bezares y Paz deberían abandonar el partido.

• “El llamado que hago es que se vayan por dignidad, aquí no caben; esta no es su postura política. Si no están contentos con que nosotros fiscalicemos, es otro partido el que los debe cobijar”, declaró.

En conclusión. Con la pugna aún sin resolverse, VOS permanece en un limbo político y legal que no solo redefine sus liderazgos internos, sino que también pone en juego su peso dentro del Congreso.

• Los magistrados de la CC concluirán su período el próximo año y algunos pretenden reelegirse.

• En ese proceso, el Congreso tendrá a su cargo la designación de un magistrado titular y un suplente, un factor que añade una lectura adicional al contexto en el que se emitirá la resolución.

La discusión sobre el salario mínimo en Guatemala se encalló de nuevo en la Comisión Nacional del Salario.

Qué destacar. Como ocurre cada año, no hubo consenso: el Gobierno propuso un 12 % de aumento y los sindicatos pidieron casi el 100 %.

• El sector privado insistió en aplicar la fórmula técnica de la Organización Internacional del Trabajo, que considera inflación, productividad y capacidad de pago.

• Ante el desacuerdo, la decisión queda en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien debe resolver antes de fin de año.

• Se repite la película con diferentes actores y el salario se sigue fijando sin tomar en cuenta aspectos técnicos; se convierte en una decisión política.

Datos clave. El contexto no es menor: en 2024 el salario mínimo subió un 10 %, y si se aprueba otro incremento, el acumulado rondaría el 22 % en un año, algo que empresarios califican como excesivo y nunca visto.

• Según el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo actual es de GTQ 3973.05 para actividades no agrícolas y GTQ 3843.55 para agrícolas, con bonificación incluida.

• Cualquier alza golpea la competitividad en un país con infraestructura deficiente.

• Automatización, subida de precios y reestructuración de puestos son la opción inmediata para que las empresas sigan operando.

Voces. “No son despidos masivos, pero sí selectivos”, explica un industrial. El dato más preocupante: el salario promedio está por debajo del mínimo, reflejo de la alta informalidad.

• “Subidas drásticas alejan la posibilidad de que esa gente cotice al IGSS”, añade. El impacto ya se siente: el sector privado ofrecía crear 100 000 empleos formales al año, pero este año cerrará en 60 000, es decir, 40 000 menos.

• ¿Qué espera del anuncio presidencial? “En la mesa se discutió aumentos técnicos entre un 2 % y un 3 %; entendemos que el Gobierno piensa en un 5 % a un 7 %, pero al final es una decisión política”, señala.

• ¿Beneficios del incremento? “No vemos muchos. La mayoría gana menos del mínimo. Lo que deberíamos buscar es competitividad y eficiencia laboral para competir internacionalmente”. Y agrega: “Al final del día, los que pueden lo aumentan y normalmente aumentan y sacan gente para mantener su sostenibilidad y su utilidad”.

Sí, pero. El sector agrícola es el más golpeado. Por ejemplo, en el corte del café, el 70 % del costo de producción es mano de obra.

• Nils Leporowski lo resume así: “Cuando sube el mínimo, hay dos efectos inmediatos: despidos y migración a la informalidad”.

• En su empresa redujeron entre un 10 % y un 15 % la plantilla en la última cosecha y, si hay otro aumento, “nos tendremos que ajustar sacando más gente”.

• Para pequeños productores, la salida es informalizarse: dejan de pagar IGSS y pagan salarios por debajo del mínimo. “Eso explica la caída en las contribuciones al IGSS”, afirma.

Lo indispensable. Leporowski incluso cuestiona la existencia del salario mínimo: “Pone un techo al trabajador y mata la productividad. En Guatemala, el salario mínimo se convierte en salario máximo”.

• Además, advierte que tras el aumento anterior varias maquilas se mudaron a Honduras y Nicaragua, donde los costos son más bajos. “El producto no vale un 22 % más, no hay de dónde sacar para pagar”, insiste.

• Guatemala ya tiene entre un 71 % y un 83 % de ocupados en la informalidad, según datos del INE y organismos regionales.

• Subidas sin mejoras en productividad solo agrandan esa brecha. El IGSS esperaba que el incremento ampliara la base de cotizantes, pero los empresarios ven lo contrario: menos afiliación y más presión para esquemas informales.

En conclusión. Industria y agro coinciden: la decisión debe basarse en productividad, gradualidad y realidades territoriales, con metodología OIT y una agenda paralela de competitividad en puertos, carreteras y energía.

• De lo contrario, el nuevo ajuste se traducirá en más despidos y más informalidad desde enero.