Ministro Jiménez contra la prensa

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¡Buenos días! 

Los retos del gobierno son inmensos y mientras tanto, el ministro de Gobernación, en un exabrupto, muestra su verdadera forma: que cualquiera que piense distinto es una amenaza para la democracia. Ahora se lanza en contra de medios de comunicación que no siguen la línea gubernamental. 

Las denuncias contra exfuncionarios corruptos están bien, pero no son suficientes.  

En este boletín:

•Editorial: Comienzan las actitudes totalitarias del Gobierno

•Ixcán: los estragos en la salud por la corrupción

•Airbnb, no hay rosa sin espinas

Luis González
•Ixcán: los estragos en la salud por la corrupción
600 palabras | 2 mins de lectura

Ixcán atraviesa una situación crítica en cuanto a salud, ya que los ciudadanos no cuentan con un área óptima a la que acudir en emergencia. Esto se debe a que el centro de salud tipo A, mejor conocido como Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI), opera como un hospital nacional, debido a que no se cuenta con otro espacio. 

• Este lugar atiende a unos 120 mil habitantes, a pesar de la falta de insumos y equipamiento, indica un reporte oficial. 

Hemeroteca. Este centro de salud opera como “hospital de cartón”, dado que la zona carece de un centro hospitalario, como consecuencia de actos de corrupción ocurridos en la administración del Partido Patriota (PP). 

• El Hospital en Playa Grande Ixcán, bautizado “Hospital Roxana Baldetti”, fue promovido en 2014 por la exvicepresidenta y el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio (QEPD), para resolver la falta de hospitales en la Franja Transversal del Norte. 

  
  

• La licitación la ganó, por Q79M, la constructora Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales (Sercco), cuyo representante legal es Delio Edvin García Argueta. 

  
  

• Esta construcción figura en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, por el que fue condenado el exdiputado Estuardo Galdámez, por haber recibido Q2 millones como intermediario en la adjudicación. Diez años después, la obra se estancó en el 31% de ejecución. En 2016 se instruyó la terminación anticipada del contrato, pero no se concretó. 

Es noticia. El 3 de abril de este año, una comisión del gobierno se presentó en el municipio de Playa Grande para fiscalizar las condiciones del CAIMI y el proyecto, pero el personal de Sercco, argumentando falta de solicitud de ingreso para la inspección, no les permitió la entrada, según medios de comunicación de la localidad. 

• Este permiso se debía solicitar a la Dirección del Área de Salud de Ixcán, dirigida por Noé Brito Hermoso, quien, aunque participó en la mayor parte del recorrido, se ausentó una vez en el lugar de la construcción. 

  
  

• Pese a estos contratiempos, la comisionada de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam), anunció que en mayo buscarán conformar la quinta Junta Liquidadora para retomar la construcción. 

Entre líneas. La Comisión señaló que varias veces se han recibido presiones para que el proyecto no culmine, lo que se suma a supuestas irregularidades alrededor de la situación de salud en Ixcán. 

• Por un lado, varias organizaciones civiles han manifestado que, desde 2022, la institución fue cooptada por un grupo familiar que se ha distribuido puestos clave de la administración. Varios cuadros técnicos fueron removidos por cuestionar las acciones de esta familia, de acuerdo con los señalamientos. 

  
  

• Otro hecho controvertido fue que el actual director del CAIMI, Erwin Armando Tot Paau, fue beneficiado con medidas sustitutivas en 2019 por participar en la falsificación de un certificado médico, según la acusación del Ministerio Público. 

  
  

• Adicionalmente, pese a que la constructora Sercco se vio involucrada en un caso de corrupción, le siguieron adjudicando contratos estatales en 2023, por parte del Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, por un monto de Q497 mil, según Guatecompras, 

En conclusión. Aunque el compromiso de la administración es culminar el proyecto, este proceso podría tomar 50 meses, según el equipo técnico de Salud. 

• Asimismo, se deben evaluar las medidas legales que se tomarán contra la empresa Sercco. 

  
  

• Será necesario, además, que la institución analice qué opciones existen para evitar la captura institucional por parte de los funcionarios. 

  
  

• Sobrado decir, se espera que no se siga engañando y poniendo en peligro la salud de los habitantes de Ixcán. 

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), encabezada por Marco Livio Díaz, ha vuelto a recordar “cordialmente”: un arrendamiento ocasional paga impuestos. El mensaje tuvo como destinatarios a miles de anfitriones de Airbnb que no están inscritos ante el fisco o realizaron incorrectamente sus declaraciones.  

En perspectiva. Años atrás, cuando empezó la novedad de generar ingresos con la plataforma de hospedaje más famosa del mundo —más 6M de anuncios en 191 países—, pagar impuestos, si bien puede no gustar, parecía evidente. Como advierte el adagio: “no hay rosa sin espinas”. 

• Con todo, las autoridades señalan que, entre 2021 y 2022, unas 2 mil 600 personas arrendaron 7 mil 242 inmuebles por medio de Airbnb, sin estar de alta como contribuyente, emitir factura o declarar a medias.   

• La SAT no piensa renunciar a ese cobro, menos, cuando su meta de recaudación este año asciende a unos Q100 mil millones. En conferencia de prensa anunció cómo espera recuperar lo no declarado. Entre tributos adeudados, multas e intereses, la cifra llega a unos Q300M.   

• El consejo de expertos es pagar de manera voluntaria. Caso contrario, resolvería un tribunal económico coactivo. Incluso, podrían embargarse propiedades o cuentas bancarias. No presentarse o recibir notificaciones es motivo de delito de “resistencia a la acción fiscalizadora”, penado con cárcel.  

Entre líneas. La defraudación es en un segmento identificado: no deben pagar justos por pecadores. La SAT habló de casos específicos luego de recibir información de la entidad tributaria de Irlanda, país sede de la compañía de arrendamientos. También ya solicitó datos de 2023 y 2024.  

• Fernando —nombre ficticio de un entrevistado— comentó que tiene en renta un apartamento desde hace más de un año. Contrató una empresa administradora que se encarga de todo. A fin de mes recibe un reporte. “Ahí detallan lo que recibe Airbnb y sus honorarios. Sobre ese dato emito una factura y pago mis impuestos”. 

• Confesó que cuando inició la actividad no consideró las obligaciones tributarias. Contratar un servicio de administración del inmueble “le salvó” de estar ahora bajo la lupa de la SAT. “Estoy tranquilo. Tengo mis declaraciones”, expresó.  

• Como Fernando, miles están al día. No pasa así con aquellos anfitriones que adrede no declararon o pagaron menos de lo debido. “Seguramente muchos no pagan. Sin embargo, la cifra que dio la SAT es irracional. Solo es el 10% de la factura mensual por arrendamientos”, receló.   

Qué destacar. Oscar Chile Monroy, experto tributario, explicó que, de los casos identificados, los primeros no están inscritos. Caen en una evasión, como pasa con la economía informal. Por otro lado, los inscritos, cometen delito fiscal.  

• “Es un tema bastante peligroso porque ya hicieron una declaración. Significa que falsearon datos. El Código Penal lo tipifica como defraudación tributaria”, comentó. 

• Si bien parece “injusta” la rigurosidad para fiscalizar a los arrendadores, habiendo “peces más gordos” —como dijo Fernando—, las acciones están sustentadas: los inmuebles arrendados en Guatemala pagan IVA e ISR. Sin importar si se rentan de manera tradicional o digital.

• Chile Monroy consideró que Airbnb podría estar sujeto a gravámenes, según normas tributarias nacionales. Todo depende de lo que se interprete del contrato: ¿recibe de los anfitriones una “regalía” o “comisión”? Según el caso, podría gravarse con 10 o 15%. No obstante, se desconoce la postura de la SAT sobre este punto.  

Balance. La estrategia de gravar por usar la plataforma de Airbnb es solo “la punta del iceberg”: redes sociales como Facebook o TikTok ya se mencionaron. Este tipo de acciones se avizoraban años atrás, cuando empezó a hablarse de la Factura Electrónica en Línea (FEL). 

• Chile Monroy recordó que en 2019 participó en una conferencia sobre sus efectos. “Ahí afirmé que la FEL era el GPS para controlar todos los movimientos del contribuyente. Eso está pasando ahora”. 

• “Esto continuará. El siguiente paso será el reporte de la contabilidad electrónica. Vamos a estar bien controlados por la SAT. Es molesto, pero no nos debe preocupar sino ocupar. La invasión tributaria y fiscalización electrónica es imparable”, afirmó el experto.  

• Fernando comentó que este tipo de inspecciones generan intranquilidad. Como otros inversionistas, considera que la situación amerita fundar una gremial. “Hay una sensación de molestia general ante el fisco”, aseguró al indicar que buscarán defenderse ante posibles abusos o nuevos arbitrios.