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Mondal y su suplente renuncian, ¡sinvergüenzas!

¡Buenos días!
La impresentable izquierda mundial ha cerrado filas con el régimen morenista en México -tanto con AMLO, como con Sheinbaum– luego del berrinche al no invitar al jefe de Estado español, Su Majestad El Rey. No se trata de un error, sino de un acto deliberado y refrendado por la presidenta entrante. Una victoria pírrica, a lo sumo. Ese postureo, impropio de la relación entre Estados, lastra el inicio del sexenio de la primera mujer presidenta de México; no es poca cosa.
Pero no es el único “problema” que le deja el tabasqueño a su sucesora. Si bien abandona la presidencia con una inexplicable alta popularidad, su período estuvo plagado de corrupción, violencia y de desmanes populista-autoritarios. Su coup de grâce es, sin duda, la reforma constitucional atinente a la justicia, que ha sido descrita por ilustres mexicanos como “la muerte de la república mexicana”.
El Rey o no, el gobierno de España ha decidido no mandar nadie en delegación oficial. Estupideces como la mexicana –con el perdón de los mexicanos– tampoco es una afrenta digna de ruptura de relaciones. Ya pasará. Eso esí, es una muestra de lo que podría estar por venir.
Les deseamos un buen fin de semana.

En este boletín:
•España, ¿refugio o celda para la oposición venezolana?
•Ciberseguridad: el asunto olvidado que compromete la seguridad nacional
•Resuenan “viejos conocidos” para integrar el Directorio de la SAT
•Ojo con las Comisiones
Rafael P. Palomo
•España, ¿refugio o celda para la oposición venezolana?
699 palabras | 3 mins de lectura

Tras 61 días desde el fraude en Venezuela, su presidente electo se encuentra refugiado en España; por protección, o por traición.
Panorama general. El pasado domingo 8 de septiembre, Edmundo González aterrizó en España. El opositor llegaba a la Península Ibérica tras emitirse una orden de captura –en su contra– seis días antes. El régimen de Maduro le acusa de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación para delinquir.
González Urrutia buscó refugio en la embajada de España en Caracas, por motivos que luego se conocerían.
El 7 de septiembre se supo que el excandidato —legítimamente electo— abandonaría Venezuela y se refugiaría en el país que le acogió en su sede diplomática.
El domingo 8 de septiembre, Edmundo González aterrizó en España y fue recibido en La Moncloa por el presidente Pedro Sánchez cuatro días después.
Por qué importa. Un opositor, que derrotó a Maduro en las urnas y que denuncia abiertamente un fraude electoral, abandonó el país sin mayor problema. Esa fue la noticia. Días después se sabría que su exilio tuvo un costo: reconocer, firmando un documento, la legitimidad de la victoria de Maduro. González Urrutia obtuvo un salvoconducto para él y su familia, al precio de abandonar la lucha en Venezuela.
El gobierno de España fue clave en este proceso. Mientras que, para muchos, ofreció una mano para proteger la vida del opositor, para otros fue un actor primordial para ayudar a la dictadura a callar una voz disidente.
Edmundo admitió que firmó el documento bajo coacción del régimen. González recibió la visita de Jorge Rodríguez, presidente del Congreso chavista, y de su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva, el 7 de septiembre en la sede diplomática.
Ahí admitió su derrota a cambio de la posibilidad de abandonar Venezuela, con la ayuda del embajador español Ramón Santos. La lucha por los verdaderos resultados electorales terminó ese día.
Entre líneas. La postura de Pedro Sánchez ha sido escéptica con los resultados presentados por el oficialismo desde el principio. El 31 de julio declaró que, “Para poder reconocer los resultados en Venezuela hay que verificar las actas de todas las mesas”. España nunca reconoció los resultados. Empero, el propio Sánchez reconoció la labor de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien cabildeó para evitar que el Grupo de Puebla se uniera al clamor por transparencia en el proceso de conteo de votos.
Zapatero ha sido denunciado en el pasado por ser un agente de los intereses de Maduro en el extranjero. Así pasó en 2018, cuando se encargó de debilitar las exigencias de la oposición por elecciones libres en los diálogos en República Dominicana.
Así lo denuncia el ex presidente del legislativo venezolano Julio Borges, quien acusa que nadie pidió la mediación de Zapatero. Más bien, le llama una estrategia de “policía bueno y policía malo” entre él y Maduro, para avanzar los intereses del dictador a nivel internacional.
José Luis Rodríguez Zapatero lleva desde 2015 “mediando por frenar la deriva autoritaria” de Venezuela. Una misión diplomática que solamente ha favorecido a los intereses de Nicolás Maduro.
En el radar. A la fecha, Zapatero rechaza calificativos peyorativos contra Maduro, con el fin de mantener la confianza en la relación. Una relación que no ha dado frutos para nadie más que para el dictador. Su postura le ha ganado abucheos de venezolanos que residen en España. De acuerdo con González Urrutia, el expresidente fue “el artífice de promover ese encuentro –con los hermanos Rodríguez–”.
Adicionalmente, la eurodiputada podemita y ex ministra de Igualdad de Pedro Sánchez, Irene Montero, afirmó desde el primer día que “el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente [...] la derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde”.
Si bien la izquierda española fue fundamental para proteger la vida de Edmundo González, también ha sido el principal garante de que Maduro no tenga que preocuparse por la presencia del presidente electo en Venezuela.
Más que un refugio, España es una celda más grande para González y una mordaza para la oposición. La lucha por derrocar la dictadura en Venezuela queda, nuevamente, en manos de María Corina Machado y pocos más.

Los datos y la información se han convertido en el activo más valioso para compañías y los gobiernos a nivel global. Ante esta realidad ineludible, Guatemala se mantiene rezagada, exponiendo al país a una serie de riesgos que comprometen la seguridad nacional.
Panorama general. Aunque existen esfuerzos para fortalecer los sistemas de ciberseguridad en sectores como el financiero y en entidades como la SAT, estos son casos aislados. La ausencia de políticas de Estado y legislación que protejan adecuadamente contra ciberataques convierte a Guatemala en un objetivo atractivo para agencias de inteligencia extranjeras y redes criminales globales en busca de información sensible.
Según un informe de la Asociación de Internet de Guatemala, los ataques cibernéticos han aumentado en un 125 % en los últimos cinco años, afectando a entidades gubernamentales, financieras y a la infraestructura de telecomunicaciones.
En 2022, el Congreso de la República aprobó el decreto 39-2022, que contenía una ley que buscaba penalizar la ciberdelincuencia. Sin embargo –muy cuestionablemente– la ley fue nunca fue enviada al Ejecutivo para sanción.
Actualmente, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6347, que busca aprobar una Ley de Ciberseguridad. No obstante, la posibilidad de que se discuta pronto en la apretada agenda legislativa es desalentadora.
Entre líneas. Las amenazas en ciberseguridad trascienden el ámbito doméstico y se extienden a nivel global. Implementar políticas y sistemas efectivos es un desafío complejo que subraya, aún más, la urgencia de contar con estos mecanismos de protección, donde la cooperación con autoridades internacionales se vuelve indispensable.
El Convenio de Budapest, adoptado en 2001, es el primer tratado internacional que establece un marco común para combatir la ciberdelincuencia, facilita la cooperación global entre países y sirve de referencia para el desarrollo de leyes nacionales sobre delitos informáticos.
“Parte de los requerimientos para formar parte del convenio es contar con una ley de ciberseguridad”, aclaró Luis Cabrera, director de seguridad de la información de BANTRAB y participante en las mesas de discusión de la iniciativa 6347.
“En 2022, Costa Rica sufrió un ataque muy fuerte. La comunidad internacional se organizó y hubo mucho apoyo hacia el país para adquirir las capacidades de defensa necesarias; y eso es algo a lo que no tendríamos acceso si no formamos parte del Convenio de Budapest” agregó.
Por qué importa. A medida que la actividad económica, civil, militar –e incluso las relaciones geopolíticas– aumentan en el ámbito digital y la gestión de datos, emergen actores desestabilizadores y delictivos, nacionales e internacionales, cada vez más sofisticados.
A Guatemala, la ausencia de un marco jurídico no solo ha dejado al país en una posición vulnerable, sino que ha obstaculizado la persecución penal de los ataques cibernéticos.
“Muchas veces hemos llegado hasta los responsables, determinamos quiénes son, se hacen las denuncias, pero no prosperan porque no existe la figura legal para poder perseguir esos ataques” describió Cabrera.
Pablo Barrera, director de servicios de ciberseguridad de ES Consulting, otro desafío para todos los sectores radica en la escasez de conocimiento en temas de ciberseguridad en el país. “Las cortes no están capacitadas para entender este tipo de situaciones. No digamos el Ministerio Público. Existe gente en estas instituciones que ya conoce un poco, pero aún son esfuerzos muy aislados” mencionó.
El balance. Además de los riesgos a la seguridad nacional, la falta de una política de ciberseguridad desalienta la inversión y dificulta la integración de Guatemala en la economía digital global.
“Estamos navegando aguas que no conocemos y eso nos resta competitividad. Estamos viendo el ejemplo de El Salvador, donde ya están levantando centros de datos y haciendo alianzas con empresas grandes. Esto porque existe cierto marco jurídico y voluntad política, mientras que acá estamos tratando de solventar problemas del siglo pasado”, comentó Barrera.
Guatemala necesita aprender de las experiencias de otros países y establecer una estrategia integral de ciberseguridad.
Solo de esta manera se podrá garantizar la seguridad digital de los ciudadanos, las empresas y el Estado, así como la estabilidad del país en un mundo progresivamente más interconectado.
Glenda Sánchez
•Resuenan “viejos conocidos” para integrar el Directorio de la SAT
631 palabras | 3 mins de lectura

Esta semana concluyó la recepción de expedientes de los interesados en integrar el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Ayer, 26 de septiembre, se había programado la revisión de perfiles, pero fue aplazado sin previo aviso; únicamente se dio a conocer ante la insistencia de la prensa por saber los pormenores de la reunión.
El Ministerio de Finanzas (MINFIN) confirmó que hoy se retomará el proceso a las 9:00 horas en las instalaciones de la cartera.
La Postuladora para la elección del Directorio de la SAT recibió la papelería de 36 profesionales (algunos han figurado en el pasado de la institución o en otros procesos a un cargo público) hasta el pasado 23, fecha límite para postularse.
Entre los interesados se encuentran exfuncionarios y trabajadores que buscan la reelección. Además, profesionales que han participado en procesos para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).
En perspectiva. El 23 de agosto se instaló la comisión responsable de elaborar la nómina de seis profesionales que deberá ser entregada al presidente Bernardo Arévalo. Él deberá elegir a los dos miembros del órgano colegiado para el periodo 2024-2028.
Hasta ahora, ha celebrado seis reuniones en el edificio del MINFIN. Los temas analizados en los encuentros son el cronograma de las actividades — que debe actualizarse—, perfil de los candidatos, tabla de gradación, proceso de exclusión, pruebas de descargo, entre otros.
A diferencia de las postuladoras de las Cortes —CSJ y de Apelaciones—, en este proceso, los comisionados prevén realizar exámenes técnicos y entrevistas a los postulantes. Concluyen con una evaluación y presentación del listado de seis candidatos.
La comisión tiene previsto enviar la lista al presidente Arévalo el 18 de octubre. El objetivo es que las nuevas autoridades tomen posesión entre el 2 al 16 de diciembre.
Lo destacado. El 77 % de los candidatos (28) son hombres. Solo el 22 % (8) son mujeres, entre ellas están: Gladys Monterroso Velásquez de Morales, Adriana Estévez Clavería, Marina Morales Chávez de Chuga, Berta Zamora López, Ericka Granados Acevedo, Xiomara Morales Gordillo, Irma Catalina Citalán y Michelle Martínez Arellano.
Francisco A. Monterroso, Juan Pérez López, Alejandro González Portocarrero, Jorge Pineda Granados, Julio Roca Morales, Rudy Pernilla Collado, Ardulio Luis Velásquez, Jorge Dávila Martínez, Abel Cruz Calderón y José Antonio Vielman, son otros de los profesionales que entregaron expediente.
También Paul Francisco Palacios, Hugo Chacón Cabrera, Nolberto de la Rosa Ramírez, Luis Roberto Alvarado, José Mérida Méndez, Carlos Ruiz Prado, Carlos Salvador González de la Cruz y Aníbal Alberto López Urizar.
Estévez busca la reelección, al igual que González Portocarrero. Los dos fueron designados por el expresidente Alejandro Giammattei en noviembre de 2020. Pernilla Collado fue gerente de la SAT (2016). En el caso de Cruz Calderón, fungió como administrador tributario de 2018 a 2020.
Datos. La Comisión de Postulación se instaló con 60 días de anticipación al inicio del plazo para designar a los miembros del Directorio. Es presidida por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menos, quien también funge como vocero.
Los integrantes de la postuladora son: Gerson Anneo Tobar Piral, representante de los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas, Enrique Fernando Sánchez Usera, de los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Deyvis Darío Martínez Salazar, presidente del Colegio de Ciencias Económicas.
Además, César Amaral Tzul Tacan, presidente del Colegio de Contadores Públicos y Mario Antonio Siekavizza Álvarez, presidente del CANG. Siekavizza ha estado ausente en varias de las reuniones de la comisión, según datos de la bitácora de la postuladora.
Las reuniones de la postuladora son públicas. Entre los requisitos de ley que deben cumplir los postulantes de las Ciencias Económicas y de las Ciencias Jurídicas. La base legal para el proceso es el Decreto 37-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT.

La Corte de Constitucionalidad (CC) remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varias acciones legales presentadas contra el proceso de las Comisiones de Postulación de las Cortes. La CC argumentó no tener competencia para conocer los amparos.
Por qué importa. Hasta este jueves a las 18:00 horas, se tenía conocimiento de cuatro acciones legales. Dos de ellas reclaman la lista por consenso que implementó la postuladora de Corte de Apelaciones para completar la nómina, según datos de Guatemala Visible.
Vinicio Racancoj, ponente del primer amparo (01050-2024-01682), indica que no se votó como se debía en la nómina final. “Se elaboró una lista con 74 aspirantes, situación que atenta contra los derechos y las normas legales”, se lee en el documento.
El segundo amparo lo presentó Erick Castillo, representando a varios profesionales. También es contra la comisión de CA. La acción busca que se elaboré una nueva lista de aspirantes y que el Congreso devuelva las listas.
En el tercer amparo se reclama la exclusión de postulantes al no observar el concepto de preferente que establece la Ley del Concejo de la Carrera Judicial (CCJ) y haber dado preferencia a los profesionales externos con notas inferiores. Por la tarde se confirmó un nuevo amparo. La ponente considera “que la lista es arbitraria e ilegítima”.
En varios medios de comunicación se mencionó que las acciones presentadas podrían superar las 30.