PRESENTADO POR MAZDA

¡Buenos días!

Una y otra vez, República ha solicitado documentos e información a la administración, y pocas veces los ha conseguido. Ni hablar de acceso a entrevistas a funcionarios. El patrón es el mismo: darle largas o, simplemente, evitar responder. Esa no es una actitud “de puertas abiertas” y mucho menos, de una administración que dícese de convicción democrática.

Los responsables de las oficinas de acceso a la información le hacen un flaco favor al presidente, Bernardo Arévalo, pues, si no es una política de esta administración, eso parece.

Por su parte, las oficinas de comunicación —desde la Secretaría, hasta las de cada ministerio, entre otras— tampoco solucionan. Se limitan a decir que no son responsables de aquello, de las consultas de acceso a la información.

Como se dice en buen chapín, se tiran la chibolita y nadie responde.

¿Irá a ser este otro de los legados del gobierno de la “nueva primavera”? Sorprende cómo las actuales prácticas son idénticas a las de pasadas administraciones. Más de lo mismo.

Técnicos, no rudos

La conformación del directorio de la Superintendencia de Competencia (SC) en Guatemala se perfila como un momento crucial, por el siniestro derrotero que pudiese tomar. Esa entidad, encargada de —entre otros— prevenir prácticas monopólicas, debe ser un baluarte de imparcialidad y profesionalismo. Para ello, es imperativo que su directorio esté integrado por los mejores cuadros, los candidatos más calificados, y que su elección responda únicamente a mérito, no a intereses políticos o partidistas. 

La SC tiene la delicada tarea de garantizar que los mercados operen de manera justa, sin que nadie compita de forma desleal y, mucho menos, ilegal. Esto requiere un directorio compuesto por profesionales cuya trayectoria esté libre de filiaciones o simpatías político-partidarias; no puede integrarlo, por ejemplo, alguien que financió al actual partido de gobierno, Movimiento Semilla; ello sería un clarísimo conflicto de interés. La independencia es clave: cualquier percepción de sesgo podría erosionar, irremediablemente, la confianza en la institución y comprometer su integridad.  

Asimismo, deben evitarse candidatos que hayan manifestado posturas extremas, ya sea a favor de la estatización o de un liberalismo absoluto, así como aquellos que rechacen un rol mínimo del Estado en la supervisión de la competencia. La Superintendencia necesita mentes equilibradas, capaces de interpretar la ley y analizar con rigor y sin prejuicios ideológicos. 

La historia reciente de Guatemala ofrece lecciones valiosas. La Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), creada con un mandato claro y presumibles buenas intenciones, se desnaturalizó con el tiempo al convertirse en un instrumento de persecución política. Este precedente debe servir de advertencia: no puede permitirse algo similar. ¡Nunca más! 

Si su directorio cae en manos de personas alineadas con agendas políticas o ideológicas, corre el riesgo de perder su propósito y, con ello, su razón de ser. La institucionalidad debe prevalecer sobre cualquier interés, y esto solo se logrará con designaciones basadas en la meritocracia y la idoneidad. 

Las instituciones son tan fuertes como las personas que las integran y dirigen; un directorio débil o comprometido con intereses externos no solo fallará en su misión, sino que generaría —con razón— desconfianza en los sectores productivos y en la ciudadanía. Por el contrario, un directorio sólido, conformado por profesionales íntegros y competentes, será un apoyo para el desarrollo económico. La Superintendencia debe ser un modelo de gobernanza, demostrando que en Guatemala es posible construir instituciones que sirvan al bien común por encima de cualquier coyuntura política.

En este momento definitorio, las autoridades responsables de la selección deben actuar con responsabilidad histórica. Elegir a los mejores —no a los que les conviene—, libres de ataduras políticas e ideológicas, no es solo una necesidad técnica, sino un compromiso con el país.  

Los ojos de todos los guatemaltecos están sobre quienes ahora deben elegir; tan solo una designación sería muestra de lo podría estar por venir. El futuro de la economía nacional no puede estar en juego. 

El pasado 22 de mayo, los gobiernos de Guatemala y EE. UU. firmaron un acuerdo para la modernización de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ). La primera fase del proyecto le costará al país USD 63.8M. Según estimaciones, la obra total podría estar valorada en USD 600M, aunque el dato es incierto.

Por qué importa. El convenio fue suscrito entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef). Al documento, según el artículo 30 de la Constitución de la República, le aplica el criterio de la máxima publicidad de los actos administrativos. 

• Es decir, cualquier persona tiene el derecho a obtener una copia del acuerdo firmado, pues se trata de un expediente en poder del Estado.
  
  

• En la práctica no es así. República solicitó al Mindef una copia del acuerdo suscrito, pero la institución no la entregó. La ocultó.
  
  

• La petición se hizo a través de una solicitud de acceso a la información pública. En ella, se requirió copia del convenio firmado y de la carta de aceptación que aprobaron ambas partes.

Visto y no visto. Sin embargo, Defensa afirmó la inexistencia de la información solicitada. Además, argumentó que no fue ninguno de los documentos solicitados el que se suscribió el pasado 22 de mayo.  

• En este sentido, queda la incertidumbre de qué firmó el país con el cuerpo de ingenieros de EE. UU. No existe claridad de los compromisos y responsabilidades adquiridas.
  
  

• El gobierno lo promociona como “su gran logro”. A la EPQ también se le requirieron los mismos archivos, pero indicaron que no han recibido “oficialmente” el convenio.
  
  

• Añadió que tampoco, como institución, han firmado algún instrumento jurídico relacionado con el tema.

Sí, pero. Al consultarle a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), informaron que, al ser documentos firmados entre homólogos, la solicitud para obtenerlos tenía que ir dirigida al Mindef. 

• República siguió la recomendación, pero no obtuvo respuesta alguna. En el intento por tener acceso a la información, se solicitó el nombre de los acuerdos firmados a la vocera del Mindef.
  
  

• No obstante, respondió que “realizaría las consultas con sus superiores”.

En conclusión. Hasta el cierre de la nota, no se obtuvo la respuesta del Mindef. La intención era conocer los nombres, pero, sobre todo, el contenido de los documentos.  

• Cabe recordar que el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, afirmó frente a periodistas y medios de comunicación, que en su gobierno no se “escudarían” en ese mecanismo, sino que entregarían la información sin tanto trámite. Ni eso han cumplido.
  
  

• La respuesta de la Defensa expone las falencias de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las instituciones del Estado se abstienen de brindar información. Afirman que no se solicita con el “nombre técnico”.
  
  

• Las resoluciones atentan contra la misma ley, pues la normativa no establece ese criterio como fundamento para rechazar una solicitud. 

En los últimos diez años, se duplicaron los casos que ingresaron en las sedes del Organismo Judicial (OJ). Sin embargo, estas no tuvieron el mismo ritmo de crecimiento. Nada alentador para cumplir con una justicia pronta y cumplida.

Por qué importa. La Constitución Política de República establece que el Estado debe garantizar la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona. En el caso de la justicia, pide que sea pronta y cumplida 

• En la última década, las instituciones responsables —Instituto de la Víctima, OJ, MP, IDPP y PGN— realizan esfuerzos para cumplir con ese mandato. Los avances no son tan significativos como los retos.
  
  

• El OJ es el engranaje principal del sistema de justicia. Entre sus falencias está la mora judicial y el hacinamiento en los juzgados. Sin dejar, por un lado —por trivial que parezca—, el mal funcionamiento de los elevadores.
  
  

• Entre 2015 y 2020, por el incremento de casos, algunos jueces optaron por la “prisión provisional”. Una figura muy ilegal. En 2020, por el covid-19, se agilizó la implementación de las audiencias virtuales.

Datos relevantes. En la actualidad, funcionan 762 órganos jurisdiccionales —juzgados y tribunales de todas las ramas— en el país. Es decir, 80 centros más que en 2014 —682 juzgados—. Una de las instituciones con mayor cobertura. 

• A diferencia de las sedes, el crecimiento de ingresos de casos en el OJ se duplicó. En 2014 ingresaron 483 801 y en 2024 los ingresos sumaron 800 257.
  
  

• Los años con más ingresos son 2018 —855 255 procesos— y 2019 —860 024—. En 2020 se marcó una reducción de personal más de 150 000 por la pandemia. Sin embargo, un año después vuelven a subir.
  
  

• En estos diez años, se registra un incremento en las sentencias. En 2014 se reportaron 7793 —1576 absolutorias y 6217 condenatorias— y el año pasado fueron 12 435 —1485 absolutorias y 10 950 condenatorias—. 

Sí, pero. En los últimos años, es evidente la creación de más juzgados y tribunales —especializados y pluripersonales—. Además, se incrementó el presupuesto para funcionamiento, capacitación y otros aspectos. Sin olvidar mecanismos alternos para resolución de conflictos —medicaciones, aceptación de cargos, y otros—. 

• El problema es complejo. Los procesos no son iguales, no tienen el mismo número de sindicados y delitos. Asimismo, los incidentes cambian en cada departamento y la distribución que se asigna, aunque sea equitativa, no tiene la misma complejidad.
  
  

• “Hay casos que requieren una logística muy grande. Inconvenientes en notificaciones, retrasos en los traslados de los sindicados, suspensiones de audiencias […] hay más elementos que complican”, agrega David Casasola, experto del CIEN.
  
  

• El OJ tiene uno de los presupuestos más altos de la cadena de justicia, similar —aunque menor— al del MP. Podría sugerirse que la salida sería incrementarla; más allá de eso, es necesario evaluar el gasto y destino de los recursos.

En conclusión. Urgen estrategias efectivas e integrales en el sistema de justicia. Se deben examinar buenas prácticas y funcionales. Por ejemplo, en Chile, se trabaja en las agendas de los jueces para integrarse en la logística de todas las partes. Es decir, delega la gestión administrativa a otros profesionales.