Nadie sabe para quién trabaja

¡Buenos días! 

Aunque usted no lo crea —con rehusarse a convocar a sesiones y retrasar la resolución respecto a si a los jueces de instancia se les computa como ejercicio profesional de abogado su paso tiempo en la judicatura—, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Anabella Morfín, pone en bandeja de plata que el próximo fiscal general (FG) sea Dimas Jiménez y Jiménez, alfil de Consuelo Porras.  

¿No me cree? Lo invito a leer el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Basado en él, al vencer el período constitucional de Porras —sin que haya una lista de candidatos y el presidente elija— la sustituirá Jiménez al darse la ausencia definitiva de FG, en lo que se elige un nuevo fiscal general. 

La última vez que algo así ocurrió —en 2010, cuando un amparo se trajo abajo el proceso de FG y lo retrotrajo hasta la convocatoria—, para enderezar el entuerto, pasaron varios meses. Entonces, los poderes del Estado estaban alineados y estaba la temida CICIG. Hoy, con la débil posición del presidente, con un Congreso hiperfragmentado, una Corte Suprema de Justicia (CSJ) “balanceada” y un MP que, vamos, es hostil hacia el Ejecutivo, enderezar el entuerto podría tomar años.  

¿No me cree? Le recuerdo que, no en elección de FG, pero sí de CSJ, pasamos 4 años con la misma Corte.  

Todo, porque la presidenta Morfín no convoca a sesionar, poniendo en riesgo el proceso de designación de nuevo fiscal general.  

¡Qué cosas, no! 

Ana González
Más gasto, menos inversión: las cifras del segundo año de Arévalo
527 palabras | 3 minutos de lectura

La ejecución del segundo año del Gobierno de Bernardo Arévalo no dejó ninguna sorpresa; aunque el presupuesto creció y se ejecutó en un porcentaje “aceptable”, los datos muestran problemas en inversión y uso de deuda, según el análisis realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). 

Por qué importa. El presupuesto 2025 fue el más alto hasta ahora, pero su aprobación y ejecución evidencian fallas que siguen sin corregirse.  

• El presupuesto alcanzó GTQ 154 836M, tras varias ampliaciones. Es el segundo monto más alto desde 2004, solo superado en pandemia, lo que refleja un crecimiento acelerado del gasto público. 

• A pesar de ello, la ejecución fue de 90.57 %, por debajo del promedio histórico (93.03 %). Es decir, se gastó mucho, pero con menor eficiencia que en otros gobiernos. 

• Esta semana, el Congreso aprobó un subsidio de GTQ 2000M a los combustibles, una medida que el oficialismo criticó en el pasado, lo que también evidenció su doble discurso frente al gasto público. 

Datos clave. El aumento del gasto no se tradujo en más inversión, sino en transferencias y funcionamiento del Estado. Esto limita el impacto real en crecimiento y desarrollo. 

• El gasto total ejecutado fue de GTQ 137 067M, un 16.7 % más que en 2024. Sin embargo, gran parte se concentró en transferencias, salarios y pagos obligatorios. 

• La inversión pública tuvo una ejecución de 78.18 %, menor al promedio de gobiernos anteriores (86.55 %). Esto implica menos obras y menor impacto directo en la economía, destaca el informe del CIEN. 

• Las transferencias a CODEDES aumentaron en GTQ 4282M (127.9 %), y a municipalidades en GTQ 1658M (14.1 %), sin que haya claridad sobre resultados concretos. 

Voces. El investigador asociado del CIEN, Jorge Lavarreda, advierte rezagos en la ejecución del gasto y riesgos en el uso de deuda para cubrir gastos corrientes: 

• Señala que los gastos de funcionamiento e inversión registraron una ejecución menor al promedio de los últimos cinco gobiernos; la inversión alcanzó 78.18 %, por debajo del 86.55 % en el mismo período, y aunque subió su participación (23.4 % en 2025 vs. 20.1 % en 2024), sigue lejos de la meta de 28.2 % para 2027 del plan de gobierno. 

• Advierte que en 2025 aumentó el financiamiento del gasto corriente con deuda, algo prohibido expresamente por la Ley Orgánica del Presupuesto. 

• Recomienda limitar progresivamente este tipo de financiamiento, abrir un espacio de discusión con compromiso político para abordar problemas estructurales y transparentar los resultados esperados de la administración del presidente Bernardo Arévalo. 

En conclusión. El balance del segundo año de gobierno muestra que el aumento del presupuesto no se traduce en mejoras en la calidad del gasto ni en resultados concretos y mantiene problemas estructurales sin resolver: 

• Más recursos no implican mayor impacto: la baja ejecución en inversión y el peso de transferencias y funcionamiento limitan el crecimiento y la generación de obras visibles. 

• Con poco más de un año por delante, el tiempo para reencauzar el rumbo se agota. Las altas expectativas de quienes respaldaron al oficialismo al inicio de la administración contrastan con resultados todavía limitados, una brecha que cada día es más evidente para la ciudadanía.