Narco: una amenaza existencial

¡Buenos días! 

Desde la pasada campaña, un grupo de candidatos a diputados del entonces Movimiento Semilla vociferaba la torpe consigna: “un futuro sin Cacif”; recientemente, a raíz de una modificación a la normativa de alianzas público-privadas, se revivió la cuestión —la de retirar al sector privado de juntas directivas de entidades estatales—; los hoy diputados —junto a una supuesta intelligentsia denegara y mediática— retomaron aquel “grito de guerra”, enfrentándose así con la línea institucional del Ejecutivo.  

Tanto los diputados, como sus camaradas aprovechan cada oportunidad que tienen para posturear en contra del sector privado, argumentando que sus representantes ocupan espacios de decisión ilegítimamente. Curiosa o sospechosamente, no dicen ni pío respecto de las posiciones de poder a todo nivel, que han ido ganando los representantes del crimen, particularmente del narco. Esos, como que les parecen bien, porque llegan mediante “procesos democráticos”. Se tiene que ser bastante obtuso —o cómplice— para criticar a aquellos y apañar a estos.  

El narco representa una amenaza existencial para frágiles Estados, como el guatemalteco. En México —uno bastante más robusto que el nacional— ya no hay nada que hacer; nosotros todavía estamos a tiempo para prestarle la atención debida y ponerle coto al asalto del Estado por parte del narco.  

Debe ser un esfuerzo de todos; pero, mientras existan obtusos más preocupados con las “sillas” que ocupa el —legítimo— sector privado que con los criminales, la cosa no terminará bien.

México, en días recientes, ha vivido una oleada de protestas que combina malestar juvenil, hartazgo por la violencia y desconfianza hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las recientes movilizaciones —frente al Zócalo capitalino y los bloqueos de carreteras— reflejan la necesidad de válvulas de escape de presión para la sociedad, cuyos problemas no han sido atendidos por la administración.

• Detrás de las consignas contra la presidenta se acumula una percepción de profunda inseguridad económica: salarios insuficientes, costo de vida al alza y un entorno de precariedad y violencia que los manifestantes le imputan directamente a su gobierno.

En perspectiva. Lo que estalló frente al Palacio Nacional se debió a la acumulación de agravios socioeconómicos dentro de la narrativa pública mexicana.

• La inflación acumulada en alimentos, transporte y bienes básicos ha ido erosionando el salario mínimo, mientras nuevos impuestos al consumo —de videojuegos a refrescos— han encendido el malestar juvenil en una economía percibida como extractiva.

• Más de 30 000 homicidios al año y el hallazgo de campos de exterminio de narcotraficantes —con hornos crematorios, restos humanos quemados y fragmentos de huesos— exponen la incapacidad del Estado para frenar la inhumana ola de violencia a través del país.

• Por último, el asesinato del alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre, demostró la vulnerabilidad de las autoridades municipales y, sobre todo, la sensación de indefensión e impunidad a causa de un sistema de justicia inefectivo.

Lo indispensable. Las protestas exponen una tensión creciente entre grupos sociales que exigen respuestas y un gobierno que responde con un discurso indiferente y uso de la fuerza pública.

• El núcleo de la movilización está compuesto por jóvenes que se hacen llamar la “generación Z”, estudiantes y trabajadores que se sienten excluidos de la narrativa de éxito económico del gobierno y demandan soluciones a la inseguridad, los salarios reales y la falta de movilidad social.

• Sheinbaum respondió de inmediato con miopía deliberada, sugiriendo que la protesta es una estrategia manipulativa de la derecha para desestabilizar su gobierno. Su discurso giró alrededor de la narrativa de complot, lo cual reforzó la percepción de que el gobierno prefiere ridiculizar las demandas antes que reconocerlas y actuar en respuesta a ellas.

• La displicente respuesta del gobierno hacia los bloqueos los redujo a intereses políticos y minorías inconformes, evitando reconocer una señal inequívoca de erosión del control territorial. Al encuadrar las carreteras paralizadas como proxys de contiendas políticas y no como una petición de auxilio —del sector que sostiene la logística nacional—, la administración profundizó la percepción de desconexión e indolencia institucional.

Entre líneas. El tablero en que se mueve Sheinbaum empieza a mostrar fisuras simultáneas en su narrativa, estabilidad y gobernabilidad.

• La pérdida de legitimidad de la mandataria en el frente interno, deviniendo en una profunda desconfianza de los canales institucionales, ya que son percibidos como cooptados o ineficaces.

• Debido a ello, la presidenta utilizó la respuesta represiva para encuadrar las protestas como un problema de seguridad, enmascarando la sintomatología de un sistema político incapaz de proteger a sus ciudadanos. 

• Los sondeos internos siguen colocando a Sheinbaum en niveles de aprobación bastante altos. No obstante, el Morning Consult, la misma encuestadora que AMLO utilizó durante años como prueba de su propia legitimidad, muestra una caída hacia el 40 % y un cruce negativo con la desaprobación. La medición externa parece reflejar con mayor precisión el hartazgo y la desconfianza de amplios sectores de la población, revelando que la narrativa de respaldo interno ya no coincide con el sentimiento nacional.

En conclusión. Las protestas dejan a Claudia Sheinbaum marcada como una mandataria más dispuesta a reprimir el síntoma que a enfrentar la raíz narco de la violencia. Su falta de voluntad o incapacidad para confrontar frontalmente al crimen organizado prolonga el vacío de autoridad que había mantenido su mentor político, AMLO.

• Así, el nuevo gobierno no rompe con la ineficacia del sexenio anterior: la hereda, la administra y la disfraza detrás de discursos de complot y operativos de contención.

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La historia apunta a repetirse; tal como ocurrió el año pasado, los diputados se preparan para aprobar el presupuesto nacional en nocturnidad, mientras los guatemaltecos descansan, y ellos se frotan las manos con los miles de millones de quetzales que pronto estarán bajo su control. No es dinero propio, claro está: son impuestos que siguen llegando y deuda que el país aguanta, mientras la excusa oficial se disfraza bajo el lema de “un pueblo digno”.

En la práctica, lo que se cocina en el Congreso es un festín político. Los legisladores no solo hacen cuentas de cuánto les tocará mediante varias ONG creadas a la medida, sino que también ven la oportunidad de comprar voluntades y votos en sus comunidades con el erario. La aprobación del presupuesto se convierte en un “gana y gana” para quienes poco les importa seguir endeudando al país sin que ello signifique inversión real o bienestar para la población. Si pudieran, no tendrían empacho en volver a aumentar sus salarios; al final, el bolsillo del ciudadano aguanta y la vergüenza —que no tienen— pasa.

Ayer, en la sesión de Jefes de Bloque, se aprobó una agenda que excluye la discusión del presupuesto nacional. ¿Qué sí incluyó? El presupuesto del Organismo Legislativo, otro abuso disfrazado de trámite, para mantener una entidad que, más que ayuda, es una carga para los guatemaltecos.

¿Por qué no se agendó el presupuesto general? Porque los diputados, en reunión el lunes por la tarde, estaban ocupados negociando cuánto dinero más asignar a los Consejos de Desarrollo, ese barril sin fondo donde cabe todo: compra de voluntades, proyectos fantasmas y, lo más grave, un mecanismo que también sirve al crimen organizado para lavar dinero. Así lo discutieron en la Comisión de Finanzas: cuánto más para ministros, diputados y alcaldes, todos sacando provecho del sistema.

Bajo el lema de la “nueva primavera”, las nuevas ONG proliferarán como hongos, listas para recibir fondos públicos sin control ni transparencia. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que todo es por el pueblo, cuando en realidad es por los bolsillos de quienes legislan.

Guatemala se enfrenta, una vez más, a la misma historia: un presupuesto convertido en botín político, aprobado en la oscuridad, sin debate real y con consecuencias que pagan todos los guatemaltecos. La deuda crece, la corrupción se fortalece y la esperanza de un Estado eficiente sigue siendo solo eso: esperanza.

Aunque el presupuesto de GTQ 163 783M no estaba en la agenda para la sesión de hoy a las 14:00 horas, se incorporará de manera repentina, tal como ya se tenía previsto. Todo apunta a que se repetirá la historia: aprobar un presupuesto marcado por un alto déficit, un endeudamiento excesivo y asignaciones cuestionadas por corrupción.