Narcos van; narcos vienen

¡Buenos días! 

Todos los Estados latinoamericanos están ya penetrados por el narco, pero por razones geográficas, México y Centroamérica les son muy apetecidos, amén de Colombia y Ecuador. 

Hasta hace relativamente poco, pareciera haber habido un consenso en el que eso —narcos en la política— era algo que se debía impedir y erradicar. Sin embargo, más por plata que por plomo, el narco ha ido “convenciendo” a las élites políticas que, sin arrugarse, les cobijan en sus partidos; precandidatos de alcurnia les abrazan mientras miran para otro lado con tal de candidatear. La ruina moral. 

Lo anterior es, tristemente, una realidad; lo que verdaderamente asusta es cómo el poder hegemónico continental ahora también parece normalizar lo que públicamente dice querer combatir. Sotto voce se especula que lo hacen para tomar el pulso de la política con los actores influyentes (los narcos). Quién sabe sus verdaderas razones. 

Pero lo que definitivamente resultó como un balde de agua fría fue el endorsement que el presidente Trump dio a un candidato a la presidencia en Honduras, al mismo tiempo que anunció el indulto al convicto expresidente narco de ese país, Juan Orlando Hernández. Absolutamente abracadabrante, como desolador. 

Los libertarios abogan por la legalización de las drogas; probablemente tengan razón desde un punto de vista pragmático, pero jamás, deontológico.  

La caída de Alejandro Gertz Manero expuso que el gobierno de AMLO no desmontó las estructuras de corrupción e impunidad heredadas del PRI, sino que las adaptó a su propio proyecto político.  

En perspectiva. Gertz fue el instrumento perfecto para esa continuidad. Nombrado bajo la promesa de “purificar la vida pública”, terminó replicando los mismos vicios que Morena decía combatir, como la justicia selectiva, las persecuciones políticas, los arreglos en la oscuridad y una red de lealtades personales por encima de la ley. 

• Durante el sexenio de AMLO, el fiscal operó con un nivel de autonomía discrecional que recordaba los peores años del priismo.  

• Los casos incómodos nunca avanzaron; los adversarios del gobierno enfrentaron investigaciones fulminantes, y los aliados recibieron trato preferencial. 

• La FGR se convirtió en un brazo político más, disfrazado de combate a la corrupción. 

Cómo funciona. El detonante que ahora lo derriba —el escándalo en torno a Raúl Rocha Cantú, empresario con una red de negocios opacos y vínculos sensibles con operadores de Morena y personajes cercanos al poder presidencial— reveló hasta qué punto la Fiscalía se había convertido en un campo de batalla entre facciones de la 4T. Gertz ordenó su detención, convencido de que tenía margen político para hacerlo, pero el golpe abrió un expediente incómodo.  

• Rocha no era opositor, sino un aliado funcional del sistema, y su arresto amenazaba con exponer relaciones financieras y compromisos internos que la 4T necesitaba mantener fuera del escrutinio público.  

• La reacción fue presión para liberar al empresario, y presión todavía mayor para forzar la salida del fiscal. La narrativa oficial intenta presentar la renuncia como un acuerdo amistoso. 

• Todas las piezas apuntan a un ajuste interno motivado por el temor de que la red de relaciones de Rocha Cantú terminara comprometiendo a figuras clave del proyecto obradorista. 

Entre líneas. Es en este escenario donde Claudia Sheinbaum enfrenta una disyuntiva peligrosa. Por un lado, necesita marcar distancia de un fiscal que encarna la opacidad y el abuso que los votantes más críticos asocian con el viejo régimen. Por otro, debe evitar que esa distancia se interprete como un reconocimiento explícito de que Morena continuó las prácticas corruptas que juró combatir. Su equipo lo sabe, y por eso cada movimiento se ejecuta con una calculada ambigüedad. 

• Las declaraciones de Sheinbaum en los últimos días son un ejemplo claro. Afirma que ofreció una embajada a Gertz como salida institucional, pero nunca explica las razones de su remoción ni su país de destino.  

• No menciona los abusos del fiscal ni reconoce que fue despedido. Por el contrario, presenta su salida como un acuerdo político neutral, cuando todo indica que fue una decisión precipitada ante el temor de un daño mayor al gobierno.  

• Sus portavoces intentan afirmar que no hubo presiones, mientras que figuras como Adán Augusto López se esfuerzan por negar cualquier rol en su destitución, a pesar de haber sido él la figura central que operativizó su destitución.  

Visto y no visto. La estrategia resulta cada vez menos sostenible. La opinión pública percibe el intento de contención y más que evidentes son las inconsistencias, los silencios y los lapsus de la presidenta en torno al tema. La narrativa de que Gertz se fue por voluntad propia se desmorona ante la evidencia de que su caída respondió a una pugna interna entre grupos de poder de Morena y la insistencia en presentar todo como un proceso institucional ordenado únicamente subraya el artificio del relato. 

• Morena enfrenta ahora el mismo dilema que enfrentaron los gobiernos del PRI cuando intentaban renovar su imagen sin reformar sus prácticas. 

• Deben intentar mostrar que se “apartan de la corrupción” sin que eso sea una admisión de la existencia de esa corrupción.  

En conclusión. La delfín de AMLO intenta inaugurar su sexenio con una exigencia de credibilidad que choca con la herencia política que carga. No puede romper con AMLO, pero tampoco puede gobernar con su sombra. Gertz Manero se convirtió en el recordatorio más evidente de esa contradicción.  

• La incógnita es cuánto más podrá sostenerse la narrativa oficial antes de que el propio sistema de alianzas y lealtades internas haga imposible la ilusión de ruptura.  
   

• Si algo dejó claro el caso Gertz-Rocha es que, con Morena, el viejo PRI nunca desapareció: solo cambió de rostro. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha elegido a su presidente desde el pasado 13 de octubre, fecha límite establecida por la Constitución. El cargo lo ocupa —de forma interina— el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz. Asumió ante la falta de consensos entre los 13 magistrados del pleno, para nombrar al sustituto del magistrado Teódulo Cifuentes.  

Por qué importa. Este miércoles 3 de diciembre, está convocado el pleno para elegir al nuevo titular de la CSJ. Lucero Paz sostiene que cuenta con los votos necesarios para continuar al frente de la presidencia. Sin embargo, persisten dudas sobre consensos reales y efectos institucionales, sobre todo en los procesos que se avecinan en 2026. 

• Aunque Lucero Paz insiste en que hay comunicación cordial entre magistrados, reconoce que los consensos son escasos. Ningún candidato formal se ha presentado en las más de siete sesiones extraordinarias convocadas para la elección. 

• Esto evidencia resistencias internas y temores de asumir un puesto con alta presión política. Asimismo, expone la lucha de operadores políticos por controlar la CSJ. 

• Lucero aseguró tener “el aval de doce compañeros”. Aunque admite que la elección ideal sería un voto unánime de los trece magistrados que, hasta el momento, no se ha logrado. 

Visto y no visto. El pleno ordinario de este miércoles será el primero convocado exclusivamente para elegir presidente desde que inició la interinidad. La dinámica será la usual: quienes deseen postularse podrán hacerlo en la sesión. Lucero afirmó que su “experiencia previa” le da solvencia para continuar al frente si obtiene los votos. 

• La elección requiere nueve votos, equivalentes a dos terceras partes del pleno. Para postularse, un magistrado necesita al menos ocho apoyos adicionales. 

• El postulante deberá presentar un plan de trabajo. Por el momento, nadie lo ha hecho: expone la falta de iniciativa o de cálculos internos para alcanzar los votos. 

• Según varios magistrados, se desconoce si existen presiones políticas, pero deja entrever que la dificultad radica en “buscar acercamientos”. El reto está en sumar los nueve votos, el mínimo constitucional. 

Sí, pero. Lucero reconoció que durante estos últimos días se hicieron ejercicios para medir consensos. Aseguró que por ahora no hay candidatos visibles, aunque mantiene confianza en lograr una salida institucional. Es decir, por el momento, es el único magistrado con aspiraciones públicas de dirigir la CSJ. 

• En 2026, la Corte figurará en el proceso del fiscal general del Ministerio Público (MP). También en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).  

• Si no hay consenso este miércoles, la CSJ prolongará el interinato, que podría complicar decisiones claves. 

En conclusión. En la reunión de este miércoles se definirá si la CSJ sale del estancamiento o si la interinidad se extiende. La ausencia de candidatos formales y los cálculos internos elevan el riesgo institucional justo antes de procesos clave en 2026. 

• La elección condiciona el proceso del fiscal del MP y la designación de magistrados de la CC en 2026. Hay muchos intereses en disputa entre los operadores políticos tradicionales y emergentes.  

Este lunes inicia una nueva gestión en el Ministerio de Comunicaciones, encabezada por Norma Zea Osorio, quien asume el reto de dirigir una de las entidades más cuestionadas y estratégicas del país. 

Por qué importa. El primer desafío será agilizar la ejecución presupuestaria, ya que para 2025 se asignaron GTQ 7896M, pero hasta el 27 de noviembre solo se habían ejecutado GTQ 4000M, equivalente al 52.28 %. 

• A esto se suma la obligación de cumplir con una orden judicial para reinstalar a Willson Wyller García Morales, exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei, como director del INSIVUMEH.  

• La nueva titular también deberá enfrentar urgencias administrativas y la influencia de asesores que continúan manipulando nombramientos de mandos medios.  

• El ministerio, debilitado y convulso, es clave para proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, comunicaciones y vivienda. La falta de ejecución compromete obras estratégicas y debilita el crecimiento económico del país y el bienestar general de la población. 

Qué destacar. Hoy se presentará en la Universidad Rafael Landívar el informe final de la visita in loco, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2024. 

• El documento, según los datos preliminares del año anterior, analiza el debilitamiento institucional y la falta de independencia judicial. Entre sus recomendaciones destacan la adopción de políticas públicas para reducir la pobreza y eliminar factores estructurales de discriminación, así como la implementación de mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción.  

• También, urge cesar la criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, y limitar el uso excesivo de la prisión preventiva conforme a estándares internacionales.  

• El informe plantea liberar a personas detenidas por ejercer derechos humanos, realizar una revisión independiente del Ministerio Público y garantizar procesos transparentes de elección de cargos públicos. Además, insta a restablecer la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz y generar condiciones para el retorno seguro de personas exiliadas. 

En el radar. El sábado 6 de diciembre vence el contrato de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, adjudicado en octubre de 2024 a la empresa Distribuidora Bremar por GTQ 32.4M. 

• A más de un año de la adjudicación, se evidencia un grave incumplimiento contractual. Esta situación afectó la imagen del principal recinto deportivo del país y también causó conflictos con entidades como la Federación Nacional de Futbol, ya que la Selección Nacional no pudo disputar sus juegos eliminatorios en este estadio.  

• El proyecto, que establece la instalación de un engramillado híbrido y mejoras técnicas, fue cuestionado desde el inicio por falta de estudios adecuados y otras serias deficiencias que, con el transcurso de los meses, se hicieron evidentes.  

• Por la falta de resultados, se prevé la presentación de denuncias contra la constructora y posiblemente contra autoridades encargadas de las instalaciones deportivas. Además, se solicitaría ejecutar la fianza, equivalente al 10 % del contrato, por un monto superior a GTQ 3M. 

Ecos regionales. El presidente electo en Honduras enfrenta retos críticos: reducir la pobreza que afecta a más del 60 %, controlar la deuda pública del 45 % del PIB y generar empleo formal en un país con 74 % de informalidad. 

• A ello se suman la crisis energética que amenaza la estabilidad económica, atraer inversión, así como luchar contra la penetración del narcotráfico en las esferas públicas y combatir la corrupción.  

• La exoneración del IVA en Nicaragua, anunciada por el régimen de Ortega y Murillo, es una medida aplicable del 19 de diciembre al 2 de enero. Aunque se presenta como apoyo a las familias, busca maquillar la crisis económica y favorecer a sectores afines, sin resolver los problemas estructurales del país.  

• Hay gran expectativa en Panamá tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino de que revelará a inicios de 2026 la decisión final sobre el futuro de la clausurada mina Cobre Panamá. El cierre, que afectó el 5 % del PIB, mantiene al país en tensión por su impacto económico y social.