Narrativa vs. producción e ingresos

¡Buenos días!

Desde la izquierda —socialismo et al— se busca demonizar la capacidad que tiene la actividad productiva para generar empleos e ingresos, restándole campo a la narrativa socialista; no hay tales de lucha de clases. Lo que hay es complemento de actividades y responsabilidades. Si un emprendimiento “se jode”, no se va en contra de los trabajadores, sino contra los empresarios. Eso es algo que a la izquierda del mundo se le olvida mencionar.

La izquierda no solo pretende demonizar la creación de empleo, sino el acercamiento a las comunidades, algo que parece ridículo.

En fin, la izquierda mundial, esa que dice ser favorable a los trabajadores, es la que más dinamita las posibilidades de trabajo formal. ¿Casualidad? No lo creo.

Les deseamos un buen descanso en el fin de semana. 

La Junta Directiva del Colegio de abogados y notarios de Guatemala (CANG) convocó recientemente —con atraso— a elecciones para designar a su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC).   

• Este proceso podría interpretarse como un procedimiento interno más. Pero, refleja disputas por el poder que tiene la universidad en diferentes entidades, donde emite voz y voto.

Por qué importa. La representación del Colegio en el CSU tiene un peso que supera lo académico. Un solo voto puede inclinar decisiones clave, que van desde reformas internas, hasta la participación en comisiones de postulación.  

• Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, explicó que en el proceso “solo participan egresados de la USAC”. Esto limita el padrón y convierte la elección en una actividad altamente focalizada.
  
  

• Aunque el proceso es nacional, en promedio solo votan entre 1800 y 2500 abogados. Una participación baja para un gremio tan numeroso.
  
  

• Los comicios se realizarán el 16 de octubre, con segunda vuelta prevista para el 23, si ningún candidato alcanza mayoría absoluta.

En el radar. El proceso tuvo un retraso que abrió dudas sobre su legitimidad. La convocatoria debía emitirse meses antes, pero la anterior junta directiva del CANG incumplió el plazo legal.  

• Según Peña, las convocatorias “solo pueden publicarse por la junta directiva”, lo que dejó al actual Tribunal Electoral con el reto de corregir ese vacío.
  
  

• El retraso alimenta sospechas en un contexto donde operadores políticos han usado la USAC como plataforma de poder.
  
  

• Expertos señalan que la representación del CANG ha sido utilizada más para fines políticos que académicos o estudiantiles. 

Visto y no visto. La elección del representante del CANG se conecta con otras disputas de poder en la USAC. El CSU ha sido dominado por decanos y exrectores ligados a redes que buscan controlar decisiones clave del Estado.  

• Walter Mazariegos, electo rector en 2022, fue cuestionado por un proceso fraudulento que derivó en la toma del campus por más de un año.
  
  

• Estuardo Gálvez, exrector y operador político, mantiene influencia en decanatos y en parte del CANG. Ambos fueron incluidos en la Lista Engel de EE. UU.
  
  

• Fuentes internas aseguran que dentro del CSU se han otorgado beneficios a catedráticos y se modificaron reglamentos para asegurar apoyos, lo que debilita la autonomía universitaria.

En conclusión. El proceso para elegir al representante del CANG no es un trámite administrativo, sino un espacio donde se disputan muchos intereses. Aunque se trate de un solo voto, incide en reformas, presupuestos y comisiones de postulación que impactan al país.  

• El desafío para el CANG y la USAC es recuperar el sentido académico de la representación ante el CSU. Además, para ambas instituciones, es rescatar el carácter académico y garantizar que el voto no se convierta en instrumento de captura política.
  
  

• Una propuesta del CANG es fiscalizar el desempeño del delegado, evaluar su participación y los votos que emita en las reuniones del Consejo Superior Universitario. 

🎙 En el nuevo episodio de Repúblicast, conversamos con David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Energía; Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; y Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica. Tres voces clave del sector abordan por qué la transmisión eléctrica es un pilar del desarrollo nacional, aunque sigue siendo uno de los eslabones más rezagados, y comparten los principales retos que enfrenta Guatemala para avanzar en esta materia.

👉 Vea el episodio completo en: Youtube o Spotify.

La Primera Convención Financiera y Empresarial será un espacio estratégico para impulsar el fortalecimiento del ecosistema financiero guatemalteco. Este evento está concebido como un punto de encuentro orientado a fomentar el networking, el diálogo colaborativo y la generación de oportunidades de negocio entre los principales actores del entorno financiero y económico.

Qué destacar. Asimismo, la convención se proyecta como una plataforma de alto valor para el intercambio de conocimientos, la creación de alianzas y la promoción de iniciativas conjuntas.

• Uno de sus principales atractivos es la participación de diversos sectores clave: banca, seguros, cooperativas, bolsa de valores, empresas exportadoras, cámaras de comercio e industria, y compañías multinacionales.
  
  

• El encuentro ha sido diseñado para que los principales tomadores de decisiones dialoguen sobre tendencias globales, innovación tecnológica y oportunidades de inversión que definirán el futuro del dinero en Guatemala.

Datos. La convención se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Hotel Intercontinental a las 14:00 horas.

• Regístrese aquí. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) lanzó a inicios de 2025 el Crédito Tob’anik, un programa con un presupuesto inicial de GTQ 500M destinado a financiar a pequeños y medianos productores agrícolas. Sin embargo, a casi cuatro meses de su puesta en marcha, los datos indican que el avance en la colocación del crédito sigue siendo sumamente limitado.  

Qué destacar. Según reportes oficiales, al cierre de agosto, el monto desembolsado a 67 beneficiarios asciende —solamente— a GTQ 6.45M, apenas un 1.3 % del fondo total disponible.

• Esto indica que más del 98 % del presupuesto aún no se ha traducido en apoyo efectivo, pese a que el 84 % de los fondos (casi GTQ 42M) han sido aprobados y asignados a cooperativas de ahorro y crédito para su gestión.
  
  

• Las cooperativas han recibido desembolsos parciales por GTQ 71M, equivalente al 14 % del total aprobado.
  
  

• Sin embargo, la colocación final enfrenta obstáculos. Especialistas apuntan a factores como la temporalidad de la producción agrícola, la poca experiencia crediticia de los beneficiarios y la complejidad de manejar créditos agrícolas dentro de las entidades financieras.

Entre líneas. Fuentes cercanas al proceso resaltan que el programa no está diseñado para todos los agricultores. En particular, los productores de subsistencia con baja capacidad de pago quedan fuera del alcance del crédito, ya que endeudarse en esas condiciones podría ser insostenible. El enfoque está en pequeños y medianos productores comerciales que venden excedentes en el mercado y que, gracias a mayores ingresos, pueden devolver el préstamo.

• El Crédito Tob’anik ofrece una tasa de interés de 10.5 %, considerada competitiva frente a las tasas de más del 20 % que predominan en el sector rural. Esta ventaja busca motivar a los agricultores a integrarse al sistema financiero formal y acceder a un capital que impulse su productividad.
  
  

• La estrategia de canalizar los recursos a través de cooperativas de ahorro y crédito responde a la necesidad de acercar el financiamiento a las comunidades rurales, donde la banca tradicional tiene escasa presencia. Sin embargo, este modelo enfrenta el reto de adaptarse a los ciclos de siembra y cosecha, promover el programa de manera efectiva y generar confianza entre los potenciales beneficiarios.
  
  

• Expertos advierten que el éxito del programa no debe evaluarse de manera inmediata, pues la agricultura depende de factores naturales y económicos que condicionan la decisión de tomar un crédito.

El otro lado. Si bien la estrategia busca apoyar principalmente a pequeños agricultores, que representan casi el 88 % de los beneficiarios actuales, la cifra real de productores atendidos es aún reducida frente a la magnitud del fondo aprobado.

• En cuanto a la cobertura geográfica, departamentos como Chimaltenango, Sololá y Alta Verapaz concentraron la mayoría de los beneficiarios, financiando cultivos diversos como aguacate, maíz, café, papa y hortalizas.
  
  

• Los programas similares en otros países muestran que la aceleración en la colocación requiere tiempo y esfuerzos sostenidos para alcanzar un impacto amplio.
  
  

• Pero la distribución geográfica también muestra que la llegada del crédito a zonas alejadas y más vulnerables aún es limitada y puede ampliarse.

En conclusión. El Crédito Tob’anik es una iniciativa pública para facilitar crédito; su relevancia será medida por resultados y eficiencia en la canalización hacia el sector productivo. El reto principal será superar obstáculos administrativos y financieros, sincronizar los desembolsos con los ciclos agrícolas y acelerar la promoción del programa. 

• La efectividad del programa dependerá de indicadores claros, auditorías a cooperativas y seguimiento cercano por parte del MAGA. Solo así este crédito podrá convertirse en un instrumento real de desarrollo rural y un motor para la seguridad alimentaria del país, más allá de las cifras actuales, que todavía reflejan un impacto limitado. 

En medio de una crisis económica marcada por la paralización de cuatro proyectos mineros clave, la empresa Mayaniquel, S.A. ha sido objeto de ataques por parte de sectores que descalifican sus esfuerzos por acercarse a las comunidades.

Qué destacar. En una publicación del 15 de agosto de 2025, Prensa Comunitaria cuestionó los acercamientos de la minera con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de Panzós, Alta Verapaz. 

• Se presenta esta acción como motivo de “preocupación”, pese a que la empresa busca precisamente trabajar en paz y armonía.
  
  

• La reunión convocada por Mayaniquel en El Estor, Izabal, tenía como objetivo informar a líderes comunitarios sobre la situación legal de la empresa, los empleos que podría generar y los beneficios en infraestructura, salud y educación.
  
  

• Sin embargo, la publicación —basada en testimonios anónimos— descalificó estos esfuerzos, acusando a la empresa de fingir trabajos de mantenimiento y de operar maquinaria sin permiso, sin aportar pruebas verificables.

Fisgón histórico. La empresa suspendió sus operaciones en 2022 tras una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., la cual fue retirada en enero de 2024.  

• Desde entonces, ha buscado reactivar sus actividades, pese a la moratoria de hecho que impulsan algunos sectores del gobierno.
  
  

• A pesar de estos obstáculos, Mayaniquel continúa apostando por el diálogo con las comunidades, especialmente en municipios como Panzós.
  
  

• En este municipio el empleo formal es escaso y la agricultura enfrenta desafíos climáticos y económicos, contrario a la minería que ofrece altos ingresos.

Punto de fricción. El titular de Prensa Comunitaria —“Minera busca respaldo de Cocodes de Panzós, lo que genera preocupación en varias comunidades”— deja entrever una postura ideológica que convierte el acercamiento comunitario en algo cuestionable.  

• En realidad, trabajar con los COCODE ha sido una estrategia constante de la empresa para garantizar transparencia, participación y desarrollo local.
  
  

• En lugar de promover ingobernabilidad, como insinúa la publicación, Mayaniquel busca construir consensos y generar oportunidades reales para las comunidades.

Por qué importa. La reactivación escalonada de los cuatro proyectos mineros hacia 2027 podría representar un impacto económico equivalente al 5.5 % del PIB, con una huella estimada en GTQ 47 375M.  

• Además, el sector minero ofrece salarios promedio de GTQ 8500 mensuales, muy por encima del mínimo legal, lo que representa una mejora significativa en la calidad de vida de las familias guatemaltecas.
  
  

• La falta de certeza jurídica, la ausencia de una reglamentación clara del Convenio 169 de la OIT y la desinformación han generado resistencia social y política que obstaculiza el desarrollo.
  
  

• Por ello, el sector impulsa el Diálogo Minero, una iniciativa que busca generar consensos, revisar políticas públicas y fortalecer la fiscalización ambiental. También propone una Política Minera de largo plazo y mayor transparencia institucional.

En conclusión. Mientras miles de guatemaltecos siguen afectados por el desempleo y la informalidad, publicaciones como las de Prensa Comunitaria atacan incluso la posibilidad de generar empleo digno.  

• En lugar de promover el desarrollo, alimentan la polarización y el estancamiento.
  
  

• La minería, bien regulada y con participación comunitaria, puede ser una herramienta poderosa para reactivar la economía nacional y mejorar las condiciones de vida en las regiones más vulnerables.