Narrativa vs. realidad

¡Buenos días! 

Los funcionarios tienen responsabilidad por sus actos por 20 años, así lo dispone la Constitución. Aunque sea solo por ello, su actuar debe estar enmarcado estrictamente en lo dispuesto en aquella y en las leyes. Sin embargo, resulta que —aunque sea por omisión— incurren en responsabilidad respecto de los actos que ocurren en sus dependencias.

Pensando bien, eso es lo que le pudo haber ocurrido al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Bajo su responsabilidad, ocurrieron irregularidades que, bajo el “régimen del terror” de CICIG ya le hubiese acarreado cárcel. Claro, ahora, desvía la atención y se lava las manos. Sin embargo, es responsable, quiera o no.

El victimismo es el santo y seña de este gobierno; cansino discurso y pobre forma de ser. A dos años, casi, de haber asumido, es ridículo decir que no han podido.  

En La Ronda de ayer, el presidente, Bernardo Arévalo, y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, criticaron la investigación periodística  La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Semilla, realizada por  República. 

Intentaron desacreditar —atacar de falsos— los datos presentados en el reportaje, pero lejos de ofrecer información correcta, seleccionaron solo lo que les convenía para engañar a los guatemaltecos: esquivaron los hechos documentados, los descontextualizaron y omitieron deliberadamente las cifras y expedientes que los contradicen.  Mintieron diciendo que no se les contactó, pese a que se le llamó a su teléfono personal, y hasta  hoy no han aceptado nuestra propuesta de entrevista para responder, uno por uno, los señalamientos.  

A continuación,  se exponen las  mentiras y omisiones  de  Jonathan  Menkos, con datos que cualquier ciudadano puede verificar directamente en el portal del RGAE y en  Guatecompras:  

1.  Menkos:  República afirmó que las empresas fueron constituidas en el Registro Mercantil durante este Gobierno.   

• ¡Falso! Lo que la investigación develó es que algunas —no todas— se crearon justo al pasar Semilla a segunda vuelta. En el texto se exponen las fechas de constitución, que van desde el 2007 hasta el 2023. 

• Lo que sí  es verificable —y Menkos omite—, es que desde que él y José Monzón asumieron, una buena parte de ellas  obtuvo  un exponencial —e inexplicable— aumento en su RGAE  para contratar con el Estado.  Algo que ni el mismo José Monzón pudo justificar con claridad en su citación ante la bancada VOS, el 10 de noviembre en el Congreso.

• Si Menkos  quiere presentar los hechos ante la población, debe publicar el listado completo de sociedades  vinculadas a  La casa de  chocobananos y la cronología completa  de modificaciones al  precalificado  de cada una de ellas.   

2.   Menkos:  República  afirma  que es ilegal  que varias empresas tengan la misma dirección.   

• ¡Falso!  La investigación nunca afirma aquello; la ley no prohíbe compartir dirección.  Lo relevante es el patrón: mismo domicilio (4.ª calle 8-26, zona 2), notario y contadores repetidos, constituciones aceleradas y aumentos de  RGAE, seguido de adjudicaciones con competencia simulada.  ¿Coincidencia? No, es corrupción, que intentó encubrir el ministro.

• Además, admitir que “el  RGAE no verifica físicamente” no exime el control documental, ni la obligación de auditar domicilios anómalos cuando hay indicios múltiples.

3.  Menkos: hay información imprecisa y tendenciosa sobre De la Peña S. A. El incremento de capacidad no ocurrió en este gobierno y el monto de capacidad económica no equivale a adjudicaciones.  

• ¡Falso!  República  no confunde la capacidad económica con adjudicaciones. Sí, hubo incrementos. Los datos del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y de  Guatecompras  evidencian que De la Peña S. A. aumentó su Capacidad Económica Anual de GTQ 44M a GTQ 174M en 2024. 

• Negar la relación directa entre su administración y el exponencial aumento en el RGAE es pretender desviar la atención sobre una seria anomalía.

4.  Menkos: la actual  precalificación  de Castañón González es solamente para compras directas.  

• ¡Falso!  Guatecompras  demuestra que el contratista duplicó su  capacidad económica  de GTQ 6M a GTQ 12M en 2024. Ha recibido más de GTQ 10M en adjudicaciones  de la administración de Arévalo, incluso en eventos donde participaron  coludidas  empresas del mismo domicilio fiscal. 

5.  Menkos: en esta administración solamente se le han adjudicado GTQ 85.4M a las empresas de  La casa de  chocobananos, el 87.1 % fue en portuarias y el Ejecutivo votó en contra.

• ¡Falso!  Menkos  reduce arbitrariamente el universo de adjudicaciones cuestionadas por  República  y, además, pretende excluir lo adjudicado en empresas  portuarias como si no fueran entidades del Estado sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado. Con  Instalaciones Portuarias de Guatemala, S.A. solamente, los montos rozaron GTQ 84.8M  en 2025; si se suman los demás eventos, se supera con holgura  GTQ 140M en 2024–2025.

• Las portuarias no están fuera del escrutinio, y los presidentes de junta directiva son nombrados por el presidente de la República.  En el caso de los eventos cuestionados por  República en  EMPORNAC, el presidente de la junta directiva —De la Peña— votó a favor de mantener la adjudicación del sistema de vigilancia biométrica.

El ministro solo abordó los casos de De la Peña S. A. y de Neftalí Isaías Castañón González. Encubrió deliberadamente a las demás sociedades señaladas en la investigación, como  ALIFERR S. A., Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A., Golden Gate S. A., J&E Construcciones S. A. o Construcciones Expansivas S. A. Todas comparten el mismo domicilio, representantes o vínculos contables.   

La omisión selectiva denota una narrativa, parcial e incompleta, frente al conjunto de irregularidades documentadas. Eso sí, denota, también, una defensa oficiosa de una empresa: De la Peña S. A., así como a Castañón González. Las excusas que presentó solo pretenden desviar la atención de los errores que pasaron bajo su responsabilidad.  

La alianza impulsada por el oficialismo durante la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027 se pondrá a prueba hoy, cuando el pleno conozca y discuta el veto presidencial a las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La sesión será clave para medir la cohesión y fortaleza de los acuerdos políticos que permitieron la conformación de la nueva directiva legislativa, encabezada por Luis Contreras, respaldada por más de 140 diputados.

En el orden del día figura la decisión sobre si se acepta o rechaza el veto del Ejecutivo, para lo cual se necesitan 107 votos. El Ejecutivo argumenta que el decreto aprobado por el Congreso contraviene el artículo 2 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el bienestar de los habitantes. Según su análisis, la reforma al artículo 8 de la ley ambiental altera el espíritu original de la norma, ya que limita la exigencia de estudios de impacto ambiental únicamente a obras o industrias de carácter comercial, dejando fuera, otras actividades que también podrían generar daños al entorno natural.

La Presidencia advierte que esta modificación restringe la aplicación de la ley y genera incertidumbre jurídica respecto a los sujetos obligados a realizar dichos estudios. Además, al no establecer criterios objetivos de distinción entre los distintos tipos de actividades, la reforma podría debilitar el régimen de sanciones penales y administrativas en materia ambiental, dificultando la aplicación efectiva de la legislación y afectando la capacidad del Estado para garantizar la protección del medioambiente.

De esa cuenta, el resultado de la votación no solo definirá el futuro de las reformas, sino que también será un termómetro político del nivel de respaldo que conserva el oficialismo en el Congreso. La victoria de Contreras al frente de la Junta Directiva fue atribuida a una alianza de bloques que incluyó figuras como Julio López Escobar, hijo del exdiputado Julio López —señalado en el caso Plazas Fantasma—, y sobrino del operador Roberto López Villatoro.

La cohesión de esa alianza se pondrá a prueba justo antes del debate más relevante del año: el presupuesto general 2026, cuyo dictamen favorable se espera esta semana por parte de la Comisión de Finanzas, presidida por Julio Héctor Estrada, de Cabal.

Si el Congreso no aprueba el nuevo presupuesto antes del 30 de noviembre, seguirá vigente el actual.

Postuladora para TSE 

La agenda legislativa incluye, además, la convocatoria a la comisión de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben asumir el 20 de marzo de 2026.

Esta será la primera de varias designaciones clave previstas para ese año, ya que también se deberá integrar la postuladora para la elección del fiscal general, cuyo nuevo titular debe tomar posesión el 17 de mayo del próximo año.

Guatemala dio un paso importante para atender las exigencias del gobierno de Estados Unidos en materia de comercio y gobernanza económica, con la presentación de una iniciativa de ley que busca agilizar la devolución de impuestos, y el anuncio de una reforma integral a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

La devolución de impuestos fue identificada por EE. UU. como una barrera no arancelaria que afecta el comercio bilateral. En respuesta, el Ministerio de Finanzas Públicas presentó ayer al Congreso de la República, una propuesta legislativa que busca establecer un procedimiento único, estandarizado y eficiente para atender las solicitudes de devolución. Esta medida responde a compromisos internacionales, y también atiende una necesidad estructural interna que el gobierno de Bernardo Arévalo ha asumido como prioridad.

En la actualidad, muchos contribuyentes deben solicitar reembolsos por pagos en exceso o por transacciones con actores exentos de impuestos. Entre 2024 y 2025, el gobierno devolvió GTQ 1228.5M, aunque aún está pendiente el pago de GTQ 750M, que espera cubrir antes de finalizar el año. La iniciativa, que consta de diez artículos, busca garantizar el principio de igualdad establecido en la Constitución, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la transparencia institucional.

Según el ministro Jonathan Menkos, esta medida permitirá liberar recursos financieros que podrán destinarse a inversión, generación de empleo y dinamización del comercio.

En paralelo, el funcionario anunció la próxima presentación de una propuesta de reforma integral a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, vigente desde 1992 y considerada desfasada. La nueva normativa fue trabajada desde diciembre de 2024 con apoyo de entidades nacionales e internacionales, y propone la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Este sistema permitirá adquirir bienes y servicios de forma más ágil, transparente y eficiente, promoviendo el desarrollo y la protección de derechos, según el Gobierno. La reforma busca ampliar la pluralidad de proveedores, implementar procesos estandarizados y fomentar la contratación electrónica. La propuesta incluye siete títulos, 23 capítulos y más de 200 artículos.

En las próximas semanas, esta iniciativa será entregada al Congreso y socializada con diversos sectores, incluyendo medios de comunicación, cámaras empresariales y organizaciones civiles, con el objetivo de iniciar un debate legislativo amplio y participativo.

Sobre ambas propuestas —sobre todo la de compras del Estado—, se avizora una amplia discusión en el Congreso de la República porque afecta todo el sistema de adquisiciones del sector público.

Durante la conferencia semanal del Gobierno, conocida como la Ronda, se anunciaron las dos iniciativas clave y también se informó sobre la reunión del presidente con la misión de la OEA y su visita a SEGEPLAN. Esta semana, el mandatario sostendrá encuentros con autoridades indígenas, visitará el Comando Naval del Pacífico y se reunirá con la duquesa de Edimburgo, Sofía Helen Rhys-Jones.