Neto Bran gasta sin control

¡Buenos días!

La corrupción sigue siendo, en la región, un flagelo sin control. Aunque en el gobierno central pueda estar haciendo esfuerzos para limitarla o erradicarla, las instituciones de justicia poco hacen para castigarla.

Si a ello se agrega que a nivel local (municipalidades y consejos de desarrollo) la cosa va viento en popa, en términos reales, la población no percibe cambio alguno.

No tiene que tratarse de “mega casos” como los del gobierno pasado; en compras directas —baja cuantía— se pueden alcanzar, de poco en poco, montos importantes. El caso B410 develado por la SAT da cuenta de ello.

Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas está inmóvil e inservible.

Como todos los viernes, les recomendamos contenido de otros boletines; hoy les compartimos la reseña del libro: Lithium, The Global Race for Battery Dominance and the New Energy Revolution, del autor Lukasz Bednarski, publicada en República Empresa. Los animamos a suscribirse a todos nuestros boletines.

Feliz fin de semana laboral. 

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En este boletín:

•La falsa reducción de homicidios de Sheinbaum

•Mixco compró tecnología ocho veces más cara

•Riesgos por retrasos en toma de posesión en el CANG

•Competencia por la Competencia

Rafael P. Palomo
La falsa reducción de homicidios de Sheinbaum
508 palabras | 2 mins de lectura

Los homicidios en México bajan, pero los desaparecidos suben; un intento por maquillar la realidad violenta del país.

Por qué importa. Claudia Sheinbaum se ha enfocado fuertemente en resaltar sus logros en materia de seguridad. En sus conferencias matutinas, la presidenta se jacta de haber reducido los homicidios desde septiembre de 2024, valorando, además, el trabajo de su predecesor.  

• De acuerdo con la presidenta, en lo que va de su sexenio, se ha reducido en un 15 % el número de homicidios dolosos diarios.
  
  

• Destacando el trabajo de AMLO —y sumándose a su “Cuarta Transformación” (4T)—, Sheinbaum también ha destacado que, desde febrero de 2019 a febrero de 2025, la reducción es de hasta un 26 %.
  
  

• Empero, Sheinbaum ignora las desapariciones, que, en la mayoría de las ocasiones, son homicidios no confirmados. 

Visto y no visto. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional realizó un operativo en Teuchitlán, Jalisco, en el Rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el CJNG. El operativo ocasionó la captura de 10 personas y la liberación de dos víctimas secuestradas dentro del inmueble.  

• En marzo de 2025, el colectivo “Guerreros Buscadores” efectuó una búsqueda en la propiedad, revelando restos humanos calcinados, objetos personales y crematorios clandestinos que el gobierno ignoró.
  
  

• Los hallazgos revelaron que el rancho era un centro de entrenamiento para reclutas forzados, tortura y exterminio. Coloquialmente, se le ha denominado el “Auschwitz mexicano”.
  
  

• La organización de familiares de desaparecidos reveló mucho más que lo que hizo público el gobierno mexicano, exponiendo una realidad incómoda para Sheinbaum.  

Datos clave. La presidenta reaccionó —a regañadientes—, comentando que investigar el caso será su prioridad y que aclarará el tema el próximo 25 de marzo. Si bien los datos de homicidios dolosos han disminuido, la cifra de “personas desaparecidas no localizadas” se ha disparado desde el sexenio de AMLO a la fecha.  

• Desde que está en el poder, las desapariciones diarias han incrementado en un 11 %.
  
  

• En seis años se han reducido los homicidios dolosos en un 26 %; el promedio de desapariciones en el mismo periodo se ha disparado en un 85 %.
  
  

• Adicionalmente, desde 2018 (el último año antes de la 4T), las desapariciones han incrementado en un alarmante 128 %.   

Balance. La guerra interna del cártel de Sinaloa ha ayudado a reducir los homicidios; no obstante, dicha riña está abriendo las puertas al fortalecimiento del CJNG. Mientras tanto, la presidenta enfrenta las sospechas levantadas por el presidente Trump, de que su gobierno está coludido con el narco.  

• En El Salvador, durante los tiempos de la tregua del gobierno con las pandillas, se reportaban reducciones temporales de homicidios, ocultando las desapariciones, para dar una falsa sensación de seguridad.
  
  

• La tregua maquilló la realidad, y permitió la reestructuración y fortalecimiento de las pandillas. Aunque no hay evidencia clara de un pacto equivalente en México, se replica, al menos, la táctica de maquillar los datos.
  
  

• Ni el sexenio anterior, ni el presente, han contenido al narco y las desapariciones lo evidencian; mientras tanto, el CJNG sigue en ascendencia, cuando menos, con la complacencia del gobierno.

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Gérman Gómez
Mixco compró tecnología ocho veces más cara
482 palabras | 2 mins de lectura

La comuna mixqueña, dirigida por Neto Bran, reporta varios gastos de tecnología en Guatecompras. Sin embargo, resalta la adquisición de un certificado SSL (Secure Sockets Layer) tipo Wildcard, con vigencia de un año. Este es un protocolo de cifrado entre servidor y navegador web.

Por qué importa. El precio de la oferta elegida cuadriplica lo que otras entidades pagaron por un periodo igual. La sobrevaloración de los productos no es una práctica nueva; empleada en varias entidades del Gobierno. Y las municipalidades no son la excepción.  

• El certificado adquirido por Mixco costó GTQ 25 000. El SSL sería empleado en la página web de la municipalidad.
  
  

• La finalidad era cifrar la información y brindarle seguridad digital a los vecinos que usaran el portal. Las otras dos alternativas eran de GTQ 25 700 y GTQ 25 800.
  
  

• La comuna las rechazó. Argumentó que “sobrepasan el presupuesto y no favorecen a los intereses municipales”. Las tres opciones cumplieron el 100 % de los requisitos técnicos. 

Visto y no visto. En el mercado el precio del SSL adquirido no supera los GTQ 3000. Es decir, hay sobrevaloración del 800 %. Expertos consultados indicaron que existen servicios más económicos. En su defecto, hay versiones gratuitas.  

• Otras dependencias del Estado también compraron certificados SSL. Según el portal de Guatecompras, la primera adquisición fue en febrero de 2007. A la fecha se reportan 65.
  
  

• Los requerimientos, en algunos casos, son iguales. Las diferencias radican en la duración: uno o dos años. Este es el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
  
  

• Ambas instituciones adquirieron, por menor costo, el protocolo SSL para 24 meses. Las compras fueron en 2024. La cartera pagó GTQ 12 999, mientras el Instituto GTQ 15 985. 

Entre líneas. La Inspección General de Cooperativas (INGECOP) desembolsó por el mismo servicio GTQ 20 700. La institución, de las dos ofertas presentadas, eligió la más barata. El otro SSL costaba GTQ 88 980. Mixco también adquirió 18 líneas telefónicas para celulares del personal administrativo. 

• La comuna desembolsó GTQ 157 140 por el servicio. Eligió la opción más cara de las dos presentadas. La otra costaba GTQ 98 820 y quedó fuera del concurso, pues la municipalidad afirmó que no cumplió con los requisitos. Sin embargo, la convocatoria no los especificaba.
  
  

• La impresión de afiches y folletos es otro gasto recurrente. En lo que va del 2025, hay registrados 31 eventos en Guatecompras por un total de GTQ 656 500.
  
  

• Se utilizan para promover actividades e informar sobre trámites, según la municipalidad. También resalta el pago de publicidad en periódicos locales. 

En conclusión. Guatecompras carece de controles que permitan identificar la sobrevaloración de los productos y servicios. Todo queda a discreción del ente comprador. En este caso, las alcaldías, cuyas gestiones las realizan unidades de compra. Las juntas de licitación y cotización no son la excepción. 

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Glenda Sánchez
Riesgos por retrasos en toma de posesión en el CANG
549 palabras | 2 mins de lectura

En otros tiempos, la elección y toma de posesión de los directivos del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) —Junta Directiva (JD), Tribunal de Honor (TH) y Comité Asesor de Inversiones—, pasarían desapercibidos.

Por qué importa. Sin embargo, la participación que tienen en los procesos de postulación —MP, CC, TSE— y la elección del rector de la USAC han incrementado su relevancia. Al punto de colocarlos en el ojo del huracán social y político. 

• La última elección para el cambio de directivas tomó mayor interés por la responsabilidad que tienen los profesionales en la postuladora para elegir la lista de los candidatos al MP.
  
  

• Después de inconvenientes —previos y durante las votaciones— en la primera y segunda vuelta, finalmente se eligieron las nuevas autoridades: Patricia Gámez, presidenta de la JD y Alicia del Carmen Franco Flores, presidenta del TH.
  
  

• Todo apuntaba a que tomarían posesión el 20 de marzo. No se llevó a cabo. Gámez se presentó en la sede del CANG, estaba cerrado.  Manifestó que, aunque se resistan a dejar los cargos, su equipo asumirá. “No es necesario un acto protocolario para tomar posesión”, enfatizó.  

Qué destacar. Cinco días después de la segunda vuelta, Diego Ricardo Sagastume Vidaurre, excandidato para la presidencia del TH, por la planilla “Salvemos al CANG”, presentó una apelación por inconsistencias en la convocatoria y conteo de votos en varias mesas electorales.  

• En sus redes sociales, compartió documentos y avances de la acción. En ese mismo espacio, resaltó y reiteró: “que dicha apelación causa efectos suspensivos, es decir, que, hasta no esté firme, no puede darse posesión a ningún cargo”. Argumentó su postura en el expediente 3906-2017 —18 de enero de 2018—.
  
  

• Un día antes de que venciera el plazo para que las nuevas autoridades asumieran, los integrantes de la JD saliente consideraron abstenerse de realizar las diligencias de transición.
  
  

• Sin embargo, ayer por la tarde, una Sala de Apelaciones otorgó un amparo en el que le ordenó a la JD saliente, entregar el cargo y darle posesión a la nueva y abstenerse de cualquier obstaculización.  

Voces. Los profesionales afirmaron que la apelación —se debe analizar en la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales (APCOP)— “es espuria y con artimaña”.  Coincidieron en que su objetivo es dilatar de manera intencional el cambio de autoridades y que la JD saliente se prolongue en los cargos.  

• Ovidio Orellana, expresidente del CANG, explicó que le corresponde a la APCOP conocer y resolver la apelación. Confirmó la posibilidad de que se alargue el proceso para conocer y resolver la apelación.
  
  

• “El mayor riesgo es que declaren con lugar, con ello dejen sin efecto las elecciones realizadas. Las autoridades electas tienen la posibilidad de discutir legalmente los asuntos y hacer ver las arbitrariedades. Además, buscar pacífica y legalmente asumir los cargos”, aseveró Orellana.
  
  

• Sagastume manifestó que busca evidenciar que el trámite se hizo mal. “No importa quién ganó, el proceso está mal, hay que corregirlo. De nosotros haber ganado en segunda vuelta, también se hubiera hecho”, agregó.  

En conclusión. Los procesos legales deben respetarse; en Guatemala toma importancia cuando hay interés más allá de la naturaleza del evento.  Ahora solo queda esperar que se cumplan los plazos, se resuelva la apelación, asuman las autoridades electas y que se respete la decisión de los más de 17 000 agremiados.  

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