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No es lo mismo verla venir... que tener que liberar los bloqueos

¡Buenos días!
Resuena en el ambiente cómo el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, la plana completa del Movimiento Semilla —y los corifeos de siempre, hoy muchos contratados en el Gobierno—, alabaron los bloqueos de calles y carreteras, que causaron miles de millones en pérdidas, pero también afectaron salud y, quien sabe, vidas humanas. Entonces eran buenos, pues lo hacían “por la democracia”.
Ahora, los bloqueos y las protestas —como cuando los vecinos de la Bethania, que también “defendieron la democracia”, pero luego protestaron contra el seguro vehicular obligatorio—, son malas y antidemocráticas.
Ni unas ni otras deben ser permitidas. Cuando se conculcan los derechos fundamentales, los derechos individuales, no hay protesta válida. Todas deben ser dispersadas para permitir el legítimo ejercicio de los derechos de todos.
Eso es algo que escapa de las confusas mentes de los “izquierdamente” sesgados. Para ellos, siempre, siempre, el fin justifica los medios. Y no es así la cosa.
Los bloqueos de los extorsivos sindicalistas siempre han sido nefastos, pero es hasta ahora que la izquierda —en el gobierno— les critica. Así son de coherentes.
Hoy les recomendamos leer: Menor dinamismo externo pasa factura, un hilo publicado en el boletín de República empresa. Confiamos que será de su interés.

Ana González
Semilla y Raíces: dos rutas del oficialismo frente a un Congreso estancado
556 palabras | 2 minutos de lectura

El oficialismo atraviesa una reconfiguración interna con dos liderazgos visibles en el Congreso de la República. Aunque ambos grupos aseguran respaldar al gobierno de Bernardo Arévalo, los caminos que han tomado son distintos. ¿Qué impacto puede tener esta dinámica en el segundo período ordinario, marcado por la discusión del presupuesto 2026 y la elección de la Junta Directiva?
Por qué importa. La situación interna de [los diputados electos por] el partido Movimiento Semilla se desarrolla en un Congreso marcado por la fragmentación, donde construir consensos es un desafío constante. Aunque persiste un acuerdo político de apoyo al Ejecutivo, la existencia de dos liderazgos podría generar tensiones adicionales.
El grupo encabezado por el diputado Samuel Pérez, conformado por 14 legisladores, asegura seguir alineado con el Ejecutivo, a pesar de estar en proceso de conformar un nuevo partido político: Raíces. Pérez se continúa presentando como jefe de bloque, tal como muestra en su cuenta en X.
No obstante, el otro grupo, integrado por nueve congresistas, reconoce como jefe de bloque a José Carlos Sanabria y se mantiene identificado con Semilla; ambos grupos operan como independientes debido a la suspensión legal del partido.
El diputado Raúl Barrera, cercano a Sanabria, subraya que ambos grupos sostienen un acuerdo político para respaldar la agenda del gobierno en el Congreso, a pesar de sus diferencias partidarias.
En el radar. Mientras una facción impulsa la consolidación del nuevo partido —Raíces—, la otra permanece firme en la defensa de la vigencia de Semilla como partido político legítimo. Esta coexistencia de posturas distintas añade complejidad al panorama político dentro del oficialismo y genera incertidumbre sobre su capacidad para actuar como grupo cohesionado en el Congreso.
Sanabria, quien asesoró a Arévalo cuando fue diputado, lidera al grupo “original” y reiteró en un pódcast su compromiso de mantener la lucha legal para recuperar la personería jurídica del partido. “La esperanza para recuperar Semilla la perderán hasta que el árbitro diga que se acabó”, afirmó con determinación.
El legislador también señaló que la decisión de conformar Raíces tomó por sorpresa a varios miembros, pues no hubo un consenso amplio en las bases del movimiento para esa ruptura.
Pese a las diferencias partidarias, su grupo asegura que la prioridad sigue siendo apoyar al Ejecutivo para lograr avances legislativos, antes que enfocarse en candidaturas futuras o divisiones internas.
Lo que sigue. El reto inmediato será mantener la cohesión operativa en el Congreso, especialmente ante discusiones clave como el presupuesto 2026 y la elección de la nueva Junta Directiva. La unidad táctica será puesta a prueba.
Sanabria ha asumido funciones como operador político dentro del Legislativo, buscando articular alianzas que viabilicen la agenda del Ejecutivo.
“Queremos tener el mejor gobierno de los últimos años”, declaró, en referencia a su compromiso con la continuidad del proyecto presidencial.
En conclusión. La existencia de dos grupos con lealtades e intereses distintos —aunque ambos expresen respaldo al Ejecutivo—, pone en duda la solidez, si es que alguna, del proyecto político que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
Con una agenda legislativa exigente, como el presupuesto 2026, la elección de Junta Directiva, la elección de magistrados del TSE, y designación de magistrados titular y suplente para la CC, entre otros, esta división podría traducirse en una pérdida de capacidad de negociación y abrir espacio para que otros actores políticos aprovechen la incertidumbre.

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Como un elemento de cultura general, pedigüeñería es la única palabra en el español que reúne en sí misma los cuatro firuletes característicos que se emplean en la escritura del idioma: la diéresis, la virgulilla, la tilde y el punto sobre la letra i. Sin embargo, el haber escogido este título para la columna va un poco más allá de la curiosidad lingüística.
Reuniendo y contrastando varias fuentes, la definición que más me gusta de pedigüeñería se lee a continuación: la cualidad o estado de ser pedigüeño, es decir, alguien que pide con frecuencia y a veces de forma insistente o molesta. En esencia, describe la actitud o el comportamiento de una persona que tiende a solicitar cosas de manera reiterada y, potencialmente, inoportuna.
Y este grupo de ideas es el que quiero usar de referencia para reflexionar respecto de la presentación que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas sobre los techos presupuestarios definitivos para el ejercicio fiscal 2026. El monto que se solicitará que sea aprobado por el Congreso de la República asciende a los casi 161,800 millones de quetzales, o el equivalente al 16 % del PIB proyectado.
He leído diversas opiniones respecto de si es una solicitud desmedida o incluso inconsistente con la capacidad de ejecución del presupuesto, y se toma como referencia el porcentaje de ejecución a junio, el cual asciende a 40.57 %, cuando lo esperado sería alrededor de 50 %. No obstante, el punto sobre el que quiero hacer énfasis va un poco más allá, y se centra en la actitud de pedir más fondos sin un sustento suficiente, más que la vaga afirmación de una mayor presencia del Estado en aquellos temas donde hay rezagos.
Ser pedigüeño es pasar de 117,020 millones que estaban vigentes en agosto 2024 a 161,800 millones para ser aprobados a más tardar el 30 de noviembre de 2025.
Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
Este cambio representa un incremento de 44,759 millones en menos de un año, lo que significa un Gobierno que es 38.3 % más grande… y con muy pocos resultados.
Pocos se habrán dado cuenta, pero el Gobierno actual no solamente solicitó una ampliación de 14,152 millones en 2024, la cual entró en vigencia en septiembre. El presupuesto aprobado para 2025 era 17,311 millones más grande, y quedó aprobado en noviembre. Dos meses después, en enero 2025, ya se había autorizado una ampliación más de 1,100 millones, y en marzo 2025 se replicó el ejercicio, ampliando el presupuesto en 5,210 millones más. Es por eso que digo que el incremento solicitado para 2026 no es solamente de 6,943 millones, sino que es una cifra 6.5 veces mayor.
Ahora bien, no quiero que me malentiendan, es más, diría que soy de los principales proponentes de la idea de rehacer el presupuesto desde sus bases, existiendo la posibilidad de cuestionar algunas asignaciones y replantear las magnitudes y condicionantes de otras. Y no solamente con el objetivo de rescatar los planteamientos de los Acuerdos de Paz sobre el compromiso de financiar prioritariamente la nutrición, la salud, la educación, y la vivienda, sino con el interés de elevar de categoría el gasto que se hace en seguridad, justicia e infraestructura (vial, portuaria y aeroportuaria).
Pero con la misma contundencia que planteo redefinir la asignación del presupuesto, también hago hincapié en que estamos de frente a un Gobierno que no ha titubeado en pedir más dinero, aunque carece de autocrítica para reconocer la incapacidad de ejecución en la mayor parte de sus unidades ejecutoras (de 291 unidades ejecutoras analizadas, 244 tienen una ejecución menor al valor promedio reportado por el Gobierno al cierre de junio).
Es comprensible la tentación de querer cubrir en un día la brecha que se ha horadado durante décadas, pero eso no implica caer en la irresponsabilidad de requerir más presupuesto a una economía que está haciendo abatida por condiciones internas y externas sumamente difíciles y complicadas. Es momento de redirigir la mirada a los recursos de los que se tiene una disponibilidad asegurada, revisar nuevamente si existen gastos innecesarios de los cuales es posible prescindir, y, finalmente, mostrar con el ejemplo la necesidad de ser austeros cuando los tiempos de crisis así lo requieren.
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