¡Buenos días!

En Guatemala, el crimen paga. Pareciera una perogrullada, pero no es suficiente decirlo y reconocerlo; es imperativo actuar. La penetración —en particular— del narcotráfico en las instituciones es cada vez mayor. Lejos están los días en que los hampones se ocultaban y se limitaban a sobornar a mandos medios de las fuerzas de seguridad para conseguir su cometido. Hoy, varios alcaldes —sobre todo en municipios fronterizos o en los litorales— son puestos por el narco, o narcos por derecho propio. No solo lo demuestran las extradiciones que ha hecho el país a solicitud de EE. UU., sino que se “echa de ver”; con dispositivos de seguridad que rivalizan con los de sátrapas africanos, se mueven con desparpajo por todo el territorio nacional.

Muchos jueces y magistrados del Organismo Judicial obedecen al narco, por conveniencia económica o por miedo.

La cosa, lamentablemente, no queda ahí. El Congreso tiene varios diputados que cojean de la misma pata que los narcoalcaldes. El poder del narco, entonces, ya legisla.

El siguiente paso es, obviamente, alcanzar la presidencia. Sin caer en fatalismos, es muy probable que haya varios candidatos a presidente en 2027 puestos por el narco, o narcos por derecho propio.

Propaganda disfrazada de academia 

La oenegé Oxfam publicó un informe que pretende pasar por un riguroso esfuerzo académico, pero que en realidad es una suerte de manual o guía para continuar polarizando a la sociedad guatemalteca, en donde todos son malos, menos ellos. Ellos, los “buenos”, siendo la izquierda —nacional o foránea, moderados o radicales, da igual—, y los “malos”, la derecha guatemalteca, cualquiera que sea su expresión; les llama cleptócratas y antidemocráticos, sin importar que nunca hayan participado en política o ejercido función pública.

Como en el montaje de una obra de teatro, el timing lo es todo; precisamente, porque el informe es un montaje, su presentación fue en el momento preciso para sus intereses: continuar polarizando a la población, dividiéndola en un maniqueo “buenos y malos”, justo a tiempo de cara a las elecciones y designaciones de autoridades electorales y judiciales en el 2026.

Al dividir a la población en bandos irreconciliables, buscan erosionar el debate racional y pluralista, reemplazándolo por un dogmatismo que silencia oposiciones legítimas y fomenta un clima de confrontación perpetua. Esa táctica no solo polariza, sino que debilita la cohesión social, haciendo que el diálogo constructivo sea casi imposible en un país que ya lidia con desafíos profundos como la pobreza, la corrupción endémica y la inestabilidad institucional.

No es la primera vez que vemos este patrón. En el pasado, organizaciones como la Fundación Mirna Mack y otras oenegés similares han producido informes análogos, con idéntica intención: esparcir narrativas sesgadas que demonizan a sectores específicos de la sociedad guatemalteca. Esos documentos, a menudo financiados por donantes extranjeros con agendas propias, se presentan como estudios imparciales, pero en realidad sirven como manuales o guías para la deslegitimación sistemática.

Pretenden invalidar posturas conservadoras o centroderechistas de entrada, sin importar sus aportes.

Y es que podría haber pasado más o menos desapercibida esa intención, de no ser porque el oficialismo se ha montado en esa narrativa de lleno. Primero lo manifestaron en el proceso de elección de Junta Directiva del Congreso —donde tildaron a la oposición de “antidemocrática” por pretender dirigir el legislativo—, pero ahora el presidente, Bernardo Arévalo, lo hace también ante cualquier expresión crítica. Si se le señala o se le opone, es porque “le hacen el juego a los corruptos”.

Esa respuesta pavloviana no solo evade el escrutinio legítimo, sino que criminaliza la libertad de expresión y el derecho a disentir, erosionando los pilares de la democracia que tanto dicen defender.

El presidente guarda las formas —algo que, paradójicamente, es criticado por sus corifeos—, pero en el fondo, recurre a las mismas tretas de la izquierda radical: el victimismo y la descalificación. 

Decir que el próximo año es crucial, está más. Por ello, la sociedad en general debe no solo estar atenta, sino participar de la manera que le competa; desde fiscalizar el proceso “desde la barrera” hasta activamente en los procesos de elección gremial de los colegios profesionales, por ejemplo.

Lo que no debe permitirse, bajo ningún punto de vista, es que la izquierda, personificada en el oficialismo, descalifique a quienes no opinan como ellos o, incluso, los confrontan. Como este medio.

Un nuevo informe del CACIF y FUNDESA pone en blanco y negro que Guatemala se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental.

En perspectiva. El estudio, titulado “Drugs, Guns and Cash: A Strategic Threat to the Americas”, advierte que el país enfrenta una convergencia sin precedentes entre tráfico de drogas, armas, migración y lavado de dinero, que ya no son fenómenos separados, sino piezas de un mismo engranaje criminal que debilita la gobernabilidad, corrompe las instituciones y erosiona el Estado de derecho.

• Describe un escenario alarmante: hasta un 40 % del territorio guatemalteco estaría bajo control o influencia de estructuras criminales.

• Guatemala, señala, maneja aproximadamente el 50 % de la cocaína que ingresa a EE. UU., operando como centro logístico de rutas que conectan Sudamérica con México.

Por qué importa. Las redes criminales han logrado cooptar autoridades locales, policías y estructuras judiciales, utilizando la corrupción como principal herramienta de control político. A esto se suma la expansión de rutas migratorias como canales de tráfico humano, contrabando y lavado, uniendo la economía ilícita con el drama humanitario.

• El estudio también subraya que el lavado de dinero se ha sofisticado.

• El efectivo en grandes volúmenes ahora circula mediante empresas pantalla, bienes raíces y criptoactivos.

• Las brechas regulatorias en materia de antilavado de dinero y la falta de cooperación efectiva entre las unidades de inteligencia financiera han permitido que capitales ilícitos se inserten cada vez más en el sistema formal con facilidad.

Visto y no visto. Frente a este panorama, el informe deja entrever un vacío que resulta preocupante. EE. UU. no está prestando suficiente atención a la dimensión centroamericana del problema. Aunque la DEA y el INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley) mantienen programas en la región, su enfoque sigue centrado en la contención de flujos y no en la transformación estructural del territorio donde el crimen ya gobierna.

• La embajada estadounidense, pese a su historial de colaboración, ha optado en los últimos años por priorizar temas políticos e institucionales sobre la seguridad transnacional, justo cuando el crimen organizado se reorganiza y extiende su influencia a los municipios más débiles.
   

• Esa falta de foco estratégico podría tener consecuencias regionales. Con México enfrentando una crisis de control territorial, Guatemala corre el riesgo de convertirse en el nuevo corredor dominante del narcotráfico hacia el norte, con los Huistas, los carteles del Golfo y de Sinaloa consolidando operaciones transfronterizas y alianzas locales.

Entre líneas. El informe plantea un dilema claro: o se refuerzan las instituciones de seguridad y justicia, o la economía criminal absorberá completamente el sistema político. La historia reciente demuestra que, en Latinoamérica, la fragmentación del poder estatal abre paso al “populismo de seguridad” —líderes autoritarios que prometen orden mediante la fuerza—, pero destruyen las bases del Estado de derecho. 

• Guatemala ya muestra síntomas de ese desgaste, más allá de lo que la percepción ciudadana evidencia.
   

• La violencia rural, el avance del narco en áreas fronterizas, la infiltración en gobiernos municipales y la falta de coordinación interinstitucional componen un escenario propicio para el autoritarismo disfrazado de solución inmediata.

En el radar. Aun así, el documento concluye con una nota de esperanza, y es que el sector privado organizado guatemalteco está asumiendo un rol de liderazgo frente a una amenaza que trasciende la economía formal. CACIF y FUNDESA proponen una matriz regional de cooperación —centrada en inteligencia compartida, patrullajes fronterizos y armonización de leyes contra el lavado y el tráfico de armas—, lo que representa un llamado directo a la acción tanto para las autoridades nacionales como para los aliados internacionales.

• EE. UU. debería interpretar este esfuerzo como una ventana de oportunidad estratégica.
   

• Apoyar de manera decidida al sector privado y a las instituciones guatemaltecas comprometidas con el Estado de derecho es, hoy, la mejor inversión en seguridad hemisférica.
   

• Dejar que el crimen siga expandiéndose en silencio solo acercará a Centroamérica a un punto de no retorno. Guatemala está enviando una señal clara, una que Washington no puede darse el lujo de ignorar.

En la última década, Guatemala inyectó millones de quetzales a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) para impulsar el progreso local. Sin embargo, la masiva “inversión” contrasta con la realidad. El actual gobierno prometió que serían una estrategia para lograr el desarrollo comunitario, en especial con la infraestructura.

• Los resultados actuales exponen que se utilizó como instrumento político discrecional.

Por qué importa. Los CODEDE fueron concebidos como el principal vehículo del Estado para la participación ciudadana y la inversión local. Este año el sistema canalizó GTQ 12 270M para proyectos comunitarios. La eficacia del mecanismo está bajo críticas debido a que no se traduce en obras tangibles.

• Entre 2016 y agosto de 2025, el sistema manejó el total de GTQ 43 327M. Ejecutó solo GTQ 26 942M, cifra que equivale a una tasa de ejecución del 62 %.

• Esto evidencia una profunda brecha en la capacidad de inversión. El presupuesto de CODEDE creció exponencialmente para 2024 y 2025. La razón: los aportes extraordinarios del Congreso.

• Elevaron la asignación de 2025 a la cifra récord de GTQ 12 270M. Un monto que incluye saldos no ejecutados de 2024. No obstante, más dinero no ha significado más y mejores obras.

Visto y no visto. La baja ejecución expone fallas sistémicas en su mecanismo. La deficiente formulación técnica de las obras y un enfoque excesivamente localista impiden abordar problemas de mayor impacto. Los pocos resultados quedan a nivel municipal, y no generan mayor impacto en el país.

• Los fondos ejecutados están condenados a un ciclo de ineficiencia. Evaluaciones postejecución de obras de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) lo exponen. 

• En 2024, evaluaron varios proyectos —obras— de 2022 y 2023. Concluyeron que una de las principales debilidades es la frágil formulación de sus estudios técnicos. Esto compromete su viabilidad.

• Una escuela de Antigua Guatemala aumentó su costo de construcción en un 51 % por errores de planificación. Se dio porque no consideraron los precios reales de los materiales ni otros gastos.

Sí, pero. La poca inversión de los CODEDE termina en una serie de obras municipales inconexas. Es decir, cada municipio hace proyectos sin mayor impacto regional. Existe apenas el 1.8 % del total de fondos destinados a proyectos multimunicipales; realidad que sabotea cualquier intento de desarrollo regional coherente.

• La cadena de fallas técnicas no solo malgasta el dinero público destinado a los consejos. También dio paso a conflictos políticos que disputan la distribución de obras. 

• Ahora la pugna política de los CODEDE está entre el Organismo Ejecutivo y el Congreso. La controversia gira alrededor del Decreto 7-2025. El Legislativo busca autorizar el uso de fondos no ejecutados este año para 2026.

• La medida fue vetada por el presidente; el Congreso lo ignoró por considerarlo extemporáneo. Desató una crisis legal que condiciona la aprobación del presupuesto 2026.

En conclusión. El caso de los CODEDE confirma una paradoja: más dinero no implica más desarrollo. El sistema creció en presupuesto, pero no en resultados. La opacidad en la ejecución, la debilidad técnica y la politización reducen su capacidad transformadora.

• Si no se reforma el modelo de asignación ni se exige rendición técnica, los CODEDES seguirán como una vitrina política. No como motor de desarrollo comunitario.

• La experiencia 2016-2025 deja una lección clara: sin planificación estratégica ni proyectos intermunicipales, la inversión pública se fragmenta y pierde impacto.