No extraña, pero sí alarma

¡Buenos días!

Daniel Ortega, el dictador, el sátrapa de Nicaragua, anunció el domingo —durante un acto por el aniversario de la “revolución sandinista”— que ya no habría elecciones presidenciales en ese país. Así nomás.

No es como que si no se supiera ya de su talante; durante los más de 30 años que ha dirigido ese país —como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidente y, finalmente, dictador— ha demostrado reiteradamente su veta represiva y su clara vocación de déspota; cualquier período en el que no lo haya hecho de manera violenta fue un simple cambio de método, pero no de inclinación.

La declaración del domingo no es más que una reconfirmación de algo que el mundo ya sabe; la única diferencia es que ahora se ahorrará la pantomima electoral. Ante ello, la “comunidad internacional” debe proceder con drasticidad; las sanciones, claramente, no mueven a la dupla Ortega-Murillo. Las opciones deben ser otras. 

Si Nicaragua tuviese las reservas petroleras de Venezuela, la respuesta de EE. UU. podría adivinarse. Sin embargo, no las tiene. Aunque sí tiene otros recursos importantes —minerales, sobre todo—, la importancia geopolítica del país más grande de Centroamérica es baja. Por el momento.

Un día después de que fue publicado por el Departamento de Estado el documento: Cuba, The Capital of 21st Century Communism —en donde Nicaragua es ampliamente cubierto—, la Administración Trump podría pensar en esas otras opciones disponibles.

Queda claro, ahora inequívocamente, que Ortega-Murillo no saldrá del poder por las buenas. Deberán salir, como se dice coloquialmente, con los pies por delante.

Glenda Sánchez
CGC, el nuevo objetivo de Walter Mazariegos
668 palabras | 3 minutos de lectura

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, no consiguió presidir la postuladora de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Eso no implica una derrota. Al contrario, Mazariegos ganó pulso político después del desgaste que sufrió durante su cuestionada “reelección” como rector.

• Tras bambalinas, influirá a través de los integrantes de la Comisión de Postulación (CP) para integrar la nómina para contralor. En especial, con los representantes de los colegios profesionales.

Por qué importa. En las demás comisiones en las que participó Mazariegos —como en la del Tribunal Supremo Electoral—, el proceso fue hermético. Ahora busca influir en la Contraloría, con la finalidad de que le otorgue el finiquito y pause las investigaciones por su mala administración.

• Más allá del blindaje y protección, Mazariegos ambiciona ampliar su poder en las instituciones públicas. Con ello, él sería el negociador con los candidatos en la elección general del 2027.

• Dejar que Mazariegos intervenga en el proceso pone en riesgo la legitimidad de las elecciones; tendría el poder de negociar con operadores políticos, grupos interesados y, por supuesto, con el crimen organizado.

• La CGC llega debilitada a su renovación. La desconfianza institucional reduce su independencia política. También limita su control real sobre los recursos públicos.

Detrás de escena.  El desgaste en las elecciones de segundo grado —TSE, Ministerio Público (MP) y Corte de Constitucionalidad (CC)— le cerró espacio a Mazariegos. Su cuestionada continuidad en la rectoría [de la USAC] provocó otro conflicto: las alianzas que sostuvieron el control perdieron estabilidad. Eso lo obligó a reordenar el tablero político y gremial.

• Ahora se enfoca en los grupos gremiales, que suman 13 votos en la CP responsable de la nómina. En el Colegio de Economistas, Contadores, Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) se sospecha su relación en la mayoría de las planillas. Principalmente con Crecimiento Profesional de Auditores (CPA).

• El CCEE eligió a Wilberto Rojas, Grupo de Profesionales Unidos (GPU) y Alexander Sac (GPU) como sus representantes. El Colegio de Contadores Públicos y Auditores tiene programada la elección el 6 de agosto. Deben elegir a 11 profesionales.

• La influencia de Mazariegos sigue extendiéndose. Ahora tomó fuerza en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede); ha colocado a sus allegados. Eso condiciona la asignación y ejecución de obras. Es decir, se convirtió en un negociador con el poder municipal.

Entre líneas. Desde 2024, Mazariegos fortaleció su estrategia; con la Universidad Juan José Arévalo Bermejo incrementó su capacidad de cooptación: aseguraba un voto en el Foro de Rectores (FR). Sin embargo, perdió la batalla.

• Mazariegos intentó trasladar esa influencia al Foro de Rectores. Su objetivo fue presidir la CP. Sin embargo, no consiguió los votos suficientes. Solo sumó el respaldo de las universidades Panamericana, Regional, Rural y de Occidente.

• Los días previos reflejaron esa disputa. Fidel Reyes Lee, rector de la Universidad de Occidente y aliado de Mazariegos, convocó a una reunión. La cita buscó cerrar apoyos de última hora. Los acuerdos nunca llegaron.

• El Foro de Rectores eligió a Mikel Cortés, de la Universidad Rafael Landívar, para dirigir la Postuladora. Mazariegos no asistió. Su ausencia reflejó el costo político de una negociación que no prosperó.

En conclusión. La disputa por la presidencia de la postuladora no frenó a Walter Mazariegos. Ahora busca ampliar su influencia desde otros espacios. La renovación de la CGC definirá hasta dónde llega ese poder y el impacto negativo que tendrá en el país. La situación de la universidad es el reflejo de lo que podría pasar a nivel nacional.

• Ahora conserva operadores políticos en los colegios profesionales y amplía su presencia en otras instituciones públicas. Su capacidad para negociar permanece vigente e incrementa día con día.

• Quien controle la integración de la comisión influirá sobre una entidad que fiscaliza el uso de los recursos públicos, incluidos los proyectos de los Codede y de la propia USAC.

• La integración de la nómina para contralor medirá el alcance real de las alianzas de Mazariegos. También anticipará quién acumula poder de cara al proceso electoral de 2027.

Ana González
Jefes de Bloques buscará cerrar el último acuerdo sobre la Ley de Puertos
429 palabras | 3 minutos de lectura

La ley del sistema portuario nacional continúa rodeada de expectativa, ya que todavía no existe certeza de que cuente con los votos necesarios para convocar una sesión extraordinaria y colocarla en la agenda del pleno del Congreso. Por ahora, la única sesión extraordinaria convocada es para el martes 28 de julio y tiene como único punto continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Aunque varios diputados aseguran que las negociaciones han avanzado y se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, otros reconocen —fuera de micrófonos— que aún persisten diferencias en torno al modelo de gobernanza del sistema portuario, considerado el último tema pendiente antes de concluir la aprobación del proyecto.

El dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía establece que el órgano de dirección esté integrado por los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación, además de un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario y otro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, esa integración no convence a todas las bancadas. Algunos diputados insisten en incorporar a un representante del Congreso, mientras que otros consideran que debería eliminarse la participación del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario. Estas diferencias han impedido cerrar el consenso necesario para llevar el proyecto nuevamente al hemiciclo.

La bancada Cabal figura entre las agrupaciones que no respaldan la integración propuesta en el dictamen favorable. En tanto, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) favorece la inclusión de un representante del Congreso dentro del órgano de gobernanza. Aunque ninguna de estas fuerzas políticas tiene mayoría, ambas cuentan con un número significativo de diputados, por lo que su postura podría resultar determinante para reunir los votos requeridos.

Ante este escenario, para el próximo lunes al mediodía está prevista una reunión entre los jefes de bloque y los integrantes de la Comisión de Economía. El objetivo será definir si existen las condiciones políticas para convocar una nueva sesión extraordinaria y completar el trámite legislativo, ya que la iniciativa únicamente está pendiente de aprobación por artículos y redacción final.

La normativa debió aprobarse meses atrás. En 2024 el Congreso dio luz verde a la Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, que otorgó al Ejecutivo un plazo de 120 días para presentar el proyecto de la Ley del Sistema Portuario Nacional. La iniciativa fue remitida al Congreso el 5 de mayo de 2025 y posteriormente se unificó con otra presentada por la diputada Sandra Jovel. El dictamen conjunto avanzó hasta su tercera lectura el 7 de abril y, desde entonces, permanece entre los principales temas pendientes de aprobarse.