¡Buenos días!

La cita bíblica no es, como muchos podrían creer, una crítica a la acumulación de riqueza; es —eso sí— una admonición para quienes ponen al dinero por encima de los valores. Es una frase que en la política, tristemente, es ampliamente desatendida.

En el marco de la elección de magistrados a la CC y de fiscal general, es oportuno considerar que los abogados que se postulan a dichos cargos deben tener una trayectoria que refleje o que dé luces sobre el comportamiento que tendrán. Así, un profesional que, por ejemplo, haya sido frecuentemente abogado de acusados de crimen organizado —narcos—, muestra dónde está su lealtad; no se trata de demonizar la defensa técnica, a la que todos tenemos derecho.

En EE. UU. es frecuente encontrar a exfiscales abandonar el servicio público y, en su posterior práctica privada, defender a quienes antes habrían acusado. Cuestionable, sí, pero no hay riesgo de que se instrumentalice el sistema de justicia; lo contrario es una clara señal de que quien hace toma esa ruta, tiene su integridad comprometida y, por lo tanto, comprometerá a la justicia.

Hay un nuevo sheriff en el pueblo 

En el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS, por sus siglas en inglés) de 2025, publicada bajo la administración Trump, el combate al narcotráfico trasciende las fronteras y se erige como un pilar fundamental de la seguridad nacional. Ese documento, que prioriza el America First y reafirma el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, enfatiza la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental para contrarrestar amenazas como el tráfico de drogas, la migración masiva y la influencia extranjera adversa, puntualmente, la de China.

Guatemala, identificada como un país clave de tránsito de narcóticos en la Determinación Presidencial de 2025, representa un frente crítico donde la infiltración de carteles en estructuras estatales no solo desestabiliza la región, sino que pone en jaque la soberanía y prosperidad de EE. UU.

En este contexto, la elección y designación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el fiscal general en Guatemala adquieren una dimensión estratégica. Estos organismos son guardianes de la república y el Estado de derecho, pero su captura por actores ligados al narcotráfico —como diputados— facilita la impunidad y perpetúa rutas de drogas hacia el norte. Consultada, la Unidad de Comunicación Estratégica de la embajada de EE. UU. expresó que no apoyan a candidato alguno y que quien diga tener tal respaldo, miente.

Washington busca “enlistar y expandir” alianzas con gobiernos de la región para neutralizar cárteles, incluso mediante despliegues militares selectivos, reemplazando estrategias fallidas de solo aplicación de la ley. Es aquí donde resalta el reciente nombramiento de John Barrett como encargado de negocios en la embajada de EE. UU. en Guatemala.

Diplomático de carrera con experiencia previa en el país, Barrett llega con una misión explícita: impedir que diputados y demás figuras vinculadas al narcotráfico —o favorables a China— incidan en estas elecciones clave. Su rol busca fortalecer la cooperación bilateral en antinarcóticos y anticorrupción, presionando por procesos transparentes que excluyan influencias ilícitas.

Esta postura no es injerencia, sino una respuesta a amenazas compartidas. La NSS 2025 advierte que la debilidad estatal en el sur alimenta crisis en el norte. Si se permite la captura narco de TSE, CC y Fiscalía, no solo se socava la democracia local, sino que se agrava la crisis de opioides en EE. UU., con miles de muertes anuales. Barrett representa una oportunidad para alianzas genuinas: transparencia en designaciones para un Estado fuerte contra el crimen organizado.

Tanto los cuerpos colegiados —la CSJ, el Congreso, el CSU, las comisiones de postulación— como también el Ejecutivo deben tener muy presente que las designaciones que hagan no solo repercuten a nivel local, sino que a la luz de la llamada “doctrina Donroe”, pueden representar una amenaza para la seguridad de EE. UU. En guerra avisada no muere soldado, dice el dicho.

UNA INVITACIÓN DE GRUPO PRENSA LIBRE
Correr para educar: 5K con causa

La carrera familiar En Movimiento por la Educación 5K 2026 convierte el deporte en una herramienta directa de apoyo educativo. Prensa Libre y Guatevisión convocan a las familias a un evento con impacto social y enfoque formativo. 

Por qué importa. La iniciativa une actividad física y educación para impulsar movilidad social. También hábitos saludables en una etapa clave de formación académica. 

• Se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el circuito de los museos, zona 13. 

• Mantiene un recorrido de 5 kilómetros diseñado para participación familiar. 

• La primera edición reunió familias y mascotas con enfoque solidario. 

Lo indispensable. La inscripción de GTQ150 se convierte en una suscripción educativa anual para estudiantes de diversificado y nivel técnico. 

• Incluye contenidos impresos y digitales en matemáticas, redacción y tecnología. 

• Cada aporte financia herramientas que fortalecen criterio y habilidades prácticas. 

• La carrera busca consolidarse como tradición anual. 

Lea la nota completa aquí. 

Gérman Gómez
La pugna de la UNE y el Partido Verde
560 palabras | 3 minutos de lectura

En la antesala de las elecciones generales del 2027, dos agrupaciones políticas disputan su “identidad” partidaria. Se trata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Verde Guatemalteco. Sus dirigentes, Sandra Torres y Delia Bac, fueron correligionarias; incluso, Bac llegó al Congreso con la UNE en 2008. Terminó su último periodo legislativo en 2020.

• Un amparo promovido por la dirigencia de la UNE obligó al Partido Verde a cambiar nombre y distintivos de la agrupación.

Por qué importa. La resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) condiciona la supervivencia del Partido Verde y revela cómo los tribunales se convierten en campo de batalla política entre viejos aliados y nuevos rivales. El escenario no es nuevo: ha sucedido en anteriores procesos electorales.

• Sandra Torres, excandidata presidencial de la UNE, sostuvo que existía “amenaza de confusión electoral” por similitudes entre emblemas y denominaciones.

• El TSE levantó la suspensión al Partido Verde el pasado 27 de enero, pero exigió modificar escritura constitutiva, símbolo y estatutos para reactivarse.

• La organización de Bac inició en 2020 y llegó a superar los 26 000 afiliados antes de la suspensión, según registros del TSE. Su campaña de afiliación continúa.

Punto de fricción. La UNE argumentó vulneración a su nombre y emblema. En sentido contrario, el Partido Verde rechazó cualquier parecido. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo avaló el amparo y ordenó cambios. La disputa también exhibió trayectorias cruzadas entre las dirigentes.

• El Comité Ejecutivo Nacional de la UNE, en su momento, afirmó que la acción “va contra el nombre”, no contra la participación electoral. No obstante, condiciona la participación de la agrupación.

• Bac justificó que “el logo es diferente” y que incluso el “Pantone” no es el mismo. Ambas versiones parten del mismo hecho, pero no coinciden. Cada agrupación busca sus intereses partidarios.

• Los símbolos comparados de ambos logos evidencian una mano verde con dos dedos alzados en fondo blanco versus dos manos blancas unidas sobre fondo verde.

Lo que sigue. El Partido Verde deberá convocar asambleas municipales y departamentales, además de una nacional extraordinaria para aprobar nuevos distintivos. La UNE observa el proceso para evitar futuras impugnaciones. El desenlace influirá en alianzas y en la oferta electoral para el próximo año. 

• Delia Bac, secretaria general del Partido Verde Guatemalteco, confirmó asamblea nacional el 28 de junio para aprobar las modificaciones. 

• El TSE condicionó la reactivación a cambios formales. Sin ellos, la organización no podrá operar políticamente a pesar de continuar con sus actividades proselitistas. 

• El amparo fue promovido por Lourdes Teresita de León, diputada e hija de Sandra Torres, quien ocupa la Secretaría General de la UNE. Bac señaló que acatará la resolución, aunque consideró que “la Sala se extralimitó”.

En conclusión. La disputa entre la UNE y el Partido Verde trasciende un simple conflicto por nombres y símbolos. Refleja una pugna por control político en la antesala electoral y muestra cómo los tribunales se convierten en escenarios para dirimir rivalidades partidarias. La finalidad es no perder posibles votos.