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Nueva CSJ empieza con pie izquierdo

¡Buenos días!
Ayer, 13 de octubre, los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomaron posesión de los cargos que ejercerán por el período constitucional de 5 años. Como primer acto, debían decidir quién presidiría el primer año y no lo han conseguido; a raíz de la reforma constitucional –1993-1994– ya no se elige presidente para los 5 años, sino se cambia anualmente, sin posibilidad a reelección. Como muchas, esa reforma tuvo buenas intenciones, pero de ellas está empedrado el camino al infierno.
La politización de la justicia —que pasa por la repartición de “cuotas” de magistrados— no solo ha convertido a uno de los poderes de la república un botín político, sino que ha habilitado la prostitución de uno de los más importantes roles del Estado: la impartición de justicia.
La imagen de la justicia, esa que aparece con una balanza en una mano y una espada en la otra, mientras está con los ojos vendados, más bien parece mitología pura y no una aspiración.
Seguro habrá magistrados con principios –tanto en la CSJ como en la Corte de Apelaciones– pero de un tiempo para acá, de manera incremental, son cada vez los menos, tristemente.
Se les desea éxito en su gestión, no personal, sino por el vital rol que tienen.

En este boletín:
•Menos inflación, pero más pobreza: el gobierno de Milei hasta ahora
•USTAC: el sindicato del aeropuerto que opta por legalizar plazas fantasma
•Panorama Político Semanal: Se retoma el análisis del presupuesto 2025 y se estrenan Cortes
Rafael P. Palomo
•Menos inflación, pero más pobreza: el gobierno de Milei hasta ahora
768 palabras | 4 mins de lectura

El ajuste de Milei da resultados, pero el precio a pagar empieza a traducirse en un malestar social que puede complicar su presidencia.
Panorama general. El mes de septiembre registró una inflación de un 3.5 %, una cifra récord para su presidencia. Es la primera vez que la inflación mensual atraviesa la línea del 4 % desde 2021. La buena noticia llegó acompañada de una mala: la medición semestral de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
El informe del INDEC reflejó que, para el primer semestre de 2024, un 52.9 % de argentinos vive en condiciones de pobreza y un 18.1 % se encuentra debajo de la línea de indigencia.
La cifra contrasta con el último informe –de diciembre de 2023–, donde la pobreza se situaba en un 41.2 %. En los primeros seis meses de Milei se incremento en un 12.8 % la población en situación de pobreza.
El INDEC mide la pobreza con base en los ingresos y la capacidad adquisitiva de los argentinos. De acuerdo con la medición, una persona se considera pobre cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos.
Los datos. La información del INDEC no toma por sorpresa a Milei. El alza en la pobreza es resultado directo de su famoso “ajuste”, la presión inflacionaria que le dejó el gobierno de Alberto Fernández y la gestión económica clientelar de Sergio Massa. Para el libertario, alcanzar el equilibrio fiscal y llegar al déficit cero son la única manera de acabar con la inflación que sofoca a Argentina; solo se logra reduciendo el gasto público. Ello depende, en gran medida, de eliminar los programas de subsidios implementados durante el régimen kirchnerista.
Aunque la inflación se ha desacelerado de manera impresionante —una reducción de un 22 % desde el último mes del gobierno de Fernández—, esta no ha dejado de crecer.
Tras recibir el gobierno con una tasa de inflación mensual del 25.5 %, Milei ha registrado un 74.1 % en lo que va del 2024. El porcentaje es admirable, en comparación con el 120.5 % que generó el último año de administración kirchnerista.
No obstante, para los argentinos es difícil digerir la buena noticia cuando, desde enero de 2023 a la fecha, los precios se han disparado en un 194.6 %.
Sí, pero. Si la medición de la pobreza se basa en la incapacidad de costear gastos básicos, es lógico que crezca si la inflación lo sigue haciendo. A esto se le suma que, desde que asumió el poder, Milei cerró hasta 13 ministerios y despidió alrededor de 30 000 empleados públicos. Esto redujo casi un 10 % de la planilla estatal. Además, recortó el gasto en un 52 % para educación, 60 % en desarrollo social, 28 % en salud y hasta un 68 % en gasto asistencial para las provincias, entre muchos otros recortes.
La alta inflación, el recorte de subsidios y los despidos de empleados explican el crecimiento de la pobreza. Esto es parte del trago amargo que Milei presagió en diciembre, para salir del camino hacia la hiperinflación en el que estaba Argentina.
Esto le ha costado popularidad a Milei, que tiene ahora una aprobación menor al 50 % por primera vez desde su llegada al poder. Desde mayo de 2024 hasta la fecha, ha pasado de un 54 % a un 42 %.
Los números siguen siendo extraordinarios para la difícil situación económica, pero complican su gobierno por su pequeña bancada legislativa y su poca presencia política en las gubernaturas provinciales. Mantener el apoyo popular es fundamental.
En el radar. Esto no cambia los planes de Milei. En un acto histórico, el presidente compareció en el Congreso para presentar el presupuesto para el 2025. En su discurso anunció que el Ejecutivo había alcanzado su máximo de recorte y que, ahora, serán las provincias las que tendrán que reducir el gasto en USD 60 MM el próximo año. Un mensaje duro, pero necesario para acabar con la inflación.
Adicionalmente, anunció que sus medidas lograrán que Argentina alcance el superávit fiscal en 2024, sin entrar en default, por primera vez en la historia del país.
A pesar de las manifestaciones en su contra, Milei sostiene que la responsabilidad fiscal y el déficit cero son la única vía para el rescate de Argentina, que proyecta un crecimiento de un 5 % del PIB para el 2025.
Con su popularidad cayendo, Milei se aferra a la vía que está marcando un mejor futuro para Argentina a largo plazo, pero que podrá costarle el proyecto entero si la presión social sigue creciendo, a corto plazo.
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Marimaite Rayo
•USTAC: el sindicato del aeropuerto que opta por legalizar plazas fantasma
717 palabras | 4 mins de lectura

La precariedad de las instalaciones y operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) han estado en el ojo el huracán desde que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tomó posesión.
No obstante, desde que las nuevas autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) asumieron el cargo, se evidenció que la decadencia no solo era producto de las malas gestiones administrativas, sino que también se debía a los privilegios de los que algunas agrupaciones gozaban a lo interno de la institución.
Uno de los principales obstáculos en los planes de mejora del AILA son los sindicatos de la Dirección, quienes han abusado de las disposiciones del pacto colectivo, en detrimento de la calidad en la gestión aeronáutica.
A pesar de que dentro de la Dirección existen tres sindicatos, el Sindicato de Trabajadores de Aeronáutica Civil (STAC), Organización Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil (OSTAC) y la Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC), únicamente este último cuenta con un pacto colectivo.
Qué destacar. De acuerdo con las autoridades de la DGAC, desde que inició la nueva gestión, únicamente el STAC y el OSTAC han mostrado disposición de ajustarse a los cambios y nuevas condiciones laborales. En cambio, USTAC ha utilizado los privilegios que administraciones anteriores les cedieron para coaccionar a sus superiores y mantener los beneficios.
Los dos elementos que caracterizan a estos sindicatos son: el bajo número de trabajadores sindicalizados –cerca del 13 % del total de trabajadores– y la tendencia que, entre los trabajadores sindicalizados, la mayoría ha optado por migrar entre agrupaciones a fin de acaparar más privilegios según su conveniencia.
La USTAC es un sindicato federado, lo cual implica que sus actividades tienen un mayor alcance –incluso a nivel internacional–, debido a que gozan del derecho de participación en instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por qué importa. Ahora bien, más allá de privilegios materiales de los que goza USTAC, como sedes sindicales, carros, combustible y personal administrativo, el verdadero problema se encuentra en el abuso de la figura contractual 029.
Representantes de la Dirección indicaron que esta falencia se deriva de una mala clasificación en el Ministerio de Trabajo (MINTRAB), ya que, a pesar de que la ley dispone que únicamente aquellas personas con contratos permanentes podrán gozar de los beneficios sindicales, el Ministerio ha extendido dichos derechos –arbitrariamente– a los contratos 029.
Los contratos bajo el renglón 029 se crearon con el objetivo de que el Estado pudiera contratar servicios de manera temporal, de un año. Sin embargo, lo que en un inicio era la excepción, se ha convertido en la norma.
En el caso de la DGAC, más del 80 % del personal se encuentra bajo ese renglón, incluso la junta directiva sindical.
Visto y no visto. Así pues, la Unión Sindical no solo cuenta con un secretario general y un comité consultivo compuesto –en su mayoría– por personal en 029, sino que aducen que este estatus les garantiza el acceso a licencias de tiempo completo para dedicarse a las actividades sindicales. No llegan a trabajar.
Los contratos anuales no gozan de “licencias sindicales”; en otras palabras, se legaliza una plaza fantasma.
El pacto colectivo establece que estos permisos únicamente son por un plazo de seis días por mes; no obstante, la USTAC justifica el carácter permanente de las licencias en un acta de una Junta Mixta de 2005, la cual “reconoce” esta figura excepcional.
Las autoridades de la DGAC indican que no es posible comprobar la veracidad de estas disposiciones, dado que no existe un registro sobre esta documentación “por el desorden de las administraciones pasadas”.
El balance. Como consecuencia, más que contribuir a la mejora de la calidad de vida y condiciones laborales de los trabajadores de la DGAC, la USTAC se ha convertido en un grupo que drena los recursos de la institución.
Los trabajadores, en vez de contribuir a la mejora del AILA, entorpecen la operación mediante procesos ineficientes y de baja calidad.
Gran parte de ello se debe a la mala gestión de administraciones anteriores y el aval de otras instituciones como el MINTRAB, quienes han favorecido el parasitismo sindical.
La transformación en el AILA nunca será una realidad si estos grupos continúan apropiándose de recursos de forma ilícita; es imperativo que la población conozca esas estrategias extractivas. Deben ser expuestos.
Luis González
•Panorama Político Semanal: Se retoma el análisis del presupuesto 2025 y se estrenan Cortes
499 palabras | 2 mins de lectura

Es noticia. Las entidades públicas desfilarán esta semana en la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República para justificar el monto que piden en el presupuesto de 2025.
El proyecto de ingresos y gastos para el 2025 asciende a GTQ 148 526M. Por el momento, los diputados han escuchado a las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Banco de Guatemala y Superintendencia de Administración Tributaria.
A partir de hoy –y hasta el miércoles– se presentarán 36 dependencias estatales y algunas organizaciones no gubernamentales que manejan fondos públicos.
En cada reunión se revisa la ejecución de la institución, los logros alcanzados con el gasto efectuado y los proyectos para el siguiente ejercicio.
En el radar. Ayer asumieron sus cargos los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA). Se canceló la sesión solemne del Congreso para juramentar al presidente de la CSJ debido a que los magistrados no llegaron a acuerdos.
La CSJ tiene importantes expedientes que resolver, resoluciones que los anteriores magistrados optaron por dejar en manos de los 13 funcionarios que administrarán la justicia de 2024 a 2029.
En la CA es donde se registra el mayor número de cambios. Las distintas Salas tendrán a partir de hoy nuevas caras y la responsabilidad de agilizar fallos que sus antecesores retrasaron por una u otra razón.
A los despachos de ambas Cortes llegarán los recursos legales que confirmarán o corregirán las resoluciones de los juzgados y tribunales.
Lo que sigue. Uno de los casos más mediáticos es el de José Rubén Zamora, quien está pendiente de un nuevo juicio por lavado de dinero, entre otros delitos. Fue sentenciado en junio de 2023, pero cuatro meses más tarde, una Sala anuló la condena.
El viernes se espera una nueva audiencia del expresidente de elPeriódico. Este proceso tiene relevancia nacional e internacional, debido a que Zamora goza del reconocimiento del gobierno y de varias organizaciones.
Mientras tanto, en el Organismo Legislativo, los Jefes de Bloque se reunirán para definir la agenda de las ya acostumbradas dos sesiones de la semana. Sigue como tema relevante la interpelación de varios ministros.
Ecos regionales. Honduras está bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una misión de la entidad revisa el convenio establecido en 2023. Los delegados permanecerán en ese país hasta el viernes.
La visita establece encuentros con las autoridades de los sectores público, privado y sociedad civil. La misión es liderada por Ricardo Llaudes, quien lleva a cabo las revisiones acordadas en el convenio.
Siempre en Honduras, se espera que mañana comparezca a tribunales la ex cónsul, Jessica Canahuati; es señalada de participar en la compra anómala de ventiladores durante la pandemia del covid-19.
En Panamá, el presidente, José Mulino, enfrentará su primera protesta masiva. Para el jueves 17 está convocada una marcha para rechazar los cambios pretendidos de la Caja del Seguro Social. El mandatario dijo que el “derecho de marcha es constitucional”. Recordó que “ellos ya presentaron su propuesta”.