Obras diseñadas para fracasar: el modelo que debe desaparecer

¡Buenos días! 

A raíz del triunfo de Donald Trump —y de la marejada roja republicana— en EE. UU. ha habido una suerte de trashumancia de algunas personas —y unos pocos medios— de la red social X, propiedad de Elon Musk, muy cercano al futuro 47vo. presidente de aquel país. Se especula con que lo nombre para un puesto en su gabinete. 

Todos los auto exilados son progresistas. Ninguna sorpresa. Son los menos tolerantes y los más sensibles. Cualquier persona que no sea exactamente como ellos, es extremista y, por lo tanto, debe acallársele y de ser posible, castigársele. Nada de disenso, según ellos.

Resulta simpático —por no decir patético— que eso suceda no solo en EE. UU., donde podría más o menos explicarse por el trauma sufrido; también sucede por estas latitudes, y de parte de personajes que no podrían estar más lejos del radar —y de importancia— de Trump o de Musk.  

Pero se parece un poco a lo que algunos multimillonarios de la élite de Hollywood habían dicho antes del 5 de noviembre: se irían de ese país si ganaba Trump. Hasta ahora, solo se sabe de una actriz que lo ha cumplido. Nadie más. La élite del entretenimiento en EE. UU. es berrinchuda. En buena parte, es precisamente por ello que los Demócratas perdieron la elección: una absoluta desconexión con la realidad de millones de estadounidenses.  

El éxodo “tuitero” es aún más ridículo. Es como que si porque en el internet hay mucha basura y discurso de odio —en algunos países prohibido— se dejase de usar el internet. Claro, es una prerrogativa individual, pero sus motivaciones son infantiles. 

Se van a otra red social, a hablar solos. Entre ellos. Tribalismo puro y duro. 

En este boletín:

•Monumentos de Corrupción: proyectos diseñados para fracasar

•El reto de Arévalo por elegir a directivos de la SAT

•Comunismo: tragedia latente

Isabel Ortiz
Monumentos de Corrupción: proyectos diseñados para fracasar
754 palabras | 4 mins de lectura

El proyecto del paso a desnivel en la Calzada Roosevelt y 9.a avenida refleja los retos en la construcción de infraestructura pública en Guatemala. La ejecución de este proyecto inició el 1 de septiembre de 2022 —en la administración de Alejandro Giammattei— con el fin de optimizar el tráfico en una de las principales vías de la ciudad.

• Según indicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, (CIV), la construcción se encuentra suspendida desde el 30 de abril del presente año, ya que la empresa supervisora Constructora D&D no solicitó extender su contrato en el plazo acordado.
  
  

• En respuesta, el CIV designó a una nueva supervisora a través de un acuerdo ministerial.  Este proyecto está a cargo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) y fue adjudicado a la empresa CEBCO por un monto de GTQ 44 956 501, de los cuales se ha pagado ya el 50 %, es decir, más de GTQ 22.2M.
  
  

• Sin embargo, experimentó su primer parón el 1 de junio de 2023, por la urgencia de rediseñar un colector en la pila No. 5. Este cambio tuvo como consecuencia una prolongación de la fecha de finalización, que se extendió hasta el 1 de mayo de 2024.

Por qué importa. La construcción se encuentra suspendida y el CIV ha solicitado a la contratista que levante la suspensión debido a que no existe impedimento técnico, legal ni financiero para reiniciar la ejecución del proyecto; la empresa, sin embargo, utilizando el recurso de revocatoria establecido en el Decreto Número 119-96 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, continúa retrasando el reinicio del proyecto.  

• No es factible llevar a cabo una nueva contratación mientras la obra se encuentre en un estado de impase. El CIV, atendiendo a los intereses del Estado, busca que, de común acuerdo, se pueda finalizar el contrato con la constructora y eso dé viabilidad a lanzar un nuevo evento para terminar la obra. 

Voces. Mario Ceballos, propietario de la constructora CEBCO, indicó que el atraso se debe a que no se registraron las estimaciones de trabajo requeridas para que el CIV pudiera efectuar los pagos correspondientes.  

• “Estamos parados debido a que la empresa supervisora no desea que realicemos nada”, señaló. Según Ceballos, el CIV tiene la responsabilidad de garantizar la ejecución de los contratos y evitar la cancelación de la obra debido a la falta de pago.
  
  

• La Dirección General de Caminos (DGC) asignó a una ingeniera para presentar las estimaciones, pero CEBCO notificó que esta se negó a hacerlo, lo cual prolongó la parálisis.
  
  

• El (FSS) —la entidad responsable del proyecto— señaló que la responsabilidad de falta de ejecución se encuentra en CEBCO. El avance físico es un ridículo 9.28 %.  

Qué destacar. Una práctica común en este tipo de proyectos consiste en asignar el contrato, desembolsar una primera cuota, y luego suspender la obra por “razones administrativas”. La siguiente administración hereda estos contratos sin los fondos necesarios para reactivar los proyectos.  

• La administración anterior, junto con la Contraloría General de Cuentas, colocó estos contratos en una “lista negra” de proyectos que no deben recibir pagos, creando un bloqueo presupuestario que imposibilita continuar o cerrar estos contratos.
  
  

• A nivel estructural, el sistema de construcción de infraestructura está capturado por redes de corrupción en las que actores locales, como alcaldes y diputados, actúan como contratistas, aprovechándose del presupuesto para financiar proyectos mal planificados que nunca se completan.
  
  

• Los “monumentos de la corrupción”, como se les conoce a estos pasos a desnivel y puentes inconclusos, son producto de contratos asignados a empresas que sirven a intereses del crimen organizado.  

En conclusión. En este contexto, el Estado se ve obligado a realizar desembolsos iniciales a empresas que no cumplen sus compromisos. La suspensión de contratos por administraciones sucesivas es una práctica común, dejando el proyecto incompleto y los fondos retenidos, lo que favorece la corrupción sin que los objetivos de desarrollo se materialicen.  

• El caso de la Calzada Roosevelt no es único, sino un reflejo de un patrón más amplio en los proyectos de infraestructura en Guatemala, donde contratos de construcción y mantenimiento coexisten y, a menudo, tienen costos similares.
  
  

• Se requieren reformas estructurales que prioricen la transparencia y permitan la ejecución de proyectos sin interferencias de actores corruptos. 
  
  

• Una ampliación presupuestaria específica podría ser una solución temporal para los contratos actuales, pero sin un cambio en la administración de los contratos y en los controles sobre su cumplimiento, Guatemala seguirá enfrentando “monumentos de la corrupción” que simbolizan la captura del Estado y la pérdida de recursos públicos esenciales para el desarrollo.  

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Edgar Quiñónez
El reto de Arévalo por elegir a directivos de la SAT
709 palabras | 3 mins de lectura

La entidad estatal descentralizada responsable de la recaudación tributaria en Guatemala es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); su directorio es la autoridad máxima. Estas últimas semanas del año, el presidente Bernardo Arévalo tiene la responsabilidad de elegir a dos de los seis postulantes para integrar el Directorio. 

En perspectiva. La elección no será fácil; los seleccionados deben llenar los requisitos establecidos el pasado 26 de agosto por la Comisión de Postulación: tener nacionalidad guatemalteca; ser mayor de 40 años; poseer una reconocida honorabilidad y capacidad profesional; encontrarse en el goce de sus derechos civiles, y ser profesional acreditado con grado académico de licenciatura o postgrado en Ciencias Jurídicas o Ciencias Económicas.  

• Aunado a lo anterior, los elegidos tendrán que haber ejercido la profesión mencionada anteriormente y contar con la experiencia en el ámbito tributario o aduanero, por lo menos durante cinco años. La transparencia es clave para este proceso, tomando en cuenta las tareas que tendrán a su cargo.
  
  

• Se espera que el presidente se enfoque en la honradez, tomando en cuenta lo que el país ha vivido en los últimos años en torno al tema de la corrupción. Pero, honradez, no como algo relativo, sino más bien que demuestren esa vocación o cualidad por medio de sus acciones y así darle a la población la certeza de que habrá una gestión honesta a futuro. Hay que recordar que la SAT es una de las instituciones que más se prestan para actos de corrupción, como se ha ido demostrando a partir de 2015.  

Qué destacar. Los seis postulantes son: Adriana Estévez, quien obtuvo 81.82 puntos en la tabla de gradación; ha sido designada para integrar el Directorio de la SAT en dos ocasiones, en 2016 por Jimmy Morales y en 2020 por Alejandro Giammattei. Actualmente, forma parte del directorio. Gladys Monterroso quien obtuvo 62.60 puntos en la tabla de gradación, también se postula. Este no es su primer intento de integrar el Directorio, pues se postuló en el proceso anterior, logrando quedar en la lista de los seis finalistas.  

• También se encuentra Julio Roca, quien obtuvo 61.60 puntos en la tabla de gradación y que, además, en 2022 se postuló para el cargo de Contralor de Cuentas. Otro de los candidatos es Abel Cruz, quien obtuvo 61.05 puntos en la tabla de gradación. Es recordado porque, en 2016, estuvo a cargo del Viceministerio de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (MINECO), pero al poco tiempo renunció para asumir la jefatura de la SAT. Sin embargo, en 2019 fue destituido por no haber llegado a la meta de recaudación.

  
  

• Mario Álvarez obtuvo 58.87 puntos en la tabla de gradación. En 2016 desempeñó el cargo de viceministro administrativo en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y en 2019 formó parte de los aspirantes a representar al Congreso de la República en el directorio del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Finalmente, Hugo Chacón, quien obtuvo 51.51 puntos en la tabla de gradación. Laboró en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  

Hemeroteca. El 22 de octubre, la Comisión de Postulación para el Directorio de la SAT concluyó con la evaluación de los expedientes respectivos y de los postulantes. En total se recibieron 36 expedientes, de los cuales 14 quedaron en la contienda, hasta llegar a la nómina de seis candidatos. La evaluación se realizó conforme a lo establecido en su momento por la postuladora y el expediente fue remitido al gobernante de manera inmediata.  

• El 11 de noviembre, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, confirmó que la nómina ya está en manos del Ejecutivo. Ahora es cuestión de esperar y aunque aún no hay una fecha específica para dar a conocer los nombres de los elegidos, afirmó que se han establecido mecanismos de claridad para el desarrollo del proceso. También informó que los seleccionados podrían revelarse antes de la fecha límite.  

En conclusión. Es fundamental que el presidente no resuelva a la ligera tomando en cuenta que Guatemala necesita de una SAT verdaderamente técnica y totalmente transparente y fortalecida. Es decir, una institución que no sea politizada y mediática, más bien que responda a una gestión que cumpla con sus funciones, pero principalmente con la meta de recaudación.  

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