Oportuno periplo de Arévalo

¡Buenos días!

Luego de haber vetado el controvertido decreto 7-2025 —y que se discuta revertirlo en el Congreso—, el presidente alista maletas nuevamente. Esta vez, viaja al viejo continente para atender el Global Gateway, iniciativa de la Unión Europea con el fin de invertir en infraestructura. De concretarse —no solo “sentar las bases”—, el viaje podría valer la pena. Guatemala está urgida de obras de infraestructura; el mantenimiento de las precarias actuales no puede esperar, pero también se requiere de proyectos nuevos. El actual gobierno no ha logrado lo primero y menos lo segundo. No se buscan dádivas, sino inversión.

El presidente Arévalo, entonces, parece que estará fuera cuando estalle el asunto de su veto; si se materializan las movilizaciones ediles en apoyo a la normativa —y a los diputados que se animen a revertir el veto—, él estará en Bruselas o, quizá, ya en la Ciudad Eterna, previo a su audiencia privada con su santidad, el papa León XIV. 

¡Cómo se estará recordando, el presidente, de su padre y de su famosa frase: viajar es vivir! 

La Policía Nacional Civil (PNC) graduó a 3229 nuevos agentes el lunes 29 de septiembre. El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció que reforzarán 30 comisarías con este personal. Sin embargo, sumar más efectivos no garantiza mayor seguridad. En meses recientes, circularon videos que muestran su escasa preparación para responder a la creciente violencia.

• En “La Ronda” de ayer, Francisco Jiménez, ministro del ramo, afirmó que desde hace seis meses inició una ola de violencia en el país.

Por qué importa. El Gobierno calificó la incorporación de los nuevos elementos como un “hito histórico” de los últimos años. No obstante, la ciudadanía mantiene dudas sobre la preparación, disciplina y capacidades reales de los nuevos elementos frente al aumento de la violencia.

•  A través de una solicitud de información pública, la PNC afirmó que en el departamento de Guatemala hay 5106 agentes. Están distribuidos en diferentes áreas de la seguridad ciudadana.  

• Entre ellos, los abordajes de buses. En un recorrido que realizó el equipo de República en la zona 1, no se logró ubicar a ningún agente en las principales paradas.

• La inspección se realizó previo al 29 de septiembre. Ese día se reforzó la seguridad del distrito con la incorporación de 700 nuevos policías. República, de nuevo, recorrió la zona y sí encontró agentes.

Entre líneas. La PNC tiene varios protocolos de actuación que explican cómo deben reaccionar ante determinadas acciones. Los documentos buscan evitar las prácticas arbitrarias de los agentes. Los tres más usados son el Protocolo de Actuación Policial de Patrullajes, el de Aprehensiones, y el de Puestos de Control.

• El protocolo de aprehensiones regula dos tipos: ordenada por juez competente y la otra por delito flagrante. El último caso explica cómo neutralizar al presunto delincuente durante un hecho delictivo.

• Antes de proceder, el agente debe atender a sus medidas de autoprotección. Luego, pondrá en práctica los principios básicos de actuación policial y usará proporcionalmente la fuerza.

• Registrará al sindicado y lo identificará. Al finalizar el proceso, notificará a su jefe inmediato y coordinará con otras dependencias, en caso de ser necesario.  

Sí, pero. En varios incidentes in situ, el actuar de los agentes evidenció el desconocimiento de los protocolos. En julio, una mujer presentó una denuncia a dos PNC un asalto que ocurría; los agentes se encontraban frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en la 6.ª avenida y 1.ª calle, zona 1.

• El personal recibió la denuncia, pero no actuó. El sospechoso siguió su camino sin inconveniente alguno. Un hecho similar ocurrió el 10 de agosto en la 1.ª avenida y 3.ª calle de la misma zona.

• Dos policías en patrulla perseguían a una mujer sospechosa de robar una mochila. Nunca se bajaron del automóvil, solo le gritaban que se detuviera —utilizaron palabras obscenas—. Ella corrió sin parar.

• Expertos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicaron que, aparte de los malos procedimientos, también es común observar a los agentes sumergidos en los celulares.

En conclusión. La graduación numerosa de agentes no resuelve la inseguridad que enfrenta Guatemala, aunque el Gobierno lo destaque como un logro en un fortalecimiento institucional. Las evidencias apuntan a una PNC con vacíos formativos, protocolos ignorados y una débil supervisión operativa.

• La falta de aplicación de los protocolos y el desinterés de algunos agentes socavan la confianza ciudadana. Además, agravan la percepción de impunidad.

• Si el Mingob no prioriza la capacitación y la rendición de cuentas, los próximos graduados heredarán la misma cultura policial: reactiva, improvisada y sin liderazgo.  

Cuatro días después de que el presidente Bernardo Arévalo vetara el Decreto 7-2025, que permitiría a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) utilizar en 2026 los recursos no ejecutados este año y que, según el Ejecutivo, abre la puerta a la opacidad en el manejo de fondos, el Congreso se prepara para definir hoy el destino de la propuesta.

El tema encabeza la agenda de la sesión plenaria de este martes y se perfila como uno de los puntos de mayor tensión política de las últimas semanas. Aunque aún no hay claridad sobre qué camino tomará el pleno, en los pasillos del Legislativo se manejan tres escenarios: revertir el veto —con al menos 107 votos—, remitir el expediente a la Corte de Constitucionalidad (CC) o, en menor medida, reformular la propuesta para emitir un nuevo decreto, como establece el artículo 132 de la Constitución.

“Si durante el curso de la discusión del rechazo o no del veto surgen proposiciones relativas a enmendar el Decreto original, se tramitarán las mismas como si fuesen proposiciones para emitir un nuevo Decreto”, cita el marco legal.

El jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, aseguró que la mayoría de los legisladores con los que ha conversado se inclinan por rechazar el veto y publicar el decreto para que entre en vigor cuanto antes. “La intención es revertirlo de una vez”, afirmó.

La discusión ocurre en medio de una fuerte presión política por parte de los alcaldes agrupados en la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), presidida por Sebastián Siero. Los jefes ediles han insistido en que los fondos de los CODEDES son esenciales para la ejecución de obras locales e insisten que los diputados mantengan su voto original. “Más de 300 alcaldes respaldamos a los diputados que aprobaron el decreto con 108 votos y los animamos a revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución”, declaró Siero días atrás.

Sin embargo, algunos legisladores consideran que la salida más prudente sería trasladar la consulta a la CC, tomando en cuenta que el Ejecutivo argumentó vicios de inconstitucionalidad por supuestas violaciones a los artículos 2, 119, 154, 171, literal b), y 238 constitucionales. Esa vía, opinan, permitiría ganar tiempo y buscar consensos.

Consultado sobre el tema, el presidente del Congreso, Nery Ramos, señaló que “el pleno es la máxima autoridad que decidirá el tratamiento que se le dará al veto; la Junta Directiva simplemente lo incluyó en la agenda”.

Otros puntos en discusión 

Además del veto, el Legislativo prevé conocer en tercer debate la reforma al Código Penal que busca declarar terroristas a los integrantes de pandillas y aumentar las penas de prisión. También se contempla avanzar en la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Corea y del acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos, así como discutir la ley que crearía la alerta Ángel-Domingo. 

El veto del Ejecutivo al decreto 07-2025 reactivó el debate sobre los límites constitucionales en el manejo de fondos públicos. Lo aprobado por el Congreso incluía disposiciones que, según el análisis técnico de la Secretaría General de la Presidencia y varios ministerios, vulneraban artículos clave de la Constitución, entre ellos el 2, el 119, el 154, el 171(b) y el 238.

El punto más crítico: la facultad otorgada al Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto sin aval legislativo ni procedimientos técnicos.

Durante la conferencia de prensa semanal, el presidente, Bernardo Arévalo, explicó que el decreto contenía formulaciones imprecisas —como “razones ampliamente justificadas”— que comprometen la certeza jurídica. Según el secretario general de la Presidencia, esa frase permitiría la designación de proyectos sin una causa real, lo que vulneraría el artículo 2 constitucional.

Aunque la medida ha generado tensiones con el Congreso, el mandatario reiteró el compromiso con los gobiernos locales. Recordó que entre julio y agosto se realizaron reuniones regionales con alcaldes, en las que se discutió la inclusión de una cláusula en el Proyecto de Presupuesto 2026 para reprogramar los fondos no ejecutados en 2025.

El objetivo es evitar la devolución de recursos y garantizar la continuidad de obras comunitarias.

En paralelo, el Ejecutivo presentó una nueva iniciativa de Ley anti-pandillas, que busca reforzar el combate contra las estructuras criminales responsables de la reciente escalada de violencia.

La propuesta contempla el aumento de penas de prisión para delitos vinculados a maras y pandillas, así como la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, diseñado exclusivamente para miembros de estas organizaciones.

El nuevo recinto tendrá condiciones estrictas: celdas para máximo dos personas, prohibición de encomiendas y controles reforzados para impedir que los cabecillas continúen operando desde prisión. Según la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, el diseño busca cortar las comunicaciones que permiten coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

La iniciativa también aborda la usura ejercida por extranjeros en esquemas de “prestamismo” que afectan a comerciantes y familias guatemaltecas. Se plantea la expulsión inmediata de quienes cometan este tipo de delitos, como parte de una estrategia contra redes criminales transnacionales.

Durante la presentación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, respondió a preguntas sobre el alcance de la propuesta. Consultado sobre si Guatemala solicitó a EE. UU. declarar organización terrorista al Barrio 18, aclaró que no hubo una petición formal, pero que la decisión fue compartida en el marco de la cooperación bilateral.

Respecto a señalamientos contra actores políticos y judiciales por presuntos vínculos con pandillas, Jiménez afirmó que “el pueblo de Guatemala sabe quiénes han estado involucrados” y que algunos intentan desviar la atención. También indicó que se propondrán reformas legales para endurecer las penas y sancionar a reos que dañen infraestructura penitenciaria.

Las reformas, dijo, son técnicas y buscan cerrar brechas que permiten la impunidad. 

Agenda presidencial  

Martes 7 

• Visita a CONRED para supervisar las acciones por la temporada de lluvias y conocer de cerca la ayuda humanitaria que se entrega.

Miércoles 8 a viernes 10 

• Participación en Global Gateway, Bruselas, foro internacional donde se abordarán temas sobre atracción de inversiones. 

Sábado 11 

• Reunión privada con Su Santidad el Papa León XIV.