Otro “caso” contra Arévalo

¡Buenos días! 

El Ministerio Público (MP) anunció ayer un nuevo ¡otro más! caso en contra del presidente Bernardo Arévalo por, presuntamente, haber cometido abuso de autoridad, usurpación de funciones y haber emitido resoluciones violatorias a la Constitución. Todo ello en torno a la instrucción que le dio a la exministra Jazmín de la Vega para pagar a contratistas de una forma distinta a la que ella ejecutó.

La disidencia de la exministra fue, claramente, el motivo de su remoción; insubordinación y pérdida de confianza. El trasfondo del asunto es –y acá es la palabra de ella en contra de la de él– que los pagos ordenados por el presidente tenían una intención: el pago de favores políticos.

Como sea, la pugna entre el MP y el Ejecutivo continúa. Las motivaciones apuntan a que no se trata de simple diligencia por parte del ente investigador, pues, de ser así, ya habría presentado innumerables acusaciones por la grosera –y evidente– corrupción de funcionarios del gobierno pasado. Esa omisión es delatora.

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Editorial: Una vergüenza judicial en Suiza

VIVA y las pugnas por el control de la bancada

El aeropuerto La Aurora sigue sin ser prioridad del Gobierno

Una vergüenza judicial en Suiza 

El martes, República asistió al estreno del documental “El caso Sperisen: una vergüenza judicial”. El título podría evocar un proceso en la jurisdicción guatemalteca –o de algún país africano–, pero no; Erwin Sperisen fue procesado en Suiza, un país que se precia de su neutralidad y civilidad. El juicio, vergonzosamente, careció de ambas cualidades.

Los juicios se llevaron a cabo en Ginebra, la sede de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La “justicia” ginebrina atropelló toda norma de proceso imparcial posible: prisión preventiva excesiva –5 años y 10 meses en aislamiento–, exclusión arbitraria de pruebas de la defensa, testigos falsos y pruebas científicas alteradas de la fiscalía –lo que quedó evidenciado durante el debate–; en fin, un absoluto desprecio por los derechos fundamentales del procesado.

El documental muestra con meridiana claridad cómo una organización no gubernamental –de la mano de la CICIG– instrumentalizó el sistema de justicia suizo con miras ideológicas y clarísimos conflictos de interés, pues el fiscal ginebrino, Ives Bertossa, es hijo del fundador de TRIAL, la oenegé que “armó” el caso.

La CICIG no pudo conseguir la condena en ninguna otra jurisdicción y de ninguno de los otros perseguidos por el caso, salvo a Sperisen, en Ginebra, en donde proveyó solamente elementos para incriminar. Nada de averiguar la verdad, sino condenar al acusado, incluso con pruebas falsas.

La complicidad entre TRIAL, el fiscal Bertossa y los jueces que condenaron a Sperisen queda clara en el documental que, además, narra cómo los jueces cotizan –pagan– una parte de su salario a los partidos políticos de izquierda que los nombran en el cargo. Un kickback institucionalizado.

En los dos juicios –que acá llamaríamos de primera instancia– los jueces fueron los mismos. Hasta en Guatemala se sabe que un juez que ha emitido opinión previa sobre un asunto que es puesto a conocimiento no es imparcial, no digamos a haber conocido el caso con anterioridad. ¿Cómo es posible que la “justicia” suiza haya permitido esa aberración? No hay otra explicación que el sesgo y el contubernio entre políticos, autoridades judiciales, y fiscales.

La primer condena –a cadena perpetua– fue anulada y la segunda condena redujo su sentencia, pero también fue recurrida, esta vez, a nivel continental.

De esa cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza había violado los derechos humanos de Sperisen.

Debiese ser un motivo de oprobio para ese país lo ocurrido en ese caso y lo resuelto en Estrasburgo. No obstante, el Tribunal Supremo Federal suizo ordenó un nuevo proceso como consecuencia de lo determinado a nivel europeo.

El documental es una pieza muy bien producida a nivel técnico, y su contenido irrefutable; muestra precisamente lo que nunca debe pasar en un juicio justo. Ni acá, ni en Suiza.

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Ana González
VIVA y las pugnas por el control de la bancada
692 palabras | 3 mins de lectura

La bancada Visión con Valores (VIVA) se sumó a la lista de bloques en el Congreso que están divididos. Hay dos grupos que disputan el control, por lo que falta ver si el partido, que data del 2007, logrará sobrevivir a las pugnas internas de su bloque.  

Panorama general. En esta legislatura, la agrupación tiene 11 diputados y aunque las diferencias se venían arrastrando desde antes de tomar posesión, la intención de expulsar a Evelyn Morataya y a Gustavo Cruz terminó por romper el hilo que los unía.

  • Morataya y Cruz integran un grupo junto a Jorge Castro –jefe de bancada–; Nery Mazariegos; César Amézquita; Víctor Bonilla; Jeovanni Domínguez, y Fidencio Lima.


  • El otro grupo –allegado al secretario general Armando Castillo– lo integran Obbed Ediberto Castañasa; Edín de Jesús Mejía, y Gerson Barragán.

Visto y no visto. Fuentes del partido aseguran que Castillo quiso que Castañasa y Barragán estuvieran al frente de la bancada, mientras que Edin de Jesús asumiera el puesto en la Junta Directiva.

  • La mayoría de los diputados pidió que se hiciera por votación y así fue como Castro logró los ocho votos para dirigir la bancada y Amézquita integrar la directiva de Nery Ramos.


  • Lo mismo ocurrió con las comisiones. Morataya se quedó con Salud; Lima Pop con Ambiente y Domínguez con Comunicaciones.

  • El malestar –según el grupo de Castro– fue creciendo, pues Castillo no tiene ninguna influencia en el bloque. 

Qué resaltar. Se asegura que la intención de expulsar a Morataya y a Cruz –bajo el argumento que no están afiliados al partido– es una estrategia para debilitar al grupo de 8, pues los diputados Bonilla y Domínguez tampoco están afiliados.  

  • Al dejarlos fuera, la bancada se quedaría con 9 integrantes. Los dos diputados que no están afiliados tendrían la opción de sumarse al grupo de Castillo, y así sumar 5 votos para influir en la toma de decisiones.

  • No obstante, el proceso de expulsión se pinta largo pues se presentaron dos recursos de reposición y un recurso de nulidad ante el Comité Ejecutivo Nacional.

  • “No vamos a descansar. Vamos a agotar todos los recursos para evitar su expulsión. Si no lo resolvemos, nos iremos a los tribunales”, advirtió Castro, jefe de bancada.

Voces. Castillo, secretario general del partido VIVA, aseguró que la expulsión se hizo, hasta ahora, por sugerencia de una integrante del Comité Ejecutivo Nacional. “Si no lo hubiera planteado no se hubiera conocido”, declaró.  

  • Sobre la influencia que quiere tener en la bancada, asegura que “debe haber una correlación entre bancada y partido [...] un diputado no puede abstraerse de los lineamientos del partido, cuando la población no vota por un nombre, vota por una institución”, justificó.

  • Sobre la injerencia que quiso tener en las contrataciones dijo que “lo normal y justo es que un diputado tome en cuenta a los que iban en su listado, que trabajaron por el partido [...] siempre y cuando cumplan con el perfil”.

  • Descartó que los problemas hayan surgido por posibles aspiraciones políticas por parte de Morataya. Dijo que cualquiera es libre de tomar sus decisiones, por lo que si al final ella decide postularse “le desea muchos éxitos”.

Entre líneas. Para nadie es un secreto que Morataya es el rostro más conocido de la agrupación, gracias al expresidente Alfonso Portillo –su exesposo– y a las labores de fiscalización que ha realizado en la red hospitalaria desde la presidencia de la comisión de salud.  

  • Ella asegura “que es muy pronto y falta mucho para tomar decisiones”.

  • Asegura que “se cree que –la fiscalización– es un trabajo que promueve una candidatura presidencial, pero no es así, la población debe acostumbrarse a que algunos diputados son más mediáticos y que les encanta salir a fiscalizar”, dijo en declaraciones a medios de comunicación. 

En conclusión. Por el momento, el grupo leal a Morataya tiene dos opciones. Una de ellas es dar la batalla por mantenerse en el partido y ganar terreno; y la otra es buscar una nueva agrupación, algo que no es extraño para la ex primera dama, pues desde la legislatura anterior ha pasado por varios grupos políticos aprovechando la popularidad de su exesposo.

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Marimaite Rayo
El aeropuerto La Aurora sigue sin ser prioridad del Gobierno
850 palabras | 4 mins de lectura

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) llegó a un punto de quiebre. Un cambio en el modelo de gestión e inversión, son las únicas opciones para solucionar la decadencia de infraestructura y de eficiencia que enfrenta. 

  • Los patrones de administraciones pasadas, y la falta de recursos internos –y de voluntad política– han obstaculizado el camino hacia la recuperación del aeropuerto. 

En el radar. En junio –en un evento de República– el presidente Bernardo Arévalo anunció que su administración transformaría el AILA mediante una alianza público-privada para atender las necesidades de la institución. 

  • No obstante, ya pasaron dos meses desde que el mandatario anunció esta decisión y no se registra avance alguno.

  • Es más, al revisar el sistema de GUATECOMPRAS, la mayoría de adjudicaciones realizadas en los primeros seis meses de gobierno, incluso después del anuncio presidencial, solo reflejan contratos por pequeñas reparaciones, en vez de proyectos que impliquen cambios importantes en la operación aeroportuaria.

  • Aunque las autoridades indiquen que ya se ha invertido para mejorar la infraestructura, las quejas por parte de usuarios (por el mal estado de los servicios sanitarios, los carruseles de equipaje, las gradas eléctricas y elevadores, al igual que preocupaciones por el mal estado de la pista de taxeo), contradicen la narrativa oficial.

Visto y no visto. Hasta el momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ha adjudicado 155 concursos por un monto poco más de GTQ 10M, sin embargo, la mayoría son por reparaciones y mantenimientos de reducido impacto, como el cambio de luminarias en los pasillos, compra de ventiladores y reparación de puertas, entre otros. A pesar de la baja calidad de las instalaciones actuales, muchos concursos se han adjudicado a proveedores del pasado. 

  • Por ejemplo, en julio, se adjudicó un concurso por la compra de contactores –dispositivos eléctricos– para el mantenimiento de los gabinetes de los muelles de abordaje (NOG 23279524) a la empresa Grupo de Automatización y Tecnología Industrial, S.A. por un monto de GTQ 54 000. Esta entidad ya había sido beneficiada en 22 ocasiones en 2023 –a pesar de que no tenía experiencia previa– le vendió al Estado GTQ 1543M.

  • La empresa Sistemas, Instrumentación y Energía Centroamérica, S.A., que ya ha sido proveedor de plantas de energía eléctrica y otros servicios, recibió una adjudicación más para el mantenimiento de los generadores eléctricos (NOG 23442050). Los cortes de energía eléctrica en las terminales son uno de los problemas que afectan la operación del aeropuerto.

  • De igual forma, Global Security Systems, que ha sido proveedor del Estado desde 2018, y que en 2023 obtuvo 23 adjudicaciones –únicamente del CIV– ganó el concurso para el servicio de mantenimiento para los carruseles de reclamo de equipaje (NOG 22832440). 

Cómo funciona. Las autoridades del CIV señalaron que los concursos que se han adjudicado este año únicamente son para “sostener” la estructura del AILA, dado que, debido al proceso que establece la Ley de Contrataciones del Estado, toda obra que supere los GTQ 900 000, debe seguir un proceso de licitación, por lo que se tiene que incluir en el proyecto de presupuesto anual. 

  • Agregaron que el hecho de que este año estén trabajando con un presupuesto que no fue presentado por el partido de gobierno, ha limitado la ejecución de cambios significativos en el aeropuerto.

  • Sobre la repetición de proveedores del pasado, mencionaron que la administración está realizando un proceso de depuración, para adjudicar obras únicamente a las entidades que han cumplido con los estándares de calidad. Asimismo, indican que revisarán los criterios de calificación para garantizar la calidad en los proyectos.

  • Ahora bien, a pesar de que los representantes del CIV manifiesten esta intención, al igual que el presidente Arévalo cuando prometió incluir nueve proyectos de mantenimiento en el AILA en la iniciativa de ampliación presupuestaria, la realidad refleja algo diferente. La ampliación aprobada por el Congreso no incluye ninguna transferencia o asignación para este fin. 

Voces. La falta de mantenimiento es la razón principal por la que el AILA se encuentra en las actuales condiciones. 

  • Una opción se encuentra en la iniciativa presentada por la bancada Unionista que impulsa la ley de reorganización del impuesto de salida del territorio nacional, de manera que los fondos recaudados se utilicen para el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria.

  • Actualmente, solo el 27 % de los ingresos del impuesto de salida se destinan al aeropuerto y el resto se distribuye entre otras instituciones como los ministerios de Educación, Cultura y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

  • Por lo tanto, esta propuesta promueve una reestructuración de lo recaudado: 70 % para el mantenimiento y construcción de infraestructura en los aeropuertos y 30 % para su funcionamiento. De lo contrario, estas obras seguirán dependiendo de las transferencias provenientes del Ministerio de Finanzas. 

¿Ahora qué? Es evidente que la falta de financiamiento es un obstáculo básico en el funcionamiento, mantenimiento y mejora de la infraestructura del AILA. 

  • No obstante, ya existen propuestas que plantean otras soluciones que no dependen del presupuesto. 


  • Sin embargo, la voluntad política es esencial en este proceso, de lo contrario, el abandono de las instalaciones será más profundo y aumentará el riesgo en las operaciones.