Petro, borracho y loco

¡Buenos días!

Evocando la canción “Lamento boliviano”, que hiciera famosa el grupo Enanitos Verdes —aunque es original de la banda mendocina Alcohol Etílico—, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sigue borracho y loco.

La más reciente de sus locuras: anunciar acciones judiciales contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para “anular” las elecciones presidenciales que perdiera su delfín, Iván Cepeda; incluso el vencido ya ha reconocido los resultados electorales. Eso sí, anunció que “desobedecerá” al gobierno de Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad —colombiana y de EE. UU.—, lo que Cepeda argumenta que lo imposibilita para ser presidente de Colombia. A esas sandeces ya les han puesto fin los tribunales, pero Cepeda es contumaz.

Con esas acciones y actitudes, los izquierdistas muestran —una vez más— que lo de ellos no es la democracia; buscan, sí, validar sus ansias de poder en las urnas, pero cuando pierden regresan a su programación básica, como sacada del Manual del perfecto idiota latinoamericano.

Si a ello se le agregan las fuertes sindicaciones en contra de su administración por pactar con grupos terroristas —lo que los empoderó—, y que es posible que Petro y su exministro de Defensa, Iván Velásquez, tengan que enfrentar procesos penales, no es de extrañar que pretendan subvertir el resultado electoral.

De no conseguirlo —que es lo más probable—, personas y grupos desestabilizadores ya anunciaron que “harán invivible Colombia”. Ante ello, el gobierno de de la Espriella deberá poner orden para que los colombianos puedan vivir en paz; los agitadores socialistas se victimizarán, por supuesto.

Reynaldo Rodríguez
El costo fiscal de la reelección de Lula
640 palabras | 4 minutos de lectura

Brasil se encamina firmemente hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2026 en medio de un escenario marcado por la extrema polarización política. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a la reelección enfrentando un complejo e indiscutible empate técnico en las principales encuestas de opinión del país. Ante el persistente desgaste en la intención de voto hacia el oficialismo, el palacio de Planalto ha desplegado una ambiciosa agenda económica basada en estímulos financieros directos.

• A través de un masivo despliegue de subsidios, exenciones impositivas y estímulos crediticios, el gobierno busca transformar el alivio financiero inmediato en capital político directo en las urnas.

En perspectiva. El panorama político de cara a los comicios expone un progresivo deterioro en los niveles de apoyo hacia la administración de Lula.

• El estrecho margen de aprobación de Lula —su desaprobación ronda el 49 % en las últimas encuestas de este 2026— ha encendido las alarmas en el oficialismo: esto proyecta un escenario de empate técnico frente a la oposición.

• Para romper este estancamiento, el Ejecutivo ha diseñado un masivo “paquete de bondades” que incluye la eliminación de aranceles a compras digitales internacionales, exenciones al impuesto de renta a cerca de 10M de trabajadores, ampliación de líneas de crédito para vivienda popular y la ampliación del subsidio de gas para más de 15M de familias.

• Estructuralmente, estas medidas reviven la histórica tendencia del Partido de los Trabajadores de expandir el gasto público e instrumentalizar la banca de desarrollo (BNDES) para inyectar liquidez y manipular el crédito, buscando la legitimación de su proyecto político mediante la estimulación artificial de la demanda agregada.

Lo indispensable. Ese “paquete de bondades” opera como un mecanismo transaccional de incentivos fiscales y subsidios directos diseñado para blindar el poder de compra del electorado y retener márgenes políticos clave de cara a las urnas.

• La ampliación de líneas de crédito subsidiadas para vivienda popular funciona como un estímulo contracíclico que dinamiza el empleo en construcción y reactiva el mercado inmobiliario periférico, garantizando un flujo constante de ingresos familiares y acceso a vivienda.

• El fortalecimiento del subsidio de gas para más de 15M de familias alivia directamente el costo de un insumo básico e inelástico, liberando renta disponible en los sectores más vulnerables para sostener su demanda agregada.

Entre líneas. Esta expansión artificial de la liquidez colisiona con la realidad monetaria y fiscal del país, donde los incentivos de corto plazo para consolidar un margen de victoria en las elecciones profundizan los desequilibrios estructurales de la economía brasileña.

• El repunte récord en la mora de créditos corporativos, con 8.9M de empresas afectadas, y de consumo, con 29.6 % de familias atrasadas, choca con una restrictiva tasa de interés del banco central superior al 14 %.

• A largo plazo, la priorización del consumo para aliviar al electorado previo a los comicios termina castigando a los propios trabajadores mediante una pérdida real de su poder adquisitivo, ya que la inflación persistente asociada al sobreendeudamiento asfixia los salarios y destruye el empleo formal.

• Asimismo, la implementación de este agresivo paquete de consumo presiona drásticamente las cuentas públicas del fisco brasileño, comprometiendo las metas fiscales y la estabilidad macroeconómica con el único fin de asegurar ventajas electorales inmediatas.

En conclusión. El verdadero peligro de este entramado de incentivos radica en el crecimiento descontrolado de los gastos estructurales rígidos del Estado, mientras la deuda bruta ya asfixia la economía superando el 81 % del PIB (mayo/junio 2026). En un escenario donde el Banco Central se ve obligado a mantener tasas de interés elevadas para mitigar la inflación, la expansión desmedida del crédito subsidiado sabotea frontalmente la efectividad de la política monetaria nacional.

• En definitiva, el actual gobierno brasileño opta por adquirir gobernabilidad efímera y retener sufragios en el presente, comprometiendo de manera severa el crecimiento potencial y la solvencia fiscal del país en el siguiente mandato.

Luis González
El pulso legal por la USAC sigue 
630 palabras | 4 minutos de lectura

La cuestionada “reelección” de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) está lejos de quedar definitivamente resuelta.

Qué destacar. Aunque asumió el cargo y se encamina a un nuevo período, persisten cuestionamientos por haberlo hecho sin contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito. Además, siguen pendientes recursos legales cuya resolución de fondo aún no llega.

• La última palabra está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que ha mostrado criterios divididos, aunque hasta ahora con resoluciones favorables a Mazariegos. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.

• El tema cobra especial relevancia porque el 15 de julio se prevé la designación de la presidencia de la comisión postuladora para Contralor General de Cuentas, cargo para el que Mazariegos se perfila. La Contraloría será clave rumbo a las elecciones de 2027 por su facultad de extender o negar finiquitos, requisito que puede habilitar o bloquear candidaturas.

• Mientras tanto, la incertidumbre persiste en la USAC y el debate continuará esta semana en redes sociales e instituciones vinculadas al caso.

En el radar. A menos de un año de la convocatoria oficial a elecciones, partidos políticos y posibles candidatos a la Presidencia y al Congreso mantienen una intensa actividad de promoción en redes sociales.

• El fenómeno despertó de nuevo los señalamientos de campaña anticipada y obligó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a reforzar la fiscalización de la publicidad digital.

• Entre enero y mediados de junio de 2026, el TSE registró más de 125 expedientes por presunta propaganda adelantada, la mayoría vinculados a publicaciones y pautas en plataformas digitales. La tendencia podría incrementarse conforme se acerque el proceso electoral de 2027.

• Además, organizaciones políticas han denunciado la contratación de anuncios en Meta y Google para promover la imagen de posibles aspirantes antes del inicio legal de la campaña. Mientras tanto, el TSE insiste en que documenta los casos y recuerda que la propaganda electoral solo podrá realizarse dentro de los plazos establecidos por la ley.

Lo que sigue. A casi dos meses de haber asumido la jefatura del Ministerio Público, Gabriel García Luna mantiene una intensa reestructuración interna orientada a alinear la institución con las prioridades de su gestión.

• Los cambios más visibles han sido las remociones y traslados en fiscalías de alto perfil, pero los movimientos también alcanzan áreas regionales, unidades especializadas y dependencias administrativas. 

• El objetivo es fortalecer la capacidad de investigación, revisar estructuras heredadas y mejorar la coordinación interna. Al mismo tiempo, la nueva administración impulsa procesos de evaluación y reorganización que siguen generando expectativas dentro y fuera del ente investigador, según la comunicación oficial.

• La magnitud de los cambios refleja el interés de la actual gestión por marcar distancia con el pasado reciente y redefinir el rumbo del Ministerio Público. Mientras las modificaciones continúan, la atención permanece centrada en los resultados de esta nueva gestión.

Ecos regionales. No cabe duda de que el domingo 12 de julio de 2026, Nayib Bukele confirmará su candidatura para un tercer período presidencial en El Salvador, con el partido Nuevas Ideas en sus elecciones primarias.

Por su parte, los partidos de oposición ARENA y FMLN llevarán a cabo sus propias votaciones descentralizadas para finales de ese mismo mes, con la vista en los comicios generales presidenciales, legislativos y municipales fijados para febrero de 2027.

• El anunciado regreso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, previsto para el 26 de julio, genera una intensa expectativa nacional, dividida entre los simpatizantes que preparan su bienvenida y los sectores que exigen justicia.

• Del 16 al 18 de julio, Panamá y China sostendrán una reunión de alto nivel para abordar las retenciones de buques panameños en puertos chinos y la renovación del acuerdo marítimo bilateral, en un momento clave para la relación entre ambos países.