Petro, el baboso

¡Buenos días!

Los desmanes y desvaríos del presidente colombiano, Gustavo Petro, no son nada nuevo. Durante su mandato, varias veces se le vio pronunciar largas —y muchas veces incoherentes— peroratas como si estuviese bajo los efectos de sustancias, de exceso de alcohol o ambos; frecuentemente se le veía salivar demasiado. Baboso, pues.

Los viajes con amantes, las compras de productos de lujo —“socialista Gucci”, al fin—, la incorporación a su gabinete de personas claramente incapaces y un largo etcétera marcarán anecdóticamente su presidencia.

Pero las marcas más profundas, las que dejan cicatrices visibles, son el aumento de la violencia —incluida la política, desaparecida desde finales del siglo pasado—, el aumento exponencial de la producción de cocaína y la división a la que llevó a Colombia. El problema es la posibilidad de que eso continúe y se exacerbe con una eventual victoria de Iván Cepeda.

Tras verse sorprendidos por los resultados de la primera vuelta, tanto Petro como Cepeda “desconocieron” los resultados; el candidato ya los aceptó, mas el presidente es contumaz.

Petro ha violado reiteradamente no solo las normas electorales, sino la decencia; en un claro apoyo al candidato oficialista, mostró su voto públicamente; ahora dice que se “pondrá al frente” de la campaña de Cepeda. Lo que eso signifique.

La contienda es, ahora, de antípodas ideológicas, pero la distorsión que mete la participación del presidente a favor de su candidato es abiertamente ilegal.

Sin embargo, aunque se debe impedir cualquier manoseo, también hay que tener muy en cuenta la frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

Rafael P. Palomo
El colapso del petrismo, territorialmente explicado
875 palabras | 4 minutos de lectura

Colombia eligió a la derecha tras cuatro años de fracaso, pero la diferencia es mucho mayor que el 3 % que separa a los dos candidatos que irán al balotaje.

En perspectiva. La primera vuelta presidencial colombiana dejó una paradoja interesante. A simple vista, la izquierda no colapsó del todo. Iván Cepeda obtuvo 9.7M de votos, avanzó al balotaje y quedó a menos de tres puntos porcentuales de Abelardo de la Espriella, provisionalmente. Sin embargo, cuando se observan los resultados detenidamente, aparece una realidad mucho más dura para el oficialismo: la izquierda colombiana no creció de lo que ya es su tope histórico; la derecha, sí.

• Durante meses, el debate político se concentró en las encuestas. Algunas mostraban a Cepeda liderando cómodamente la primera vuelta, mientras otras proyectaban una competencia más ajustada.

• Sin embargo, el resultado final reveló algo más importante que cualquier porcentaje puntual: el mapa electoral de Cepeda es casi idéntico al de Gustavo Petro en 2022.

• Los datos municipales muestran una correlación cercana a 0.98 entre ambas votaciones. La geografía política de la izquierda prácticamente no cambió en cuatro años de gobierno; las mismas regiones que votaron por Petro votaron por Cepeda.

Por qué importa. Los mismos bastiones permanecieron leales y los mismos territorios siguieron siendo hostiles. Eso es una mala noticia para cualquier proyecto político que aspira a reelegirse. Los gobiernos que sobreviven electoralmente suelen ampliar su coalición, convencen a nuevos sectores, incorporan votantes moderados y expanden sus fronteras políticas. El petrismo hizo exactamente lo contrario. Conservó a sus bases históricas, pero fracasó en conquistar nuevos espacios. Bogotá ilustra perfectamente este fenómeno.

• La capital tuvo aproximadamente 329 000 votantes adicionales respecto a 2022. Sin embargo, Cepeda obtuvo alrededor de 65 000 votos menos que Petro cuatro años atrás.

• Esto significa que buena parte de los nuevos votantes no se incorporaron al bloque oficialista. Ese dato es especialmente relevante porque Bogotá suele funcionar como un laboratorio político nacional.

• Lo que ocurre allí frecuentemente anticipa tendencias que luego se expanden al resto del país. Si la izquierda está perdiendo capacidad de atraer nuevos votantes en su principal centro urbano, el problema es mucho más profundo que una simple mala campaña.

Entre líneas. La otra gran novedad de esta elección fue el regreso del centro. En 2022, gran parte del electorado moderado terminó absorbido por la candidatura de Rodolfo Hernández. Esta vez, ocurrió lo contrario. Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López capturaron cerca de 2.9M de votos. Ese espacio político volvió a existir y se convirtió en el verdadero árbitro de la segunda vuelta.

• Aquí aparece la principal dificultad estratégica para Cepeda. La mayoría de esos votantes no son naturalmente de izquierda.

• Muchos apoyaron alternativas al petrismo durante los últimos años. Otros respaldaron a Petro en 2022 como parte de una ola regional de rechazo a los oficialismos tradicionales que se extendió por Latinoamérica después de la pandemia.

• Sin embargo, cuatro años después, el balance de gobierno modificó sustancialmente los incentivos electorales.

Cómo funciona. La inseguridad, el deterioro económico y el desgaste institucional han convertido al gobierno de Petro en un experimento que muchos votantes no parecen interesados en repetir. Eso ayuda a explicar por qué las probabilidades del mercado de apuestas son tan contundentes. Al momento de cierre, Polymarket otorga alrededor de un 81 % de probabilidades de victoria a Abelardo de la Espriella.

• No se trata únicamente de la ventaja de 673 000 votos obtenida en primera vuelta, sino de la dirección natural de los flujos electorales.

• Territorialmente, los votantes de Paloma Valencia se parecen mucho más a los de De la Espriella que a los de Cepeda. Sus fortalezas están en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y otros territorios donde el rechazo al petrismo es particularmente intenso.

• Incluso, si una parte de esos electores decide abstenerse o dividirse, la mayoría de los escenarios siguen favoreciendo al candidato de la derecha.

Visto y no visto. La situación de Fajardo es más compleja, pero tampoco ofrece garantías para el oficialismo. Sus votantes son predominantemente urbanos, moderados y profundamente escépticos tanto del petrismo como del uribismo tradicional.  

• Convencerlos de respaldar a Cepeda requeriría una operación política extremadamente eficiente en un momento donde el gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos.

• No obstante, el apoyo del uribismo a De la Espriella podría ser decisivo para esa demográfica.

En conclusión. La conclusión más importante es que Colombia parece haber cerrado el ciclo político que abrió en 2022. Aquella elección ocurrió en medio de una ola regional donde el descontento social, la inflación pospandemia y el desgaste de las élites tradicionales impulsaron a numerosos candidatos antisistema al poder. Desde Chile hasta Colombia, pasando por Perú y otros países de la región, los votantes buscaron alternativas disruptivas. Sin embargo, la experiencia de gobierno ha sido menos convincente que las promesas de campaña.

• Lo que muestran los resultados de la primera vuelta es el agotamiento del proyecto político que llevó a Petro al poder.

• La izquierda colombiana exhibió sus límites de crecimiento; conservó sus bastiones, movilizó a sus bases y mantuvo intacta su geografía electoral. Lo que no logró fue expandirse, a diferencia de la derecha.

• En una segunda vuelta, donde la victoria depende precisamente de conquistar nuevos espacios y territorios políticos, esa puede ser la diferencia entre competir y ganar.

Gérman Gómez
Guatemala: cárteles, alcaldes y rutas del poder
634 palabras | 3 minutos de lectura

En los últimos años, Guatemala dejó de ser solamente una ruta para el narcotráfico; se convirtió en una plataforma logística para múltiples actividades criminales que incluyen narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, migración ilegal y captura de instituciones públicas. Las organizaciones ilícitas evolucionaron más rápido que el propio Estado, pues se carece de una efectiva inteligencia civil e investigación criminal.

Por qué importa. La amenaza criminal que enfrenta Guatemala cambió de naturaleza. Antes, el país era un simple puente para el traslado de drogas hacia EE. UU. En la actualidad, las estructuras ilícitas operan como redes integradas que combinan distintas actividades ilegales. Buscan influencia política, económica y territorial para garantizar su permanencia.

• El estudio Drogas, armas y efectivo, presentado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), concluyó que Centroamérica, en 2011, aún era considerada como una “supercarretera del narcotráfico”.

• Para el 2025, el país funciona como punto estratégico para almacenamiento, financiamiento ilícito y disputa territorial; un sistema logístico —criminal— integrado.

• En el ámbito político y de estructuras de poder, los alcaldes y diputados son los cargos más cooptados; las alcaldías indígenas no quedan exentas de la penetración del crimen organizado.

En el radar. La expansión criminal está estrechamente ligada a la debilidad institucional; mientras que las organizaciones ilícitas innovan y se adaptan rápidamente, las entidades públicas mantienen estructuras burocráticas y anquilosadas que dificultan respuestas oportunas y coordinadas. Además, la penetración del crimen facilita la filtración de información de seguridad nacional.

• En 2023 —en tan solo un año del gobierno de Gustavo Petro y del ministro de la Defensa, Iván Velásquez—, la producción de cocaína en Colombia alcanzó 2664 toneladas métricas, un incremento de 53 % respecto de 2022. Esto aumenta el valor estratégico de las rutas que atraviesan Guatemala.

• Las redes criminales ya no dependen únicamente de cárteles y pandillas. Ahora incorporan operadores financieros, estructuras carcelarias y mecanismos de influencia municipal. También esquemas sofisticados de lavado de activos, como las ferias patronales.

• En año preelectoral, los actuales diputados y alcaldes están en la mira del crimen organizado. A través de diversos mecanismos buscan influenciarlos para que respondan a sus intereses. Lo mismo sucede con los potenciales candidatos.

Punto de fricción. El estudio señala que la corrupción, el financiamiento político de fuentes ilícitas y la cooptación de gobiernos municipales permiten que las estructuras criminales consoliden poder en territorios estratégicos. Huehuetenango, San Marcos, Zacapa con algunos departamentos afectados. No quedan exentos otros departamentos.

• Las organizaciones utilizan programas sociales, contratos públicos, permisos y beneficios económicos para construir dependencia comunitaria. La intención es ampliar su influencia política, como lo hizo en su momento Pablo Escobar en Colombia.

• Existen casos de alcaldes, diputados y operadores judiciales vinculados con estructuras ilícitas, situación que afecta directamente la gobernabilidad en zonas fronterizas.

• Las autoridades y el sector privado coinciden en que la respuesta debe ser integral. El desafío consiste en fortalecer instituciones, coordinar inteligencia y evitar que el crimen organizado continúe ocupando espacios donde el Estado pierde presencia y capacidad de respuesta.

En conclusión. El crimen organizado disputa rutas del narcotráfico y busca controlar espacios de poder que son inherentes al Estado. Las estructuras criminales ampliaron sus redes económicas, territoriales y políticas. Ante ese avance, Guatemala debe recuperar su institucionalidad, fortalecer la justicia y frenar la cooptación de gobiernos locales y procesos electorales. 

• La expansión de estructuras político-criminales demuestra que la seguridad no puede abordarse únicamente desde operativos policiales o militares, sino mediante una estrategia integral de Estado.

• La infiltración en municipalidades, con esquemas financieros y con comunidades vulnerables, es la tormenta perfecta que amenaza principios fundamentales de una república.

• Sin reformas estructurales, coordinación interinstitucional y una justicia efectiva, las organizaciones criminales continuarán ampliando su influencia mientras el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad en territorios estratégicos.

Ana González
Congreso enfrenta hoy una nueva prueba de fuego con la ley “antilavado”
469 palabras | 2 minutos de lectura

El ambiente en la última reunión para consensuar el respaldo a la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo reflejó un amplio apoyo de los diputados al proyecto, que aún debe superar la aprobación por artículos y la redacción final. Para ello se requiere el voto favorable de al menos 107 congresistas.

Según fuentes legislativas, existe consenso para aprobar 15 enmiendas al dictamen emitido por la Comisión de Economía, presidida por el diputado Jorge Ayala. No obstante, se aseguró que los artículos 73 y 74, relacionados con el delito de lavado de dinero y la autonomía de dicho ilícito, permanecerán sin cambios.

El jefe de bloque de Valor e integrante de la Junta Directiva, Elmer Palencia, afirmó que las modificaciones buscan fortalecer la propuesta. “Las enmiendas vienen a mejorar la iniciativa. Ya están firmadas por los integrantes de la Comisión de Economía, jefes de bloque y miembros de la Junta Directiva, lo que demuestra un amplio consenso”, señaló.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Contreras, expresó optimismo tras la reunión sostenida el lunes con los distintos bloques legislativos. “Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. La ley va limpia y recoge recomendaciones aceptadas por el GAFI. Si se aprueba tal como está, Guatemala contará con una buena ley y estará en condiciones de superar satisfactoriamente la evaluación internacional”, afirmó. 

Contreras también se mostró confiado en alcanzar los votos necesarios para la aprobación de la normativa. “Creo que tendremos un cuórum cercano a los 120 diputados y la facilidad para aprobar la ley; esa es mi percepción”, agregó.

Los diputados fueron convocados para este martes a las 14 horas, por lo que se prevé una jornada extensa; aún está por verse si surgirán nuevas propuestas a última hora o si algunos legisladores deciden retirar su respaldo, un escenario que se considera poco probable debido a la presión ejercida por diversos sectores para que la normativa sea aprobada.

Entre quienes han impulsado la aprobación de la ley figuran la Embajada de EE. UU., cámaras empresariales y el Foro Guatemala. La iniciativa también busca responder a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos financieros y modernizar el sistema antilavado del país.

Las evaluaciones del GAFI han advertido sobre el riesgo real de que Guatemala sea incluida en la denominada “lista gris”, un registro de países sometidos a vigilancia reforzada por presentar deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Diversos sectores, especialmente el financiero, han alertado sobre las posibles consecuencias económicas de mantener un marco legal desactualizado. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha señalado que la legislación vigente no responde adecuadamente a las tipologías criminales actuales, ya que se sustenta en decretos aprobados en 2001 y 2005.

La próxima evaluación formal está prevista para 2027. Sin embargo, especialistas advierten que, si Guatemala no actualiza su régimen antilavado durante este año, aumentarán significativamente las posibilidades de ingresar a la lista gris.

De acuerdo con análisis del sector bancario, una eventual inclusión podría traducirse en la pérdida de corresponsalías internacionales, mayores costos para las operaciones de comercio exterior, dificultades en la confirmación de cartas de crédito y un deterioro reputacional de largo plazo para el país.

Postuladora

Además, los diputados prevén convocar a la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo el proceso de selección de candidatos a Contralor General de Cuentas. Esta instancia deberá conformar una nómina de seis aspirantes que será remitida al Congreso para la elección del funcionario.

El nuevo Contralor General de Cuentas deberá asumir el cargo el próximo 13 de octubre para un período de cuatro años.