Petro perdió el poder y la razón

¡Buenos días!

Gustavo Petro entregará el poder el viernes convencido de que no lo perdió. Su publicación del 2 de agosto lo dice sin matices: Iván Cepeda ganó; las elecciones fueron robadas desde el extranjero; 1665 puestos alterados, y casi 2M de votos cambiados, según él. La certeza va primero; las pruebas las prometió para más tarde, pero fue la misma verborrea ininteligible de siempre. Así ha gobernado cuatro años. Le queda como anillo al dedo la frase del excongresista estadounidense Earl Landgrebe: “No me confundas con los hechos, que ya tengo formada mi opinión”.

El de Petro no es un berrinche de última hora; en julio de 2025, con la campaña apenas insinuada, ya había escrito que desconfiaba de la transparencia de las elecciones de 2026. El fraude estaba redactado con un año de anticipación, a la espera del único resultado que lo activara. Cuando ese resultado llegó, no hubo demandas ante el Consejo Nacional Electoral ni pruebas ante la Fiscalía: hubo una rueda de prensa del “frente digital” y la declaración unilateral de un “gobierno ilegítimo”.

La misma lógica opera hacia adentro. Los señalamientos de corrupción no se refutan, se descalifican por su origen: “Me acusan de corrupto los corruptos”. Lo de Juliana Guerrero “no afectó a la administración”. De Angie Rodríguez “hablarán los abogados”, y así un largo etcétera.

Es la misma operación mental aplicada a dos objetos distintos. Una derrota electoral no es una derrota: es un robo. Una denuncia documentada no es una denuncia: es una agresión. En ambos casos, “su” veredicto está escrito antes que la evidencia, y en ambos casos el culpable es siempre otro. La típica actitud de la izquierda latinoamericana: victimismo puro y duro.

Ese experimento izquierdista a Colombia le salió caro; ahora le toca reconstruir a Abelardo de la Espriella. Veremos si los ardidos lo dejan. Veremos, también, si creen que “el tigre” es manso, y se equivocan.

Ana González
Oficialismo solo en subsidio; oposición quiere suspender impuestos
460 palabras | 3 minutos de lectura

El subsidio de GTQ 12 por galón de diésel y GTQ 3 por galón de gasolina regular, impulsado por el Gobierno y que requeriría alrededor de GTQ 3 mil 500 millones en recursos públicos, no cuenta con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos en el Congreso de la República.

Por qué importa. La oposición ha planteado como alternativa suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus Derivados (IDP), así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los combustibles.

• Los diputados consideran que esta medida tendría un impacto más directo en el precio que pagan los consumidores, mientras que el subsidio, sostienen, no termina beneficiando a los guatemaltecos.

• El oficialismo confiaba en que las explicaciones brindadas por autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía durante la reunión de la instancia de jefes de bloque ayudaran a sumar apoyos para la propuesta.

• Sin embargo, la presentación sobre los resultados del subsidio implementado en 2022 no logró convencer a los diputados. Algunos legisladores cuestionaron su efectividad e incluso abandonaron la reunión antes de que concluyera, lo que refleja falta de consenso alrededor de la iniciativa de ley.

Voces. Diputados de oposición calificaron el informe sobre el subsidio de 2022 como insuficiente y reiteraron su rechazo a destinar nuevos recursos para este mecanismo.

• El subjefe de la bancada Cabal, Sergio Celis, afirmó que el subsidio “no lo sintió la población como un beneficio” y sostuvo que el informe presentado por el Ejecutivo carece de información suficiente para justificar una nueva asignación de recursos. Según indicó, esos argumentos fortalecen la decisión de su bloque de no respaldar otro subsidio, aunque reconoció que el Gobierno debe buscar una solución urgente al incremento en el precio de los combustibles.

• En tanto, el jefe del bloque de VOS, Jairo Flores, señaló que la presentación del Ejecutivo debía servir para convencer al Congreso de aprobar un nuevo subsidio, pero consideró que ocurrió lo contrario. Calificó el informe como “sumamente flojo, poco técnico y sin datos” que generen certeza sobre la efectividad de la medida.

• El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que durante una reunión sostenida con el Ejecutivo días atrás, se insistió en que un subsidio puede aplicarse con mayor rapidez que una suspensión temporal de impuestos. Sin embargo, la mayoría de los bloques de oposición se inclina por eliminar temporalmente algunos tributos a los combustibles en lugar de aprobar un nuevo subsidio. 

En conclusión. Con la falta de consenso sobre el subsidio y una oposición inclinada a suspender temporalmente los impuestos a los combustibles, el Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso.

• La discusión se centrará ahora en qué mecanismo ofrece un alivio inmediato a los consumidores sin comprometer más recursos del Estado.

Ana González
Ley de puertos va a votación final
458 palabras | 3 minutos de lectura

Los consensos para aprobar la ley del sistema portuario nacional finalmente quedaron definidos. Los diputados aseguraron que respaldarán el proyecto de ley durante la primera sesión del segundo período ordinario del Congreso, luego de alcanzar un acuerdo sobre las 36 enmiendas incorporadas al dictamen, incluidas las tres últimas relacionadas con la gobernanza de la futura autoridad portuaria.

El principal cambio acordado consiste en sustituir el asiento que ocuparía la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dentro de la Junta Directiva por un delegado designado por el presidente de la República, quien podrá ser nombrado y removido libremente. Este representante integrará el órgano de dirección junto con los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación, además de un representante del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario.

Los integrantes de la Comisión de Economía, presidida por el diputado Jorge Ayala, expusieron los acuerdos alcanzados durante la reunión de jefes de bloque, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para que la iniciativa sea aprobada en la sesión plenaria convocada para este martes a las 14 horas.

“De las enmiendas que originalmente habíamos planteado, ya trasladamos a la Comisión de Economía también la propuesta de la redacción de la gobernanza, atendiendo lo planteado por esta instancia de jefes de bloque, en la que el representante que sustituye a la Superintendencia de Administración Tributaria sería un representante designado por el presidente de la República con facultades de libre designación y libre remoción, y con un régimen de requisitos y prohibiciones diferenciados a los otros cargos que integran la Junta Directiva”, explicó Ayala.

Respaldo de bloques

El diputado Cornelio García, del bloque TODOS, confirmó que su bancada apoyará la aprobación del proyecto al considerar que representa un avance para la modernización del sistema portuario del país.

“Consideramos que es un paso sumamente importante para Guatemala. Esta ley reúne una serie de aspectos que requieren una normativa específica y actualizada para que el sistema portuario sea realmente funcional y se convierta en un motor de desarrollo para el país y para todos los guatemaltecos”, afirmó.

La aprobación de esta normativa ha sufrido varios retrasos. En 2024, el Congreso aprobó la Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, la cual otorgó al Organismo Ejecutivo un plazo de 120 días para presentar el proyecto de la ley del sistema portuario nacional. La iniciativa fue remitida al Legislativo el 5 de mayo de 2025 y posteriormente se unificó con otra propuesta presentada por la diputada Sandra Jovel.

El dictamen conjunto avanzó hasta su tercera lectura el 7 de abril, pero desde entonces permanecía pendiente de su aprobación final.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que los consensos ya están consolidados y expresó su confianza en que la iniciativa obtendrá hoy los 107 votos necesarios para convertirse en decreto.