Pica, no en Flandes, sino en Washington

¡Buenos días!

Esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, junto al el embajador en Washington, tuvieron “audiencia” con autoridades del gobierno de Donald Trump, para proponer una ruta para intentar eliminar el arancel de 10 % que, a modo de tabula rasa, el mandatario estadounidense impuso —como mínimo— a todo el mundo. Cual pica en Flandes, no la tienen nada fácil.

Trump ha dicho, en más de una ocasión, que ese será el mínimo para todos los países, por lo que la propuesta del gobierno de Arévalo, por buena que sea, podría ser como arar en el mar.

A la comitiva se le sumó un importante grupo de representantes del sector privado que, por su parte, harán lo propio en el Capitolio, además de dar sustento a la “propuesta” gubernamental.

Ese 10 % arancelario, más el 3.5 % de impuesto a las remesas que la cámara baja del Congreso estadounidense aprobó, podría significar un golpe a la economía de Guatemala que, contrastantemente, acaba de recibir su mejor calificación crediticia (BB+) en la historia.

Más allá de los porcentajes y las cifras en cientos o miles de millones, aquellas medidas afectan a guatemaltecos —particularmente los más necesitados, —que esperan que su gobierno, el de Arévalo, haga algo por ellos. Esperemos que así sea. 

En Guatemala, los registros sanitarios se han convertido en un obstáculo para la competitividad; largos tiempos de espera, procesos burocráticos e ineficientes, afectan la emisión, renovación y actualización de registros. 

Por qué importa. De acuerdo con el informe sobre barreras arancelarias del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), uno de los principales obstáculos para el comercio guatemalteco son los registros sanitarios.

• Esto se debe a que, ya que este es un documento emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) —particularmente la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud (DGRVCS)—, está sometido a los procesos burocráticos y discrecionalidad, propicia para la corrupción.
  
  

• Varios informes reflejan que los problemas se derivan de la falta de estandarización de los procedimientos de inspección, el desconocimiento de los inspectores sobre los trabajos asignados, la falta de capacitación para la interpretación de la normativa y la falta de registros de años anteriores.
  
  

• A inicios de 2025, se reportó que el tiempo requerido para la renovación de registros sanitarios para medicamentos era de hasta 17 meses; la renovación de licencias sanitarias, hasta 14 meses; y la actualización del registro, hasta 9 meses, por mencionar algunos. A su vez, esto se tradujo en un estancamiento de los puertos, lo cual no solo contribuye a sobrepasar la capacidad, sino que también implica que las empresas deben pagar alrededor de USD 90 por día.  

Sí, pero. Las autoridades reconocen estas deficiencias, no obstante, la presentación de alternativas ha sido lenta y no plantean una solución integral. Este es el caso de Evelyn Meneses, directora de la DRCPFA, quien, paradójicamente, ha atribuido estos retrasos a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. 

• La nutricionista y profesional en salud pública no es ajena a la administración pública, ya que, entre 2017 y 2023 se desempeñó en el Departamento de Regulación y Control de Alimentos del MSPAS, lo cual suponía experiencia para agilizar los procesos de emisión de licencias.
  
  

• Según la directora, este proceso únicamente se dificultó por el vencimiento del plazo para la implementación de la Ley en septiembre de 2024, porque, al eliminar el cobro de aranceles sobre los trámites, esto incentivó que “entraran más de cinco veces la cantidad que ingresan normalmente”.
  
  

• Ahora bien, más que ofrecer soluciones inmediatas, Meneses únicamente sugirió acciones a mediano y largo plazo, como el desarrollo de una plataforma digital para ordenar el ingreso de solicitudes, la contratación de nuevo personal y la capacitación de evaluadores. De acuerdo con miembros del sector de Alimentos y Bebidas, pese a que estas soluciones han ayudado a liberar la presa de trámites, también han surgido problemas, como la discrepancia de criterios entre evaluadores que todavía se encuentran en una curva de aprendizaje. 

Visto y no visto. La falta de visión a largo plazo es evidente; hay ausencia de coordinación entre las autoridades.  

• Por ejemplo, en julio de 2024 se emitió una nueva modalidad para el Recibo 63-A2 para el MSPAS, el cual documenta los pagos por servicios y trámites para la obtención de licencias sanitarias.
  
  

• Sin embargo, en marzo de 2025, las autoridades señalaban que parte de los retrasos se debían a que los bancos no contaban con interconectividad, lo cual dificultaba la emisión de registros. 

En conclusión. El incremento de los tiempos para la emisión, renovación y actualización de los registros sanitarios presenta un verdadero obstáculo para la competitividad guatemalteca.

• Asimismo, la falta de capacidad dentro de la DRCPFA para atender el número de solicitudes presenta dudas sobre la capacidad de sus cargos directivos, al margen de la discrecionalidad y la falta de transparencia.
  
  

• Este no solo es un tema clave para ayudar a revertir los aranceles de EE. UU., sino que es un valladar a la inversión extranjera.

Aunque insisten en que continúan cohesionados como bloque dentro del Congreso, resulta difícil pensar que la creación de la nueva agrupación —Raíces—, liderada por Samuel Pérez, no tendrá repercusiones en el corto plazo. Es evidente que no comparten la misma visión política que los unía al asumir como diputados oficialistas.  

Por qué importa. Desde el 14 de enero de 2024, el oficialismo ha registrado pocas victorias políticas. La inexperiencia de algunos de sus integrantes, sumada a resoluciones judiciales que los dejaron como diputados independientes, lo que les impidió optar a cargos en la Junta Directiva y a comisiones importantes, ha limitado su capacidad de acción legislativa.

• No obstante, las diferencias entre los diputados que apuestan por una nueva plataforma con miras a 2027 a través de “Raíces” y aquellos que buscan revitalizar la agrupación original podrían hacerse más evidentes con el paso del tiempo.
  
  

• Actualmente, el Congreso está en receso parlamentario, enfocado en el trabajo en comisiones, pero será en agosto —al reanudar las sesiones en el hemiciclo— cuando se pondrá a prueba cómo gestionan esas diferencias internas.
  
  

• Ayer, Samuel Pérez y algunos de sus compañeros de la nueva agrupación, participaron en la presentación de una iniciativa de ley liderada por Duvalier Castañón, quien forma parte del grupo cercano al ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto. La escena reflejó un claro intento por mostrar unidad dentro del bloque.   

Voces. Pérez, secretario general del grupo promotor de la nueva agrupación política “Raíces”, fue consultado por los medios de comunicación sobre la cohesión del bloque oficialista. Aseguró que los 23 votos continuarán votando en la misma línea.

• “Nosotros mantenemos la bancada de 23 diputados y así vamos a seguir trabajando, independientemente de las decisiones sobre el futuro del grupo político”, declaró.
  
  

• El congresista aseguró que seguirán enfocados en la fiscalización y en acompañar gestiones en diversos municipios.
  
  

• No obstante, temas clave como la discusión del presupuesto general 2026 comienzan a perfilarse como verdaderas pruebas de fuego para la cohesión del bloque. Las tensiones internas podrían traducirse en una menor capacidad de impulsar o defender las prioridades de la administración de Bernardo Arévalo.

En conclusión. El oficialismo enfrenta un nuevo desafío interno que podría tener un costo político significativo si las divisiones continúan profundizándose.

• Aunque el discurso público insiste en la unidad del bloque y apoyo a la gestión del mandatario, la creación de “Raíces” evidencia fracturas que podrían debilitar su capacidad de negociación, articulación y proyección electoral.
  
  

• A medida que se acerquen decisiones clave —como la discusión del presupuesto 2026—, estas tensiones internas podrían traducirse en votos divididos y pérdida de influencia tanto dentro del Congreso como ante la ciudadanía.
  
  

• El segundo período ordinario de sesiones podría ser determinante para observar si logran tener una colaboración funcionar o si el proyecto político que los unió termina fragmentado. De llegar a este punto no solo estaría en riesgo la cohesión del grupo, sino también la capacidad del Ejecutivo para avanzar en su agenda y responder a las demandas ciudadanas con efectividad.  

La carencia de confianza en las instituciones podría convertir la figura de primera dama en un personaje sensible a causas populares. Sin embargo, algunas de las que han llevado ese título se han aprovechado del “puesto”.

En perspectiva. A casi un año y seis meses de gobierno, la esposa del presidente, Bernardo Arévalo, ha hecho varios viajes al extranjero.  Madrid, España, fue el primer lugar que visitó. Su estadía en esa ciudad fue del 20 de febrero al 1 de marzo de 2024. El boleto le costó GTQ 13 372.  

• A mediados de ese año, volvió a viajar. Del 6 al 13 de julio, participó de una reunión de trabajo para la alianza global de primeras damas. La actividad se realizó en Washington D. C. y fue promovida por la embajada de Guatemala en EE. UU. Para su estadía, Peinado recibió GTQ 23 610 en viáticos, más GTQ 14 243 del boleto.
  
  

• Pero el viaje que causó alboroto en las redes sociales fue el que hizo a Kiev, Ucrania. En esa ciudad, en la que participó de la “Cuarta Cumbre de primeras damas y caballeros”, permaneció del 8 al 14 de septiembre del 2024. Su boleto tuvo un costo de GTQ 24 460 y para sus gastos recibió un total de GTQ 20 384.

Qué destacar. Según el registro de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del presidente (SOSEP), Peinado viajó a Kiev sin nadie de esa secretaría, pero sí, personal de la SAAS.  

• Leonel Ortega, encargado de la seguridad perimetral de los agentes asignados a la primera dama, fue uno de ellos. Llama la atención que, aunque el costo de su boleto fue de GTQ 23 988, es decir, menos que el de Peinado, Ortega recibió GTQ 27 357, en viáticos; más que ella.
  
  

• A días de haber regresado, volvió a viajar. Del 21 al 26 de septiembre estuvo en New York participando en la reunión anual de la “Alianza de Cónyuges de jefes de Estado y Representantes”. Para este viaje, cuyo boleto costó GTQ 2335, recibió GTQ 17 270 en viáticos.
  
  

• Y en octubre, los viajes de la primera dama continuaron. Del 2 al 7 participó como panelista en una de las actividades realizadas en el marco de los IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Para el evento, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, se le asignaron GTQ 17 952 en viáticos; el boleto costó GTQ 15 111.

En conclusión. Los cónyuges presidenciales no tienen un cargo oficial ni funciones establecidas por ley, pero muchas veces se les asigna presupuesto del Estado. En varios países, incluido Guatemala, no hay normas que limiten o fiscalicen los gastos que realizan afectando la estabilidad presupuestaria. Es como si fuese una beca pagada por los guatemaltecos.