¡Buenos días!

Ayer, un puñado de diputados independientes —electos por Movimiento Semilla— presentaron una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica de la USAC; la denominan: “Ley contra la usurpación de la USAC”. 

La breve exposición de motivos y el exiguo articulado tienen el cariz de buena intención, pero su tardía presentación dista de ello. Es oportunismo puro y duro. ¿Cómo es posible que, tal como dice el texto, si “[…] hay consejeros que tienen más de 20 años en el cargo sin ser renovados […]” sea hasta ahora, a destiempo, que la presentan? 

Los diputados ponentes están en su segundo periodo como diputados —la diputada Andrea Villagrán está en el Congreso desde 2017— y ahora pretenden que se conozca “de urgencia nacional” esta iniciativa. 

Pero, más allá de la temporalidad de su presentación, adolece de uno de los males que ha aquejado a varias piezas legislativas de los últimos tiempos: que son casuísticas. ¿Por qué, imaginémonos que hubiese ganado alguien más —en una elección limpia— la rectoría? Seguro no habrían presentado esa iniciativa, a pesar de la permanencia de consejeros con periodos vencidos.  

¿Qué no aprendieron de lo nefasta que resultó la modificación casuística de la Ley del MP? ¿O de las reformas a la Ley Electoral?  

Hoy, los mueve la coyuntura, pero cuando menos hicieron algo —poco, mal y tarde—; el Organismo Ejecutivo no está facultado para hacer más de lo que hizo. Lo que permitió una nueva asunción ilegítima de Walter Mazariegos como rector no fue la falta de regulación, fue la podredumbre del sistema judicial. No hay dos formas de verlo.  

¿Arévalo hará un Giammattei?

La estabilidad macroeconómica y monetaria ha sido, durante décadas, uno de los activos más valiosos de Guatemala en un entorno regional e internacional marcado por la volatilidad. En medio de la pandemia del COVID-19, el repunte inflacionario global de 2022 y las incertidumbres geopolíticas posteriores, el país ha mantenido un crecimiento promedio del PIB cercano al 3.5 % anual entre 2004 y 2024. En 2024 registró un 3.7 % y las proyecciones para 2025 apuntan a un 4.2 %, impulsado por un consumo resiliente y remesas robustas.

Las reservas internacionales alcanzaron los USD 32 700M finales de 2025 —algo a lo que el ministro de Finanzas ha manifestado querer “entrarle”—, mientras la deuda pública se mantiene por debajo del 30 % del PIB. Estos indicadores no son fruto del azar, sino del legado de políticas monetarias prudentes y de una institucionalidad que, hasta ahora, ha priorizado la estabilidad de precios y la credibilidad del quetzal.

El Banco de Guatemala y la Junta Monetaria son los guardianes de ese patrimonio. Su capacidad para tomar decisiones técnicas, libres de presiones políticas de corto plazo, es lo que ha permitido al país sortear crisis sin sufrir devaluaciones descontroladas ni episodios de hiperinflación que han afectado a otras economías de la región.

Por eso, la próxima designación del presidente de ambas instancias —cuyo período concluye este año— no puede responder a criterios de lealtad partidista ni a cuotas de poder. Debe obedecer exclusivamente a méritos técnicos: trayectoria demostrada en macroeconomía, finanzas públicas o banca central, independencia de criterio y compromiso probado con la autonomía institucional.

En ese sentido, resulta sumamente inconveniente un eventual nombramiento de Jonathan Menkos, un cuadro político activo: ministro de Finanzas del actual gobierno, militante fundador del Movimiento Semilla, excandidato a la vicepresidencia en 2019 junto a Thelma Aldana y miembro del nefasto Grupo de Puebla. Su designación convertiría al Banguat en una extensión del Ejecutivo, erosionando la independencia que tanto ha costado construir.

No es posible ignorar el precedente reciente. Cuando el expresidente Alejandro Giammattei nombró en 2022 a su entonces ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, para encabezar el Banco de Guatemala, la decisión fue ampliamente criticada por analistas, organismos internacionales y sectores económicos. Se señaló, con razón, que se trataba de una politización que debilitaba la autonomía del ente emisor. Si el presidente Bernardo Arévalo, quien hasta la fecha ha mostrado mayor apego a las formas institucionales que su antecesor, repitiera exactamente la misma fórmula —colocando en el cargo a su propio ministro de Finanzas—, estaría incurriendo en la misma contradicción y enviando un mensaje devastador: que las instituciones de Estado pueden ser capturadas por el gobierno de turno.

El llamado es, por tanto, a la despolitización efectiva del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. El legado que Arévalo puede dejar en este ámbito no es el de perpetuar prácticas que él mismo cuestionó en el pasado, sino el de fortalecer la independencia técnica de una de las pocas instituciones que todavía gozan de relativa credibilidad.

Designar a un profesional con perfil estrictamente técnico —sin militancia político-partidista ni vínculos directos con el Ejecutivo— no solo preservaría la estabilidad macroeconómica alcanzada, sino que reforzaría la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y de la ciudadanía en que las reglas del juego económico no cambiarán según el color del gobierno. La tan ansiada calificación de inversión estaría claramente en riesgo si se nombra a un cuadro político.

Gérman Gómez
USAC: Walter Mazariegos consumó su segundo fraude
640 palabras | 4 minutos de lectura

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) inició un nuevo periodo rectoral fraudulento: Walter Mazariegos firmó el acta administrativa que le permite continuar como rector hasta 2030, pese a que su “reelección” es ilegal; está rodeada de denuncias por ilegalidades y cuestionamientos sobre la carencia del finiquito exigido para asumir el cargo. Por su parte, argumenta que la universidad es autónoma y se dirige a sí misma.

• Lejos de cerrar la crisis iniciada en 2022, su continuidad consolida un modelo de poder y corrupción que afecta a todo el país. Mazariegos se convirtió en el “capo” de la USAC; hace y deshace.

Por qué importa. La disputa por la rectoría no responde a intereses académicos; por el contrario, tiene un trasfondo de poder político y económico. Quien controla la USAC influye en procesos clave del Estado, como la próxima elección del Contralor General de Cuentas. Por ello, la continuidad de Mazariegos tiene implicaciones negativas que trascienden el campus universitario. Afectan al Estado completo.

• Las ilegalidades no se limitan al proceso electoral; se cuestiona toda la administración universitaria por el mal manejo de recursos públicos, el deterioro académico, el cierre del campus y el control de los órganos de gobierno.

• La reelección es la prolongación y repetición del fraude denunciado en 2022. En ese entonces, varias planillas fueron excluidas y múltiples cuerpos electorales quedaron fuera del proceso.

• La continuidad de Mazariegos fortalece un Consejo Superior Universitario (CSU), cuya integración también es objeto de impugnaciones por el vencimiento de varios de sus integrantes.

Punto de fricción. La autonomía universitaria nació para proteger la libertad académica frente a la injerencia política. Sin embargo, Mazariegos la convirtió en un argumento para resistir controles externos y justificar sus decisiones, que son ampliamente cuestionadas. El resultado es una concentración de poder sin precedentes dentro de la única universidad pública del país.

• El primer periodo de Mazariegos concentró miles de millones de quetzales en presupuesto. Persisten denuncias sobre gastos elevados en alimentación, viajes, hoteles y contratación de servicios profesionales a sus allegados.

• La reelección —imposición— marca un precedente nefasto para la institucionalidad universitaria y para el Estado de derecho. La USAC se convirtió en un centro de disputa por cuotas de poder político.

• La crisis también ha deteriorado el prestigio nacional e internacional de la USAC. La universidad perdió espacios de cooperación académica y quedó como un epicentro de corrupción.

Sí, pero. La permanencia de Mazariegos no depende únicamente del fraude cometido dentro de la USAC. También es consecuencia de la inacción de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad, particularmente del Organismo Judicial; cuatro años después del primer fraude, las principales acciones judiciales continúan sin una resolución sobre el fondo del caso. 

• Los amparos que buscan anular el proceso electoral permanecen estancados o fueron revertidos. Hasta ahora, la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto de forma definitiva la legalidad de la elección de rector.

• La Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó que existen denuncias penales contra Mazariegos, derivadas de auditorías en la universidad y la carencia de finiquito de Mazariegos. Recordó que ese documento constituye un requisito para optar a cargos públicos. A Mazariegos no le importó.

• El Ministerio Público (MP) mantiene abiertas 17 denuncias contra el rector. Sin embargo, ninguna ha producido resultados que modifiquen su situación jurídica. La falta de avances alimenta la percepción de impunidad.

En conclusión. La reelección ilegal de Walter Mazariegos profundiza la crisis de la USAC. Su continuidad consolida un modelo de poder construido sobre procesos electorales cuestionados, órganos de gobierno con legitimidad debilitada y una institucionalidad incapaz de corregir las irregularidades denunciadas desde 2022.

• La falta de respuestas de la CC, el MP y, en cierta medida, de la CGC, permitió que las denuncias perdieran eficacia. La ausencia de resoluciones oportunas terminó por favorecer la permanencia de Mazariegos y su pandilla en el control de la USAC.