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¡Populistas de izquierda burguesa mundial, uníos!


¡Buenos días!
Que los políticos que se dicen de izquierda —y que muchas veces ni siquiera lo son, pero les mola la pose— sean mentirosos, convenencieros, corruptos y populistas, no es noticia; es más bien un axioma.
Que, además, costeen su estilo burgués —dirían ellos— de vida con fondos públicos, tampoco es noticia; viven promoviendo el “buen vivir” o el “vivir sabroso”, pero para ellos, en el poder. Los socialistas españoles son un vivo ejemplo, pero también los de este lado del Atlántico.
Lo que sí es noticia —porque acaba de ocurrir y por escandalosa— es la de la fiesta de 15 años de la jovencita “Mafer” Guerrero, cuyo padre, Juan Carlos Guerrero Rojas, es un meteórico proveedor de Pemex, la hiper corrupta petrolera estatal mexicana.
Al peor estilo narco, Guerrero Rojas se gastó poco más de USD 3M (sí, tres millones de dólares) en festejar a su muchachita. El ágape fue amenizado por varios artistas mexicanos de altos vuelos. ¿Pero qué tiene de escandaloso eso? Pues que, aparte de lo ridículo y kitsch —por no usar una palabra que se aplica a muchos operadores de justicia chapines—, el problema es que ese dinero mal gastado es producto de la corrupción de Morena, el “progresista” partido de gobierno mexicano.
Mientras eso ocurre allá, acá, los diputados del “progresista” partido de gobierno guatemalteco proponen una ley para que toda la Semana Santa —y no solo desde el Miércoles Santo a mediodía— sea de asueto. Las empresas que necesitan producir para generar ingresos, que vean qué hacen. Ellos, mientras tanto “viven sabroso” con su autorrecetado sueldo de GTQ 66 000.


Nuevos magistrados del TSE, ¿héroes o villanos?
El martes, el Congreso de la República eligió a los 10 nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral —cinco titulares y cinco suplentes— que dirigirán no una, sino dos elecciones generales. La noticia, en cualquier democracia seria, debería celebrarse como un paso de fortalecimiento institucional. En Guatemala, sin embargo, llega con escepticismo.
La comisión de postulación y, sobre todo, la lista que elaboró nacieron cojas. Fue duramente cuestionada por la Embajada de EE. UU., por el sector privado organizado y por organizaciones de sociedad civil que documentaron con nombres y apellidos cómo se dejaron fuera perfiles con mayor preparación técnica, trayectoria intachable y experiencia real en materia electoral. En su lugar, aparecieron candidaturas que, según informes, mantenían vínculos inquietantes con estructuras de crimen organizado. El resultado fue previsible: Washington aplicó su “veto moral” y el Congreso, por una vez, entendió el mensaje. Tres nombres fueron descartados de facto antes siquiera de llegar a la votación.
Quedaron 10 profesionales que heredan un TSE devastado; la magistratura saliente pasará a la historia como la peor que ha tenido el país: procesos opacos, compras sobrevaloradas, resoluciones tardías, confianza ciudadana en el piso y una capacidad operativa erosionada. Sobre esos hombros ahora recae la responsabilidad de organizar dos procesos electorales consecutivos. Es una tarea titánica. Y peligrosa.
Lo curioso —o mejor dicho, lo revelador— es cómo se destrabó el proceso. La semana anterior todo fue bloqueo, acusaciones cruzadas y amenazas de no votar; en cambio, esta, de repente, después de algunos cabildeos nocturnos y llamadas estratégicas, surgió el consenso mágico. Se votó. Se respetaron los acuerdos. Todo fluyó. Contrastemos eso con la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, donde los mismos actores se lanzaron sapos y culebras. ¿Por qué ahora sí y antes no?
La respuesta es tan clara como incómoda: nadie, ni oficialismo ni oposición, quiso jugarse el pellejo con quienes van a tener en sus manos la inscripción de candidatos, la fiscalización de partidos, las sanciones y, eventualmente, las exclusiones. Cuando el premio es controlar al árbitro que decidirá quién puede competir y quién queda fuera, la “división” partidaria desaparece como por arte de magia. La casta política, tan fragmentada para todo lo demás, se vuelve monolítica cuando se trata de protegerse a sí misma.
Es el mismo mecanismo que explica por qué las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos siguen congeladas desde hace años. Todos saben que son necesarias. Todos admiten en privado que el sistema actual fomenta la corrupción, el transfuguismo y el financiamiento ilícito. Pero también saben que cualquier cambio real les afectaría directamente a ellos. Por eso no hay prisa. Por eso el consenso solo aparece cuando el riesgo es compartido y la ganancia, también.
Los nuevos magistrados del TSE tienen ahora la palabra; deben devolver la credibilidad al ente rector de la democracia guatemalteca o pueden convertirse en otra nota al pie de la larga lista de instituciones capturadas. El país los observa con escepticismo justificado. La historia reciente enseña que, en Guatemala, los acuerdos más rápidos pueden ser los menos convenientes para la ciudadanía.
Ojalá esta vez sea diferente. Pero la experiencia obliga a dudar.
UNA INVITACIÓN DE MOVIMIENTO PÓLITICO PARA JÓVENES
Mujeres, liderazgo que transforma

Una conversación que inspira. El evento Mujeres: Un liderazgo que transforma reunirá este 26 de marzo a voces que promueven liderazgo con valores y participación ciudadana. La jornada contará con la participación de Sandra Bronzina y el acompañamiento de República como media partner. Un espacio pensado para reflexionar, compartir experiencias y conectar con ideas que impulsan el futuro de Guatemala.
Por qué importa. El liderazgo femenino toma cada vez más protagonismo en la conversación pública, abriendo espacios para hablar de valores, libertad y responsabilidad social.
Promueve liderazgo femenino con impacto en la cultura y sociedad.
Fomenta diálogo sobre libertad, valores y participación ciudadana.
Reúne a líderes y asistentes interesados en transformación social.
Entre líneas. El encuentro está diseñado como una jornada para escuchar, aprender y conectar con otras personas comprometidas con el liderazgo.
Fecha: 26 de marzo, encuentro presencial abierto al público.
Invitada especial: Sandra Bronzina, conferencista sobre liderazgo y valores.
Entradas disponibles en línea mediante la plataforma Cool Tickets.
Lo que sigue. Asistir significa formar parte de una conversación que busca inspirar acciones y nuevas perspectivas de liderazgo.
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Ana González
Acuerdos entre el oficialismo y la oposición para TSE
710 palabras | 3 minutos de lectura

La elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó una escena que ya es común en el Congreso: oficialismo y oposición pactaron para elegir a las nuevas autoridades. Pero detrás de esa aparente unanimidad hay concesiones políticas y acuerdos que traen a la memoria otras elecciones, como la de la Corte Suprema de Justicia.
Por qué importa. La elección de las nuevas autoridades electorales era una de las decisiones más sensibles del Congreso, pues los nuevos magistrados tendrán a su cargo los procesos electorales de 2027 y 2031, después de un período en el que el árbitro electoral recibió críticas por decisiones administrativas y resoluciones controvertidas.
Las autoridades salientes enfrentaron cuestionamientos por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y por resoluciones que dejaron fuera de la contienda a varios candidatos en 2023.
Diputados de distintas bancadas abandonaron el hemiciclo con gestos de satisfacción, señal de que el resultado respondió a acuerdos previos.
Algunos magistrados alcanzaron hasta 155 votos sin votos en contra, un respaldo poco habitual en un Congreso fragmentado y que suele reflejar negociaciones políticas antes de la votación.
Entre líneas. El oficialismo intenta mostrar que influyó en la integración del TSE. Para lograrlo, también respaldó a candidatos que antes cuestionó, una práctica que suele criticarse cuando proviene de otras bancadas.
Uno de los casos más visibles fue el de Roberto Morales Gómez, quien obtuvo 130 votos. El magistrado titular electo mantiene, según varias fuentes, cercanía con la dirigencia de la UNE y con Sandra Torres.
Su nombre ganó notoriedad cuando la sala que integra dejó fuera a los profesionales de las ciencias afines en la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
A pesar de las críticas previas, diputados oficialistas como Mirna Godoy Palala, Duvalier Castañón y Olga Villalta, votaron a su favor, según el registro de votación.
Visto y no visto. Las negociaciones también implicaron concesiones. La integración final del tribunal mostró que todos los bloques cedieron espacios, incluido el oficialismo que buscaba marcar distancia con la política tradicional.
Allan Rodríguez, jefe de bloque de Vamos, afirmó a los medios de comunicación que su bancada respaldó a la mayoría. “Ocho tenían nuestro visto bueno”, dijo, en alusión a dos nombres que no respondían a sus preferencias.
Uno de esos casos sería Francisco Puac Choz, magistrado suplente. Abogado y notario, actualmente es vicepresidente del Colegio de Abogados para el período 2025-2027. En 2024 participó en el proceso para integrar las Comisiones de Postulación de Cortes de Apelaciones.
Puac también tuvo relación con el oficialismo: representó legalmente a algunos diputados de Semilla y a personas vinculadas a ese partido.
Balance. Otro de los magistrados titulares es Kelvin Otoniel Jiménez Villalta, abogado y defensor de derechos humanos que ha trabajado como asesor jurídico del Parlamento del Pueblo Xinka. Su perfil refleja una trayectoria ligada a litigios sobre territorios y conflictos con proyectos extractivos.
Jiménez Villalta participó en acciones legales contra proyectos mineros, entre ellos el caso de la Minera San Rafael. En 2019 recibió medidas cautelares de la CIDH por amenazas relacionadas con su trabajo.
En 2025 integró la nómina enviada al Congreso para la elección del TSE, con una trayectoria vinculada a distintas instituciones jurídicas, incluida la Corte de Constitucionalidad.
Tras la votación, diputados oficialistas celebraron el resultado en redes sociales. La escena recuerda otro episodio reciente: cuando Samuel Pérez celebró la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decisiones que luego recibieron fuertes críticas.
Ahora qué. Con la elección concluida, la atención se traslada al desempeño de los nuevos magistrados. La integración del TSE surgió de pactos políticos amplios, pero la verdadera prueba llegará cuando deban tomar decisiones que impacten directamente en la competencia electoral.
Los magistrados tendrán en sus manos el proceso electoral de 2027 y 2031. Su actuación mostrará si el tribunal mantiene independencia frente a las fuerzas políticas que facilitaron su elección.
En el pasado reciente, varias decisiones del TSE generaron cuestionamientos por la exclusión de candidatos y por la gestión del sistema de resultados electorales preliminares.
Por ahora, todos los bloques celebran el resultado. La independencia del nuevo tribunal no se medirá en los votos que obtuvo en el Congreso, sino en las resoluciones que adopte cuando llegue el próximo proceso electoral.
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