¡Buenos días!

La alegoría “ajedrecista” del presidente, Bernardo Arévalo, se ha convertido en una suerte de chiste recurrente. Los que mal lo quieren se lo echan en cara, como si la intención de planificación estratégica fuese algo malo; como si lo preferible fuese la acción tosca e irreflexiva.

Lo cierto es que la maniobra de la oposición, relativa al juego de ajedrez al que parece ser aficionado el mandatario, lo ha colocado en una situación desventajosa: zugzwang. 

Aunque el oficialismo había propuesto una medida casi idéntica, no tuvo el apoyo legislativo mínimo; de haber sido aprobada aquella, el Ejecutivo tendría “la sartén por el mango”, además del crédito político. Ahora, con la aprobación de la iniciativa opositora, no tiene ni lo uno, ni lo otro.

Ante dicha aprobación —y con sobradas razones—, amplios sectores de la sociedad han pedido al presidente vetar el decreto cuando llegue a sus manos. Si lo hace, se echa encima a los CODEDE y, sobre todo, a los alcaldes. Si no lo hace, concede su derrota y casi seguramente abandona la posibilidad de que el Legislativo apruebe el presupuesto para el 2026.

Eso pasa —en el ajedrez, pues— cuando se juega con autosuficiencia y soberbia; se cree tener todas las movidas contempladas y ¡que, si no! 

Irresponsable juego político con el dinero de los guatemaltecos

En un acto que revela la podredumbre del sistema político guatemalteco, el Congreso aprobó el Decreto 7-2025, permitiendo a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) utilizar de manera opaca fondos extraordinarios no ejecutados en 2025 durante los años preelectoral y electoral. Esta medida, declarada de urgencia nacional, sin dictamen previo y respaldada por una amplia mayoría opositora, no es más que un remedio venenoso, disfrazado de solución, que perpetúa el abuso del presupuesto nacional como arma electoral en lugar de herramienta para el bienestar colectivo. 

Cierto es que esta ley surge como respuesta al comportamiento extorsivo del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien ha retenido fondos para proyectos de los CODEDE con el fin de alinear a diputados distritales al oficialismo. Menkos, bajo el falso manto de transparencia, se ha convertido al MINFIN en un bastión de manipulación, negando recursos vitales para forzar lealtades políticas. Sin embargo, la oposición —dominada por bancadas como Cabal y Vamos— no es inocente: su aprobación masiva de esta norma revela una complicidad bipartidista en el saqueo de recursos públicos. Al permitir que fondos no ejecutados se trasladen sin mayores controles, se abre la puerta a un uso discrecional que podría financiarse campañas electorales, sobornos o proyectos clientelares, todo bajo el velo de “continuidad en el desarrollo”. 

La cuestión medular radica en que diputados, ministros y alcaldes tratan el presupuesto como botín de guerra. Los CODEDE, que ya manejan miles de millones —más de GTQ 12 000M en 2025—, se convierten en focos de corrupción opaca, donde la interferencia política obstruye la ejecución transparente y beneficia a caciques locales en detrimento de la población.  

Ahora, este decreto repite el patrón, proyectando un fondo de hasta GTQ 9000M sin fiscalización adecuada, en un contexto donde la —pobre— ejecución de proyectos ya enfrenta obstáculos políticos y administrativos. 

Esta crítica se extiende al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, que el presidente Bernardo Arévalo y sus ministros visten con discursos líricos sobre equidad y desarrollo. La realidad es cruda: al igual que gobiernos anteriores, el de Arévalo busca “aprovecharse” del año preelectoral para cosechar réditos políticos con el dinero de los guatemaltecos. Mientras prometen transparencia —como el tablero de desembolsos del MINFIN—, retienen fondos para presionar alianzas, y ahora legitiman un mecanismo que diluye la rendición de cuentas. ¿Dónde queda el beneficio para la población? Mientras la infraestructura está abandonada, los políticos acumulan poder electoral. 

El Decreto 7-2025 no fortalece el desarrollo; lo pervierte y favorece el clientelismo sobre el beneficio de los ciudadanos.  

Guatemala merece un presupuesto al servicio del pueblo, no de ambiciones electorales. Si no se revierte esta aberración, el ciclo de extorsión y opacidad solo se profundizará, condenando a generaciones a la miseria política. Basta ya de este circo: se exige rendición de cuentas, no parches ponzoñosos. 

Tras varios meses sin aprobar ningún decreto, los diputados sorprendieron esta semana al aprobar, de urgencia nacional y sin discusión en el pleno, un decreto que autoriza trasladar al próximo año —de forma automática— los recursos no ejecutados por los consejos de desarrollo urbano y rural.

Por qué importa. La aprobación se destaca no solo por su rapidez y ausencia de debate, sino también porque evidencia un revés para el oficialismo, que empujaba su propia iniciativa. Al mismo tiempo, refleja la capacidad de la oposición para lograr una mayoría calificada para avanzar con su agenda sin depender de los 23 votos del oficialismo.

• Esta nueva correlación de fuerzas podría extenderse a otros temas clave, como la elección de la Junta Directiva para el período 2026-2027.
  
  

• Los acercamientos del presidente Bernardo Arévalo con varios jefes de bloque —según confirmaron algunos legisladores— no lograron asegurar apoyo para la propuesta de ley promovida por José Carlos Sanabria, operador del mandatario en el Congreso.
  
  

• En este contexto, esta aprobación abre la posibilidad de consolidar una alianza opositora que limite por completo las maniobras del oficialismo.

Datos clave. El decreto estará vigente desde el día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2026.  

• Aprobado por 107 diputados, establece que los fondos permanecerán disponibles para continuar con la ejecución de obras.
  
  

• Las autoridades competentes deberán resolver en un plazo máximo de cinco días hábiles las solicitudes relacionadas con proyectos de inversión gestionados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).
  
  

• Si transcurrido ese tiempo no se ha emitido una respuesta, la solicitud se considerará aprobada de forma afirmativa. Posteriormente, la autoridad correspondiente deberá entregar la documentación requerida al solicitante en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Visto y no visto. Luis Aguirre es uno de los ponentes de la ley junto a Nadia de León, hija de Sandra Torres, para que se conociera de urgencia nacional.  

• La lista de votación muestra que 32 diputados votaron en contra: Junto a los diputados oficialistas también votaron en contra Cristian Álvarez, José Pablo Mendoza y Luis Contreras de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
  
  

• Juan Carlos Rivera, de Victoria; Jorge Castro de Visión con Valores (VIVA), así como José Chic de la bancada Voluntad, Oportunidad y Oportunidad (VOS). Sus compañeros Orlando Blanco y Jairo Flores aparecen como ausentes.
  
  

• Solo ocho diputados aparecen con licencia: Byron Rodríguez (TODOS), Juan Ignacio Quijada (UNE), Sergio Arana, Gustavo Cifuentes y Joel Martínez, de Vamos, así como la diputada oficialista Elena Motta.  

En conclusión. Aunque la oposición celebró haber alcanzado los 107 votos para aprobar este decreto, las alianzas en el Congreso suelen ser frágiles y cambiantes, sujetas —la mayoría de las veces— a intereses inmediatos y a la coyuntura.  

• Falta ver hasta dónde llegará esta fuerza opositora y si podrá sostenerse en temas de mayor peso político.
  
  

• Por su parte, el oficialismo enfrenta el reto de replantear su estrategia, pues aún restan más de dos años de legislatura y necesita encontrar la manera de recuperar influencia si quiere evitar quedar reducido a simple testigo de las decisiones que tome el pleno del Congreso.

El primer semestre del 2025 dejó baja ejecución presupuestaria en todas las entidades del Estado. Hasta junio, alcanzaban el 40 %, y según las proyecciones del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), esperan cerrar el año con el 93 %. Es decir, en esta mitad del año planean ejecutar el 53 % restante. La situación se da por la politización de los proyectos y por la falta de aprobación de las cuotas de gasto, entre otros obstáculos.

Por qué importa. Antes de que asumiera la presidencia, el entonces candidato, Bernardo Arévalo, afirmó que “el aceite que lubrica la corrupción es el presupuesto”. Sin embargo, después de 20 meses de gestión, el problema que prometió erradicar continúa. 

• Otra de las declaraciones emitidas fue la de “en los últimos Gobiernos el 40 % del presupuesto nacional se perdía en la corrupción”.
  
  

• Ahora, su gobierno enfrenta una baja ejecución presupuestaria. Irónicamente, en el primer semestre del año ejecutó el mismo porcentaje que antes atribuyó a la corrupción.
  
  

• La poca transparencia persiste y se denota en la baja asignación de proyectos e inversión. Las dependencias públicas únicamente destinan fondos a gastos de funcionamiento.

Visto y no visto. Entre las organizaciones más cuestionadas están los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que tomaron especial relevancia en la actual administración.  

• Sin embargo, hasta el mes pasado, únicamente habían ejecutado el 22 %. En este año cuentan con más presupuesto, pues los fondos que no ejecutaron en el 2024 pasaron al 2025.
  
  

• La medida se aprobó el 5 de noviembre del 2024, a través del decreto 27-2024, que reformó la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
  
  

• La reforma fue promovida por el oficialismo y contó con el aval de la Dirección Técnica del Presupuesto. Es así como los CODEDE se convirtieron en el botín a cambio de votos para nombrar a la nueva Junta Directiva del Congreso, entre otras cosas.

Sí, pero. También fue la llave que condicionó la aprobación del Presupuesto 2025, según el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Este año, la historia se repitió, pero la ley —aprobada de urgencia nacional— fue promovida por la oposición. 

• En una entrevista, el titular de Finanzas, Jonathan Menkos, afirmó que recomendaría al presidente vetar la ley aprobada. Añadió que se enviaba un mensaje negativo sobre el uso de fondos públicos.
  
  

• Sin embargo, el año pasado, Samuel Pérez (diputado oficialista) afirmó que la ley aprobada era un consenso entre los legisladores para trasladarles los fondos no ejecutados a los CODEDE por una única vez.
  
  

• La negativa de Menkos radica en que no podrá usar los fondos no ejecutados de los CODEDE para negociar el presupuesto 2026. Sin descartar las negociaciones de la próxima Junta Directiva del Congreso.

En conclusión. El presupuesto sigue como un botín político, y no como herramienta de desarrollo. Aunque el Gobierno prometió cortar la corrupción vinculada a su manejo, la realidad muestra lo contrario. 

• El ritmo de ejecución presupuestaria no solo responde a dinámicas técnicas. También es resultado de la pugna política y de la discrecionalidad en la asignación de recursos.
  
  

• Los CODEDE reflejan cómo el presupuesto se convierte en moneda de cambio legislativa, sin priorizar la inversión en proyectos.