Proyecto “estrella” del Gobierno genera dudas

¡Buenos días!

El esfuerzo del Gobierno en remozar todas las escuelas públicas que así lo requieran es encomiable; aparte de la corrupción —que no es poca cosa— de lo que más que critica a los gobiernos es su desatención a los temas que realmente importan, lo que más afecta a los ciudadanos: seguridad —y justicia—, salud y educación, cuando menos. 

En ese último rubro, Guatemala va muy mal. En gran medida, por culpa de la cooptación de nefastos líderes sindicales como Joviel Acevedo. Pero las autoridades también tienen su dosis de culpa, sea por imprudencia, impericia o negligencia. Muchas veces, por intentar lanzar ambiciosos programas, los funcionarios de turno desatienden las necesidades básicas. La ministra Giracca parece haberlo entendido. 

Sin embargo, la administración pública no es soplar y hacer botellas; el mecanismo por medio del cual se han efectuado los remozamientos de las escuelas deja dudas sobre el manejo de los recursos. No solo resultados, sino el manejo de fondos es importante —la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas es esencial—; una muestra de ello son los GTQ 500M para insumos agrícolas que tienen como fin ayudar a pequeños agricultores. El fin es bueno, pero si no se hace de una manera transparente y eficaz, se cae en vicios del pasado. 

Si se permite la metáfora, la administración pública —y los funcionarios— deben ser como la mujer del César, no solo debe ser honesta, también debe parecerlo. 

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En este boletín:

•Dudas persisten sobre el remozamiento de miles de escuelas

•Política Nacional de Seguridad con evidente sesgo ideológico de Semilla

Glenda Sánchez
Dudas persisten sobre el remozamiento de miles de escuelas
699 palabras | 3 mins de lectura

El Ministerio de Educación (MINEDUC), desde enero, le apostó al remozamiento de 10 000 centros educativos, de un total de 35 922 que lo requieren. Para ello, destinó GTQ 750M. Nueve meses después, se habilitó el portal de verificación pública, transparencia y rendición de cuentas. 

• Sin embargo, persisten dudas, porque la herramienta no contiene datos como quién hizo el trabajo —pintura en interior y exterior, reparación o sustitución de área de cocina y del sistema eléctrico—, el pago por mano de obra. Tampoco especifica el tiempo que llevó la reparación o mantenimiento en el establecimiento.
  
  

• A 40 días de concluir el 2024, están pendientes más de 2800 escuelas de remozamientos. Las autoridades confían en cumplir la meta y el próximo año empezar con el resto de los establecimientos.  

Cómo funciona. En febrero, el MINEDUC confirmó el remozamiento de los centros educativos después de analizar las áreas propuestas por las Organizaciones de Padres de Familia (OPF). Previo a empezar con los trabajos delegados de infraestructura de las Direcciones Departamentales de Educación (DDE), verificaron las instalaciones afectadas para validar los procesos. 

• Las autoridades explicaron que las tareas se incluyen en el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares del ministerio por tratarse de remozamientos menores —preventivos y correctivos de las escuelas, con la finalidad de preservar las condiciones óptimas—, y de reparar daños o deterioros.
  
  

• Además, que las OPF coordinan la ejecución de los remozamientos con supervisión de las DDE. A ellos se les trasladan los fondos para que los administren. Aclararon que en estos procesos no interviene la UCEE del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por tratarse de procesos menores que no requieren una inversión ostentosa.
  
  

• A la fecha, el MINEDUC ha trasladado más de GTQ 561M para el remozamiento de las 7200 escuelas en todo el país. Para el próximo año esperan atender otro porcentaje de los 25 922 restantes. Para ello, destinaron en la propuesta del presupuesto de 2025 GTQ 845.9M.  

Sí, pero. En octubre, las autoridades habilitaron la herramienta de fiscalización: Portal de Transparencia en el Remozamiento de Centros Educativos del Sector Oficial. El portal muestra el nombre de la escuela, ubicación, jornada, cantidad de alumnos que se atienden en el centro educativo, la inversión de los trabajos, fotografías de las áreas afectadas   —antes y después—, la descripción de los trabajos y la firma del presidente de la OPF.  

• Sin embargo, no detalla el periodo en que se hicieron los trabajos. Tampoco el monto de mano de obra — electricista, albañil, fontanero, carpintero— que se pagó y el mecanismo que se hizo para determinar la prioridad de los remozamientos.
  
  

• Aunque aclaran que no cubre intervenciones que generan capital fijo, es decir, carencias sustanciales, como la construcción de drenajes, de cocinas o de baños. Genera duda en algunos reportes donde se destacan trabajos en drenajes.
  
  

• La Dirección de Comunicación Social del MINEDUC confirma que los fondos se les entregan a las OPF para la coordinación y ejecución de los fondos —compra de materiales, mano de obra, traslado de materiales, entre otros —. Además, indica que existen alianzas con las municipalidades para rubros como mano de obra y transporte de materiales, y padres de familia hacen los trabajos. “Cada OPF se encarga de la administración del recurso financiero para adquirir materiales”, indica. 

Datos.  De todos los establecimientos educativos del sector oficial que reportan necesidades de remozamiento, el 69 % (24 812) requiere pintura, el 58.6 % (21 062) reparación en baños, y 54.7 % mantenimiento en puertas y ventas.  

• El resto: muros, techos, tuberías, reparación en red eléctrica, reparación o sustitución de áreas de cocina —estufas rurales y pilas—.
  
  

• Los tres departamentos que concentran la mayor cantidad de centros educativos para remozamientos son: Huehuetenango (1169), Alta Verapaz (1065) y San Marcos (779).
  
  

• En Sacatepéquez se espera finalizar con la menor cantidad de centros educativos remozados; alrededor de 90 centros educativos. 

Conclusión. La promesa de la actual administración tiene como premisa la transparencia. Los ministerios tratan de cumplir implementando herramientas; no obstante, no son suficientes porque persisten vacíos en la ejecución de los recursos porque complican la fiscalización, como el caso de los remozamientos que coordinan las OPF.  

• La Contraloría General de Cuentas deberá corroborar la calidad de gasto, cuando menos. 

Marimaite Rayo
Política Nacional de Seguridad con evidente sesgo ideológico de Semilla
783 palabras | 4 mins de lectura

Como parte del compromiso del presidente Bernardo Arévalo para redefinir el enfoque de seguridad en el país —vinculado con el fortalecimiento de las bases democráticas— se presentó la Política Nacional de Seguridad (PNS) y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024.  

• En el marco de un modelo de seguridad democrática, la política tiene como objetivo vincular la seguridad, la democracia y el desarrollo humano, así como busca promover la planificación coordinada de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, según el mandatario.
  
  

• Para ello, se definieron ocho principios que regirán la actuación institucional. Entre estos se incluyen el respeto al Estado de derecho, la gobernanza democrática, la igualdad y equidad y la primacía del individuo.
  
  

• No obstante, tomando en consideración los contenidos de la política, más que una hoja de ruta para promover la seguridad en el país, el documento se presenta como una defensa ideológica de la narrativa progresista.   

Fisgón histórico. La última actualización de la PNS se realizó durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, en 2017. El esfuerzo se centró en establecer nuevos referentes de valoración y medición de seguridad. Asimismo, plantea programas concretos para alcanzar los objetivos planteados sobre la seguridad nacional (GISEG), la gobernanza local (GLOBLOC) y el desarrollo (SEGDE).  

• A diferencia de la política de 2017, la de Arévalo asume como norma rectora el Tratado Marco de Seguridad Democrática, un acuerdo firmado por los países centroamericanos en 1995 con el fin de consolidar la transición hacia la era democrática.
  
  

• Consecuentemente, factores como “la dependencia de la democracia, la justicia social y el desarrollo humano”, permean a lo largo de toda la política.  

Lo indispensable. La presentación de intenciones, que alude a la necesidad de contar con un marco de seguridad inspirado en el modelo democrático para evitar que el Estado se convierta “en el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos”, refleja un sesgo ideológico.  

• Ello, porque la presentación —bajo la premisa de que sin democracia la seguridad se torna represiva— reflexiona sobre temas como el enfrentamiento armado interno, el “debilitamiento de las instituciones democráticas” en 2023 y el sometimiento de las instituciones de seguridad a dinámicas de corrupción, los cuales son cuestiones centrales en la agenda política de la administración.
  
  

• Asimismo, aunque el documento propone un abordaje preventivo, a fin de anticipar y mitigar los riesgos, la ausencia de capacidad institucional pone en duda la posibilidad de alcanzar estos objetivos.
  
  

• Por último, la implementación exitosa del modelo sugiere una dependencia con la “adecuada asignación de recursos”, un rubro en el que la actual administración ha demostrado tener claras deficiencias.  

Visto y no visto. La política establece cinco ejes estratégicos que funcionan como lineamientos que guían la construcción de las condiciones de seguridad y revelan las verdaderas preocupaciones del gobierno. No obstante, las medidas que la administración propone para enfrentar estos riesgos no reflejan la gravedad de las amenazas. 

• Como parte del eje de seguridad interna, mientras que el crimen organizado, la delincuencia común y el tráfico de personas y amas se posicionan como algunos de los riesgos más desafiantes para las instituciones, las disposiciones para mejorar los controles se enfocan en campañas de concientización y desarrollo personal.
  
  

• Por su parte, el eje sobre la seguridad exterior se concentra en el impulso de la diplomacia para fomentar la cooperación internacional, para lo cual busca el fortalecimiento de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y el Ministerio de Defensa Nacional (MINDEF).  

Por qué importa. La ambigüedad en las propuestas para la PNS propone serios problemas para el seguimiento de los lineamientos y resultados de la política.  

• Con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la efectividad de estas medidas, la política introduce una serie de herramientas para darle seguimiento a los esfuerzos en el ámbito de seguridad.
  
  

• El instrumento tiene importantes deficiencias a nivel metodológico, ya que no plantea parámetros de medición reales, variables estadísticas o una población a evaluar.
  
  

• Como consecuencia, es de esperar que la herramienta de evaluación produzca resultados contradictorios, lo cual sería un mecanismo para justificar la creación de una máquina traga recursos, bajo la excusa de la seguridad.   

El balance. La ausencia de propuestas concretas para alcanzar los objetivos de la política plantea la posibilidad de que este sea un documento doctrinario y no pragmático.  

• Asimismo, existe una clara divergencia entre las prioridades planteadas en la PNS y la narrativa que promueve el gobierno, lo cual revela la falta de dirección y liderazgo en el ejercicio político. 
  
  

• Tomando en cuenta que, históricamente, la PNS ha sido un instrumento en favor del incremento del poder estatal, es necesario que las instituciones vinculadas con el Sistema Nacional de Seguridad especifiquen qué medidas se implementarán, a fin de ejercer una correcta fiscalización.