¡Buenos días! 

Quienes votaron al presidente Bernardo Arévalo lo tildan de “tibio” —para no usar otros términos más prosaicos—, porque no toma las medidas que se esperaban, ni con la velocidad que reclaman. Si bien es cierta la expresión de que los asuntos de palacio van despacio, también hay una parsimonia presidencial que desespera a muchos. No se puede hacer todo de inmediato, pero sí hay algunas cosas que, casi con un chasquido de dedos, marcan una diferencia. Y no se está hablando de autoritarismo.

Al Ejecutivo le toca nombrar fiscal general y magistrados —titular y suplente— a la CC, sin tener que cumplir procedimiento alguno; es su prerrogativa. Lo debe hacer de forma diametralmente distinta a cómo lo hicieron sus antecesores, si es que quiere distinguirse. Si no, no.

También, el Ejecutivo tiene en sus manos la negociación de pactos colectivos plagados de abusos y privilegios (corrupción); debe ser firme y no ceder a presiones sindicales. Cada día que pasa, la tentación de los cantos de sirena es mayor, pues se acercan los años preelectoral y electoral, terreno fértil para los corruptos líderes sindicales y políticos mañosos.

Ahora bien, si quisiese ser un gran presidente, entonces conseguiría extirpar de una buena vez ese sistema de otorgamiento de privilegios. En ambos casos, veremos.

Hacia una justicia despolitizada

Bernardo Arévalo tiene en sus manos enderezar la torcida ruta de la justicia —sobre todo la penal— en Guatemala. Designará al próximo fiscal general y su escogencia debe tener como norte parar el penduleo político de los últimos 15 años, cuando menos. Su designación, bajo el mismo criterio, de un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad es igual de trascendental.

El próximo año, Guatemala enfrentará un momento clave para su república: las designaciones de autoridades, como de fiscal general, magistrados de la CC, magistrados del TSE y de contralor general de cuentas. Esas elecciones determinarán el rumbo de la justicia, la fiscalización electoral y el control de cuentas públicas por los próximos años, influyendo en la estabilidad institucional y la lucha contra la corrupción.

La relevancia de estos procesos radica en su potencial para fortalecer o debilitar el Estado de derecho; todas esas autoridades jugarán un rol clave en la pureza de las elecciones generales del 2027.

Deben llevarse a cabo [las elecciones y designaciones] con absoluta transparencia, y priorizando criterios eminentemente éticos y técnicos por encima de cualquier injerencia política. Solo así se garantizará que las instituciones sirvan al bien común, no a intereses particulares o sectarios; o peor aún, a políticos corruptos.

Sin embargo, el contexto histórico es alarmante; la justicia guatemalteca ha sufrido vaivenes políticos e ideológicos que jamás debieron ocurrir. Durante la estancia en el país de la CICIG, ese fenómeno alcanzó su máxima expresión, pero no vino a inventar nada que no existiera antes, simplemente exacerbó —exponencialmente— los vicios en el sistema de justicia. Tristemente, la afamada “transferencia de capacidades” de CICIG perpetuó esas prácticas, que continúan hasta hoy. Con todo ello, se ha generado inestabilidad y erosión de la confianza pública.

De cara al futuro, es imperativo evitar la replicación de este pernicioso fenómeno. El presidente Bernardo Arévalo, quien ha reconocido que 2026 será “crucial”, debe elegir un fiscal general que detenga el péndulo de la politización judicial. Lo mismo aplica para los magistrados de la CC, cuya elección involucra al Ejecutivo, Congreso y otros órganos: deben elegirse juristas íntegros, no peones ideológicos o marionetas de operadores políticos. Si Arévalo actúa con ética, podría restaurar la imparcialidad judicial, fomentando un sistema donde la ley prevalezca sobre el poder.

Aunque todos esos cambios ocurrirán a partir de marzo del otro año; los procesos inician este mes de octubre y, más que la “comunidad internacional” a la que fue a pedir ayuda Arévalo en el seno de la ONU, corresponde a la ciudadanía en general, pero a los medios de comunicación, gremios profesionales y cámaras empresariales en particular, vigilar y velar porque esos procesos se conduzcan con estricto apego a la Constitución y las leyes.

Los pactos colectivos han incorporado beneficios que van más allá de lo razonable: bonos que carecen de justificación legal y que responden a intereses personales. Traen consigo incrementos automáticos y las plazas hereditarias. Esto condiciona el gasto público sin que exista un control basado en resultados.

• Ante ese escenario, el Estado se mantiene con presión financiera y una gestión de recursos humanos debilitada, casi inexistente.

Por qué importa. El estudio Pactos Colectivos: ¿Hasta dónde llegan los privilegios?, presentado por el CIEN, confirma que estos se convirtieron en el canal para otorgar beneficios sin conexión con la productividad, el desempeño y la sostenibilidad presupuestaria. Todo lo contrario a lo que sucede en el sector privado.

• En el Ministerio de Educación (Mineduc), los docentes reciben GTQ 700 mensuales adicionales y una bonificación anual de GTQ 2500, sin relación con resultados académicos.

• El Organismo Judicial (OJ) otorga tres bonos extras: GTQ 3500 en Semana Santa, GTQ 3000 bajo concepto escolar y GTQ 3200 mensual. Se convirtieron en derechos adquiridos permanentes.

• La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pactó un aguinaldo 175 % superior al legal, junto a un bono vacacional que equivale al 125 % del salario asegurado.

Lo indispensable. Los compromisos pactados generan cargas fiscales de largo plazo que comprometen el presupuesto nacional. La ausencia de criterios técnicos y meritocráticos convierte los “beneficios” en privilegios insostenibles para determinado grupo de trabajadores de las instituciones.

• El estudio reveló que para el 2024 el aumento en remuneraciones superó los GTQ 2459M. Equivale a un alza del 7.6 % en el gasto público.

• El Mineco, la USAC y la EPQ contemplan la asignación de plazas a familiares de trabajadores fallecidos o jubilados. Cierra el acceso a concursos abiertos.

• Las comisiones mixtas de ascenso en el Mineco permiten que intereses sindicales influyan sobre los ascensos. Debilitan la idoneidad y transparencia en la carrera pública.

Entre líneas. El documento resalta que la figura de las plazas hereditarias es una de las más perniciosas. Contraviene el artículo 113 constitucional que ordena la selección por mérito de capacidad, idoneidad y honradez. No obstante, los pactos colectivos han institucionalizado esta práctica.  

• En el MINECO, las vacantes pueden asignarse directamente a familiares, lo que rompe con el principio de igualdad de oportunidades.

• La USAC mantiene cláusulas que privilegian la continuidad gremial sobre la competencia académica y técnica.

• Estas disposiciones generan favoritismo y los ciudadanos con méritos suficientes quedan excluidos por acuerdos que debiesen haber sido declarados inconstitucionales.

En conclusión. La discusión sobre los pactos colectivos se concentra en la necesidad de poner límites. La estabilidad fiscal y la calidad institucional dependen de reformas que ordenen los beneficios y devuelvan el mérito a la gestión pública.

• Expertos recomiendan que todo bono o remuneración adicional esté ligado al desempeño, no a negociaciones gremiales.

• Uruguay y Costa Rica muestran que la transparencia en la negociación colectiva y la vinculación estricta al presupuesto eliminan privilegios desmedidos.

• Sin una reforma legal que diferencie al sector público del privado, Guatemala corre el riesgo de institucionalizar privilegios heredados y bonos que el Estado no podrá financiar a largo plazo.

El Congreso de la República analiza “sin prisa” dos iniciativas de ley clave para crear un sistema portuario nacional. Diputados y expertos coinciden en que se trata de una decisión trascendental, pues modernizar la infraestructura estratégica es esencial para atraer inversión privada y fortalecer la competitividad del país. El dictamen avanza poco a poco, con consultas a diferentes sectores y en busca de consensos.

Por qué importa. La falta de un marco legal integral ha frenado por décadas el desarrollo portuario de Guatemala. Aunque existen reglamentos y comisiones, no hay una ley general que brinde certeza a las inversiones ni defina cómo operar puertos privados.

• Expertos señalan que Guatemala carece de legislación clara para empresas mixtas, lo cual impide alianzas seguras entre Estado y privados.

• Diputados coinciden en que no se puede reformar lo inexistente: no hay ley del sistema portuario actual, por lo que es necesario crear, de cero, el marco legal.

Datos claves. La primera iniciativa fue presentada el 9 de abril por la diputada Sandra Jovel, acompañada de otros legisladores; está bajo análisis de las comisiones de Comunicaciones —que ella preside— y Economía, presidida por Faver Salazar, del partido Valor, la misma agrupación política de Jovel. La propuesta busca establecer una base normativa que dé orden al sistema portuario.

• La segunda iniciativa fue presentada por el Ejecutivo, apenas un mes y 16 días después, con un enfoque complementario.

• Esta propuesta se encuentra solo en la Comisión de Comunicaciones.

• Ambas iniciativas son vistas como complementarias y se trabaja en integrarlas en un solo dictamen que combine aportes técnicos y políticos.

Voces. Durante el Congreso Industrial, Lludelis Espinal, presidenta y cofundadora de E&M International Consulting —firma consultora especializada en servicios legales, marítimos y portuarios—, señaló que “en América Latina, el modelo de gestión portuaria que ha funcionado es la propiedad pública combinada con la operación privada”.

• Explicó que Colombia es un ejemplo exitoso: el puerto de Cartagena fue catalogado entre los 20 mejores del mundo.

• Panamá y Chile también han obtenido puntajes altos en gestión gracias a la participación privada bajo concesiones eficientes.

• Espinal recalcó que el modelo colombiano permite que los recursos se reinviertan en digitalización, infraestructura y capital humano, elementos clave para la competitividad.

Ecos regionales. Los países latinoamericanos ofrecen lecciones que Guatemala observa de cerca. El modelo de concesiones ha probado ser eficaz para atraer capital, sin perder el control público de la infraestructura.

• En Colombia, la operación privada ha ido de la mano con una reinversión estatal sostenida.

• Este esquema ha permitido combinar eficiencia operativa con generación de empleos y mejoras tecnológicas.

• Cabe resaltar que Guatemala aún no define si adaptará este modelo u optará por marcos normativos distintos.

Lo que sigue. Aunque las comisiones ya trabajan un dictamen conjunto, los tiempos políticos pesan. El cierre del año trae consigo la discusión presupuestaria y la elección de la nueva directiva, lo que puede distorsionar el debate técnico.

• Diputados piden que la ley se discuta sin presiones ni interferencias políticas.

• Las iniciativas 6527 y 6541 buscan consolidarse en un solo dictamen que incluya las mejores prácticas internacionales.

• El reto será aprobar una normativa que atraiga inversión privada, modernice los puertos y fortalezca la competitividad nacional.