¡Buenos días! 

La parsimonia —o dejadez— de gran parte del Gobierno de Bernardo Arévalo, él incluido, ha metido al Ejecutivo —y al país— en una nueva discusión que pudo haberse evitado perfectamente. Todo apunta a que se creen más listos de lo que son. ¡Por mucho!

El envío en el último momento de veto al decreto 7-2025 —por ignoradas razones— permitió la maniobra de la oposición que, a todas luces ahora, tiene los votos y los ánimos suficientes para enfrentar los cantos de sirena del presupuesto.

Claro está, queda ver si la maniobra —cuestionable, cuando menos— se sostiene bajo el tamiz constitucional que la CC inevitablemente deberá hacer. Tomando eso en cuenta, el Ejecutivo entra debilitado a esa lucha; en un momento donde los magistrados buscan su reelección, es muy posible que la decisión tenga más elementos políticos, que jurídicos.

Saber mover las piezas de ajedrez —y, a veces, hasta eso se pone en duda— no significa saber jugar y mucho menos ser ducho. Ojalá Su Santidad ilumine a Arévalo para que regrese con renovados ánimos en pos del bien de la ciudadanía.  

El fracaso de la licitación PET-3: un golpe a la eficiencia energética

La reciente licitación PET-3-2025, destinada a expandir la infraestructura de transmisión eléctrica en Guatemala, ha culminado en un rotundo fracaso —aunque las autoridades lo nieguen— que sorprende a pocos en el subsector. Confirmado por Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) fue el único oferente, a pesar de que dos entidades privadas adquirieron las bases.

Este desenlace no es un accidente, sino el resultado directo de un diseño defectuoso de los tramos ofertados, que priorizó zonas rurales de baja demanda en detrimento de líneas de transmisión más robustas y atractivas para la inversión privada.

De los cuatro lotes licitados, tres se enfocaron en regiones orientadas al plan de electrificación rural, como Petén, Alta Verapaz y Quetzaltenango, con énfasis en subestaciones y líneas que, aunque necesarias para el acceso universal, ofrecen poco retorno económico. Solo uno generó interés privado inicialmente, pero ni siquiera eso se concretó debido a garantías inadecuadas y temas técnicos. ¿Por qué esta miopía? La culpa recae absolutamente en las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), quienes parecen haber aplicado un criterio “ideológico” en el diseño, favoreciendo una agenda estatista que margina al sector privado. En lugar de fomentar competencia y eficiencia, optaron por un enfoque que huele a intervencionismo, ignorando que la transmisión de alto volumen es lo que atrae capital privado, capaz de inyectar innovación y reducir costos a largo plazo.

Antes del evento, varios agentes del subsector advirtieron sobre estos defectos. Pidieron modificaciones para hacer la licitación más atractiva: ajustes en los lotes para incluir rutas con mayor flujo de energía, mejores condiciones de garantía y alineación con la PEG-5, la gran licitación de generación. Pero el MEM hizo oídos sordos, aferrándose a un plan rígido que no iba de la mano con las necesidades reales del mercado. Aunque las autoridades rechazan calificar esto como fracaso, argumentando que es un “reinicio” y que hay otras obras en marcha. Sin embargo, esta defensa suena hueca: en un país con más de diez empresas especializadas en infraestructura eléctrica, el desinterés masivo evidencia un error sistémico.

Hoy, el INDE asume el monopolio de estas obras —14 subestaciones y más de 500km de líneas—, pero las consecuencias se sentirán en unos pocos años. Sin inversión privada, los costos de construcción y mantenimiento se inflarán, traduciéndose en tarifas eléctricas más altas para los consumidores. La falta de visión de unas autoridades obtusas no solo frena inversiones —que desde 2010 suman USD 1500M gracias al dinamismo privado—, sino que perpetúa ineficiencias, conflictos sociales y retrasos en derechos de vía. Es hora de que el MEM abandone ideologías y priorice pragmatismo: lancen la PET-4 con reformas reales, o condenen a Guatemala a un sistema eléctrico caro y obsoleto. El futuro energético no puede depender de caprichos estatales; exige colaboración y visión.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) promueve ferias de empleo en todo el país como espacios de vinculación laboral. El programa funciona con recursos públicos y se presenta como política activa de empleo. No obstante, carece de datos verificables. Sin registros ni seguimiento, el impacto social y laboral es una incógnita.

Por qué importa. El Mintrab organiza las actividades a nivel nacional y departamental para combatir el desempleo. Este año las implementó por determinada profesión u oficio. El único inconveniente es que la institución no dispone de indicadores que revelen si realmente las personas que asisten logran un trabajo.

• Los únicos datos que manejan las autoridades son la cantidad de ferias que realizan, los asistentes y las empresas participantes. A partir de ellos, definen su “éxito”.

• Entre enero y septiembre de se realizaron 97 ferias nacionales y municipales. En las actividades participaron 11 028 personas de diferentes edades. Además, se instalaron 199 quioscos de empleo en varios lugares. Hubo 4421 asistentes.

• La ausencia de registros convierte un esfuerzo público en una actividad sin evidencia ni resultados medibles, afirmaron expertos.

Entre líneas. Cada feria implica meses de planificación, coordinación interinstitucional y uso de presupuesto público. Sin embargo, la gestión se concentra en la organización del evento, no en la medición de la empleabilidad.  

• La Dirección de Empleo del Mintrab coordina las ferias con empresas, instituciones gubernamentales, municipalidades y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

• También buscan la conexión con instituciones para fortalecer las capacidades de los participantes. Por ejemplo, las capacitaciones de “Cómo fortalecer una hoja de vida”.

• Juana Sotz, directora general de Empleo, indicó que su función es propiciar las condiciones para que el empleado y el empleador se encuentren. “No queda bajo nuestra competencia que los participantes sean contratados […] el reto no es organizar, sino saber si funciona”, admitió.

Punto de fricción. El principal obstáculo es la falta de retroalimentación de las entidades participantes.  El ministerio no tiene herramientas para exigir la cantidad de personas que fueron contratadas.

• El Mintrab argumenta que las compañías indican que recopilar datos consume tiempo y genera costos operativos. Se complica porque ellos tienen otros mecanismos para reclutar al personal.

• Un exfuncionario de la cartera indicó que el proceso para obtener los datos no es complicado. Durante su gestión se implementó un plan piloto junto al programa Mi Primer Empleo.

• Sin esa información es complicado distinguir entre ferias exitosas y eventos simbólicos, pero de alta visibilidad política. 

Ecos regionales. México, Colombia y España realizan ferias de empleo similares a Guatemala. Cada país mide el éxito de las actividades con aspectos como: difusión, calidad, diversidad y empleabilidad en algunos casos.

• El Servicio Nacional de Empleo de México reportó que hicieron 1200 ferias en 2024. Participaron 23 000 empresas y hubo más de 600 000 puestos de trabajo disponibles.

• También reportaron 300 000 contratos, es decir, un 50 % de efectividad. Mientras, datos de España y Colombia revelaron que la mayoría de las empresas buscaban expertos en informática, telecomunicaciones, ventas, finanzas, publicidad e industria.

• Los tres países consiguen datos estadísticos directos y útiles para conocer la efectividad de los programas de empleabilidad que impulsan los gobiernos.

En conclusión. El desafío del Mintrab no es solo organizar más ferias, sino medir su eficacia y justificar el costo público. Sin datos de empleabilidad, el programa queda en la superficie del problema.

• Expertos en desarrollo laboral piden indicadores claros y verificables para evaluar el impacto real.

• Sin mecanismos de control, las ferias seguirán como escaparates de gestión pública sin beneficio comprobado para los ciudadanos.

Imagine que un cartel en la ciudad no solo anuncia un producto, sino que se convierte en una experiencia capaz de captar su atención, invitarle a reflexionar e incluso conectarse con sus redes sociales. Eso es lo que promueven los Premios JCDecaux, un certamen internacional que llegó por primera vez a Guatemala para reconocer lo mejor de la publicidad exterior en Centroamérica.

JCDecaux, fundada en 1964, es líder mundial en publicidad urbana. Presente en más de 80 países, combina creatividad, innovación y sostenibilidad, transformando la publicidad en experiencias que conectan con las personas.

Nacidos en España hace 22 años, los premios se han consolidado como referentes globales de innovación y excelencia, destacando campañas que no solo venden, sino que inspiran, generan impacto emocional y ofrecen oportunidades a nuevos talentos. Las campañas ganadoras de Guatemala, El Salvador y Honduras ya están inscritas en la categoría Iberoamérica 2026 en Madrid, lo que abre la puerta a una proyección internacional.

JCDecaux promueve la sostenibilidad: 47 % de energía verde, 75 % de carteles reciclados y pantallas LED de bajo consumo. El debut en Guatemala marca el inicio de un camino para ampliar la huella creativa regional y transformar la manera en que las marcas se comunican con las ciudades, las audiencias y los consumidores.

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En septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) destituyó a 47 agentes por procedimientos indebidos. No obstante, algunos sectores advierten que la depuración puede ser un distractor para encubrir fallas estructurales. En los últimos tres meses, se destituyeron a otros 26 agentes por incumplimiento de deberes y por realizar irregularidades durante operativos.

Por qué importa. Las medidas buscan depurar la institución, según afirman los altos mandos de Gobernación. Sin embargo, generan desconfianza entre la ciudadanía, que percibe una policía debilitada y vulnerable ante el crimen organizado. También denotan la falta de estrategias efectivas para combatir la violencia.

• El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que “hay elementos con total irresponsabilidad”. Resaltó que algunos agentes no están en línea con el combate a las pandillas.

• La mayoría de las destituciones se dan en los mandos bajos de la PNC. Los agentes destinados a la seguridad ciudadana son los más afectados.

• Los rangos de oficiales, inspectores y comisarios raras veces reciben sanciones. “La responsabilidad recae, en la mayoría de las ocasiones, en los agentes y subinspectores”, aseguraron fuentes consultadas.

Visto y no visto. También señalaron que las recientes destituciones evidencian cómo “los altos mandos policiales se deslindan de responsabilidad y culpan a los agentes de menor rango”. En varias audiencias penales, los policías indicaron que solo siguieron las órdenes que les dieron.

• En caso de cuestionar las indicaciones de sus jefes, recibían amenazas y represalias. Los jueces han indicado que su deber es denunciar ese tipo de acciones, para no caer en omisión de denuncia.

• También existen procesos en los que los PNC se aprovecharon de sus cargos para intimidar a la ciudadanía. Las sentencias emitidas lo confirman.

• Los delitos más frecuentes son el abuso de autoridad, extorsión, cohechos activos o pasivos, allanamientos ilegales y secuestro. Entre enero de 2023 y septiembre de 2024 se capturaron a 311 agentes acusados de cometer estos delitos. 

Sí, pero. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) sostienen que no solo se trata de depurar la institución, sino de formar a los agentes con vocación de servicio. Reconocen que el problema no solo es de Guatemala, sino en otros países del continente. 

• En el mismo periodo, se recibieron 3879 denuncias en la Inspectoría General de la PNC por incumplimiento de tareas por parte de los agentes.

• El delito más recurrente fue el de abuso de autoridad. Según el registro compartido por Gobernación, se registraron 1163 denuncias. Le sigue el de encubrimiento propio con 828 casos.

• En el 2023, los policías recibieron el último aumento salarial. En la actualidad, devengan GTQ 7354. Anteriormente, no llegaban al mínimo. El bajo salario que tenían era usado como justificación para recibir ingresos de forma ilegal.

En conclusión. Las destituciones en la PNC reflejan un intento de limpiar la institución, pero exponen un sistema que castiga a los eslabones más débiles y protege a los altos mandos. También revelan que no necesariamente resuelven la corrupción estructural ni la falta de formación ética.

• La precariedad laboral y la ausencia de incentivos fortalecen la tentación de prácticas ilícitas dentro del cuerpo policial.

• La falta de supervisión efectiva y de controles internos eficientes facilita que la impunidad se mantenga.