Puerto Santo Tomás: expandirse o morir

¡Buenos días! 

La falta de certeza jurídica, tristemente, no es algo nuevo en Guatemala; durante décadas —si no, más— la imposibilidad de contar con certidumbre sobre la solidez de las transacciones comerciales, sobre los contratos, o sobre la transferencia de propiedad, han limitado el crecimiento económico en el país.

Desde la falta de títulos de propiedad que aqueja a campesinos —legítimos, no invasores—, hasta los problemas que aquejan a grandes corporaciones, el Estado ha sido incapaz de brindar ese minimum minimorum.

Pero que esa falencia afecta al propio Estado es casi inconcebible; sin embargo, eso es precisamente lo que sucede con el polígono de expropiación que constituye el área otorgada a la Empresa Portuaria Nacional Matías de Gálvez, la hoy Empornac.

Es del interés nacional resolver los litigios que limitan el crecimiento del puerto, amén de sanear sus finanzas. Como todo, ¡urge! 

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La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) rebasó su capacidad de funcionamiento en 2003. A pesar de tener —en papel— 42 caballerías de terreno para expandirse, no puede hacerlo. Esto debido a la falta de certeza jurídica de la tierra “disponible”.

Por qué importa. En 2023, Empornac movilizó el 23.9 % de la carga marítima de todo el país; ocupó el segundo lugar en gestión; el primero lo tuvo la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con el 47.4 %. Al postergar la ampliación de Santo Tomás, se limita el crecimiento económico de Guatemala. Se afecta el interés nacional. 

• En la actualidad, solo emplea 2.5 caballerías de las 45 que tiene el Polígono Portuario de Empornac. La ocupación representa el 5.29 % del espacio utilizable. Existen 42.5 “sin uso”.
  
  

• Hay 12 caballerías —de las disponibles— que carecen de certeza jurídica. Tienen un conflicto de propiedad entre el Estado y terceros. El hecho se originó en 1991, y persiste desde entonces.
  
  

• El polígono es un terreno integrado de 176 fincas, destinado para el desarrollo infraestructural de Empornac. Está a nombre de la nación y la empresa tiene los decretos de expropiación.

Visto y no visto. El Estado expropió los terrenos en 1953 con la fundación del puerto. Sin embargo, en los años 90, el desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) otorgó títulos de propiedad de una parte de esas tierras a 94 personas, bajo la justificación de pertenecer a la finca 1711. 

• El territorio entregado por INTA forma parte de la Zona de Reserva Exclusiva para Expansión y Desarrollo Portuario. La conforman 12 caballerías, que en su momento —antes de 1953— la integraron 31 fincas.
  
  

• Las desmembraciones de la finca 1711 están alejadas de sus linderos; invadió el polígono de Santo Tomás. Esto se dio por los erróneos registros catastrales que manejó el Instituto.
  
  

• En la actualidad, los 94 beneficiados por los títulos de propiedad vendieron y donaron áreas de tierra a favor de particulares. Y con ello, se multiplicaron los dueños de las 12 caballerías de terreno.

Sí, pero. La finca 1711 tiene un área de 19 caballerías, pero el 62.87 % de este terreno lo integra el 27.19 % del polígono de Empornac. Es decir, la finca originalmente solo tiene 7 caballerías, pero con las 12 de la zona de traslape, suma 19. 

• Esta finca no es la única que tiene problemas de traslape con el polígono; ocurre también en otras dos. Vale decir que dichas confusiones no deberían ocurrir.
  
  

• La razón: al momento de la expropiación, los propietarios afectados acreditaron los títulos y certificaciones de la tierra. Incluye todo su perímetro. La información hace difícil una confusión de límites territoriales.
  
  

• Las tierras que no tenían título fueron acreditadas por el Registro de la Propiedad. Ambos procesos se dieron entre 1953 y 1968. En ese tiempo no se presentó ninguna impugnación y toda posterior no tendría razón de ser.

Conclusión. La falta de límites territoriales claros en el polígono y fincas cercanas hace imposible que Empornac pueda expandirse, y con ello, ofrecer un mejor servicio en la recepción y envío de la carga marítima. 

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Los diputados acordaron incluir en la agenda, la aprobación en tercer debate de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, las cuales permitirían a la empresa Perenco continuar con las operaciones, ya que su contrato fenece el 12 de agosto de este año.

La propuesta, presentada en el 2022 por el entonces presidente Alejandro Giammattei, establece que “el plazo de los contratos de operaciones petroleras podrá ser hasta de veinticinco (25) años, pudiendo el Presidente de la República en Consejo de Ministros, aprobar prórrogas continuas hasta de veinticinco (25) años cada una, o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, lo que ocurra primero”.

Además, el proyecto detalla que los términos económicos de cada una de las prórrogas “deberán ser siempre las más favorables para el Estado”. Esta propuesta avanzó hasta la segunda lectura el 17 de diciembre de 2022.

Luis Aguirre, diputado de Cabal y ahora uno de los principales impulsores de la iniciativa, recordó que la empresa empezará a cerrar pozos a partir del 1 de abril, lo que hace urgente buscar una solución.

“Ellos [Semilla] proponen hacer algo temporal, durante lo que resta del gobierno. No sé si quieren dejar el problema al próximo gobierno. Esto no es un tema político, es de país. La empresa vende el 90 % del asfalto en el país […] Si no se resuelve habrá que importar, y eso impactará en la economía”, explicó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que en la Ley de Hidrocarburos no se contempla “el cierre técnico de operaciones petroleras”, por lo que el gobierno está trabajando en abrir un camino institucional. “No hay un estudio de impacto ambiental para el cierre y eso es lo que estamos construyendo, por eso es importante trabajar con el Congreso”, aseguró la funcionaria.

En cuanto a la prórroga del contrato, Orantes agregó que “eso es lo que están analizando”. Se tiene prevista una reunión con diputados previo a la sesión plenaria, para establecer si presentan enmiendas al proyecto o una nueva iniciativa de ley.

El asunto ha sido calificado de urgencia nacional, pues la operación de la empresa representa el 80 % de la producción nacional de petróleo. 

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El programa “Becas por Nuestro Futuro” —FONABE— inicia el 1 de abril con un presupuesto de GTQ 245M, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional —CHN—. La gestión operativa está a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia —SEGEPLAN—, a la que le destinaron GTQ 5M.

FONABE busca ampliar el acceso a la educación superior en un país donde solo el 5 % de la población alcanza estudios universitarios. Su objetivo es reducir las brechas educativas y fomentar la igualdad de oportunidades mediante becas nacionales e internacionales.

Las becas están dirigidas a personas de escasos recursos, estudiantes con alto rendimiento académico, y aquellos interesados en formación técnica como vía de inserción laboral.

“Los criterios del éxito del fondo son el número de beneficiarios y la empleabilidad”, indicó Carlos Mendoza, secretario de SEGEPLAN, durante la conferencia semanal del Ejecutivo.

Se ofrecerán tres tipos de apoyo educativo: 

• Pregrado: técnicos universitarios y licenciaturas.
  
  

• Posgrado: maestrías y doctorados, tanto nacionales como internacionales.
  
  

• Formación técnica especializada: cursos de idiomas y programas propedéuticos.

Se harán tres convocatorias anuales: la primera inicia el 1 de abril y durará dos meses; las siguientes serán en julio y noviembre.

Corrupción y CODEDES 

Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción —CNC—, presentó los avances de los últimos tres meses, destacando mejoras en evaluaciones internacionales y medidas concretas en transparencia y probidad.

“Guatemala escaló al puesto 68 en el Índice Regímenes del Mundo de la Universidad de Gotemburgo —Suecia—, una mejora respecto a la posición 99 de 2023. También se reportó una tendencia positiva en el Índice de Corrupción del Ejecutivo. Ambos miden la percepción de corrupción”, dijo.

En cuanto a transparencia, destacó el trabajo interinstitucional con los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural —CODEDES—. El Ministerio de Finanzas implementó un tablero de seguimiento de transferencias, SEGEPLAN estableció controles en la ejecución financiera de proyectos, entre otros.

Agenda presidencial 

• Miércoles 26: El presidente Bernardo Arévalo participará en el Foro de Integridad de la OCDE sobre avances en la lucha contra la corrupción y en la conferencia de prensa La Ronda.
  
  

• Jueves 27: Lanzamiento de “Becas por Nuestro Futuro”, en Chimaltenango.

  
  

• Viernes 28: Inauguración de una farmacia pública en el Hospital Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 

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