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Quien juega con fuego se quema

¡Buenos días!
Pronunciarse sobre asuntos litigiosos siempre es un peligro —en Guatemala, hasta de muerte—, pues se corre el riesgo de posicionarse del lado perdedor; sin embargo, es peor quedar del lado incorrecto de la historia. En momentos de trascendencia nacional, es menester exponer las cosas como uno las aprecia.
A pocos días de celebrarse la elección —primera vuelta— de magistrados titular y suplente para la CC en el CANG, precisamente es esa Corte la que está en el ojo del huracán, pues se han planteado una plétora de acciones tendientes a impedir o tergiversar ese proceso. Sobresalen las que argumentan que no se les debe permitir elegir a los profesionales agremiados en dicho ente que no sean abogados, a pesar de que es en ese Colegio donde, por ley, se inscriben. Llama la atención que no se objetó con esa vehemencia en elecciones anteriores que, incluso, tienen a magistrado titular y suplente en la CC con el voto de dichos profesionales; ahora, esos mismos, buscan trastocar el proceso.
Independientemente de las simpatías —o antipatías— que se puedan tener hacia unos u otros, en plena conciencia no se puede estar de acuerdo con subterfugios, artimañas o abiertas violaciones a la ley.
No se trata de un juego, ni de ver quién es el “más pilas”; se trata de respetar las reglas y, claramente, unos quieren contravenirlas porque, en esta ocasión, no les favorecen.
Esa es no solo una perversión, sino una actitud abiertamente antidemocrática y antirrepublicana.

Reynaldo Rodríguez
El acuerdo EE. UU.-El Salvador: nuevas reglas de seguridad
623 palabras | 3 minutos de lectura

El acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos marca un giro significativo en la relación entre ambos países, no solo en términos económicos, sino también geopolíticos. A través de este pacto, EE. UU. ofrece acceso preferencial al mercado más grande del mundo a cambio de un alineamiento estratégico que refuerza su influencia en los flujos económicos de El Salvador.
Este acuerdo refleja la tendencia de la geoeconomía moderna, donde las decisiones comerciales están profundamente entrelazadas con intereses geopolíticos globales.
Lo indispensable. EE. UU., en un contexto de creciente competencia con China, busca asegurarse de que El Salvador se convierta en un aliado estratégico en su esfera de influencia, especialmente en términos de infraestructura crítica y políticas exteriores alineadas.
El 29 de enero de 2026, en Washington D. C., ambos países firmaron un acuerdo comercial recíproco que formaliza las negociaciones previas centradas en alinear la seguridad económica y nacional de ambos países frente a terceros actores.
El acuerdo nace dentro de la expansión de EE. UU. en la región, dada su nueva estrategia de seguridad, dominando comercialmente los países en su área de influencia más próxima.
A diferencia de los tratados de los 90, este acuerdo instrumenta el comercio como una herramienta de contención geopolítica, donde el acceso al mercado estadounidense se convirtió en un privilegio por adoptar un proxy de la política económica y de seguridad.
Cómo funciona. Este acuerdo no se limita a aranceles preferenciales, sino que incluye compromisos sustantivos en áreas estratégicas.
Se eliminaron totalmente los aranceles para una lista masiva de bienes tangibles —desde agroindustria hasta manufactura pesada—, reduciendo los costos de transacción para asegurar una cadena resiliente y barata en la periferia inmediata de Washington.
A través de la priorización del gas natural licuado (LNG) y la tecnología nuclear de EE. UU., El Salvador se convierte en un dependiente energético de aquel país, lo que cierra las puertas a otras influencias en sectores vitales.
EE. UU. prioriza la integración de El Salvador a su cadena de suministro, minimizando riesgos de competencia y consolidando la seguridad en los suministros clave como el grafito y los minerales críticos.
Entre líneas. Más allá de los beneficios comerciales, este acuerdo es una estrategia clara para consolidar una alineación geopolítica a largo plazo, evitando que El Salvador sea un riesgo para la seguridad de EE. UU.
Así, se convierte en un proveedor exclusivo de minerales clave para la defensa de EE. UU., impidiendo que potencias como China o Rusia accedan a estos recursos estratégicos y consolidando las cadenas de suministro de sus prioridades geopolíticas.
El acuerdo garantiza que ES se adhiera a políticas de ciberseguridad de EE. UU., limitando la adquisición de redes 5G, satélites y cables submarinos de actores no aliados, limitando el riesgo de acceso a datos sensibles.
También, se estableció el mandato de monitorear y prevenir la evasión de aranceles mediante prácticas de dumping, la triangulación de productos a través de terceros y el bloque de IED de potencias no alineadas, reforzando la exclusividad de las cadenas de suministro de EE. UU.
En conclusión. El acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos representa un cambio radical en la relación bilateral, donde las dimensiones económicas y geopolíticas se entrelazan para consolidar una alineación estratégica con la potencia norteamericana. Más allá de los beneficios comerciales inmediatos, El Salvador se ve profundamente integrado a la órbita de EE. UU., con compromisos que incluyen dependencia energética, monitoreo de flujos comerciales y la exclusión de influencias externas en sectores clave como la infraestructura digital y los minerales estratégicos.
Este acuerdo no solo asegura el acceso preferencial al mercado estadounidense, sino que también posiciona a El Salvador como un aliado clave, alineándose con los intereses de Washington frente a potencias rivales como China y Rusia.
Glenda Sánchez
La ANAM, bajo tensión, entra en año clave
648 palabras | 3 minutos de lectura

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue reelecto presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM). Estará al mando dos años más: 2026-2028, un periodo crucial por coincidir con la antesala de las elecciones generales. Algunos jefes ediles manifestaron inconformidad por la elección de Siero.
Por qué importa. La ANAM nació para fortalecer a las municipalidades y proteger su autonomía; sus elecciones despiertan interés porque la presidencia también otorga influencia en decisiones del Estado y acceso a espacios de poder. Sobre todo, en años preelectorales, cuando aumentan las negociaciones con diferentes actores.
En los últimos años se intensificó el interés de integrar la Junta Directiva de la asociación municipal. Los candidatos hacen giras y campañas en todo el país para convencer a sus pares.
“Muchos alcaldes la ven ahora como un espacio para presionar por más fondos, no para impulsar desarrollo local”, asegura el analista Luis Linares.
La presidencia da acceso a puestos, representación en instituciones públicas y espacios de decisión. Por eso, la elección se disputa más por poder e influencia que por propuestas.
Punto de fricción. Este año, tres alcaldes mostraron interés: Sebastián Siero de Santa Catarina Pinula, Juan Carlos Pellecer de San Juan Sacatepéquez y Enrique Arredondo de Nueva Santa Rosa. Siero fue el único que presentó la planilla; el resto no cumplió los requisitos.
Durante la campaña se denunciaron amenazas —quitar plazas del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal— y presiones. Además, dudosos acercamientos con partidos políticos y organismos del Estado para conseguir el respaldo.
Antes y durante la elección hubo enfrentamientos entre Pellecer y otros jefes ediles. Él reclamaba los estatutos de la ANAM que fueron modificados. Siero lo calificó de show para las redes sociales.
Después de oficializar la reelección, algunos alcaldes denunciaron fraude del proceso, pagos en efectivo y una celebración con excesos. El reelegido presidente desmintió todos los señalamientos.
Detrás de escena. Sebastián Siero atribuyó su triunfo al rechazo de presiones del Ejecutivo; asegura que los alcaldes respaldaron su candidatura por las constantes amenazas de ese organismo estatal. Promete procesos transparentes y defensa de la autonomía municipal.
Sostuvo que la ANAM debe funcionar como un esfuerzo de todos los alcaldes, no como un proyecto personal. Planteó un liderazgo basado en trabajo conjunto y respeto institucional.
Señaló “prácticas oscuras” desde el gobierno. También pidió cooperación sin chantajes, mientras la ANAM busca reformas legales y alianzas en el Congreso.
Algunos analistas consideran que este Ejecutivo —débil y sin base municipal— intentó cooptar a la ANAM como posible soporte político.
Voces. Siero fue reelecto por unanimidad de los alcaldes presentes en la asamblea. A pesar de que Enrique Arredondo y Juan Carlos Pellecer unificaron esfuerzos para consolidar el grupo opositor, no consiguieron el respaldo de 22 alcaldes, informaron los directivos de la ANAM.
Arredondo y Pellecer confirmaron inconvenientes para inscribir una planilla. Además, el bloqueo del registro de sus aliados y la negativa a una prórroga para apuntarse. Presentarán acciones legales.
William Calderón, alcalde de Salcajá, explicó que el proceso se rigió por los estatutos, los plazos y tiempos. “El proceso fue legal. Se preguntó en asamblea la prórroga, pero ganó el no”, indicó.
Siero lamentó las acciones violentas de Pellecer en la asamblea —gritos y golpes en las mesas—. “Eso demuestra que son un grupo con espurias intenciones”.
En conclusión. La reelección de Siero abre un nuevo periodo para la ANAM en un momento decisivo para la política municipal. Las tensiones internas y los señalamientos del proceso dejan claro que la asociación debe enfocarse en resultados para los vecinos.
La ANAM debe demostrar que su liderazgo sirve para fortalecer municipios. Con miles de millones en juego cada año, el desafío será traducir recursos en servicios reales, obras útiles y una gestión responsable.
Las denuncias de presiones, amenazas y posibles irregularidades ponen a prueba a la dirigencia. Urge garantizar reglas claras y un proceso en el que todos confíen.

Luis González
Abogados en votaciones clave para la justicia
667 palabras | 3 minutos de lectura

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se prepara para dos jornadas electorales decisivas los días 4 y 5 de febrero de 2026, en las que se definirán cargos clave para la institucionalidad jurídica del país.
Qué destacar. El 4 de febrero, los abogados elegirán al magistrado titular y suplente que representará al gremio ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
Se trata de un proceso catalogado por el propio Colegio como de “alta trascendencia institucional” debido a la influencia directa de estos magistrados en la defensa del orden constitucional. Ese mismo día también se celebrará la elección programada por el Tribunal Electoral del CANG para su integración interna.
El 5 de febrero continuará el calendario con dos procesos adicionales: la elección del representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC y la elección del Vocal Tercero de la Junta Directiva del propio Colegio, reforzando la representación gremial y académica dentro de la universidad y del órgano colegiado.
Estos comicios marcarán el rumbo del gremio para los próximos años y definirán a quienes participarán tanto en la integración de la CC como en espacios universitarios y corporativos estratégicos.
En el radar. El Congreso de la República abrió hoy el proceso para recibir expedientes de los profesionales del derecho interesados en convertirse en magistrado titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad, según el Acuerdo Legislativo 4-2026.
La convocatoria establece que la recepción de la papelería se realizará del 2 al 20 de febrero de 2026, en horario de 8:30 a 16:30 horas, en la Dirección Legislativa, ubicada en la 8.ª avenida 9‑41 de la zona 1, con ingreso por Casa Larrazábal.
Durante este periodo, los aspirantes deberán presentar su expediente completo. La Dirección Legislativa verificará el cumplimiento de requisitos, mientras que una comisión mixta integrada por la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque evaluará y calificará las postulaciones.
Este proceso marca el inicio formal del camino para que el Legislativo designe a los magistrados que representarán al Congreso en el máximo tribunal constitucional del país.
Lo que sigue. El sector público inicia hoy el ciclo escolar 2026 con la inauguración de clases en todos los niveles y modalidades desde esa fecha, como parte de un esfuerzo por ordenar el año académico y garantizar la continuidad pedagógica en el país.
Dos días después, el miércoles 4, Guatemala conmemorará 50 años del terremoto de 1976 con un simulacro nacional por sismo, organizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
La actividad, que involucrará instituciones públicas, privadas, municipalidades, cuerpos de socorro y miles de ciudadanos, busca fortalecer la cultura de prevención y poner a prueba los protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias en los 22 departamentos del país.
Además, el ejercicio activará sirenas, planes de respuesta y centros de operaciones de emergencia, con el objetivo de evaluar la capacidad real de reacción ante un evento sísmico de gran magnitud.
Ecos regionales. En sus primeros días como presidente, Nasry “Tito” Asfura reiteró su compromiso de “no fallar” a Honduras y de impulsar un gobierno de unidad. Sin embargo, su inicio se ha visto marcado por la crisis eléctrica que afecta a miles de hogares, un problema que la población exige resolver de manera urgente al nuevo gobierno.
La ciudadanía reclama acciones inmediatas para estabilizar el sistema energético, junto con mejoras en seguridad, empleo y servicios públicos, prioridades que el mandatario incluyó en su discurso inaugural.
La Corte Suprema de Panamá anuló la concesión portuaria otorgada a Panama Ports, lo que elevó la tensión al involucrar intereses estratégicos de China en el canal, que advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger a sus empresas tras el fallo que EE. UU. celebró.
EE. UU. continúa presionando al régimen de Ortega y Murillo. Denuncia que Rosario Murillo impuso una “copresidencia ilegítima” sin elecciones ni mandato democrático. El Departamento de Estado afirma que el régimen niega el derecho al voto porque “sabe que no puede ganar” en elecciones libres.
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