¿Quién sustituirá a Marco Livio Díaz en la SAT?

¡Buenos días!

Algunos tanques de pensamiento y “expertos” repiten como letanía que Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas del continente, en relación con el PIB. Sin embargo, omiten resaltar elementos indispensables: la alta informalidad —y los nulos esfuerzos gubernamentales para su inclusión en la base tributaria—, pero más allá de ello, la escasa atención en la calidad del gasto de esa recaudación.

Si se quiere más recaudación, la pregunta básica debe ser: ¿para qué? Luego, cuando se ven los montos asignados a gasto de funcionamiento y, más preocupantemente, a mecanismos tradicionalmente poco transparentes como los CODEDES, la respuesta parece ser que, si es para eso, no gracias.

El Buen Libro nos dice que “el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho”; lo opuesto también es cierto. Gobierno tras gobierno, ha dilapidado el dinero de los contribuyentes, ¿por qué habría de dársele más?

Aunque esta discusión debe ser permanente, toma preponderancia en el marco del relevo del superintendente de la SAT, proceso que empieza justamente por estos días. ¡Atentos!

Les deseamos un muy buen inicio de semana laboral. 

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En este boletín:

•SAT: elección clave que no debe pasar desapercibida

•¿Intervendrá Trump militarmente en México?

•Panorama Político Semanal: inicia la negociación sobre el reglamento de desechos

Si el proceso de elección del superintendente del ente recaudador —la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)— marcha con normalidad, el nuevo funcionario asumiría el cargo el próximo 16 de abril, para un periodo de cinco años. ¿Cómo se sustituirá a Marco Livio Díaz? 

• El Directorio, conformado por el ministro de Finanzas Públicas; el superintendente; un viceministro de la cartera, y dos directores, lo elegirá. 

Por qué importa. El relevo en la SAT está pasando desapercibido; los próximos cambios del sector justicia lo han eclipsado. El del superintendente es un puesto clave; la recaudación tributaria representa el 73.6 % del Presupuesto General de Ingresos del Estado del 2025 —por un monto de GTQ 152 692M—, y de él depende el cumplimiento de la meta. 

• El 34.8 % del presupuesto aprobado está dirigido a municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y otras entidades locales. Tan solo los CODEDES tienen disponible para ejecutar GTQ 11 000M este año.
  
  

• Las obras realizadas por los mismos son cuestionadas; tradicionalmente han sido utilizadas para el pago de favores políticos. 

En perspectiva. En 2016 se cambió la Ley Orgánica de la SAT para que el presidente de la República ya no tuviera la potestad de nombrar al superintendente.  

• El último nombrado por el gobernante de turno —Jimmy Morales— fue Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue destituido en 2018 por no cumplir la meta de recaudación.
  
  

• En ese mismo 2016 se reformaron otras leyes, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y la Ley del Ministerio Público (MP). 

Visto y no visto. La integración del Directorio también sufrió modificaciones. Antes, se integraba con cuatro directores titulares y el mismo número de suplentes. Todos eran elegidos por un periodo indefinido. En cambio, ahora, están en el cargo cuatro años. 

• En 2024, el presidente Bernardo Arévalo nombró a los dos directores cuyos cargos son sujetos de designación. Estos son: Adriana Estévez Clavería y Julio Otoniel Roca Morales.
  
  

• Estévez llegó al Directorio inicialmente en el 2016, al ser nombrada por el exmandatario Morales. En 2020 el expresidente Alejandro Giammattei la reeligió. Este es su tercer periodo.
  
  

• El Directorio puede remover al superintendente por distintas causales, por ejemplo, no llegar a la meta de recaudación, cometer actos fraudulentos, entre otros.

Cómo funciona. Los tiempos de la elección del superintendente quedan a discreción del Directorio, pues la reforma de la Ley Orgánica de la SAT no los especifica.  Los criterios [de elección] también son discrecionales; solo existe una guía del proceso. 

• El Directorio establecerá un plazo para la recepción de los expedientes de los candidatos. Luego, hará público el listado de los postulantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria. La publicación especificará el tiempo para presentar las tachas contra los postulantes.
  
  

• Posteriormente, se verifica la información de los expedientes para integrar un listado depurado, y se les asigna una calificación entre 0 y 100 puntos, de conformidad con la tabla de gradación.
  
  

• Quienes obtengan una nota mayor de 60 serán sometidos a pruebas psicométricas. Además, deberán presentar un plan de trabajo al Directorio, y este seleccionará al nuevo superintendente. 

Entre líneas. En diciembre de 2024, el Directorio tomó relevancia, pues tuvo a su cargo la designación del superintendente interino, Armando Gabriel Pokus Yaquián —intendente de Atención al Contribuyente—. Esto luego de que Díaz pidiera una licencia por vacaciones. 

• La ausencia del superintendente se dio en el marco de las investigaciones del caso B410 —develado por la propia SAT— que realizó el MP. El Directorio, en ese momento, mostró su apoyo a Díaz.
  
  

• Las investigaciones que realizó el MP fueron dirigidas a la firma de contadores de los hermanos del superintendente; sin embargo, él no fue investigado ni es señalado por el ente investigador. 

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Rafael P. Palomo
¿Intervendrá Trump militarmente en México?
644 palabras | 3 mins de lectura

Seis cárteles mexicanos han sido designados como terroristas, aumentando la especulación sobre una posible intervención militar de EE. UU. en México. 

En perspectiva. El Departamento de Estado cumplió una de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, designando a ocho organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados (FTO y SDGT, por sus siglas en inglés, respectivamente). 

• Entre ellas se encuentran el Cártel de Sinaloa; Cártel de Jalisco Nueva Generación; Cártel del Noreste; La Nueva Familia Michoacana; Cártel del Golfo, y Cárteles Unidos.
  
  

• Adicionalmente, a estos seis cárteles mexicanos, se agregó al Tren de Aragua (Venezuela) y a la MS-13 (El Salvador).
  
  

• De acuerdo con el secretario de Defensa Pete Hegseth, “todas las opciones están sobre la mesa”, para una potencial intervención militar contra estas FTO en territorio mexicano.

Por qué importa. Aunque la designación no implica automáticamente una intervención militar, facilita el marco legal para proceder. Tras los atentados del 9/11, la resolución conjunta del Congreso de EE. UU. sobre la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) se convirtió en ley.  

• La AUMF permite a las fuerzas militares de EE. UU. atacar a grupos terroristas en cualquier parte del mundo.
  
  

• Bajo ella, podrían justificarse —legalmente— ataques con drones o incursiones de fuerzas especiales en México.
  
  

• Desde 2001, EE. UU. ha utilizado dicho marco legal en hasta 22 países, a pesar de la oposición de países, como Pakistán, Siria y Libia. 

Punto de fricción. Trump está dispuesto a tomar medidas drásticas contra los cárteles mexicanos. El control del narco sobre la frontera norte de México les ha abierto las puertas al negocio del tráfico humano. Aunque Trump le ha declarado la guerra a la epidemia del fentanilo, la medida está orientada a solucionar la crisis fronteriza.   

• Los cárteles mexicanos juegan un papel importante para ingresar a migrantes ilegalmente a EE. UU. a través de túneles por los cuales también contrabandean droga.
  
  

• Claudia Sheinbaum, a cuyo gobierno Trump ha señalado por estar controlado por el narco, ha sido tajante sobre que no tolerará una intervención militar en territorio mexicano.
  
  

• Lejos de buscar la cooperación de EE. UU. para combatir al narco, Sheinbaum ha declarado que acciones de ese tipo serían una violación directa de la soberanía de México.  

Sí, pero. Aunque las FTO de Oriente Medio y África han sido las que más impacto visible han tenido sobre EE. UU., los cárteles de la droga son responsables por más muertes estadounidenses que lo que han sido organizaciones como ISIS y Al Qaeda. La cercanía geográfica obliga a EE. UU. a tomar medidas drásticas, especialmente por la aparente incapacidad del gobierno mexicano para combatirlos.

• La CIA y el Pentágono ya han utilizado drones MQ-9 Reaper para la vigilancia de los cárteles dentro de México, que podrían equiparse con armas para ataques dirigidos.
  
  

• Desde 2020, Trump ha sugerido la posibilidad de bombardeos a laboratorios de drogas en México. 

En el radar. Aunque EE. UU. contemplará todas las opciones, es muy poco probable ver una invasión militar a gran escala de EE. UU. en México. Por el contrario, se puede esperar que las fuerzas especiales y la CIA empiecen a tener un rol más proactivo en términos de misiones encubiertas y acciones militares limitadas, justificadas bajo el umbral del “antiterrorismo”, similares a cómo operan en el Medio Oriente. 

• Sheinbaum deberá enfrentar el hecho de que la cooperación de inteligencia y el fortalecimiento de las fuerzas del orden mexicanas son un capítulo pasado, —ante ojos de Trump— fracasado e insuficiente.
  
  

• La presidenta deberá contemplar el ofrecer apoyo a EE. UU. para operativos conjuntos o tolerar las acciones del presidente Trump o, por lo contrario, afrontar otra posible crisis con su poderoso vecino.
  
  

• En plena encrucijada diplomática para evitar una guerra comercial, Trump sigue aumentando la presión en una relación bilateral —históricamente cordial— que se torna cada vez más tensa. 

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Luis González
Panorama Político Semanal: inicia la negociación sobre el reglamento de desechos
597 palabras | 2 mins de lectura

Quince días bastaron para comenzar las discusiones sobre un cambio en el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos.

En perspectiva. El 27 de febrero, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), tendrán el primer encuentro para llegar a un entendido. 

• Tras el rechazo de las personas que trabajan en este sector —recolectores y guajeros—, el MARN accedió a establecer una mesa de negociación con los diferentes sectores. Su posición es escuchar, pero no dar marcha a la vigencia del reglamento.
  
  

• Mientras que los alcaldes consideran que se deben hacer ciertos cambios, algunos se han puesto del lado de los trabajadores afectados. En la reunión prevista para el jueves, se espera que busquen puntos comunes para calmar el ánimo de las personas que causaron un caos vial en la capital para presionar por las modificaciones. 

En el radar. Con las comisiones de trabajo ya definidas para cada bancada, la instancia de Jefes de Bloque se reúne hoy para definir la agenda de la semana. 

• Con un año más sin bancada Semilla y con la UNE bajo el control de Sandra Torres, se respira una aparente calma en el parlamento, pero el proceso de antejuicio contra el presidente Nery Ramos y otros tres diputados —por el intento de dar vida al bloque legislativo Semilla—, sigue su curso.
  
  

• En ese Organismo, hoy vence el plazo para que los aspirantes al Directorio de la Superintendencia de Competencia (SC) completen su papelería. Los que no cumplan con este requisito, quedarán fuera del proceso.
  
  

• En el Ministerio de Economía también avanza la recepción de expedientes para el Directorio de la SC. El viernes es el último día para entregar ahí papelería. 

Qué destacar. Esta semana también es probable que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), remita la información solicitada por el Ministerio Público, en relación con la “presidencia en funciones” de Blanca Alfaro. 

• La petición de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos indica: remitir un “informe circunstanciado por parte de los magistrados suplentes del TSE, siendo estos: Marlon Josué Barahona Catalán, Álvaro Ricardo Cordón Paredes y Noé Adalberto Ventura Loyo, en el que indiquen cuál fue el proceso realizado para el nombramiento de Blanca Odilia Alfaro Guerra, en el cargo de presidenta en funciones del TSE y se adjunten documentos de soporte”.
  
  

• El plazo para remitir esta información vence el lunes 3 de marzo, pero el TSE podría no esperar el último día para responder el requerimiento.
  
  

• Alfaro entregó la presidencia el 5 de enero de 2025, pero a quien le correspondía asumir la presidencia —Gabriel Aguilera—, no lo puede hacer, pues está suspendido por orden judicial.

Ecos regionales. El Salvador confirmó que el 28 de febrero de 2027 se celebrarán las elecciones para renovar a sus alcaldes y diputados en la Asamblea Legislativa. 

• Existe expectativa por la sentencia que se dictará el 28 de febrero contra el exalcalde Ernesto Muyshondt y otros funcionarios de la alcaldía de San Salvador, enjuiciados por apropiación de retenciones laborales e incumplimiento de deberes.
  
  

• Después de vacías amenazas de la presidenta, Honduras renovó el Tratado de Extradición con EE. UU., y ya aprobó el envío de otro hondureño a esa nación. Se trata de Darwin Orlando Ramos Díaz, reclamado por enviar droga a ese país. Esta semana se decidirá el futuro de Francis Omar Arita, alias “Pepe”.
  
  

• En Panamá sigue la discusión sobre la reforma a la Ley de la Caja del Seguro Social. El Congreso está decidido a dar luz verde a los cambios, mientras los sindicalistas amenazan con nuevas protestas. 

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