¡Buenos días!

De todos los cargos sujetos a designación mediante el proceso de comisiones de postulación, el del titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) debiese ser uno de los más importantes y al que más atención se le ponga. Sin embargo, ocurre precisamente lo contrario.

Puede ser porque no participa el desprestigiado gremio de abogados, sino los profesionales de las ciencias económicas; también, porque más allá de la imposición de sanciones —rara vez cobradas—, las denuncias penales que presenta salen de su ámbito y caen en el del judicial.

De hacer un verdadero papel de fiscalización, sobre todo preventivo, el latrocinio que aqueja al Estado guatemalteco sería menor y la población confiaría más en las instituciones. Tristemente, los casos donde auditores gubernamentales actúan de una manera extorsiva son comunes.

De todas las necesarias reformas institucionales que se deben hacer para tener un aparato estatal medianamente eficaz, es la del marco normativo de la CGC una indispensable. Sí, la reforma al sector justicia, al sistema electoral y al servicio civil son importantes, pero sin aquella, se deja la puerta abierta para que el desfalco al erario continúe. 

40 años de la Constitución, baluarte de la república

El sábado 31 de mayo marcará el 40 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, en medio del conflicto armado interno. Desde entonces, ha sido la piedra angular del Estado guatemalteco, demostrando ser un baluarte de la república, garantizando la separación de poderes, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, particularmente en momentos de graves crisis políticas.

La Constitución nació en un contexto de transición hacia la democracia, tras décadas de gobiernos militares y violencia. Su diseño buscó establecer un marco robusto para evitar el retorno al autoritarismo, promoviendo un equilibrio entre los 3 poderes, y dotando a la ciudadanía de herramientas para defender sus derechos. A lo largo de estas cuatro décadas, la Carta Magna ha sido el cimiento sobre el cual se han construido avances democráticos, aunque no exentos de desafíos.

Uno de los episodios más críticos fue el autogolpe perpetrado por el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, en 1993. Inspirado en el “fujimorazo” peruano, Serrano disolvió el Congreso y la Corte Suprema, suspendiendo garantías constitucionales en un claro intento de concentrar el poder. Sin embargo, los mecanismos de salvaguarda contemplados en la Constitución demostraron su eficacia. La Corte de Constitucionalidad, el ejército, el sector privado y políticos de todas las ideologías se alinearon para restaurar el orden constitucional, forzando la renuncia de Serrano. Ese episodio, lejos de debilitar la institucionalidad, fortaleció la confianza en los mecanismos democráticos y evidenció la resiliencia del sistema.

A pesar de ese y otros intentos de vulnerar el orden constitucional —como crisis políticas, corrupción sistémica o polarización—, la Constitución ha proporcionado un marco para resolver conflictos dentro de la legalidad. La Corte de Constitucionalidad, en particular, ha jugado un papel crucial como árbitro en disputas que podrían haber escalado a rupturas institucionales. Asimismo, la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos, ha utilizado las garantías constitucionales para exigir transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, el camino no está exento de retos. La corrupción y las tensiones políticas persisten, poniendo a prueba la fortaleza institucional. Reformas muy puntuales podrían fortalecer aún más el sistema, garantizando que la Constitución siga siendo relevante.

Al arribar a 4 décadas, la de 1985, es la constitución que más tiempo ininterrumpido ha estado vigente; no es poca cosa. Las diferencias políticas —dentro del marco de la legalidad— son sanas, pero el riesgo de que los enemigos de la democracia prevalezcan, es latente. Ante ello, los guatemaltecos debemos de congratularnos de que no han tenido éxito. La Constitución ha sido, en gran medida, la responsable.

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Tal y como indica el artículo 241 de la Constitución de la República, la Contraloría General de Cuentas (CGC) entregó al Congreso su informe ejecutivo anual. Contiene auditorías en torno a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024.

En perspectiva. Según la CGC, se emitieron 3199 acciones preventivas. De estas se atendieron 2801 y se desatendieron 398. También contiene 668 auditorías financieras y de cumplimiento. Así como 7 de desempeño, para un total de 675. 

• De estas, 381 se realizaron en municipalidades y consejos de desarrollo; 81 a obra pública y gestión ambiental; 40 en el sector educación, ciencia, cultura y deportes; y 37 en salud y seguridad social.
  
  

• Derivado de esas inspecciones, se generaron, 2645 acciones legales que ascienden a más de, GTQ 825M. De esa cantidad, unos GTQ 97M corresponden a 2557 sanciones económicas; más de GTQ 47M a 50 formulaciones de cargos y GTQ 680M a 38 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público (MP).
  
  

• En materia de probidad, se realizaron 146 auditorías que originaron 91 hallazgos. De estos, 58 corresponden a denuncias penales y 33 a sanciones económicas. El valor que amabas generó fue de más de, GTQ 226 000.

Qué destacar. La CGC es el guardián de los intereses del Estado, pero no está sujeta a revisión de cuentas, más que a través de este informe anual, reporte que usualmente pasa desapercibido en el Legislativo. Su contenido debería ser tema de discusión en el pleno.  

• En los últimos años, la CGC no ha cumplido con el papel que requiere un ente fiscalizador. Esa es una de las causas por las cuales la corrupción no se reduce en Guatemala. En la mayoría de las auditorías queda en evidencia la arbitrariedad existente en asuntos de verificación.
  
  

• Incluso, algunos contralores han sido acusados de responder a intereses políticos o de proteger a funcionarios afines al gobierno de turno. Además, en múltiples ocasiones, la CGC no ha actuado con firmeza frente a evidentes casos de corrupción, omitiendo denuncias o demorando procesos.
  
  

• De hecho, la elección del contralor, muchas veces, se percibe como producto de negociaciones políticas; eso debilita su credibilidad. La propia institución ha sido señalada por no cumplir con estándares altos de rendición de cuentas.

En conclusión. Mejorar sustancialmente la CGC es esencial para combatir la corrupción y asegurar que el erario se use en beneficio de todos. De ahí la importancia de que el informe sea elaborado de manera correcta y que se le preste la atención necesaria a su contenido.  

• Por su parte, el Legislativo debe ponerle la atención debida, así como fiscaliza, sin miramientos, a la institución.