¿Quién asesora a Arévalo?

¿Consulta popular o consulta populista? 

La democracia no debe confundirse con la tiranía de la mayoría. En una república, ni siquiera la voluntad popular puede avalar que se incumpla o viole la ley; en Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, es decir, un gobierno de leyes. 

En tal sentido, el presidente Bernardo Arévalo debe cuidar sus palabras; esta semana expresó que está considerando la realización de una consulta popular para destituir a la Fiscal General (FG). 

Aunque no adelantó detalles, la sola idea –posiblemente sugerida por algún mal asesor– desató una discusión pública en la que solo los más radicales miembros y corifeos del partido Movimiento Semilla apoyan la posibilidad de la consulta.  

Sin embargo, una amplia mayoría –incluidos claros opositores a la gestión de la FG– se ha pronunciado en contra de esa posibilidad, por considerar que no es la vía idónea, o que no es deseable, habida cuenta del costo en tiempo, esfuerzo y dinero que representa esa posibilidad.  

Desde antes de asumir la presidencia, ha quedado claro que la gestión de la FG es adversada por el Presidente y su equipo; han repetido hasta la saciedad su intención de removerla del cargo. Pero una cosa es querer y otra es poder. Ni hablar del deber. Más preocupante todavía, conociendo las desafortunadas declaraciones del presidente Arévalo a un medio de comunicación, en donde manifestó su intención de “tomar control sobre el Ministerio Público”.  

En 2016, mediante una reforma casuística –y, por lo tanto, no general, abstracta e impersonal, como deben ser las leyes– se protegió a la entonces FG, Thelma Aldana. Para ello, se fijó como única causa justificada para la remoción –permitida al Presidente en la Constitución– que exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada, por un delito doloso, cometido en el ejercicio del cargo. Una condición imposible. 

República –al igual que muchas otras voces sensatas– se pronunció en contra de tal sinrazón, pero nuestra oposición fue desechada y tildada como “enemiga de la lucha contra la corrupción”. Hoy, hasta quienes apoyaron entonces la reforma para beneficio personal de Aldana, reconocen la inconveniencia. 

Malas reformas legales no pueden ser enmendadas mediante una consulta popular que no solo no tiene ese espíritu, sino que en una república –sobre todo–, no puede estar por encima de las leyes. De ser así, podría imaginarse una consulta popular para, por ejemplo, aplicar la pena de muerte a un reo por delitos políticos. Lo prohíbe la constitución, pero bajo el argumento populista de que “si el soberano así lo decide”, se podría.  

Se esté de acuerdo o no con la gestión de un funcionario como la FG, simplemente no se puede estar de acuerdo con que se realice un ejercicio populista para tomar una decisión por encima de una norma vigente. Esa sería una consulta populista más que popular. 

Aumentar en Q1,500 mensuales la pensión a los jubilados del Estado, es una de las propuestas de la Comisión de Trabajo luego de analizar las reformas al Decreto 63-88, Ley de Clases Pasivas Civiles de Estado. El incremento sería gradual: Q1,000 en 2024 y Q250 cada año siguiente. 

Otro cambio que se propone es que no existan jubilaciones menores al salario mínimo no agrícola. Hasta marzo de 2024 se registraron 45 mil pensiones inferiores a los Q3,477.82. De aprobarse estos cambios, se beneficiaría a 109,427 jubilados. 

La siguiente modificación es aumentar el techo de las pensiones. Ahora es de Q5 mil y la sugerencia es llevarlo a Q8 mil. Además, se plantea subir en 1% el aporte actual de los empleados públicos afectos a esta ley que ganen arriba de los Q4,001, según la escala vigente. Los que devengan menos de Q4,000 no tendrían incremento. 

También recomienda revisar cada cuatro años el sistema de pensiones para actualizar los beneficios de los jubilados y el aporte de los contribuyentes, con el fin de garantizar la sostenibilidad del programa. 

Para el Estado, el aumento de pensiones significaría Q2,298M adicionales, lo que incluye Bono 14 y aguinaldo, mientras que el incremento de los aportes de los empleados públicos sumaría Q174M anuales. 

Más sugerencias 

La comisión que preside la diputada Sonia Gutiérrez también plantea las siguientes recomendaciones: 

Promover la creación de empleo formal estatal bajo el renglón presupuestario 011, aprovechando el bono demográfico, y garantizar la contribución al sistema de pensiones. Esto asegurará una base sólida de ingresos al sistema de pensiones, mejorando su viabilidad financiera a largo plazo y proporcionando una mayor seguridad económica a los jubilados. 

Aumento progresivo y responsable, justo e igualitario del sistema de pensiones. Este aumento deberá tomar en cuenta, tanto las necesidades de los jubilados como la capacidad financiera del sistema. 

Se recomienda mejorar la calidad y consistencia de las bases de datos relacionadas con el sistema de pensiones, con el fin de facilitar el análisis y la toma de decisiones informadas.  

Readecuar el presupuesto bajo el principio de austeridad. Esta medida permitirá asignar recursos de manera más eficiente y garantizar la sostenibilidad financiera.