¡Buenos días!

Las acciones militares que han llevado a cabo Israel y EE. UU. en Irán han disparado el precio de los combustibles; era tan previsible como inevitable. Guatemala no es un país productor de petróleo y existe un mercado libre en la comercialización de hidrocarburos; las autoridades no tienen la facultad de regular los precios al consumidor. Aunque en momentos como este algunos lo quisiesen, es bueno que funcionarios tengan proscrito meter las manos en el mercado.  

Para lo que sí están facultados —los diputados— es para legislar para que se pueda suspender temporalmente el cobro de los impuestos que distorsionan el precio de los combustibles, puntualmente, el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP).  

Pero no, el oficialismo lo que plantea es un subsidio —tomar el dinero de todos los contribuyentes y devolvérselo solo a algunos— en un típico ejemplo de populismo barato. ¿Por qué no dejar de tomar en estos momentos el dinero de los castigados contribuyentes? No es que este gobierno lo use mucho; la ejecución en mantenimiento de las carreteras es paupérrima y lo ha sido desde que asumieron.  

No hay duda de que las cabras tiran al monte. 

Un fiscal general para la república

“La acumulación de todos los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en las mismas manos —escribió Madison en El Federalista No. 47—, puede considerarse con justicia la definición misma de la tiranía”. Lo que Madison no alcanzó a anticipar —porque su república era nueva y su esperanza, todavía intacta— es que la tiranía más peligrosa no siempre llega por asalto. A veces llega por agotamiento: cuando las instituciones se vacían por dentro, cuando los plazos se estiran, cuando quienes ocupan los cargos confunden el puesto con el poder y el poder con la impunidad. 

Guatemala acaba de cerrar el ciclo de designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Que ambos procesos hayan llegado a término —con todo y sus bemoles— es un hecho que merece reconocerse. Ahora la pregunta no es quiénes llegaron, sino qué harán con lo que recibieron: si sus resoluciones responderán a la construcción del Estado de derecho o si la toga se inclinará ante intereses que no son los de la república. Esa respuesta, por definición, no se puede adelantar. Solo se puede exigir. 

Lo que sí puede —y debe— decirse hoy es que la elección del próximo fiscal general no es un mero trámite; es, en este momento, la decisión institucional más importante que enfrenta Guatemala. 

El Ministerio Público (MP) lleva años atrapado en un ciclo que los guatemaltecos conocen de sobra, que los guatemaltecos nombran con indignación. Empezó con la politización de la persecución penal, con fiscales que aprendieron a distinguir no entre culpables e inocentes, sino entre útiles e inconvenientes. Se profundizó cuando una comisión internacional, que llegó con el mandato de fortalecer la institucionalidad, terminó por personalizarla: el MP no salió más sólido de ese experimento, salió más dependiente, más frágil, más atado a agendas que le eran ajenas. Lo que quedó es una institución en la que los guatemaltecos no confían, y con razones fundadas para ello. 

Cicerón lo entendió antes que nadie: la república no descansa en la bondad de sus magistrados, sino en la brevedad de su mandato. Porque el poder que no rota se enquista, y el que se enquista, tarde o temprano, deja de servir a la república para empezar a servirse a sí mismo. 

Así, la comisión de postulación tiene una responsabilidad que no puede tomarse a la ligera. Su función no es negociar cuotas ni equilibrar influencias: es construir una nómina de seis perfiles que la república pueda reconocer como suyos. Perfiles cuya idoneidad no sea declarada, sino demostrada. Esa nómina llegará al escritorio del presidente y, con ella, la responsabilidad más pesada de este ciclo institucional. El presidente tendrá que elegir y lo que Guatemala le pide —lo que cualquier ciudadano razonable, independientemente de su ideología, tiene derecho a exigir— es que esa elección no responda a preferencias políticas ni a lealtades personales, sino a una pregunta simple y exigente: ¿es esta persona capaz de servir a la república, y no al revés? 

Porque el cargo de fiscal general no es un cargo político, es un cargo técnico de la más alta exigencia jurídica; no es el brazo judicial del Ejecutivo ni el instrumento de ningún sector. 

Lo que Guatemala necesita es que quien llegue a ese puesto entienda desde el primer día que su única fidelidad es la Constitución. Que devuelva a los ciudadanos algo que hace mucho perdieron: la certeza de que el sistema funciona. Que el que la hace, la paga. 

Esa certeza —la de vivir bajo un Estado de derecho y no bajo un estado de legalidad aparente— es la que distingue a las repúblicas que prosperan de las que se consumen en sus propias contradicciones. Y su construcción empieza, en Guatemala, por una Fiscalía que sirva a la república; la alternancia y la renovación generacional son sus bastiones. 

Alejandro Palmieri
Samuel Pérez: más discursos de movilidad que resultados
663 palabras | 3 minutos de lectura

El diputado Samuel Pérez ha impulsado, en los últimos meses —por presión política— iniciativas de ley enfocadas en movilidad urbana. Sin embargo, el impacto real que tendrían sus propuestas es exiguo. Entre discursos populistas, su gestión es cuestionada. No ha dado los resultados que prometió. 

La movilidad urbana es uno de los principales retos en Guatemala. El rol del Congreso resulta clave para impulsar soluciones integrales. En este sentido, la labor de los diputados, como Pérez, adquiere relevancia. No obstante, enfrenta críticas por la falta de efectos tangibles de sus iniciativas. 

El diputado electo por el Distrito Central —que lleva ya seis años y hasta ahora lo hace— ha promovido tres propuestas relacionadas con transporte y ordenamiento vial. Ninguna ha logrado consolidarse; son aspiracionales y poco realistas. Las iniciativas permanecen en fases iniciales. Están pendientes de dictámenes de comisión y discusión en el pleno. Ahora tienen poca viabilidad política. 

Propuestas y narrativa 

La iniciativa 6551, Ley de Movilidad y Seguridad Vial, busca reconocer la movilidad como un derecho, además de la creación de una Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, adscrita dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La finalidad de la nueva entidad es coordinar la implementación de una política intersectorial nacional de movilidad y seguridad.  

Entre las principales críticas de la iniciativa está la expansión innecesaria del Estado. Más burocracia inútil. Ello no se traduce en mejores resultados. También resalta la conceptualización amplia y ambigua del “derecho a la movilidad”, que hace sospechar mayor regulación en el futuro. 

La segunda propuesta, la iniciativa 6710, Ley de la Región Metropolitana, plantea la reorganización del transporte urbano bajo criterios de planificación pública más rígidos. Aunque el objetivo es ordenar el sistema, la iniciativa concentra decisiones en el Ejecutivo y reduce el margen de acción de las municipalidades. Esto debilita la autonomía local y desincentiva la inversión en el sector. Además, no establece mecanismos claros de financiamiento ni de transición. 

La tercera iniciativa, la 6718, Ley Orgánica de la Empresa Nacional de Transporte, se enfoca en promover alternativas de movilidad sostenible, como ciclovías y transporte no motorizado. Si bien responde a tendencias internacionales, su aplicación en Guatemala enfrenta limitaciones. La propuesta no considera las condiciones reales de infraestructura, seguridad ni cultura vial. Tampoco define prioridades claras ni costos: es una propuesta simbólica.  

En conjunto, las tres iniciativas reflejan un patrón: planteamientos “atractivos”, pero técnicamente poco viables y desconectados de las realidades institucional y fiscal del país. La falta de articulación política, sumada a propuestas que amplían el rol del Estado sin garantizar eficiencia, limita su viabilidad. 

El amparo contra el AeroMetro 

Un elemento adicional en la estrategia de Pérez es el uso de acciones legales para posicionar su agenda. El 5 de febrero, planteó un amparo contra la Municipalidad de Guatemala por el AeroMetro. Buscaba impedir su construcción. Argumentó que las acciones legales eran “para defender los derechos de los vecinos”.  

Este recurso también genera cuestionamientos. El amparo fue utilizado por Pérez como herramienta discursiva y para cobertura mediática, pero no sustituye su labor legislativa. En lugar de construir consensos dentro del Congreso, recurre a la vía judicial para impulsar cambios que deberían discutirse y aprobarse mediante leyes. Antes criticaba el mecanismo, y ahora lo utiliza. 

El 19 de ese mismo mes, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo de Pérez. Resolvió que en el recurso había falta de definitividad, falta de legitimidad activa en el caso y temporalidad. Ordenó, sin más, archivar las diligencias. 

Pérez evidencia una brecha entre discurso y resultados. Sus iniciativas posicionan temas relevantes, pero no avanzan en el proceso legislativo ni ofrecen soluciones concretas. Su agenda queda como simples intenciones. El desafío no es proponer más leyes, es impulsar reformas viables que respondan a la realidad del país. 

Después de seis años de diputado electo por el Distrito Central —y ya uno ganando el ingente autorrecetado sueldo de GTQ 66 300, ¿tan solo esto ha hecho por su circunscripción y sus vecinos?